Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommedina (X) /@FranciscoMacias (TG)
Las grandes ciudades como Guadalajara se posicionan como imanes de muchos imaginarios como lugares para hacer negocios o vivir en ellas. Hay cierto manto que evita mirarlas desde sus complejidades y desafíos.
Zonas, colonias, cuadras y espacios se afirman como lugares donde convergen dinámicas delictivas no intervenidas, sin diagnóstico o de plano permitidas con la tolerancia de las corporaciones de seguridad y de procuración de justicia. Parecieran nuevas “zonas de tolerancia”.
Así es como en esta ciudad, tenemos colonias que aparentan ser equipamiento para vivienda o barrios o zonas industriales, pero en realidad fungen como zonas de casas de seguridad o de fosas, las cuales de clandestino ya no tienen nada, porque la dinámica expuesta de los grupos es sumamente visible para romper el tejido de esas comunidades.
Por eso una propuesta de trabajo en esta ciudad, la cual atrás trae los sueños y las necesidades de una vida digna, termina convirtiéndose en un mecanismo de desaparición y de explotación de más de 16 jóvenes, 34 de esos casos del año 2020 a julio del año 2024 (NTR Guadalajara)
Coincide absurdamente que muchas de las propuestas de vacantes son del área de seguridad, mostrando una vez más que esas ofertas son accesibles para un gran segmento de la población porque la actividad no profesionalizante a cambio de un ingreso atractivo tiene mucha aceptación por las necesidades personales o familiares, hay una construcción de una oferta que coincide con una demanda, la cual no ha sido supervisada, dejándola en un espacio gris en donde todo puede darse porque una parte de la economía tiene una relación directa con la explotación de personas. Que sean propuestas del área de seguridad, dice mucho más.
Los espacios “económicos” que en realidad son zonas toleradas de explotación de personas, se convierten en imán para los grupos de la delincuencia organizada que conviven y se toleran en la ciudad.
Así es como una central de autobuses que tiene como finalidad movilizar a las personas a las distintas ciudades, termina convirtiéndose en un “centro logístico” en el que desaparecen personas, donde ni las propias inversiones o la tecnología propias son útiles para la seguridad de las personas.
Desde las primeras exigencias de las familias que buscan a sus hijos desaparecidos se habló de la importancia del análisis del contexto que debería de ser incorporado a las instituciones para entender las dinámicas y que las búsquedas tuvieran dirección, parece que en Jalisco toda esa estructura ha sido sustituida por la simpleza de las declaraciones políticas que buscan minimizar lo que consideran un daño a su imagen, además de la inacción de las áreas de seguridad, tan proclives a revictimizar a los propios desaparecidos.
Todo esto ha llegado al grado de que es más importante comunicar como Estado de las “ausencias voluntarias”, categoría que busca diferenciar pero que tiene muy poca relación con las obligaciones en materia de derechos humanos relacionadas con la desaparición forzada de personas, porque busca colocar en el centro de la “opinión pública” la idea errónea de que la desaparición se debe a las mismas personas.
Claramente se omite precisar los análisis sobre la magnitud y presencia de la delincuencia organizada en diversas actividades, se prefiere atrincherarse en una agenda doméstica y domesticable que evita rendir cuentas y acciones sobre lo complejo, así como las deficiencias en el trabajo de las agencias que se dedican a la búsqueda o la investigación.
Este episodio grave de los jóvenes que desaparecen en la Nueva Central Camionera, me hizo recordar que el origen de las graves violaciones a los derechos humanos- como en la época del esclavismo- también se basa en sistemas que no reconocen a las personas su condición de dignidad, simplemente porque para los actores de poder económico o político se trata de mano de obra o de números en una estadística del horror que hay que contar o colocarles un adjetivo que permita salir del aprieto, pero no de seres humanos valiosos.
Con esa predisposición la construcción de instituciones sólo se dirigirá a mandatos que no responden a visiones de Estado y a su responsabilidad ante el horror, sino a la atención de su agenda desde una reducida visión que limita lo que debe realizarse, pero también lo impide.
Es en este impedimento que hay que volver a recordar que las omisiones de los actores estatales también son violaciones a los derechos humanos.
Mientras los casos de desapariciones se sigan pensando desde la muy reducida trinchera política, la necromáquina (Rossana Reguillo), tendrá permiso para seguir avanzando.
