La calle del Turco
Por Édgar Velasco / @Turcoviejo
Hace unas semanas comenzó a circular una noticia: un joven llegó a la Central Camionera de Guadalajara —a la que por alguna extraña razón le seguimos diciendo “Nueva” aunque ya tiene más de 30 años en operación— porque le ofrecieron un trabajo. No se supo más de él. La noticia se volvió patrón: resulta que la terminal de autobuses es un foco rojo en el tema de las desapariciones, pues decenas de personas de las que se desconoce su paradero tienen en común que el último punto del que se supo de ellas fue esa zona del oriente de la zona metropolitana.
Aunque su chispa se apagó desde que lo bajaron… bueno, se bajó de la nube presidencial en la que andaba, el gobernador Enrique Alfaro salió raudo y presuroso a hacer lo que mejor sabe: lavarse las manos y acusar a la gente de desaparecer por voluntad propia. “Siempre hemos actuado con responsabilidad”, dijo, como si garantizar la seguridad de las personas y salvaguardar el cumplimiento de la ley no fueran parte de sus responsabilidades. Como si la negligencia del gobierno a su cargo no tuviera a Jalisco como el estado número uno en desapariciones en todo el país. Pero eso no le importa: no le importó a lo largo de seis años y menos le importa ahora, que ya sólo tiene cabeza para pensar en su plácido retiro tapalpeño.
La crisis de desapariciones que aqueja al estado es compleja. Muy compleja. Una de las cosas que la hace tan complicada es la falta de un responsable visible. Hace diez años, vino a la ciudad Estela de Carlotto, una de las personas más reconocidas de las Abuelas de Plaza de Mayo, organización argentina que desde finales de los años setenta busca a sus nietos y nietas que fueron sustraídos durante la última dictadura militar de aquel país. Durante una de sus actividades en la ciudad, explicó que esa, la falta de un responsable visible, era una de las cosas más graves. Palabras más, palabras menos, lo que la activista explicaba era que ellas tenían claro quién había desaparecido a sus hijas e hijos y junto con ellos a sus nietos y nietas: el Estado, encabezado por Rafael Videla. Cuando este cayó y regresó la democracia, contaron con todo el aparato y la protección del gobierno para buscar a sus familiares y obtener justicia en tribunales. En México, dijo De Carlotto, el problema era que las desapariciones ocurrían lo mismo a manos del crimen organizado que a manos de actores de gobierno —políticos, policías, militares— lo que hacía más grave la situación porque, además de dificultar las labores de búsqueda, también se ponía en riesgo la integridad y la vida de los buscadores, que no contaban con las garantías de seguridad con las que sí contaron ellas en Argentina.
Han pasado diez años de eso. Y en esos diez años, las cosas se han vuelto todavía más complejas. A sabiendas de que uno de los primeros pasos para resolver una crisis es entender su origen, un grupo de periodistas coordinados por Jorge Ramírez se ha propuesto desmenuzar los casos de personas desparecidas para tratar de explicar por qué desaparecen las personas—más allá de las viejas confiables gubernamentales de “En algo andaban” y “Se van por voluntad propia”—y los hallazgos que han compartido hasta ahora son, por decir lo menos, espeluznantes.
En el primer reporte que dieron a conocer hace unos días, documentan que analizando las denuncias es posible identificar que varias personas han desaparecido “en el contexto de conflictos interpersonales provocados por percances, conflictos o accidentes viales”. El documento presenta cinco casos en los que, luego de un choque ocurre una riña cuyo desenlace es que una o varias de las personas involucradas termina con reporte de desaparición.
El segundo reporte indaga en casos que tienen en común la compra-venta de vehículos: personas que quieren vender o comprar un automóvil o una motocicleta y que desaparecen en el proceso. Unos regresan con vida, otros son encontrados sin ella, de otros más aún se desconoce su paradero.
En ambos informes, el equipo integrado por Elsa Martha Gutiérrez, Marck Hernández, Joseph Olid, Enrique Osorio y Lauro Rodríguez presenta un listado de observaciones que, sin pretender ser una explicación del fenómeno, sí buscan arrojar un poco de luz para tratar de vislumbrar cómo se conectan estos casos y desde dónde se nutre la crisis.
De entrada, los dos reportes dados a conocer hasta ahora confirman, me parece, lo que ya señalaba Estela de Carlotto hace diez años: el problema en México es tan complejo porque no es posible señalar sólo a un actor: si bien hay pistas que hacen pensar en que buena parte de estas operaciones son realizadas por el crimen organizado, también se deja entrever que la desaparición se está convirtiendo en una forma extrema de dirimir conflictos. Y esto sólo es posible gracias al cobijo de uno de los grandes males de la vida pública en México: la impunidad. Hasta ahora, pareciera que el mensaje es uno: cualquiera puede desaparecer a una persona, por cualquier motivo, porque no habrá consecuencias.
Si la autoridad no investiga, no hace minería de datos, no conecta los casos para identificar patrones y mucho menos encuentra y castiga a las personas responsables; si el gobernador prefiere negar los hechos y hacerse la víctima, antes que reconocer que hay una crisis muy grave que no se está atendiendo y mucho menos conteniendo, entonces el mensaje es claro: cualquiera puede desaparecer a quien sea, sin necesidad de que ande en algo.
Si esto no le importa al gobernador ni a sus subalternos, es importante que la información recabada por Jorge Ramírez y el equipo que le acompaña gane más visibilidad. Me parece que, además de establecer patrones, los documentos que han hecho públicos pueden ser un primer paso para comenzar a darle la vuelta a la dañina narrativa oficial que culpa y revictimiza a las personas, cambiándola por una que permita que las personas se articulen mejor y diseñen medidas comunitarias para, primero, prevenir y frenar el hasta ahora imparable aumento de casos de desaparición, y, después, solidarizarse con las familias y acompañarlas y apoyar sus búsquedas. Y eso sí hacerlo por voluntad propia.
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