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Por Anashely Elizondo / @Anashely_Elizondo
Tras terminar su periodo presidencial, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo sentirse satisfecho con el resultado obtenido durante su mandato; sin embargo, la sociedad le reclama haber dejado varias cosas inconclusas, entre ellas, el replanteamiento de la política prohibicionista de las drogas, la cual -según declaró- tenía al país sumido en violencia y vulneraciones a derechos humano.
AMLO, incluso, incluyó estos replanteamientos en “Estrategia de Seguridad Pública”, la cual, permaneció vigente hasta el fin de su mandato. En ella, se reconocía el fracaso de la estrategia bélica y la necesidad de regular algunas sustancias.
En 2019, dicha estrategia fue aprobada y el Plan Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana determinó avanzar en la despenalización gradual de las drogas como parte del cambio al modelo prohibicionista. Sin embargo, ninguno de estos postulados se cumplió.
El Congreso, en su mayoría morenista, “congeló” la legalización de la marihuana, además, no informó sobre la amplificación del catálogo de la prisión preventiva oficiosa para quienes posean dicha sustancia.
Muchos consumidores y empresarios han expresado la necesidad de llevar a cabo tediosas denuncias, trámites burocráticos y viajes al extranjero para poder importar productos con fines médicos derivados del cannabis.
Además, este gobierno planteó distinguir entre personas que usan drogas y quienes se dedican al narcotráfico, esto con el objetivo de disminuir la victimización producto de detenciones arbitrarias; no obstante, según datos de “Política Básica” aproximadamente 90 mil personas se encuentran tras las rejas por traer consigo cantidades mínimas de drogas, tales como la marihuana.
Para hacer un verdadero cambio en el uso recreativo de las sustancias, según datos de “Elementa”, el ahora gobierno de Claudia Sheinbaum tendría que:
1. Modificar el artículo 478 de la Ley General de Salud para determinar que las tareas de canalización y orientación de personas con consumos problemáticos de drogas sean realizadas exclusivamente por autoridades especializadas en enfoques de salud y derechos humanos y no el Ministerio Público.
2. Incorporar en la ley, disposiciones que eviten la criminalización de personas relacionadas con delitos menores de drogas.
3. Capacitar a los servidores públicos que trabajan en las fiscalías locales en materia de política de drogas y derechos humanos con el propósito de desestigmatizar el uso de sustancias.
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