Llamadas que no enlazan, comunicaciones entrecortadas, mensajes sospechosos, filtración de información, hackeo de cuentas personales y colectivas; así como vigilancia física tanto en casa como en espacios de búsqueda son algunas de las cosas que tienen que soportar las familias de las y los desaparecidas de Jalisco.
Para personas buscadoras como Liliana, Indira y Héctor toda sospecha de vigilancia, tanto física como digital, proviene del Gobierno de Jalisco, específicamente de la Fiscalía, pues los eventos de hostigamiento crecen tras la localización de fosas clandestinas o después de que critican la inacción de las autoridades, mismas que aseguran han invertido cantidades millonarias en “tecnologías y software” para localizar a las personas desaparecidas, pero que las familias creen que las usan para vigilar a quienes los buscan.
Por Darwin Franco / @DarwinFranco
Ilustración por Ivanna Orozco / @itzsquiggles
“Da click aquí para saber la respuesta a tu oficio”… decía el mensaje que llegó, vía correo electrónico, al teléfono celular de la buscadora Indira Navarro, quien encabeza el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.
Este mensaje le llegó después de que envió información al ministerio público de la Fiscalía General de la República (FGR), a quien le solicitaba su intervención luego del hallazgo de dos hornos crematorios y de 30 bolsas con restos humanos, el 25 de marzo de 2024, en la comunidad de La Piedrera del municipio de El Salto, perteneciente al Área Metropolitana de Guadalajara.
El mensaje le pareció sospechoso porque nunca le habían respondido de esa manera, así que decidió no abrirlo. Pero no se quedó con la duda, así que le preguntó a un experto en seguridad digital que ha acompañado al colectivo ante otras amenazas digitales que han sufrido desde su creación en enero de 2024.
“Esta persona al revisar ese mensaje nos dijo que se trataba de un mensaje encriptado que contenía el programa Pegasus, entonces, estuve a punto de ser víctima de eso (espionaje), pues si le hubiera dado click… hubieran tenido acceso a todo mi teléfono… yo, desde luego, le hice ver a las autoridades de la FGR que ya sabía que me querían hackear mi teléfono, pero no dijeron nada: se quedaron callados”.
Pegasus es un software malicioso desarrollado por la firma israelí NSO Group que, de acuerdo a la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), es de venta exclusiva para gobiernos. Esta tecnología al infectar un teléfono celular puede leer mensajes de texto, rastrear llamadas, recopilar contraseñas, rastrear la ubicación y recopilar información de las aplicaciones instaladas.
En México, este malware fue utilizado de manera sistemática durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, para espiar a periodistas, abogados y personas defensoras de los derechos humanos. Aunque con la llegada a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador se juró que se cancelaría el uso de este software y se acabaría toda labor de vigilancia y espionaje, esto no ha sucedido, pues como lo reveló The New York Times a través de un reportaje, Pegasus sigue siendo utilizado tanto por el Ejército Mexicano como por la FGR.
En el caso de Indira Navarro -quien busca a su hermano, Jesús Hernán Navarro Lugo, quien fue desaparecido el 2 de septiembre de 2015 en Huatabampo, Sonora- el mensaje no lo recibió de una cuenta extraña o anónima sino que le llegó, en primera instancia, desde un correo institucional de la FGR, y después desde el número telefónico del ministerio público de la dependencia que llevaba el caso.
Actualmente, sobre este intento de espionaje, la buscadora tiene un proceso legal abierto porque sabe que lo que buscaron hacerlo constituye un delito grave: “yo sé que esto es un delito porque nadie, sin tu autorización, puede intervenir tus comunicaciones”. En México, la única manera en que es legal la intervención de las comunicaciones personales es mediante una orden judicial.
Así como el gobierno federal invirtió, so pretexto de la seguridad nacional, en Pegasus, el Gobierno de Jalisco durante la administración de Aristóteles Sandoval (2012-2018) erogó más de 12 millones de pesos para la adquisición de software de vigilancia que opera de la misma manera que Pegasus, salvo que este malware de la empresa italiana Hacking Team tenía el nombre de Galileo.
Con la entrada al poder en Jalisco de Enrique Alfaro Ramírez, al igual que hizo López Obrador, se prometió no sólo que toda labor de espionaje cesaría sino que, además, se realizaría una investigación en la Contraloría del Estado de Jalisco para saber quiénes usaron este software y con qué fines. A meses de concluir el sexenio de Alfaro Ramírez, tal investigación quedó en el olvido.
Lo que no se olvidó fue la necesidad de querer saber: qué hacen, qué dicen, con quién hablan o dónde están quienes cuestionan o se oponen al primer gobierno estatal del partido Movimiento Ciudadano; sin embargo, para no levantar sospechas cambiaron de software y de proveedor, pues como lo reveló la investigación “Vigiladas: Jalisco invierte millones en software para espiar”, cinco dependencias del gobierno se beneficiaron de la adquisición por 126 millones de pesos de diversos software que sirven para vigilar personas, de acuerdo con datos de 19 contratos públicos obtenidos en portales de compras del estado y solicitudes de transparencia.
Entre otras cosas, Geomatrix le permite a la Fiscalía del Estado de Jalisco -dependencia para la cual se adquirió este software– ubicar la posición en tiempo real de la antena que da servicio a un teléfono celular, así como conocer la Identidad Internacional de Abonado Móvil (IMSI), el tipo de operador que le da el servicio, el estatus del teléfono (ausente, disponible, ocupado), la vista satelital y a nivel de calle con el fin de poder localizar al objetivo, y el acceso a la información que se esté proporcionando a la red celular en ese momento específico.
Por este motivo, Indira Navarro no descarta que el intento de hackeo que vivió pudiera también provenir de las autoridades de Jalisco, pues antes del hallazgo de los crematorios ilegales en El Salto, su celular -como otros teléfonos de integrantes del colectivo-, así como sus cuentas en redes sociales como Facebook, pues varias veces se intentó acceder a sus cuentas e, incluso, personas no conocidas se infiltraron en espacios de comunicación interna del colectivo, tales como grupos de WhatsApp.
“El hallazgo de los crematorios marcó la pauta, pues desde ahí estás prácticas de mensajes raros, intentos de hackeos e, incluso, amenazas a través de mi celular crecieron… pero lo más fuerte es que la información que recibía por mensajes de texto o lo que decían en las llamadas era muy específica… tenían información que ni personas de mi colectivo sabían… por eso sospecho también de que por ahí viene esa vigilancia porque los únicos que tienen esos datos son los de la Fiscalía”.
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