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Por: Emilia Nevárez Sánchez *
En Zitácuaro, los asesinatos de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares marcaron un punto de inflexión drástico tanto del gremio, como para la ciudadanía. Estos trágicos eventos no solo afectaron el ambiente de seguridad y justicia en dicha ciudad, sino que también minaron la confianza pública en las instituciones y en la capacidad del mecanismo de protección para periodistas. Esto por la evidente vulnerabilidad de los reporteros locales.
Quienes han sido blanco de amenazas, violencia y tortura sin que los organismos de defensa de la prensa hayan demostrado eficacia o compromiso efectivo para protegerlos. Por ello, en Michoacán 48 periodistas han solicitado protección entre 2012 y 2022, según el informe estadístico del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, presentado por la Secretaría de Gobernación.
La situación de inseguridad en Michoacán ha alcanzado niveles alarmantes. De acuerdo a la organización internacional Artículo 19, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con numerosos casos de violencia y asesinatos. En Michoacán la violencia ha sido especialmente intensa debido a la presencia de grupos delictivos y la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades. El derecho a la libertad de expresión no es plenamente garantizado ni respetado por el gobierno. Los reporteros enfrentan amenazas, agresiones y asesinatos, lo que limita su capacidad para informar libremente.
La falta de conocimiento sobre las normativas de protección y la defensa efectiva de los derechos de los periodistas han dejado expuesta su integridad frente a los intereses de quienes tienen poder; incluidos funcionarios y grupos fácticos quienes han aprovechado esta vulnerabilidad para intimidar y coaccionar a los medios de comunicación críticos.
Los derechos están siendo violados, la libertad de expresión y de prensa están siendo silenciadas. En un estado donde,entre 10 y 12 periodistas han denunciado amenazas de muerte, en 2022 la mayoría de los casos ocurrieron en Morelia, Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro. Las investigaciones sobre los homicidios de periodistas, como los de Armando Linares y Roberto Toledo, se encuentran en proceso en la FGE.
Zitácuaro, es una ciudad intermedia, colinda con el Estado de México. Su compleja orografía delimitada por la sierra y una considerable extensión de bosque permite que exista violencia en el territorio. La combinación de los factores biogeográficos y socioeconómicos, permiten que las actividades ilícitas con la presencia de cárteles de la droga y organizaciones criminales contribuyen a que la delincuencia prospere , la inseguridad aumente y la violencia se normalice, ya que la ciudad del oriente de Michoacán, termina siendo una frontera territorial del crimen organizado, con la limitada presencia de cuerpos de seguridad federal, estatal y municipal.
“La complicidad entre el poder político y el crimen organizado”
La desconfianza hacia las instituciones de gobierno es un problema crítico en Zitácuaro, como en prácticamente todo el país. Existe una incredulidad hacia la gestión de la Fiscalía General desde el nombramiento del titular, así como en las fiscalías regionales. Javier “N” es abogado y periodista. En su quehacer ha denunciado abusos de poder y promovido los derechos humanos en Michoacán.
En su testimonio manifiesta su cercanía a los comunicadores Toledo y Linares, así como con el medio en el que ellos laboraban. Ha señalado constantemente los conflictos de interés, la complicidad y la protección entre funcionarios por parte del fiscal general, apodado el “fiscal carnal”. Puntualizó que la esposa del fiscal michoacano, quien fue directora del Registro Civil, ahora es la coordinadora de Gestión del Sistema de Justicia Laboral, del Poder Judicial del Estado de Michoacán.
Javier “N” señala que son constantes los conflictos de interés, la corrupción y el nepotismo por parte del estado, así como la falta de transparencia e impartición de justicia. Los grandes problemas del poder judicial y las instituciones de gobierno en Michoacán son la corrupción y manipulación por parte del Estado, los cuales impactan negativamente a la justicia, los derechos humanos y la libertad de prensa. Colectivo NiUnoMás Michoacán afirma que las iniciativas de protección implementadas por el gobierno estatal han sido improvisadas y carecen de un seguimiento sostenido, a pesar de la violencia contra los periodistas: desapariciones, tratos crueles, amenazas y asesinatos.
Las denuncias que realizaba Monitor Michoacán, medio de comunicación dirigido por Armando Linares, en relación a funcionarios públicos, incomodaron notoriamente, afirma Javier “N”, quien considera que tanto Toledo como Linares fueron víctimas de estos delitos a razón de su labor por ser crítica e independiente. Esto los convirtió en el blanco perfecto de ataques por parte de funcionarios vinculados con el crimen organizado.
Monitor Michoacán era uno de los pocos medios en la región que cubría la información sobre casos de corrupción y desvío de recursos; era fuente crucial de información en una región donde otros medios se autocensuraron a cambio de recibir publicidad pagada de los gobiernos. Esto generó amenazas, represión directa y estigmatización de los gobernantes en turno.
Después del asesinato de Toledo, el comunicador Armando Linares había solicitado protección a la fiscalía, pero la falta de acción de la instituciones responsables lo dejó expuesto. De acuerdo con el relato de Javier “N” estos hechos enmarcan la peligrosa situación que enfrentan diariamente los comunicadores independientes del municipio. El abogado y periodista está consciente de que cuando se desata una crisis de esta índole, la primera reacción por parte del sistema de gobierno es el de desacreditar a los medios, existiendo una evidente incapacidad de la fiscalía de atender los delitos con un debido proceso, tal y como ocurrió en este caso. Presentando a los supuestos actores materiales de los homicidios sin un proceso penal adecuado y justo.
Para Javier “N”, esto ha eliminado por completo la posibilidad de investigar a los actores intelectuales y considera que los supuestos asesinos son “chivos expiatorios” que han sido utilizados para desviar la atención y seguir operando impunemente. Y es que, Monitor Michoacán había sido enfático en los señalamientos de funcionarios estatales y municipales de primer nivel como responsables del control político, el cacicazgo y el vínculo con los grupos organizados. Al no aceptar ser medios subordinados al sistema político, a la autocensura y periodismo convencional, se enfrentaban a un verdadero “territorio de silencio”.
Los ataques y represiones constantes en su contra surgieron por el poder político, al que le incomodaba la información que divulgaba el medio. Para Javier “N” los asesinatos de Armando y Roberto no son obra del crimen organizado, sino del poder político en complicidad con este, para silenciar al periodismo incómodo.
Según la narración de Javier “N” el caso de los homicidios de ambos comunicadores, demuestra que no solo se mata físicamente a un reportero, sino también se mata su labor porque se obstaculiza su trabajo, limitando el acceso a la información, estigmatizando, torturando psicológica y profesionalmente el quehacer periodístico.
En un estado donde existen vínculos con el crimen organizado, Javier “N” se cuestiona: “verdaderamente vale la pena arriesgar la vida por la libertad de expresión y el derecho a informar”, de la misma manera reconoce que la lucha por estas libertades y derechos son una batalla ardua en Michoacán, donde la complicidad entre el crimen organizado y las autoridades pone en riesgo constante a los comunicadores.
“De la denuncia al desplazamiento de la periodista”
Fue el mismo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría del Gobierno Federal, Alejandro Encinas, quien le manifestó a Diana “N” que no era conveniente otro periodista muerto en Zitácuaro, para no convertirse en una estadística más. Mucho menos siendo una corresponsal de prensa reconocida como ella. Por lo que el 16 de marzo de 2022 después de dirigir durante diecinueve años su noticiero, tomó dos maletas y salió huyendo de la ciudad, justo un día después del asesinato de Armando Linares.
El medio de comunicación que dirigía transmitió en vivo de manera cotidiana, información local y estatal, a través del cual se difundían las necesidades de la comunidad de manera cercana, muchas veces más eficaz que las denuncias directas con las instituciones, según narra Diana “N”. Su medio de comunicación contaba con cinco o seis personas, una producción que hacía denuncia ciudadana y labor social, con un gran alcance en la televisión y en redes sociales. A la par de ello se hacía crítica política, sobre temas relacionados con problemas delincuenciales, falta de seguridad, entre otros temas que se convirtieron recurrentes en los reportajes.
A pesar de los pocos convenios con las instituciones de gobierno, los anunciantes particulares permitieron que el noticiero fuera independiente. La libertad de expresión era crucial para la credibilidad de las denuncias. Y la veracidad de esa información abrió la posibilidad de que medios nacionales contactaran a Diana “N” para comunicar sobre temas de la región oriente del estado, especialmente sobre hechos violentos, problemas de seguridad, promesas incumplidas por parte de los funcionarios locales y las condiciones sociales y económicas.
A partir del asesinato de Roberto Toledo la situación se complicó la comunicadora sabía que su seguridad estaba en riesgo. Sin embargo, fue hasta la cobertura del asesinato de Linares el punto de quiebre para ella, cuando supo del verdadero peligro que corría. El 16 de marzo del 2022, el día del funeral de su colega Armando Linares, fue el último que transmitió su programa. Velorio en el cuál hombres armados amenazaron de muerte a periodistas que asistieron, según una denuncia pública en el twitter del reportero Édgar Ledesma de Grupo Milenio, “Estábamos cubriendo el velorio del colega Armando Linares, cuando un sujeto con pistola en mano nos amenazó con que nos fuéramos o ‘íbamos a valer verga’. Así la inseguridad en Michoacán, y la violencia contra los periodistas. Estamos bien”.
Ese mismo día la periodista recibió amenazas directas en su casa, “un par de sujetos me estaban buscando, lo hacían de la misma manera que con Armando en mi estudio de grabación”, asevera Diana “N”. Por lo que decidió acogerse al Mecanismo de Protección para Periodistas. Asesorada por las organizaciones Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, Colectivo NiUnoMás Michoacán y la propia Fiscalía Regional; abandonó la ciudad y su medio de comunicación para mudarse a otro estado.
Poco después de irse intentaron entrar a su estudio. Todo esto fue un duro golpe para su carrera, y su libertad. Hasta este momento se encuentra refugiada en otro estado. Diana “N” asegura que después de lo ocurrido los medios críticos desaparecieron en Zitácuaro para convertirse en un “territorio de silencio”, donde los medios replican boletines de prensa del gobierno sin hacer una reflexión crítica. La comunicadora reconoce el trabajo de Monitor Michoacán, sobre todo el de Linares, quien era un reportero excepcional, con gran habilidad y coraje, un colega que continuó cubriendo noticias hasta el día de su muerte. Para ella Armando tenía las dos cosas que debe tener un buen reportero: callo y calle.
“La tortura psicológica de informar”
Desde hace más de tres décadas Luis “N” no se había enfrentado a los desafíos del periodismo como lo vive actualmente, situaciones extremas como las que experimenta el gremio en México. Según el comunicador desde hace quince años empezaron a cambiar las condiciones profesionales para los periodistas. Aunque existían conflictos con los funcionarios de Zitácuaro, por lo que eran cuestionados o expuestos por irregularidades y actos de corrupción en diversos medios, las amenazas y represalias letales no eran una constante en la labor. Relata que a pesar de que el comunicador tuvo conflictos significativos con ex funcionarios, incluyendo gobernadores, presidentes municipales y procuradores, quienes le fabricaron delitos en su contra que no se pudieron comprobar; su vida no se había visto expuesta hasta hace algunos años.
Los actos de corrupción han sido publicados, expuestos y cuestionados en el medio impreso y digital que dirige este comunicador. Pues es bien sabido que la impunidad y corrupción es alta. Tal y como se valora en los informes oficiales sobre la percepción de la corrupción de la ciudadanía en Michoacán, siendo el 90.7% de las personas que la consideran una práctica frecuente o muy frecuente. Esta percepción sitúa a Michoacán entre los estados de mayor nivel de percepción de corrupción en México, superando el promedio nacional de 88.8%.
A pesar de que la crítica política de Luis “N” estaba fundamentada, de que siempre había hecho un cuestionamiento objetivo de los funcionarios en turno. Un domingo, mientras tomaba un café en el centro de Zitácuaro, tres hombres armados lo abordaron y lo obligaron a subir a un auto para llevarlo a un sitio. Uno de estos hombres era un alto mando de un grupo criminal local, quien le expresó que había muchas quejas sobre él. Afirma Luis “N” que esta era una estrategia para amedrentar y evitar que siguiera con sus investigaciones, particularmente sobre figuras políticas de familias zitacuarenses muy influyentes, quienes aspiraban a cargos públicos de nivel federal.
Luis “N” comprendió, que esta intimidación era una amenaza directa hacia su vida, el trasfondo era un conflicto político, donde los criminales estaban actuando en nombre de los intereses de poder, protegiendo la carrera de una familia poderosa del municipio. Eventualmente estos sujetos fueron capturados, vinculados a proceso y privados de libertad por diversos delitos. El periodista considera que actualmente la estrategia para silenciar y desacreditar el trabajo de los medios de comunicación se ha perfeccionado en amenazas de muerte no solo para ellos, sino para su familia. El panorama cambió drásticamente a mediados de la década de los dos mil en Michoacán, cuando la situación de la prensa empezó a deteriorarse.
La experiencia le mostró la violencia de los grupos criminales profundamente entrelazada con los políticos. Como la ocasión en que se le ordenó trasladarse de manera anunciada a la zona de Tierra Caliente, Michoacán para hablar con figuras de la delincuencia organizada. La incertidumbre y el miedo a lo desconocido que vivió esos días le afectaron psicológicamente. La tensión constante y el conocimiento de que su vida y la de su familia corrían riesgo crearon una carga emocional que hasta la fecha está presente. Estos eventos muestran claramente la manifestación de poder del crimen organizado sobre los periodistas, usando el miedo y la amenaza como herramientas de control, asegura el comunicador. La influencia y presión política para promover la desinformación, la concentración de los medios de comunicación en pocas personas y un poder judicial que detiene los actos criminales, perjudican la libertad de prensa y expresión. La información e investigación sobre el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas, entre otros, se ha convertido en una amenaza para la vida de los comunicadores y sus familias.
El asesinato de su colega, Armando Linares, fue el golpe más fuerte, siendo el parte aguas de entender que la violencia y la tortura contra la prensa no solo era una posibilidad, sino una realidad cruel. Sabiendo que el trabajo de Linares era serio y comprometido, de que no estaba involucrado con el crimen organizado ni se metía con políticos; su asesinato fue utilizado como mensaje de terror para la comunidad periodística.
Para el comunicador esto simboliza la falta total de garantías, donde los asesinatos se han convertido en una herramienta del crimen organizado y de los políticos corruptos para silenciar las voces y la libertad de expresión. Luis “N” ve en este retroceso una lamentable pérdida de la seguridad y el respeto que alguna vez tuvieron los medios de comunicación. Los hechos demuestran que la tortura no es solo física, sino también mental y psicológica; que afectan la calidad de vida y la capacidad de ejercer una profesión como lo es el periodismo.
“Autocensura: un mecanismo de supervivencia para los periodistas»
La represión hacia los medios de comunicación en Zitácuaro no es un fenómeno nuevo, desde hace veinte años los gobiernos estatales y municipales han ejercido una fuerte presión sobre los medios, narra Andrea “N”. La diferencia es que antes era la procuraduría la que ejercía presión deteniendo y acusándolos por la manera en que escribían, especialmente cuando se trataba de reportajes que abordaban la corrupción, fraudes o irregularidades de la administración pública; es decir, las mismas instituciones del sistema de gobierno eran las que intimidaban la labor del periodista. Para la comunicadora originaria de Zitácuaro, ahora los grupos delincuenciales de la región están vinculados a las cúpulas del poder de gobierno. Afirma que la presión ya no viene solo de las autoridades, ya que estos grupos empezaron a ejercer poder para controlar lo que se puede o no publicar.
Los comunicadores en el municipio comenzaron a recibir llamadas y mensajes de amenazas para obligarlos a modificar el estilo de la escritura, forzándolos a evitar mencionar nombres específicos y refiriéndose a los cargos de manera general para no ofender a los que están en el poder. Para Andrea “N” los asesinatos de Armando Linares y Roberto Toledo no solo fueron un ataque hacia el periodismo, sino una consecuencia de quedar en medio de los intereses de grupos de poder y criminales, como lo manifestaban las cartulinas dejadas en la escena del crimen. Ella critica fuertemente la falta de acción por parte de las instituciones, así como la carencia de apoyo y protección del gobierno hacia Armando, quien había solicitado ayuda ante el asesinato de Roberto, ya que el reportero buscó abandonar Zitácuaro debido a las amenazas. Andrea “N” asegura que Armando solicitó el mecanismo de protección para periodistas de Secretaria de Gobierno, a pesar de que la información oficial publicara lo contrario.
En cuanto a la libertad de expresión, Andrea “N” destaca la precariedad en la que viven los medios de comunicación locales, quienes dependen en gran medida de los convenios publicitarios con los gobiernos. Los cuales son cesados si los periodistas no se alinean a los intereses oficiales. Dicha dependencia económica limita severamente la capacidad de los comunicadores para criticar objetivamente y exponer los actos de corrupción e irregularidades de los funcionarios. Ella asegura que los medios de la región son pequeñas empresas familiares, medios independientes que difícilmente se mantienen, considerando que el periodismo está centrado en la capital del Estado, por lo que subsisten gracias a estos convenios, siendo la falta de recurso un riesgo para subsistir.
Andrea “N” afirma que el impacto que han tenido estos eventos en el municipio ha generado que la cobertura de noticias relacionadas con seguridad, temas judiciales, policiales y sobre grupos criminales haya cesado, debido al miedo y la coacción. Considera que, en lugar de hacer reportajes sobre los incidentes violentos, los medios de información prefieren esperar los boletines oficiales de la fiscalía y seguridad pública municipal para replicarlos y evitar responsabilidad personal. Esta autocensura afecta la calidad e integridad de la información que se publica y limita la capacidad de conocer la realidad de la violencia en la región. Pero que al final es un mecanismo para que los periodistas no se sientan tan expuestos en su quehacer, según su testimonio.
“Defensa del autogobierno por Armando”
Los derechos humanos y la defensa del territorio han sido una lucha destacada en esta región, donde periodistas y activistas que cubren esta información en medios enfrentan riesgos significativos. Los esfuerzos por mantener, conservar y proteger los recursos naturales se han visto amenazados por intereses particulares y de funcionarios públicos, generando una resistencia activa y constante por parte de las comunidades locales.
Crescencio Morales, tenencia del municipio de Zitácuaro, estuvo hace unos meses en disputa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el derecho al autogobierno y la administración directa de su presupuesto. El conflicto surgió porqué la actual administración del Ayuntamiento impugnó la Ley Orgánica municipal de Michoacán, que desde 2016 reconoce estos derechos como constitucionales, permitiendo a este grupo indígena una distribución equitativa de sus recursos. Históricamente, estas comunidades han enfrentado problemas debido a que los gobiernos municipales retienen los fondos destinados a ellas, lo que impacta severamente en su capacidad de autogestión y desarrollo local. Este ha sido un territorio disputado por los cárteles, que buscaban ampliar sus límites territoriales, grupos que luchaban por el control.
El presidente municipal de Zitácuaro se ha manifestado en contra del autogobierno en Crescencio Morales, según Carlos “N”, esto demuestra una total ignorancia sobre los derechos de los pueblos originarios y una actitud clasista y elitista. El funcionario municipal se ha burlado públicamente de la figura del autogobierno, sugiriendo de manera despectiva y sarcástica que todos los pueblos originarios buscan acceder al presupuesto para dividirse en repúblicas y estados.
Después del asesinato de Toledo y las amenazas recibidas, la comunidad de Crescencio Morales jugó un papel crucial en la vida de Armando Linares. Le ofrecieron refugio y protección frente a las amenazas externas, por lo que se convirtió en un defensor destacado del autogobierno, enfrentándose al hostigamiento del gobierno del ayuntamiento. La comunidad había vivido bajo la constante amenaza de la violencia y la extorsión, estos hechos fueron documentados por Linares, a la vez que el cerco protector de la comunidad impidió que los grupos criminales accedieran a su territorio, este sistema de defensa comunitaria fue determinante para la supervivencia del director de Monitor Michoacán durante ese tiempo.
El asesinato de Armando Linares fue un golpe devastador para el autogobierno de Crescencio Morales, pues simboliza la extrema vulnerabilidad del periodista que había apoyado este movimiento social, así como la efectividad del crimen organizado para silenciar a aquellos que se oponen a sus intereses. Carlos “N” afirma que con esto se demuestra la manera brutal de la realidad de vivir bajo la sombra de la violencia y el poder del crimen organizado. La falta de acción efectiva por parte de las instituciones gubernamentales y la descomposición de las estructuras sociales han llevado a una situación de impunidad absoluta.
“Colectivo NiUnoMás Michoacán”
Respaldaron a Armando Linares después del asesinato de su colega Roberto, debido a la necesidad de brindarle acompañamiento desde el colectivo de periodistas organizados para accionar en casos de violencia a periodistas en Michoacán. La vocera de NiUnoMás Michoacán, relata que este se conformó en 2017 tras la desaparición del periodista Salvador Adame Pardo, de quien posteriormente se localizaron sus restos en el municipio de Múgica. A partir de este evento el colectivo ha fungido como una red de apoyo entre el gremio, particularmente con los que tienen amenazas directas. Entendiendo que el periodismo se encuentra en un contexto donde la corrupción y el crimen organizado están profundamente arraigados en las instituciones políticas y económicas, señala Patricia Monreal Vázquez, vocera del colectivo.
La presencia de grupos criminales en Zitácuaro ha sido una constante, con cacicazgos que han mantenido el control territorial a través de la violencia y la corrupción, señala la vocera. En el contexto del proceso electoral, estos grupos generaron conflictos entre facciones políticas, enfrentando a Alfredo Ramírez Bedolla y Silvano Aureoles Conejo por el control del poder y del territorio. Zitácuaro, desde los años noventa, ha sido epicentro de actividad política y criminal; la vieja política priista generó un contexto en el que los caciques políticos y criminales operan conjuntamente. Esta alianza entre política y crimen organizado sentó las bases para la violencia que caracteriza a la región en la actualidad.
Patricia Monreal del Colectivo NiUnoMás Michoacán señala que los caciques criminales operan con una influencia significativa en la región, afectando tanto la política como el ejercicio de la comunicación. Los periodistas que trabajan en estas condiciones adversas enfrentan el desafío de mantener su independencia en un entorno donde el crimen organizado impone reglas y extorsiona a los ciudadanos. Aunado a la ineficacia de las instituciones locales y estatales encargadas de proteger a la prensa, generan un panorama poco benéfico para los comunicadores del municipio. Destacan que cuando los escritores de noticias enfrentan amenazas, el mecanismo de protección frecuentemente falla, dejando a los periodistas en una situación de vulnerabilidad. La vigilancia constante y el traslado a otros estados no resuelven el problema, sino que en realidad contribuyen a la censura indirecta, pues el objetivo de las amenazas es precisamente silenciar a los medios de comunicación.
Este colectivo afirma que los comunicadores en Zitácuaro son personas que han crecido en estos entornos y, por lo tanto, conocen de personas y estructuras que han dado forma a los cacicazgos criminales. Armando Linares y Roberto Toledo fueron asesinados en represalia por su trabajo crítico hacia los funcionarios, que a su vez estaban vinculados con los grupos organizados. Tras los asesinatos, el gremio de la prensa se movilizó exigiendo justicia y medidas de protección, hubo protestas públicas y reuniones con altos funcionarios estatales como el Secretario de Gobierno, el de Seguridad Pública y el Fiscal General, para pedir investigaciones exhaustivas y garantías de seguridad.
NiUnoMás presentó propuestas que empezaron a discutirse con el Gobierno del Estado para mejorar la protección a periodistas, sin embargo, ante la negativa del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de sentarse a dialogar, los trabajos quedaron truncos. Además hubo discrepancias sobre la participación efectiva del gremio periodístico en la Junta de Gobierno del Mecanismo Estatal de Protección y un intento de albazo del Ejecutivo para instalarla, lo que suspendió todo diálogo, afirma Patricia Monreal. En contrapartida, tras el asesinato de Armando Linares se logró que en el Poder Legislativo se efectuaran reformas a la ya existente Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, así como el reconocimiento y establecimiento de medidas de protección a mujeres periodistas dentro de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado, no obstante, otras reformas sustanciales quedaron pendientes frene a resistencias políticas y burocráticas al interior de la Cámara.
“La libertad de prensa y de expresión: la perspectiva de las defensoras”
La libertad de expresión en México se ha visto afectada por varios aspectos, la colusión histórica entre Estado y grupos de poder influye directamente en la capacidad de las personas comunicadoras de expresarse libremente, asegura la defensora de derechos humanos Ximena Ugarte. Es una característica persistente del Estado moderno mexicano, donde los intereses políticos y económicos a menudo prevalecen sobre los principios democráticos y los derechos humanos. Considera que esto no limita el espacio para la crítica y el debate público, también perpetúa un entorno donde los intereses particulares y económicos prevalecen sobre los derechos fundamentales. La abogada feminista identifica al crimen organizado como un actor clave que ha emergido como mecanismo de control territorial y social, empleando la violencia y la corrupción para silenciar las distintas voces de periodistas y activistas, a la vez que genera un clima de autocensura y miedo entre aquellos que buscan informar sobre temas sensibles o criticar las políticas gubernamentales.
Para Ugarte Trangay también se aborda una profunda desconfianza de la población hacia las instituciones gubernamentales, debido al vacío de protección efectiva, donde la ciudadanía y comunidades vulneradas encuentran seguridad en las instituciones formales. Este contexto facilita la manipulación de la información y la narrativa por parte de estos grupos socavando aún más la libertad de expresión y limitando el acceso a la información veraz y crítica. Para ella el crimen organizado ha adquirido una influencia significativa en la política, utilizando su poder económico y coercitivo para influir en decisiones gubernamentales y en la asignación de recursos públicos. Esta influencia se extiende desde niveles locales hasta niveles federales, afectando tanto a políticos como a funcionarios de seguridad y justicia.
Uno de los puntos más alarmantes que Ximena destaca es la alta impunidad en casos de violencia contra periodistas y defensores del territorio. Son muy pocos los casos que están siendo investigados en los cuales se de resultados o exista una condena, debido a la impunidad que se mantiene a flote en el sistema judicial y vulnera quienes ejercen la prensa, a la vez que envía un mensaje preocupante de que los ataque a la libertad de expresión pueden realizarse sin temor a consecuencias legales. El fenómeno de la macrocriminalidad está caracterizado por altos índices de impunidad en delitos graves como secuestro, desapariciones y narcotráfico, asegura la defensora integrante de la organización civil Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Como promotora de los derechos humanos de las mujeres, Estrella López Maciel considera que la situación de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en México, es una problemática vigente que ha sido reconocida internacionalmente. Se ha silenciado a grupos desfavorecidos y a quienes critican a los poderosos mediante la criminalización. Para la especialista en temas de género es de llamar la atención el rechazo del gobierno federal dirigido hacia personas comunicadoras, especialmente mujeres, quienes sufren ataques personales y profesionales sin justificación válida, con el claro objetivo de acallar sus voces críticas.
La libertad de expresión es crucial porque permite la manifestación de ideas y opiniones diversas, siendo fundamental para el cambio social y político, considera López Maciel. Sin embargo, los poderosos buscan constantemente reprimir estas voces para mantener el control sobre la narrativa pública y evitar críticas fundamentadas. Ella postula que la educación ha sido deficiente en torno a los derechos humanos y su importancia, lo cual contribuye a la perpetuación de actitudes que justifican la violencia contra periodistas bajo supuestos infundados de que estaban involucrados en actividades ilícitas.
En ese contexto, la defensora e historiadora considera que México es identificado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con estadísticas que demuestran la ineficacia de los mecanismos de protección existentes. Además, el uso indebido de recursos destinados a proteger a personas comunicadoras, revela una problemática estructural y de gestión que dificulta la seguridad de los profesionales de la comunicación. López Maciel argumenta que la estrategia de silenciar a algunos periodistas para intimidar al resto, es efectiva y contribuye a mantener a la población desinformada y temerosa. Esta situación perpetúa un ambiente de control estatal, empresarial y del crimen organizado que obstaculiza la acción colectiva y la defensa de los derechos, asegura la defensora feminista.
“El mecanismo de protección a periodistas en Michoacán”
Desde el gobierno de Michoacán, Elvia Higuera Pérez explica que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el país se aplica de manera uniforme, adaptándose tanto a las necesidades individuales de la persona en riesgo como al nivel de amenaza. Narra que aunque Armando Linares no aceptó su incorporación al mecanismo, esto no significa que los periodistas deberían estar vulnerados, siendo consciente de que este mecanismo es insuficiente. Higuera Pérez describe que el procedimiento de inscripción al mecanismo es rápido y se basa en la información proporcionada por la persona en riesgo. Las amenazas pueden provenir de diversas fuentes, incluidas redes sociales, anónimos o verbalmente por autoridades o el crimen organizado.
Cuando un periodista reporta una amenaza, el mecanismo actúa rápidamente para determinar las medidas de protección adecuadas, afirma Higuera. En caso de homicidio, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión se encarga de la investigación, limitando la participación del mecanismo a las etapas previas al incidente. Previamente se realizan reuniones con personas comunicadoras y defensores para asegurar que están informados sobre cómo reportar amenazas y activar el mecanismo de protección, menciona la titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de Michoacán.
El protocolo de protección puede incluir a la familia del periodista si están en riesgo, y en situaciones extremas, el mecanismo proporciona asistencia para reubicarse, incluyendo apoyo económico temporal, menciona la especialista en derechos humanos. En casos donde las autoridades mismas son la fuente de amenaza, recomienda buscar vías alternativas de denuncia e investigación, a veces a nivel federal.
El mecanismo ha atendido a 32 periodistas en Michoacán, y a un total de 225 entre personas defensoras de derechos humanos y personas comunicadoras, del año 2012 al 15 de mayo de 2024, según un informe facilitado por la funcionaria pública. Aunque se enfrenta a muchos retos, es fundamental para proteger la libertad de expresión de los derechos humanos en el Estado. La participación de la sociedad civil, asociaciones de periodistas y organismos internacionales es crucial para mejorar la protección, enfrentar los riesgos y necesidades en el territorio que los comunicadores y defensores enfrentan en su labor.
Explica que el mecanismo a nivel nacional ofrece asistencia social como boletos de avión, autobús y pago y renta por un tiempo determinado, para periodistas que requieran reubicarse, esto se da para garantizar cierto bienestar mientras se reacomodan, comparte la abogada. Afirma que el mecanismo fomenta la participación activa de periodistas independientes y autónomos, asegurando que estén informados sobre sus derechos y acceso a mecanismos de protección.
“El enfoque desde los Derechos Humanos en Michoacán”
La violencia y el miedo llevan a la autocensura en los medios de comunicación, por eso se tiende a informar sobre los temas menos controvertidos para evitar conflictos con el crimen organizado, asegura Alejandro Sandoval. Es evidente que las comunidades marginadas, como las de Michoacán, actúan como periféricas en este sistema, soportando las fases más brutales del crimen organizado. Él considera que los grupos criminales se entrelazan con la política, evolucionan, cambian de nombre, de estructura, pero mantienen la misma base de actores.
La relación de la violencia y el crimen organizado están estrechamente vinculados con la corrupción y las políticas locales e internacionales. En Zitácuaro, Sandoval Rocha identifica una falta de identidad cultural y colectiva, donde la narcocultura predomina y la población joven se siente alienada. Describe cómo la violencia está integrada en la economía global y el capitalismo, como una herramienta para mantener el control y el poder, y está vinculada al necrocapitalismo que explota y capitaliza la violencia y la muerte. Para el estudioso de derechos humanos, la abstracción de las emociones y la materialidad del cuerpo son vistas como características del sistema capitalista moderno.
Para Alejandro, el consumo y la violencia son promovidos por un sistema que despersonaliza a la ciudadanía y la trata como mercancía. Critica dicho sistema de valores que prioriza el consumo, el poder, y la violencia, a la vez que observa la falta de colectividad en lugares como Zitácuaro y cómo esto contribuye a la desidentificación y al rechazo del territorio. Para él es fundamental fomentar la construcción de colectividades y comunidades fuertes como una forma de resistir y transformar las dinámicas actuales; de la misma manera que refiere a la protección y creación de redes de apoyo para los periodistas y activistas que enfrentan riesgos al abordar y exponer temas de corrupción o de organizaciones criminales.
Considera necesario recuperar la conexión con el cuerpo y las emociones, reflexionar sobre la materialidad del cuerpo y cómo las experiencias personales pueden ayudar a confrontar y desafiar las estructuras violentas. Una reconfiguración social, sería cuestionar el sistema de valores actual que glorifica el consumo, el poder y la violencia, fomentar una cultura que valore la empatía, la colectividad y la justicia. Estas son consideraciones que el especialista en derechos humanos puntualiza, siendo determinante el promover la necesidad de una educación que fomente el pensamiento crítico y la reflexión sobre las estructuras sociales y económicas. La educación debe ir más allá de los contenidos académicos y abordar las realidades sociales y emocionales de manera profunda, asegura Sandoval Rocha.
En paralelo, es necesario abordar el fenómeno desde una perspectiva cultural y educativa, promover valores que rechacen la violencia y el consumo, fomentar una cultura de respeto y empatía. La transformación cultural hacia una mayor inclusión y equidad es esencial para reducir la violencia estructural y sus efectos en la sociedad, asegurando que se desarrolle un entorno en que las personas dejen de ser vulneradas, puedan vivir con dignidad, seguridad y con garantía de sus derechos humanos.
Finalmente, fomentar la investigación y el conocimiento para desarrollar políticas basadas en evidentemente. Apoyar a estudios académicos sobre la relación entre violencia, política y economía pueden proporcionar una base sólida para desarrollar estrategias efectivas, por medio de redes de periodistas, académicos y activistas defensores de derechos humanos. A la vez de revisar la relación entre política y crimen organizado es determinante para implementar medidas de transparencia en el financiamiento político y reformar las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, para reducir la corrupción y asegurar una respuesta efectiva contra el crimen organizado.
* Emilia Nevárez Sánchez es periodista, activista feminista y abogada defensora de derechos humanos.
Esta investigación fue realizada en el marco del proyecto “Periodistas contra la Tortura” con el acompañamiento de la organización Documenta. El contenido de este reportaje es responsabilidad de sus autores y no necesariamente refleja el punto de vista de Documenta. Aquí puedes acceder a la pieza original.
