Trotamundos Político
Por Fabrizio Lorusso / @FabrizioLorusso
Aunque es cada vez más grave y prolongada la embestida de homicidios, desplazamientos, desapariciones y disputas armadas en Sinaloa, Guerrero, Chihuahua y Chiapas, el estado de Guanajuato sigue siendo un foco de atención urgente en la epidemia de violencia que azota varias regiones del país, todavía más en la actual coyuntura, en que se da el paso del testigo entre presidentes municipales, gobernadores o gobernadoras, congresistas locales y demás cargos electivos.
De 2018 a la fecha, la entidad ha persistido como la primera por el número de asesinatos, mientras que las desapariciones se han multiplicado prácticamente siete veces en seis años: durante el sexenio del mandatario saliente, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se produjeron 22,458 homicidios dolosos, 10.24 diarios en promedio, y hay más de 4,200 personas desaparecidas.
El proyecto Votar entre balas, realizado por Data Cívica, México Evalúa y Animal Político, mapea la evolución de la violencia político-criminal, o sea aquella que, según su propia definición, se dirige “en contra de personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o de partidos políticos por parte de grupos de la delincuencia organizada, que ocurren antes, durante y después de procesos electorales”.
Este conteo coloca a Guanajuato en segundo lugar a nivel nacional por el número de asesinatos en contra de personas candidatas, funcionarias o políticas. Estos han sido 31 en 2024, sólo detrás de Guerrero que tuvo 35. Celaya, con 10 casos de este tipo, ha sido la ciudad más peligrosa, por encima de Acapulco, con 9 asesinatos.
Si consideramos todos los tipos de agresiones, además de los homicidios, Guanajuato queda en 4º lugar, con 49, solo detrás de Guerrero (61), Chiapas (56) y Puebla (50).
¿Qué reflexiones plantear al respecto?
Ciencia política y redes criminales
Desde las ciencias políticas, investigadores como Guillermo Trejo y Sandra Ley, en su libro Votos, drogas y violencia. La lógica política de las guerras criminales en México, han demostrado la existencia, en ciertos contextos y periodos, de una correlación entre los cambios político-electorales en los estados y, sobre todo, en los municipios, y el aumento de la violencia homicida, entre otras.
Las redes de macrocriminalidad, según el enfoque del investigador Daniel Vázquez, son formadas por grupos de la delincuencia organizada, pero, también de manera más o menos directa, por personeros del poder político y del sector económico-empresarial.
En las temporadas de campaña electoral y de reacomodos postelectorales, incrementan su competencia y sus disputas violentas, especialmente en el ámbito local, por recursos, asignación de obras, negocios lícitos e ilícitos, rutas y nodos, contratos, protección policiaca, y finalmente, por el control de direcciones y secretarías, como las de obras públicas, tránsito y seguridad ciudadana.
Además, tienden a buscar un modus vivendi funcional a los negocios y al control territorial entre municipios colindantes, con el fin de crear corredores y sitios de seguridad para su propio movimiento y aprovechamiento depredador en contra de pobladores, comercios y empresas.
Esto ocurre mediante prácticas de terror y amenaza, cooptación, ocupación paramilitar, dominio sobre grupos rivales y contubernios con autoridades locales para construir o renovar redes de protección y pactos, a partir de los distintos equilibrios políticos que emergen en cada escenario postelectoral.
En particular, también se ha detectado, en ciertos momentos de la historia reciente mexicana, una relación significativa entre el crecimiento de los homicidios y los conflictos intergubernamentales, o sea, aquellos que se desarrollan entre niveles de gobierno, debido, normalmente, a diferencias de orientación partidista o ideológica entre estos.
Un factor clave en esta “conflictiva” relación intergubernamental, que a la postre acarrean mayores niveles de violencia sobre las poblaciones y territorios más vulnerables, serían la falta de coordinación en materia de seguridad y de política social, de bienestar e infraestructural entre la Federación, notoriamente su poder ejecutivo, y los niveles locales, a saber, el estado y el ayuntamiento.
No se trata, desde luego, de una explicación unicausal y determinista de la violencia, pues los factores siempre son múltiples y complejos en cada microrregión del país.
Sin embargo, no deja de ser un elemento de gran interés en el contexto actual, en donde se suceden actos de toma de protesta y relevos en las entidades, en ocasiones acompañados de masacres, ataques a representantes populares e inseguridad generalizada.
Existe, entonces, un área gris de colaboración, tolerancia o protección entre los grupos del crimen organizado y el Estado, sus aparatos o funcionarios, la cual presenta equilibrios de fuerza diferentes y cambiantes en el tiempo y en el espacio, y que se reconfigura, a menudo de manera violenta, con las elecciones y la investidura de nuevos gabinetes. Es el área del “crimen autorizado”, así como lo he tratado en columnas anteriores para el caso guanajuatense.
De hecho, en lo que va de 2024, según Causa en Común, en Guanajuato se registraron 57 masacres, el número más alto entre los estados de la República. Según reporta el periódico AM, en septiembre hubo 292 homicidios en el estado, 9.7 en promedio diario. Casi todos, 288, fueron con arma de fuego, lo cual revela un foco rojo, otra brecha abierta durante muchos años, dentro de la política de seguridad, pues han sido insuficientes los programas de desarme y el combate al tráfico ilegal de armas.
Violencia armada de larga data
Desde 2013, trabajos de investigación, realizados en el contexto de la activación de la alerta de género en Guanajuato, señalaron cómo ya hace más de una década, dentro de las familias y en los ámbitos de los barrios urbanos, las zonas conurbadas y las rancherías, se estaban dando dinámicas de ruptura del tejido social, provocadas por un modelo de “desarrollo” excluyente, y de violencia intrafamiliar y vecinal, con uso creciente de armas de fuego, de cada vez mayor poder y alcance.
El fenómeno fue ignorado por las autoridades, y en pocos años la misma violencia fue extendiéndose al espacio público, de forma más y más organizada y letal. Floreció, en cambio, el pujante negocio de la seguridad privada, de la mano de una creciente presencia de efectivos y acciones del Ejército, la Marina y, desde 2019, de la Guardia Nacional.
Para 2021, las fuerzas armadas desplegadas en Guanajuato ya sumaban más elementos que el total de la policía estatal y las municipales juntas.
Este factor pudo acelerar la carrera armamentista de los grupos criminales locales, como el Cártel Santa Rosa de Lima y la Unión de León, a su vez impulsada por la rivalidad entre estos y con grupos delincuenciales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y células del Cártel de Sinaloa.
Pero el empuje hacia la consecución de una mayor capacidad de fuego por parte de los grupos armados ilegales también puede derivar de una creciente inestabilidad de los equilibrios políticos locales y, consecuentemente, de la ruptura de alianzas y redes de protección, establecidas en el nivel local.
Por ello, ciertos grupos criminales pueden verse en la necesidad de escalar el uso de la violencia armada para expandirse, renegociar “condiciones”, reafirmar su control o repeler a sus adversarios, los cuales, a su vez, pueden visualizar oportunidades de movimiento o expansión en aquellas zonas en donde acaban de modificarse o quebrarse pactos y complicidades político-criminales o económico-criminales preexistentes.
Por ejemplo, la disolución en bloque de la policía municipal o la remoción del secretario de seguridad, la sustitución de titulares de agencias locales del ministerio público y de sus agentes de investigación, movimientos dentro del poder judicial local, la renovación de secretarías y direcciones con la llegada de un nuevo partido gobernante, así como el tipo de relaciones que éste pueda conformar con el ejecutivo estatal y con el federal, pueden definir caminos y patrones de la violencia político-criminal durante periodos más o menos prolongados, posiblemente anteriores e inmediatamente posteriores a los momentos electorales, de transición y de instalación de las nuevas autoridades.
Equilibrios y pactos en el “área gris” entre crimen y autoridad se trastocan, y los ajustes se efectúan violentamente entre grupos armados con características paramilitares.
Desde luego, no son los únicos elementos por considerarse, pero ameritan una observación y análisis que vaya más allá de las clásicas explicaciones ligadas a la “pelea por la plaza” entre dos grupos de narcotraficantes o a la captura de algún presunto capo y las vendettas.
Para ilustrar la narrativa tradicional, véase el titular de El Economista del 7 de octubre: “Disputa entre cárteles impulsa violencia en Guanajuato”, el cual podría explicar en parte la violencia duradera en el estado, pero no excava en profundidad sobre sus repuntes y mecanismos en la coyuntura actual.
Guanajuato, otros datos
Volviendo a los datos. La ciudad de León fue la más mortífera en 2024, con 74 homicidios dolosos, seguida por Celaya, con 57 asesinatos. Sin embargo, en agosto Celaya registró la cifra mensual más alta de su historia con 80 asesinatos. “Después de Celaya, Irapuato tuvo 19 homicidios, le siguió Salvatierra con 16, Yuriria 15, Valle de Santiago 14 y Salamanca con 12”, según el AM.
Hasta septiembre se han registrado en Guanajuato 2,686 homicidios, 727 en León, 481 en Celaya y 271 en Irapuato.
En septiembre once personas fueron asesinadas en tres masacres: el 14 y el 16 de septiembre, en Yuriria, fueron asesinados tres y cuatro hombres respectivamente y otra masacre fue en el municipio de León, el último día del mes, en donde “una mujer y tres hombres fueron asesinados a tiros, en una casa de la colonia Villas de San Nicolás II”, además de que “en septiembre cinco elementos de corporaciones de seguridad murieron a manos de la delincuencia”, según reporta el mismo AM.
Dos agentes de Cortazar fueron asesinados en Celaya. Otros dos, un hombre y una mujer, en la carretera Salvatierra-Yuriria, en el municipio de Santiago Maravatío.
“Una mujer policía de Tarimoro fue asesinada a balazos junto a su hijo adolescente en su casa ubicada en la comunidad La Calera, en Salvatierra”, mientras que un “agente de investigación criminal y una mujer de la policía municipal de Irapuato fueron atacados a balazos en una comunidad de Salamanca, ella murió a causa de las heridas”.
Detallé estos casos porque Guanajuato detiene el récord nacional de policías víctimas de homicidio, y también porque los municipios que se mencionan han sido, en efecto, los más violentos en años recientes, así como en las últimas semanas, protagonizando un patrón de persistencia de ataques en contra de la población y, particularmente, de las fuerzas policiacas.
Al respecto, la organización Causa en Común informa que “en 2023 se registró el asesinato de, al menos, 412 policías en el país, 2% más que las víctimas registradas en 2022. En 2023, en promedio un policía fue asesinado cada día. Los estados con mayor cantidad de policías asesinados en el año son Guanajuato (60), Guerrero (40), Zacatecas (32), Michoacán (28) y Jalisco (24)”.
Respuestas
El corresponsal del diario El País, Pablo Ferri, ha analizado los incipientes desarrollos de la estrategia de seguridad a nivel federal, mencionado un documento filtrado, titulado Estrategia de Seguridad de los Primeros cien Días, que, sen sus palabras, “fija el objetivo de intervenir en 10 ciudades y dos zonas, Tijuana, León, Celaya, Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, Chihuahua, Cajeme, Tlajomulco y Colima, además del área limonera de Michoacán y diferentes puntos de Chiapas. Para ello, la SSyPC liderará la conformación y dirección de diez fuerzas de tarea, entre militares, marinos y personal de la secretaría. En esa estrategia aparece como un eje fundamental implementar una nueva estrategia de seguridad en carreteras”. En Guanajuato, entonces, Celaya y León son considerados focos rojos por la Federación no sólo por los índices delictivos, por su tamaño poblacional e importancia económica y logística en el Bajío.
Pero otras ciudades, medianas o pequeñas experimentan severas y persistentes crisis de inseguridad, como por ejemplo Irapuato, Apaseo el Grande y Salamanca, entre las ciudades medianas, y Pénjamo, Salvatierra, Yuriria y Acámbaro, un poco más pequeñas y fronterizas con Michoacán. Destaca también el caso de Santiago Maravatío, municipios ubicado entre Salvatierra y Yuriria con tan solo 6,600 habitantes, mantiene tasas de homicidio muy altas y de enero a agosto de este año ha registrado 12 homicidios.
De plano, el lunes 7 de octubre, por decisión de César Prieto Gallardo, alcalde morenista recién reelegido por un segundo mandato, la policía municipal de Salamanca, ciudad del corredor industrial guanajuatense, con 275,000 habitantes, y en donde opera una de las seis refinerías del país, fue retirada temporalmente de sus funciones. La seguridad quedó a cargo de la Guardia Nacional, mientras la corporación local realice proceso de revista y capacitación bajo conducción de la Federación.
Aunque el presidente municipal ha hablado de esta medida como parte de un proceso normal y rutinario, cabe destacar que el contexto en que se da sigue siendo crítico: Salamanca fue escenario de una masacre tremenda en un anexo justo el 1 de octubre, en la que cuatro personas fueron asesinadas, cinco heridas, y ocho desaparecidas. Dos días después otras doce personas fueron víctimas de homicidio en varias zonas de la ciudad.
En Celaya, pujante centro urbano con más de 500,000 habitantes, fulcro del corredor industrial-logístico del estado, pero también de la violencia, tampoco está en las calles la policía municipal.
El pasado 21 de agosto, tras el inicio de un proceso de revisión de armas de la SEDENA a la corporación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha retirado de las calles a las y los policías, dejando encargada la Guardia Nacional.
Cierre
El periodista Arnoldo Cuéllar, director de PopLab.Mx, Laboratorio de periodismo y opinión pública, en su editorial dominical, titulado “Guanajuato se incendia en el cambio de gobierno”, y en entrevistas, ha señalado que, desde la toma de protesta de gobernadora Libia Denisse García Múñoz Ledo, el pasado 26 de septiembre, hasta el 6 de octubre, se registraron en Guanajuato 120 homicidios dolosos. El 7-8 de octubre se sumaron 16 más.
Esto se da en el contexto de los relevos de alcaldes y alcaldesas y, próximamente, de los secretarios municipales de seguridad, pero sobre todo después del nombramiento del nuevo titular de la Secretaría de Seguridad y Paz, Juan Mauro González, quien sustituye a Alvar Cabeza de Vaca tras 12 años consecutivos a cargo de la secretaría, y de las dimisiones del fiscal Carlos Zamarripa, quien saldrá del cargo el 1 de enero de 2025, tras 15 años de permanencia. Durante sus gestiones, en los sexenios de los gobernadores panistas Manuel Oliva, Miguel Márquez Márquez y Diego Sinhue, homicidios, desapariciones y los feminicidios han crecido imparablemente.
A nivel municipal, León, Celaya, Irapuato, Salamanca, Salvatierra, Valle de Santiago, Acámbaro, Pénjamo, Silao, Apaseo el Grande registraron más de mil personas asesinadas en los últimos seis años y son los primeros diez del estado en los últimos doce meses.
De estos, la mitad ha experimentado este año alternancia política en el partido de gobierno municipal: Celaya (del PAN a MORENA), Salvatierra (PAN a MORENA), Valle de Santiago (PAN a MORENA), Pénjamo (PAN a MORENA), Silao (de MORENA al PAN). También Yuriria, sacudida en el último mes por masacres y homicidios, ha tenido alternancia entre el Verde, saliente, y el PAN, que ahora presidirá el ayuntamiento.
Claro está que no es suficiente este primer análisis para explicar toda la violencia, pero creo que, por lo visto, abre buenas pistas y normalmente el factor político-criminal es poco mencionado en la prensa, especialmente en la regional.
El 25 de septiembre, un día antes del “paso del testigo” en el poder ejecutivo estatal, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) emitió una alerta de género para Guanajuato que incluye un plan puntual de recomendaciones para el gobierno entrante.
La primera gobernadora mujer del estado, Libia García, hereda, por lo tanto, de sus antecesores una situación de crisis que, sin embargo, no está siendo asumida, denunciada y encarada adecuadamente por las autoridades y por la misma sociedad, anestesiada, de alguna manera, frente a una violencia que ya es de larga data y ha sido progresivamente normalizada, como parte del panorama y de la vivencia cotidianas en Guanajuato.
Por lo tanto, parece atinado, aunque insuficiente por el momento, el planteamiento del nuevo secretario de Seguridad y Paz Estatal para crear comisarías regionales de la FSPE (Fuerzas de Seguridad Pública Estatales) y dotar a la policía de facultades de investigación. El gran reto en el corto y mediano plazo será la coordinación intergubernamental federal-estatal y municipal, y en el largo plazo la atención a las causas estructurales, si es que se lleva a cabo.
El diagnóstico de Arnoldo Cuéllar es más que sugerente porque no se centra en el discurso “narcocéntrico” para entender la crisis y, por otro lado, contrasta la respuesta social a la violencia en Sinaloa, en donde “se han unido organizaciones de la sociedad, sector privado, medios de comunicación y ciudadanos para reclamar un alto a la violencia y demandar la intervención de los tres niveles de gobierno”, de la pasividad guanajuatense ante el mismo fenómeno, pues “la violencia se ha aposentado y normalizado” y “los medios de comunicación la trivializan”, mientras que “el sector privado permanece callado, como quien oye llover, y los ciudadanos parecen resignados a su suerte”.
Como enseña la experiencia italiana, el contraste a la mafia debe ser político, legal, judicial y policial, pero también y sobre todo social, capilar y comunitario, para que, frente a redes macrocriminales mafiosas, se tejan redes del antimafia social que las anulen.
