Madres, padres y alumnos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” marcharon en la capital del país, reiterando su demanda de verdad y justicia a casi diez años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo Fotografías: Erik Salinas / @erik.skelter
A un mes de que se cumplan diez años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, madres, padres y estudiantes se congregaron en la Ciudad de México para llevar a cabo la 119ª Acción Global por Ayotzinapa. El evento inició con una marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Antimonumento +43, donde estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, acompañados por las familias de los desaparecidos, reiteraron su exigencia de justicia bajo la consigna: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
La marcha recorrió la avenida Reforma y culminó en el Antimonumento +43 con un mítin encabezado por Isidoro Vicario, representante de los padres y madres de los 43 normalistas. Durante su discurso, Vicario expresó la profunda decepción y frustración de las familias ante la falta de avances significativos en la investigación del caso.
“El gobierno que no ha podido dar con el paradero de los 43 estudiantes ha fallado a las familias”, declaró Vicario. “Aunque se firmó un decreto para la creación de la Comisión para el caso Ayotzinapa, ésta tampoco ha logrado esclarecer el destino de nuestros hijos. A pesar de ello, continuaremos nuestra lucha en las calles hasta saber la verdad”.
Un estudiante de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” reafirmó la participación activa del ejército en los eventos de la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Aseguró que existen pruebas que muestran la presencia del ejército en lugares clave durante los hechos, incluyendo el Batallón de Infantería, donde se presume que algunos de los estudiantes fueron llevados. Sin embargo, el gobierno ha negado la implicación del ejército, lo que ha generado indignación entre las familias y la comunidad de Ayotzinapa.
Durante el mitin, Hilda Hernández, madre de César Manuel González, realizó el pase de lista por los 43 desaparecidos y agradeció el apoyo constante de quienes han acompañado a las familias en su lucha, pidiendo que no se les deje solos en este camino de casi una década. “Gracias por estar aquí y por no dejarnos solos. Su presencia nos da fortaleza para continuar”, expresó con emoción.
El pasado jueves 22 de agosto, las madres y padres de los 43 estudiantes se reunieron con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero. Durante este encuentro, solicitaron información y exigieron una investigación interna sobre la desaparición de videos de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, material clave para la investigación. A casi diez años de los hechos, ninguno de los trabajadores del Palacio de Justicia ha sido detenido o procesado por su posible participación en la desaparición de este material.
La noche trágica
La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, marcó un antes y un después en la historia reciente de México, convirtiéndose en uno de los episodios más emblemáticos de violación a los derechos humanos en el país. Un grupo de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, jóvenes de entre 17 y 25 años, se dirigió a Iguala con la intención de “tomar” autobuses, como parte de una práctica que, aunque inusual, era tolerada en la región.
Su objetivo era participar en la conmemoración del 2 de octubre, fecha que recuerda la masacre estudiantil de 1968. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue desmesurada y violenta: policías municipales de Iguala, apoyados por otras fuerzas y civiles, abrieron fuego contra los estudiantes, detuvieron a 43 de ellos y los desaparecieron.
Esa misma noche, la violencia se extendió a la población en general. Seis personas fueron ejecutadas, entre ellas tres normalistas, uno de los cuales fue hallado al día siguiente con signos evidentes de tortura. Además, al menos 40 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, y más de 180 fueron víctimas directas de violaciones a sus derechos humanos, afectando también a sus familias.
A pesar de los esfuerzos incesantes de los familiares de los desaparecidos por encontrar la verdad y obtener justicia, la investigación ha sido constantemente obstaculizada por las autoridades.
A casi diez años de los hechos, las familias de los estudiantes siguen denunciando que la verdad sobre lo ocurrido a los 43 sigue siendo un enigma, y la impunidad persiste, dejando a las familias y a la sociedad mexicana en una dolorosa espera de respuestas y justicia que aún no llega.
