En su informe de 2024, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) presentó datos que reflejan un bajo cumplimiento a las Políticas Públicas de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el estado, con solo el 25% de los indicadores alcanzados.
Municipios como Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá muestran mayor avance, mientras que, muchos gobiernos municipales al interior del estado no han cumplido con las recomendaciones solicitadas o han hecho lo mínimo para su cumplimiento.
El informe también destaca que ciertos indicadores, como la capacitación de funcionarios públicos y la implementación de programas para hijas e hijos de víctimas de feminicidio, están considerablemente rezagados.
Por: Farah Medina / @_dtfarahm_
En 2017 se disparó la Alerta de Violencia de Género (AGVM) en 10 municipios en Jalisco, lo que llevó a crear recomendaciones para los 125 municipios del estado. Estas recomendaciones fueron organizadas en una matriz de 25 indicadores para poder medir el cumplimiento y aplicación de los mecanismos de protección, acompañamiento y prevención propuestos para dar a las mujeres una vida libre de violencia en esta entidad.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) presentó el informe especial de seguimiento a las Políticas Públicas de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Jalisco 2024, en el cual se busca medir el cumplimiento de los gobiernos municipales respecto a políticas públicas que buscan garantizar “igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”, así como sobre “la prevención, atención, sanción y erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres”.
El seguimiento de estos indicadores se ha realizado desde el año 2021, el informe 2024 presenta la información hasta julio de este mismo año en donde las cifras presentadas arrojan que en nivel general “se ha cumplido con apenas el 25% del total de los indicadores”. Teniendo un 2.3% de los indicadores parcialmente cumplidos, un 0.8% con falta de evidencia y un 72.5% de no cumplido.
Este informe también expone los municipios con mayor seguimiento de estas recomendaciones, teniendo en los primeros lugares municipios a Guadalajara, Tlajomulco de Zuñiga, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, asi como los indicadores con los que más se ha cumplido a nivel general en donde destaca la instalación del Sistema de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y el Sistema de Igualdad entre Mujeres y Hombres, representando un 54.40% de su cumplimiento.
Por otro lado, la publicación de protocolos para la atención de casos de acoso y hostigamiento sexual tiene un 49.60% de cumplimiento, sin embargo, la mayoría de estos indicadores son cumplidos únicamente por la publicación de estos protocolos o la instalación de sus consejos, no así sobre la incidencia del delito.
Respecto a estos indicadores, la Comisión ha solicitado a los gobiernos municipales evidencia que respalde todo el trabajo realizado y si existen sesiones para continuar con el trabajo y medidas propuestas “pero en la mayoría de los casos no se ha proveído evidencia que lo respalde”, explica la Comisión en el informe.
Sobre estos resultados, Priscilla Cavagna de Las Paritaristas, cuestionó que las recomendaciones propuestas, “no son vinculantes para los municipios”, situación que condiciona su cumplimiento al queda “a voluntad” de las autoridades “el mayor porcentaje de cumplimiento es la normatividad, pero tenemos muchas leyes que no se aplican”, refirió.
Este informe además de exponer la omisión de los gobiernos municipales para el cumplimiento de estos indicadores, refleja la omisión misma de la Comisión al no pronunciarse ante algunos indicadores, uno de ellos es el número 25, sobre la realización e implementación de programas “dirigidos a las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio, así como de sus cuidadores y cuidadoras”.
La comisión recomienda que estos programas deben tener un presupuesto anual y debe considerar el contexto particular de las víctimas, además de incluir la intervención psicológica y dar cuidado integrales a las infancias, cuya cuidadora o tutora haya sido víctima de feminicidio. Las gráficas proporcionadas por la Comisión en el informe indican que este indicador cuenta con 6% de cumplimiento. Al respecto, Priscilla considera que el estado debería ver por “el interés superior de las infancias que hoy están siendo revictimizadas”.
Dentro de los 25 indicadores se encuentran tres destinados a la capacitación y certificación de personas funcionarias públicas, con el objetivo de que puedan atender casos de violencia de género y tener las competencias para dar el seguimiento adecuado, esto incluye a policías, juezas, jueces y a todo personal que atiende a mujeres que han sido violentadas.
Sin embargo, estos indicadores tienen menos del 35% de cumplimiento, debido a que los municipios “no han institucionalizado aún programas o cursos de capacitación permanente para las personas funcionarias públicas”, ya que, los municipios suelen recibir capacitación de instancias externas que sugieren los temas. Para comprobar el cumplimiento de estos tres indicadores los municipios deben demostrar la existencia de un programa especializado.
“No están siendo capacitados con perspectiva de género, entonces exigimos, también exhortamos al gobierno estatal, a los ayuntamientos, a quienes van a entrar en funciones próximamente a que se capaciten, nosotras creemos que se tiene que hacer uso de estas herramientas” comenta Priscilla desde el punto de vista de Las Paristaristas.
“Creemos importante que las autoridades que van a entrar sobre todo a las comisarías de los municipios y a la Fiscalía del Estado que tengan como requisito para acceder a algún puesto de la Administración Pública estén capacitados en perspectiva de género”.
Otro de los aspectos dentro del informe es el presupuesto, en donde cuatro indicadores son destinados a ello, los mismos, tienen menos del 17% de cumplimiento. De manera puntual, el indicador 23, el cual se refiere a la creación de un fondo para reparación de daño a las víctimas de violaciones a derechos humanos por funcionarios de los ayuntamientos, apenas tiene un cumplimiento del 2%.
La CEDHJ propone la implementación de más recomendaciones para acelerar el cumplimiento adecuado de estos indicadores, y manifiestan que se mantendrán al tanto de las posibles actualizaciones dentro de los ayuntamiento municipales, ya que reconocen que se presentan “áreas de oportunidad” para la mejora y cumplimiento.
Para Las Paritaristas “Hoy no son áreas de oportunidad, son obligaciones que la administraciones municipal y estatal deberían de estar atendiendo, es una obligación y son compromisos que adquirimos como país a nivel internacional. Vamos tarde con el cumplimiento de estas recomendaciones y con la obligación de erradicar la violencia contra las mujeres”.
