La Reforma Judicial finalmente fue aprobada en septiembre de este año. La modificación más destacada es la elección de jueces y magistrados por voto popular, lo que generó y ha generado un intenso debate sobre su posible impacto en la independencia del Poder Judicial y en la lucha contra la impunidad, particularmente en casos de desapariciones forzadas. En este contexto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) organizó un diálogo con expertos y familiares de personas desaparecidas para discutir las implicaciones de estos cambios.
Durante el encuentro, las personas participantes señalaron que la reforma, aunque significativa, no resuelve problemas estructurales como la saturación de los tribunales y la falta de recursos en las fiscalías, que afectan directamente la capacidad del sistema judicial para investigar desapariciones forzadas. Además, se plantearon preocupaciones sobre la politización de los jueces al ser elegidos por voto popular, lo que podría comprometer la imparcialidad en la administración de justicia.
Las familias participantes insistieron en la necesidad de medidas adicionales que fortalezcan las instituciones involucradas en la búsqueda de verdad y justicia.
Por Vanessa Briseño / @nevervb
En febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una nueva reforma judicial con el propósito de “mejorar” el acceso a la justicia en México. Esta reforma, aprobada el 12 de septiembre de 2024 por ambas cámaras del Congreso de la Unión, busca introducir cambios profundos en el sistema judicial del país, siendo uno de los más destacados la elección de jueces, juezas, magistrados y magistradas mediante voto popular. Este punto ha provocado un debate intenso entre los sectores políticos, académicos y sociales, debido a sus posibles consecuencias en la independencia del Poder Judicial y en su capacidad para enfrentar la impunidad, particularmente en casos de desapariciones forzadas.
Hasta ahora, las y los jueces eran seleccionados mediante un proceso interno con múltiples etapas y filtros, lo que pretendía asegurar su imparcialidad y profesionalismo. Sin embargo, con la nueva reforma, será la ciudadanía la que les elija directamente a través de elecciones populares. El gobierno defiende esta medida como una forma de democratizar el sistema judicial y acercar las decisiones a la sociedad. Sin embargo, la parte de las voces que rechazan la decisión señalan que la elección por voto podría politizar la justicia y no resuelve los problemas estructurales de corrupción e impunidad que persisten en el país, en especial en delitos graves como las desapariciones forzadas.
México enfrenta una crisis de desapariciones forzadas, con más de 115 mil personas reportadas como desaparecidas o no localizadas hasta 2024 (IMDHD, 2024). Para las familias de estas personas, el éxito de la reforma judicial dependerá de si realmente mejora la capacidad de las instituciones de justicia para resolver estos casos. No obstante, la introducción del voto popular en la elección de jueces plantea interrogantes sobre cómo afectará la independencia y eficacia del sistema judicial en la atención a los delitos de desaparición forzada.
Con el objetivo de analizar los posibles impactos de esta reforma en los casos de desapariciones forzadas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) organizó un diálogo entre personas expertas en derechos humanos y familiares de personas desaparecidas. El encuentro buscaba discutir las implicaciones de la reforma en la búsqueda de verdad y justicia, y evaluar si las modificaciones propuestas podrían realmente facilitar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
Meyatzin Velasco, integrante del Centro Prodh, inició la discusión señalando la necesidad de examinar cuidadosamente las consecuencias de esta reforma para las familias que buscan a sus seres queridos. Destacó que, aunque el gobierno promueve la reforma como una solución para mejorar el acceso a la justicia, no enfrenta problemas fundamentales del sistema, como la falta de recursos en las fiscalías y la ausencia de mecanismos efectivos para investigar desapariciones forzadas. Meyatzin subrayó que el sistema judicial mexicano está saturado y que las y los jueces no siempre tienen los medios para emitir sentencias en estos casos complejos. Sin una mejora integral en los recursos y en la capacitación de los cargos que operan la justicia, los efectos de la reforma podrían ser limitados.
Por su parte, Ivette Galván, coordinadora del área de defensa del Centro Prodh, enfatizó la magnitud de la crisis de desapariciones forzadas en México, indicando que entre 2010 y noviembre de 2021 solo se emitieron 11 sentencias condenatorias por este delito, a pesar del número alarmante de desapariciones reportadas. Esto, explicó Ivette, refleja la incapacidad del sistema judicial para hacer frente a la impunidad que rodea estos crímenes.
“México enfrenta un grave problema de impunidad en delitos como la desaparición forzada”, señaló, y añadió que las fiscalías carecen de los recursos necesarios para realizar investigaciones exhaustivas y lograr sanciones.
Ivette también mencionó que, aunque la reforma propone un cambio importante en la elección de las y los jueces, no aborda adecuadamente las carencias estructurales del sistema judicial. Uno de los puntos más preocupantes, dijo, es que la elección popular podría generar un incentivo para que estos busquen apoyo político o mediático, en lugar de actuar con independencia. Esto es especialmente grave en casos de desapariciones forzadas, donde la presión social y mediática puede influir en las decisiones judiciales, poniendo en riesgo la imparcialidad y la justicia.
Luis Tapia, abogado especialista en derechos humanos y participante en el diálogo, fue crítico con la propuesta. Señaló que el voto no garantiza una justicia imparcial ni eficaz. “El voto, por sí solo, no ha erradicado la corrupción en otros niveles de gobierno”, comentó Luis, subrayando que la corrupción en el sistema judicial no se resolverá simplemente con una elección popular. Explicó que este mecanismo podría hacer que las y los jueces actúen bajo intereses políticos o partidistas, lo que sería peligroso en casos complejos como las desapariciones forzadas, donde la presión de la opinión pública podría comprometer su imparcialidad.
Luis aseguró que la reforma no incluye medidas que fortalezcan el papel de las fiscalías y las comisiones de búsqueda en la resolución de estos casos. Para él, es fundamental que las familias de personas desaparecidas cuenten con un sistema judicial eficiente, pero también con instituciones que trabajen de manera coordinada para investigar y sancionar a los responsables. Sin un fortalecimiento integral de estas instituciones, advirtió, la reforma judicial tendrá un impacto limitado en la lucha contra la impunidad.
Olimpia Montoya, del Proyecto de Búsqueda de Guanajuato, compartió su experiencia en la búsqueda de su hermano, un proceso marcado por la negligencia de las autoridades. Durante el diálogo, Olimpia explicó cómo tuvo que recurrir a un amparo para obligar a las autoridades a cumplir con su deber de búsqueda e investigación. Gracias a este recurso judicial se logró la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, una herramienta que ha sido crucial en la mejora de las condiciones de búsqueda de personas desaparecidas en México. No obstante, Olimpia destacó que este avance es solo un paso, y que las familias deben seguir presionando para que las autoridades actúen de manera eficiente y coordinada.
“No es como que ya no podamos hacer más”, afirmó Olimpia, subrayando que las familias buscadoras tienen el derecho y la capacidad de exigir a las autoridades que cumplan con sus obligaciones. Para Olimpia, la reforma judicial podría representar una oportunidad para que las familias tengan un papel más activo en la creación de políticas públicas relacionadas con la búsqueda de desaparecidos, pero solo si se garantiza que las instituciones involucradas trabajen con transparencia y eficacia.
Uno de los temas que generó mayor preocupación durante el diálogo fue el rezago en los juzgados, especialmente en los tribunales locales. Las personas expertas y las familias coincidieron en que este problema representa uno de los mayores obstáculos para el acceso a la justicia, y que la reforma judicial, en su forma actual, no ofrece soluciones claras para resolverlo.
En México, los tribunales enfrentan una acumulación de casos. Mismos que no logran avanzar debido a la falta de recursos y personal. Ivette señaló que este rezago no sólo afecta a los casos de desaparición forzada, sino también a otros delitos graves, lo que agrava la sensación de impunidad en el país.
“El sistema judicial está saturado, y sin un plan claro para resolver el rezago, la reforma podría incluso empeorar la situación”, advirtió.
Durante el diálogo coincidieron en que el rezago no puede resolverse solo con la elección de jueces, juezas, ministros y ministras mediante voto popular. Se requiere una reforma más profunda que incluya un aumento de recursos para los tribunales, una mejor capacitación para las personas operadoras de la justicia y una coordinación más eficiente entre las instituciones involucradas en la procuración de ésta. Sin dichas medidas, advirtieron, la reforma judicial podría quedarse corta en su objetivo de mejorar el acceso a la justicia.
Hacia el final de este encuentro, hicieron un llamado a continuar el diálogo y buscar alternativas para mejorar el sistema judicial, enfatizando que el problema requiere soluciones complejas y multifacéticas.
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