El pasado 5 de junio, después de una huelga de hambre de casi 20 días por parte de colectivos de madres víctimas de violencia vicaria, se aprobó la iniciativa para tipificar este delito en Jalisco. Sin embargo, la realidad es que esta ha sido insuficiente. Los juzgados locales han sido revictimizantes y han mostrado su nula capacitación para ayudar a las víctimas.
La organización Civilidad para Transformar se ha dedicado a acompañar a madres que sufren de violencia vicaria, y el pasado 5 de agosto del 2024 lograron la primera restitución de menores por violencia vicaria, después de mucha resistencia por parte de las autoridades.
Por Ana Paula Carbonell/@AnaPauCarbonel1
Ana Paula Sandoval, abogada e integrante de la organización Civilidad para Transformar, explica en entrevista para ZonaDocs, cómo ha sido el camino tras la aprobación de la nueva normativa en materia de violencia vicaria y lo que sigue haciendo falta para garantizar los derechos de las mujeres, infancias y adolescencias que son víctimas de esta violencia de género en Jalisco.
Civilidad para Transformar es una organización civil dedicada a contribuir en la formación de una ciudadanía activa, para la construcción de una democracia sustantiva, una sociedad más justa y libertad en el ejercicio pleno de los derechos humanos. Tienen un departamento especializado en equidad de género, donde Ana Paula, como abogada, se ha dedicado a acompañar a víctimas de violencia vicaria.
El pasado 5 de agosto del 2024 lograron la primera restitución de menores por violencia vicaria. Se trata de una madre que por motivos de seguridad, ha decidido permanecer en anonimato. Ella tiene 29 años y dos hijos pequeños. Tiene 4 trabajos para poder sostener a su familia. Duró diez años con su expareja, durante su relación vivió violencia psicológica, económica y verbal. Ella era la única proveedora para los gastos de sus hijos.
Cuando intentó separarse de este hombre, él comenzó a manipularla con sus hijos. Una vez separados, la violencia la persiguió. Su agresividad sólo incrementó, por lo que, interpuso una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Jalisco. El resultado fue una orden de restricción en contra de su agresor. Sin embargo, él continuó ejerciendo violencia intentando arrebatarle a sus hijos, de hecho, éste siempre ponía pretextos para entregarlos tarde o días después.
El lunes 25 de julio, cuando tenía que regresar a los niños, su agresor le empezó a dar largas. Pasaron horas sin que ella supiera dónde estaban. Después de que ella insistiera, él le dijo que no le iba a regresar a sus hijos, que no los volvería a ver. Esto comenzó una larga batalla para recuperar a sus hijos, en la que las autoridades fueron revictimizantes y obstaculizantes en su proceso. Ana Paula Sandoval junto con Civilidad para Transformar la acompañaron para recuperarlos.
Sandoval cuenta que lo peor es que los juzgados locales se han mostrado indiferentes al sufrimiento de las madres. Cuando la víctima quiso hacer una primera demanda, María Elizabeth Herrero Tovar del juzgado local 17, tardó dos semanas en dar una respuesta. Lo hizo en un día que los jueces se iban de vacaciones “para darle más largas al asunto”, asegura la abogada. Incluso, esta funcionaria dijo que “no había violencia hacia la madre, por lo que no podían hacer nada”.
Sin rendirse, presentaron el caso nuevamente al Juzgado local 14. El primer día, ni siquiera estaban presentes. Después de esperar por horas, decidieron regresar al día siguiente. Tampoco había nadie. La víctima y la organización llamaron a la secretaria del juzgado, para que ella les dijera “si a la mamá le hubiera urgido, lo hubiera denunciado desde el primer día”.
“Fue totalmente revictimizante, una falta de empatía, de compasión, de sentido común, de humanidad. Es increíble que las madres ya están luchando contra el hombre que es su agresor y que pone a sus hijos en peligro, para que después tengan que luchar contra las autoridades que se supone que las están defendiendo”, comenta Sandoval.
Después Civilidad para Transformar ayudó a la madre a imponer un amparo. Se les concede y obligan a que reciban la demanda. La reciben, para después desecharla nuevamente, bajo el argumento de que no había un esquema de guarda y custodia previo, lo cual no es necesario y está previsto en la ley. Entonces, presentaron una queja urgente a un Tribunal Colegiado. Este finalmente otorgó las medidas y en su sentencia dice que el proceso estuvo mal desde el inicio.
“Las autoridades locales hicieron todo mal desde el primer paso. No se actuó con urgencia, ni acorde a la ley. El hecho de que tuvimos que llegar al nivel federal para ser escuchadas es verdaderamente preocupante. Es inaccesible, no todas las madres tienen la posibilidad de hacerlo, complica todo el proceso”, precisa Ana Paula.
Después de todo este proceso, que es estresante para la madre y para los hijos, se lograron implementar medidas de protección. El 22 de agosto, la organización civil, el personal del juzgado, personal de la Procuraduría, personal de seguridad, abogados y la madre acudieron al domicilio del agresor para, por fin, recuperar a sus hijos.
¿Qué revela esto sobre las deficiencias de la nueva ley?
Estas mujeres se ven obligadas a trasladarse a los juzgados federales, lo cual resulta costoso y poco accesible para la mayoría. Además, muchos abogados carecen del conocimiento necesario para abordar estos casos complejos. La situación revela, también, la atención deficiente de los juzgados, que en lugar de ofrecer un apoyo adecuado, perpetúan procesos revictimizantes.
“Vemos casos en los que los juzgados hacen todo para impedir que la mujer reciba ayuda. Es un sistema corrupto que viene de un problema sistemático e institucional. ¿De qué sirve tener una ley, si no se hace nada con ella? ¿Si los juzgados favorecen a los agresores?”.
Sandoval menciona que los Centros de Justicia para la Mujer, en lugar de brindar un trato digno, frecuentemente revictimizan a las madres y a sus hijos e hijas, argumentando erróneamente que el que sus padres “se los lleven” no constituye violencia vicaria. Las madres no solo deben enfrentar al agresor, sino también a un sistema judicial que a menudo les resulta hostil y desprotector. La situación se agrava cuando los agresores, que mantienen a las infancias y adolescencias en condiciones precarias y abusivas, siguen eludiendo la responsabilidad y el sistema no actúa con la urgencia y seriedad que el caso requiere.
¿Qué deficiencias tiene la ley que recién se aprobó?
La organización Civilidad para Transformar también interpuso un amparo por inconstitucionalidades en la ley que se aprobó en junio, ya que sigue siendo insuficiente. Estos son los puntos que mencionan:
Nombre incorrecto
- Actualmente la ley se llama Ley de Violencia a través de Interposita Persona, cuando debería mencionar la violencia vicaria. Esta forma de violencia, acuñada en 2012 por Sonia Vacaro, es un fenómeno reciente y complejo que aún no se comprende completamente. Es multidimensional (incluye diversos tipos de violencia), afecta a múltiples víctimas (madres e hijos), y es violencia de género.
- No nombrarla adecuadamente lleva a una falta de conocimiento, donde ni las víctimas ni los que aplican la ley comprenden los matices del fenómeno.
- Sin el nombre ni reconocimiento correcto, no se pueden crear las políticas públicas para combatirlo.
El candado de género
- No queda expresado en la ley actual que la violencia vicaria es de género. Es decir, es una que un hombre ejerce hacia una mujer. No reconocer esto deja a la mujer desprotegida, sin el reconocimiento de este desbalance de dinámicas de poder.
Las penas
- Actualmente, se considera un agravante de violencia familiar, pero esto no es suficiente. Debe ser clasificada como un delito autónomo con penas más severas. Las penas actuales son limitadas, con un máximo de 5 años, y en muchos casos, son conmutables (se puede pagar para que el agresor salga libre).
“Hemos visto casos de juzgados que dejan ir a abusadores corruptos, con dinero o poder político. También hemos visto casos donde los juzgados han sido omisos, que han otorgado incluso, resoluciones ilegales. Hay varios jueces que están otorgando la guarda y custodia a personas agresores que ya traen sentencias o que te atraen carpetas de investigación donde ya están vinculados a procesos por tema de abuso infantil y aún así les dan la guardia. Esto es indignante e ilegal”, comenta Sandoval.
¿Qué sigue?
Civilidad para Transformar seguirá trabajando con madres y colectivas víctimas de violencia de género. Llevan a la par cientos de casos como el de la madre que recuperó a sus dos hijos. También han hecho una solicitud de transparencia al Consejo de la Judicatura para saber cuántos de los jueces en Jalisco tienen capacitación en perspectiva de género, violencia vicaria y en trato digno a las víctimas.
Sandoval menciona que siguen en espera al exhorto a los juzgados locales. Le narraron al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Jalisco, Daniel Espinoza Licon la situación que vivió la víctima y que viven las madres en Jalisco. Agregaron el listado de los jueces que han sido abusadores de mujeres víctimas de violencia vicaria. Esperan que esto pueda generar un diálogo para mejorar las estructuras legales y las capacitaciones. A largo plazo, quieren exigir la creación de un observatorio donde se integre a las colectivas de sociedad civil para revisar las acciones de los jueces.
“Jalisco es el estado número uno en violencia vicaria en el país. Nos habla del machismo tan arraigado que tenemos, de la permisibilidad que hay en los juzgados, del tema del amiguismo y del influyentismo que impide que las mujeres accedan a la justicia. Pero quiero decir y recordar que no nos importa cuánto nos cueste nosotros seguiremos con las madres y en su lucha. No nos rendiremos, nunca”, cierra Ana Paula Sandoval.
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Puedes conocer más sobre lo que hace la organización Civilidad para Transformar en su página de Facebook.
