Trotamundos Políticos
Por Fabrizio Lorusso / @FabrizioLorusso
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El día 21 de agosto una jueza del Tribunal de Juicio Oral de Acámbaro, Guanajuato, dictó sentencia absolutoria en primera instancia a favor de cuatro hombres, acusados de haber cometido el delito de “desaparición cometida por particulares” en contra de la maestra Guadalupe Barajas Piña. Ella fue privada de su libertad, junto con un conocido, Ulises Blanco Ledesma, el 29 de febrero de 2020 en el centro de Salvatierra, y luego ambos fueron encontrados sin vida en las fosas del barrio de San Juan de la misma ciudad.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que acompaña el caso y defiende a la familia de la mujer, ha expresado en un comunicado que:
“este fallo es un terrible mensaje de impunidad, que pone en riesgo a la familia de Guadalupe, a los familiares de las 65 personas identificadas y a todos los colectivos que buscan a sus seres queridos en Guanajuato”.
En octubre de 2020, con base en siete carpetas de investigación, familiares de personas desaparecidas en Salvatierra solicitaron una búsqueda en un predio a orillas del Río Lerma, a pocos metros de las últimas casas del barrio de San Juan, que a su vez se conecta directamente con el centro de la ciudad. Entonces, durante 40 días colectivos del estado, personas solidarias, familias de la zona y autoridades trabajaron para exhumar 80 cuerpos de personas inocentes, asesinadas en aquel lugar y enterradas clandestinamente en 65 fosas.
Cuatro años después, para Lupita, Ulises, para las y los demás que allí se encontraron, todavía la justicia está desaparecida.
Los delincuentes habían bautizado aquel campo de exterminio como el “panteoncito”, un lugar en donde, en la total impunidad, cometían delitos atroces y ejercían su mísero poder mafioso mediante el terror. Durante años, allí pudieron estar a sus anchas, sin que ninguna autoridad interviniera.
Tras la sentencia del 21 de agosto, se puede decir que a la injusticia de la impunidad histórica se han sumado injusticias para las víctimas directas e indirectas de la violencia criminal, a veces perpetrada bajo la mirada coludida de ciertos aparatos estatales.
Salvatierra es un pueblo mágico, una localidad con tradiciones y amenidades, fronteriza con Michoacán, pero en aquel momento del 2020 se destapó otra realidad, que ya era notoria para los lugareños y que obligó a la fiscalía y el gobierno estatal a reconocer públicamente la presencia de fosas clandestinas en Guanajuato, así como las desapariciones que iban al alza. El caso de la maestra Lupita Barajas es el primero, relacionado con las desapariciones y las fosas de Salvatierra, que llega a juicio.
La expectativa de una resolución favorable a las víctimas era mucha, y el mensaje de ninguneo e impunidad, nuevamente, por estos crímenes es generalizado, llega a todas las personas buscadoras como un balde de agua fría en un contexto de riesgo, en que nueve de ellas han sido asesinadas en este sexenio y una, Lorenza Cano de Salamanca, sigue desaparecida desde el 15 de enero de este año.
El hermano de Lupita, Francisco Javier, fue quien la encontró trabajando codo a codo con sus papás y decenas de familias guanajuatenses en aquel otoño del 2020. Luego, en 2021, una vez que sus restos habían sido procesados y fue confirmada la identidad de su hermana, Javier siguió acompañando los colectivos y se integró a las labores de la comisión estatal de búsqueda.
Hasta que, por venganza, por haber osado mostrar lo ínfimo y precario del dominio delincuencial en la zona, el 29 de mayo de aquel año fue asesinado por dos hombres armados en una motocicleta, en el centro de Salvatierra. Junto con sus papás, Javier Barajas y María del Tránsito Piña, no habían desistido de las búsquedas y del apoyo que prestaban a los colectivos del estado y al colectivo Ángeles de pie por ti, establecido en la misma Salvatierra, pero con familias de muchas ciudades, como Celaya, Acámbaro, Tarimoro, Irapuato y Cortazar.
Desde hace tres años las víctimas, que más bien son testigos de la violencia y la indefensión en tierras guanajuatenses, piden al municipio, al estado, a la Comisión Estatal de Víctimas y a la Federación otorguen las facilidades para que, en autonomía, éstas puedan crear un sitio de memoria para sustraer a la delincuencia el terreno, que fue utilizado incluso después del descubrimiento de las fosas, y para dignificar la memoria y la vida de quienes allí fueron encontrados y de quienes todavía están siendo buscados y buscadas. Sin embargo, las autoridades les dieron largas y, a la fecha, no hay un plan para materializar esta legítima demanda.
En el caso judicial de Francisco Javier, por homicidio doloso, después de un fallo que absolvió a los responsables, la apelación fue favorable a la familia con una sentencia condenatoria, por lo que sigue viva la esperanza también en el caso de Lupita.
Mientras tanto, sus padres, Tránsito y Javier o “los profes”, como les dicen con cariño sus amigos y conterráneos, tuvieron que exiliarse, salirse forzadamente de su propio hogar y tierra por las amenazas y la violencia que ya les habían golpeado duramente.
Aun estando lejos, “los profes” han estado apoyando moral y materialmente en lo posible al movimiento de colectivos de búsqueda en Guanajuato, así como las iniciativas por la verdad y la justicia, no sólo en su caso, sino para todas y todos los que viven el dolor de la desaparición y la lucha contra inveterados sistemas, los pactos de silencio y el inmovilismo institucional.
En el caso de Lupita y su desaparición, según el Centro Pro “el fracaso de la justicia muestra las deficiencias de la justicia local en Guanajuato. En particular, de una Fiscalía que pudo haber desplegado una estrategia más eficaz en su acusación y sobre todo de un Tribunal de Juicio Oral lejano a las víctimas e indolente”. Mientras tanto, muchas más personas esperan poder comenzar procesos judiciales y llegar a alguna resolución, aun a contracorriente, ya que el primero de ellos, por el momento, no ha tenido un final satisfactorio y justo.
Uno de los absueltos por este caso, César Enrique Pérez, quedó recluido porque ya había sido condenado a 35 años de prisión por el asesinato de Francisco Javier. De los demás, dos deberían quedar bajo medidas privativas de la libertad, y otro, en cambio, podría quedar libre.
Ahora la familia Barajas apelará, exigiendo “al Poder Judicial de Guanajuato examinar a profundidad el caso, con el acompañamiento de las instancias internacionales que monitorean el proceso, tales como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, especifica el comunicado del Centro Pro.
De la mano de la familia Barajas Piña, de las familias en búsqueda en Guanajuato, y de las organizaciones que las acompañan, esperanzadas y resistentes, hay que estar alerta y dar seguimiento como sociedad a los caminos tortuosos, pero posibles, que puedan dar con el paradero de la Justicia y alguna luz de paz.
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Para más detalles sobre el caso y los desarrollos más recientes, por favor, lee y sigue el trabajo de Verónica Espinosa en PopLab.Mx (link) y el de Pablo Ferri en El País
