Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommedina (X) / @FranciscoMacias (TG)
Los tiempos post electorales traen vientos de acciones y de planes que comienzan a confrontarse con las realidades de los distintos niveles de gobierno. Es donde las buenas intenciones plasmadas en el mercadeo previo se difuminan.
En el aspecto de la seguridad, tema urgido de acciones y de cambios de formas de pensar, comienzan a observarse diversas “estrategias”, siempre acompañadas de críticas o esperanzas, dependiendo del nivel de posicionamiento del tablero de la polarización.
Coincidentemente tanto en por parte del gobierno federal como del futuro estatal presentaron puntos en los que surgió como idea central el trabajo con la inteligencia policial, en el primero para obtener información de grupos que provocan una cascada de delitos de alto impacto para así mejorar la coordinación territorial del país. Se busca anticipar las conductas delictivas para intervenirlas mediante el uso de tecnología para analizar datos, patrones y comprender dinámicas en zonas de mayor incidencia (Ver nota BBC).
En el segundo, se planteó la existencia de una Secretaría de Inteligencia de Búsqueda de Desaparecidos que al leer la propuesta de reforma, tiene mucho más contenido de inteligencia policial que de atención de la prevención y búsqueda de personas desaparecidas, aspecto analizado puntualmente por el doctor Jorge Ramírez en su cuenta de la red social X (ver análisis).
El significado de ambas propuestas tiene un desarrollo que tiene relación con la transición a la democracia en nuestro país, en algunos momentos el tema se ha hecho presente más que por su debate público, por propuestas que buscan concentrar más poder en dichas áreas o por sus acciones francamente violatorias a los derechos humanos.
Hay muchos ejemplos de ello, a nivel nacional la existencia de la Dirección Federal de Seguridad y el extinto CISEN, participaron en la desaparición y ejecución de cientos de personas en todo el país en el contexto de la guerra sucia de décadas pasadas, del cual Jalisco no estuvo exento.
A nivel local, las áreas de inteligencia incorporadas a las corporaciones de seguridad estatales o municipales, en las décadas de los ochentas o noventas, evidenciaron su colusión con grupos de la delincuencia organizada, en las siguientes mostraron su trabajo al planear y organizar la represión de juventudes desde fiestas clandestinas, Rave o represiones como la del 28 de Mayo en el marco de la Cumbre de Países de América Latina y la Unión Europea.
Recientemente ya en el marco de los gobiernos emanados de Movimiento Ciudadano, basta recordar la disputa callejera entre personal de la fiscalía estatal del gobierno de Aristóteles Sandoval y la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara, por el supuesto arresto de una persona cuya identidad, actividades e importancia nadie explicó pero que mostró las prioridades de dichas áreas
Con seguridad en dichas áreas se cuenta con personal comprometido y capacitado, sin embargo, la opacidad de sus modelos y su carencia en la rendición de cuentas, así como en la existencia de instancias que supervisen su trabajo, hace difícil contar con una evaluación consistente de las mismas.
La inteligencia según el doctor Gustavo González Hernández, se practica en el marco de las excepciones que la propia Constitución señala para los derechos humanos, una de las cuales es cuando se atenta contra el orden público, ya que en labor interviene directamente derechos como la protección de datos personales, el derecho a la intimidad y el derecho a las comunicaciones privadas (Revista de la Facultad de Derecho en México, Tomo LXX, Número 276 Enero-Abril 2020, páginas 296-297).
Considera necesario, con base en un Informe del Relator de las Naciones Unidas Sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo (A/HRC/14/46, 17 de mayo de 2010), que dicha actividad cuente con una competencia delimitada y clara en la ley, sin prestarse a interpretaciones o ambigüedades, como se aprecia con claridad en la iniciativa del gobernador electo, elevar en el organigrama a un área tan opaca, sin marco constitucional local robusto, implica riesgos para los derechos humanos.
En segundo lugar, es necesario que sus actividades (potestades funcionales) sean expresas y no sólo por definiciones genéricas, que es la manera en que constantemente se ha orientado el trabajo de inteligencia y que se ha prestado a la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, más tomando en cuenta de que en Jalisco existen generaciones de mandos policiacos con jerarquía que se fraguaron a la usanza del punitivismo y la represión.
Por último, es igual de importante establecer la supervisión y control de las acciones, que como se observa en los posicionamientos e iniciativas, no serán suficientes que se encuentren adscritas a “los despachos” de los poderes ejecutivos, sino que se establezcan comités o mecanismos plurales de control y supervisión de dichas funciones.
Establecer la función de inteligencia policial como prioritaria sin atender lo antes mencionado, es colocar en serio riesgo diversos derechos con el pretexto de una emergencia a la que hay que responder, es momento de toma de decisiones, pero de una forma en que la rendición de cuentas, la responsabilidad y el control también tengan cabida con altura para la democracia y los derechos humanos
