Trotamundos Político
Por Fabrizio Lorusso / @Fabrizio Lorusso
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Primero, quisiera destacar que, la verdad, no me siento sobrerrepresentado, es decir, agraviado por presuntas fallas en la repartición de curules en las Cámaras. Por otro lado, no me siento representado por las posturas impostoras que pretenden desconocer y reinterpretar las reglas del juego electoral, cuando durante años las han forjado, celebrado y aplicado como producto de una anunciada e inexorable “transición democrática”.
Son días en que el Consejo Mexicano de Negocios lanza desplegados pidiendo al INE que, prácticamente, viole o forcejee la Constitución porque aquel gremio patronal se siente, ahora sí, “subrepresentado”. Y son días en que el presidente va pidiendo en la mañanera un posicionamiento a los cinco principales magnates del país acerca del asunto y que no se escuden detrás de las siglas: una movida política polémica que podría unirlos más en la causa antiobradorista, o bien, al contrario, separar bandos dentro de un empresariado que sí es heterogéneo.
No me siento ni mal ni sobrerrepresentado porque Morena alcanzó un resultado histórico en las urnas el 2 de junio o porque sus coaliciones electorales con el Verde y el PT, aunque cuestionables bajo muchos puntos de vista, resultaron ganadoras en la mayoría de los distritos.
Pero bueno, esta pareciera quizás una cuestión de preferencias personales. Mas razonando desde la perspectiva democrática y política, también expresaría lo mismo si hubiesen ganado otros partidos y hubiesen respetado leyes, procesos, principios éticos y resoluciones institucionales sobre las elecciones.
Guste o no, la asignación de escaños plurinominales en las Cámaras activará un mecanismo de reequilibrio entre partidos, pues garantizará un espacio importante para las formaciones opositoras al oficialismo que perdieron las elecciones.
Justo para eso está la cuota de representación proporcional que les otorgará “sobrerrepresentación” respecto de los distritos que efectivamente conquistaron por voto directo. Es algo completamente normal, además, en otros países como Italia, España o Reino Unido, en donde el “premio de mayoría” o de “gobernabilidad” garantiza a la vez pluralismo de opiniones y representación, pero también una relativa estabilidad.
No me siento sobrerrepresentado, además, porque el propio término no es legal ni claro, es una especie de contenedor que custodia una serie de frustraciones y reivindicaciones pre y postelectorales para el armado de agendas particulares. Engloba una narrativa tóxica, inventada por las derechas para filtrar la falsa idea de que estaría sucediendo algo irregular, un exceso o agravio, asimilable, a la postre, a un fraude o al espectro del “autoritarismo”, el que se podrá abanderar en las marchas rosas o del color que prevalezca posteriormente.
La crítica al reparto de escaños, como ocurre con la reforma al poder judicial, entre otras, pierde la ocasión de dirigirse sanamente contra un sistema posiblemente injusto o disfuncional, dadas las condiciones políticas actuales, y no se concreta en propuestas y discusiones, sino en convocatorias a paros o en presiones extrainstitucionales para la toma de decisiones favorables a grupos poderosos.
Pese a sus defectos, por la garantía que representan las cuotas proporcionales, no estoy de acuerdo con su abolición, que figura entre las propuestas del gobierno entrante, sino que abogo por su revisión, particularmente en lo que concierne a los mecanismos de selección de las candidatas y candidatos y al control de los partidos políticos y sus dirigencias en estos procesos, pues se necesitan más candados, criterios, ética, recambios y transparencia. Sin embargo, no deben quitarse de un plumazo tan solo porque no nos gustan ciertos perfiles “impresentables” que se cuelan a través de esta representación o porque estos, se argumenta, “no habrían ganado” el reto directo contra su contrincante. Existen sistemas totalmente proporcionales en que nadie está directamente compitiendo en contra de otro u otra candidata y son perfectamente democráticos e, inclusive, más representativos de la voluntad de las y los votantes.
De hecho, en la propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador que fue rechazada por la oposición en su “huelga constitucional”, se planteaba el paso a un sistema de representación totalmente proporcional, que en muchos casos favorece alianzas previas y coaliciones que vayan más allá de lo meramente electoral y se consoliden en las Cámaras, apuntando a cierto grado de parlamentarización del sistema mismo, con una renovada relevancia del legislativo respecto del ejecutivo.
Pero este diseño fue desechado sin ni siquiera debatirlo, debido a la cerrazón de Pan, Pri y Prd, básicamente, y ahora la propuesta que se baraja es la opuesta: dejar solamente a los representantes elegidos por mayoría y eliminar a los plurinominales, reduciendo así el margen de las minorías sociales y de los partidos de oposición, de cualquier orientación política, para acceder a posiciones de relevancia en el legislativo.
Esto es un riesgo, pues sin “pluris”, por ejemplo, no hubiera sido posible el paulatino ascenso de las causas, de los argumentos y de las fuerzas políticas identificadas con las izquierdas dentro de los aparatos e instituciones estatales, hasta conseguir incluso la presidencia en 2018 y 2024.
No me siento sobrerrepresentado por quienes vencieron el 2 de junio, al contrario, me parece ideal contar con mayorías sólidas en las Cámaras en pro de la gobernabilidad y de proyectos reformistas, al menos durante un trienio.
Aun así, al parecer, el oficialismo tendrá de todos modos que negociar en el Senado para conseguir dos, tres o cuatro votos y alcanzar así una mayoría más estable: ojalá y esto favorezca acuerdos y discusiones abiertas, más amplias y profundas, especialmente en materia de reformas sistémicas y estructurales y de reversión del neoliberalismo. Suena ingenuo, pero, más bien, quiere ser un anhelo esperanzador, dentro de un sano “beneficio de la duda”.
Finalmente, esta coyuntura implica que sobre Morena y sus aliados recae una enorme responsabilidad, histórica, política y social: es el uso y, sobre todo, la reiteración día tras día de la legitimización obtenida, que es tanto parlamentaria como social, y que no puede interpretarse como un cheque en blanco, más en un sistema de cambiantes preferencias electorales y aceleradas dinámicas político-sociales como el mexicano.