La organización Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) junto con mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, presentaron los resultados del “Diagnóstico sobre mujeres periodistas en situación de desplazamiento interno en México y de las obligaciones del Estado en materia de atención, prevención y protección”, en el que las participantes evidenciaron la falta de políticas públicas para su protección en el ejercicio de su labor y la crisis de seguridad en el estado de Jalisco.
Por Karen García / @karen_gdlt
Foto portada: CIMAC.
Jalisco es uno de los estados con mayores crisis en materia de seguridad para personas defensoras de derechos humanos y personas periodistas, aún más siendo mujeres, pues esta entidad es la número cinco con mayores agresiones a mujeres periodistas según el “Diagnóstico sobre mujeres periodistas en situación de desplazamiento interno en México y de las obligaciones del Estado en materia de atención, prevención y protección” realizado por la Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC).
Es por eso que en medio de estos obstáculos CIMAC, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C (CEDEHM), el Consorcio Oaxaca, la Unión Europea, junto con las defensoras por los derechos humanos y periodistas, Anna Karolina Chimiak, Sonia Serrano Iñiguez, Indira Navarro Lugo, Cirenia Celestino Ortega, Evelin López Ramirez, Gricelda Torres Zambrano y Ricardo Leves realizaron el conversatorio “Diagnóstico Participativo : Hacia una Política Pública para la Protección Integral de las Defensoras y Periodistas en Jalisco”.
En éste las defensoras por los derechos humanos y las periodistas evidenciaron las violencias, desigualdades, la ausencia de perspectiva de género, de políticas públicas en defensa a sus derechos y la falta de protección hacia ellas por parte del Estado.
Anna Karolina Chimiak, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), explicó que el diagnóstico hecho por CIMAC es el único que existe con datos cualitativos y cuantitativos los cuales describen los retos en seguridad y las desigualdades que viven las periodistas y mujeres defensoras de derechos humanos, de esta manera Anna Karolina evidenció que como activistas constantemente sufren actos de intimidación, vigilancia, hostigamiento y agresiones por desafiar las políticas y normas sociales, actos que en su mayoría son por parte del mismo Estado.
Además, la integrante de CEPAD explicó que, en el año 2018, Jalisco fue el estado que invirtió mayores recursos en la compra de herramientas de espionaje a la empresa Neolinx, con un aproximado de más de 105.5 millones de pesos destinados para la Fiscalía de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues mediante ésta las autoridades podían ejecutar la geolocalización, la intervención de comunicaciones privadas y las extracción de archivos que contienen los dispositivos. Estas herramientas fueron reconocidas por el gobernador del estado, Enrique Alfaro en 2021, asegurando que ya se estaba investigando el uso de estas, sin embargo, aún no se ha compartido información al respecto.
Anna Karolina no solamente evidenció la vigilancia y el espionaje, los cuales han sido característicos de este gobierno y parte de las violencias que las periodistas y defensoras enfrentan, sino también las agresiones suscitadas en las protestas sociales, “obstaculizando el periodismo de defensa”, destacando las represiones en las manifestaciones del 4 de junio de 2020.
Si bien, en 2016 se expidió la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco (LPPDDHPEJ), en el estado no existe un política pública integral de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, pues esta ley no está adaptada para el Estado, debido a que previamente no hubo una consulta con personas periodistas y activistas, provocando un sesgo y una falta de protección para ellxs.
“A casi ocho años no existen informes o diagnósticos sobre la situación, sobre los riesgos que enfrentan personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y menos con perspectiva de género”, explicó Anna Karolina debido a que no hay una rendición de cuentas ni información pública sobre las medidas y acciones de la LPPDDHPEJ, pues esta solo se limita a publicar información sobre la situación de seguridad de las defensoras y periodistas, no a la valoración del riesgo que enfrentan específicamente por ser mujeres.
Gracias a el diagnóstico de CIMAC, mediante el cual se detectaron las necesidades de las activistas y periodistas, ellas declararon la necesidad de reforzar el reconocimiento a la labor de las periodistas y defensoras de derechos humanos y el rol que tienen ante la sociedad y ante el contexto de personas familiares de personas desaparecidas, donde se les garantice su seguridad. Además le exigieron a los medios de comunicación garantías para la seguridad de las periodistas, garantías para su salud física y mental, así como un espacio de trabajo seguro para ejercer su labor.
Sonia Serrano, periodista, abordó los principales retos y riesgos de ser mujer periodista y defensora en Jalisco.
“En México, en toda América Latina, tomamos la retórica por realidad. Progreso, democracia, justicia; nos basta pronunciarlas para creer que son ciertas. Por eso vamos de fracaso en fracaso, nos convencemos de que con las palabras, con las leyes conducentes, el listón cortado y el olvido inmediato, logramos lo que dijimos querer. Pusimos palabras que se burlan de la realidad y al final la realidad se burla de las palabras”, expresó la periodista, pues al leer el diagnóstico se refleja cómo el gobierno dijo que se logró atender un tema, el cual jamás fue atendido.
En un país y en un estado como Jalisco, la violencia se multiplica cuando se ataca a una periodista y a una defensora de derechos, pues estas agresiones no es solo en contra de la persona, sino también a su causa, por lo que “la afectación no es personal, sino social”. Es por esto que la sociedad y el Estado necesita voltear a ver los retos que se enfrentan, de esta forma pueden ser evidenciados y atendidos. Pues estas violencias y retos les dificultan no sólo su labor, sino su vida social, su salud mental y física, por el desplazamiento, las vigilancias, la invasión a la privacidad causa deterioro en las familias y en la vida privada.
“A pesar de todos estos relatos aquí seguimos, abrazadas a nuestras causas y dispuestas a no soltarlas”, comentó la periodista debido a que se enfrentan a falta de oportunidades, desigualdad salarial y en el caso de las defensoras por los derechos humanos no son reconocidas como activistas por el gobierno.
“El camino no parece sencillo pero al menos poner el tema sobre la mesa ya es un gran avance, compartir nuestros miedos e inquietudes nos hace saber que no estamos solas y no somos las únicas”, declaró Sonia Serrano, para poder ejercer su trabajo sin temor a las consecuencias, las palabras, las leyes y que las instituciones sirvan a su realidad.
Cirenia Ortega integrante de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), evidenció que con el ejercicio de diagnóstico encontraron resultados no alentadores, pues Jalisco ha sido uno de los estados de la república más afectados por la violencia destacada en 2006, cuando el sexenio del ex presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el crimen organizado. Por lo que la violencia feminicida y de género, así como la desaparición de personas y los homicidios debido a esta “guerra” se convirtieron en cotidianidad. Lo cual dificulta a periodistas y defensoras a ejercer su labor correctamente.
Además, identificaron que el gobierno no reconoce la labor de las mujeres defensoras de derechos humanos, aún menos a las mujeres buscadoras de personas desaparecidas, pues las dependencias gubernamentales las abandonan en los procesos de búsqueda, al darles pocos recursos en las búsquedas y cero protección en el proceso.
Otras de las problemáticas que enfrentan como mujeres es la desigualdad laboral, pues las pocas mujeres periodistas que llegan a cargos de directoras se dan en proceso donde el medio está en crisis, crisis que son creadas mayormente por colegas hombres.
“El trabajo periodístico es clave para el ejercicio de los derechos humanos”, expresó la integrante de CIMAC.
Es por esto que mediante el diagnóstico emitieron una serie de recomendaciones al Estado para lograr una protección integral. Las cuales se dividen en 4 categorías; en materia de prevención, de investigación, de atención y protección, y de reparación y garantías de no repetición. Entre las cuales están: (Podrás consultar las recomendaciones completas en la página de CIMAC).
En materia de prevención:
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- Modificar la LPPDDHPEJ para crear una institución autónoma, con capacidad y acción propia que sea responsable de la creación y la implementación de una política integral de protección de personas defensoras y periodistas, creada con perspectiva de género y un enfoque diferencial, que garantice la participación amplia y pública de organizaciones y miembros de la sociedad civil, y que vincule a todas las instituciones del estado y a quienes las integran. Este marco normativo debe vincular, junto con la CEDHJ, a la fiscalía de Jalisco y a la CEEAVJ.
- Reconocimiento público y permanente del importante y necesario rol que cumplen las buscadoras, defensoras y periodistas en la promoción y protección de los derechos humanos y la construcción de la democracia.
En materia de investigación:
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- Revisar y ajustar los perfiles de las y los funcionarios públicos que realizan y/o participan en las investigaciones (ministerios públicos, policías, personal pericial, representantes jurídicos, acompañantes, etc.), quienes no solo deben contar con experiencia en el tema y una serie de conocimientos teóricos y técnicos, sino con herramientas y habilidades de comunicación y trato.
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- Capacidad de reacción rápida para acortar los tiempos de las acciones, simplificar los pasos y formatos para tener menos filtros, de contar con medidas afirmativas como traducción e interpretación en distintos idiomas para la atención de personas pertenecientes a pueblos indígenas, y de clarificar criterios para poder considerar las denuncias de las defensoras y periodistas, de manera inmediata, como casos de alto riesgo.
En materia de atención y protección.
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- Vinculación del Mecanismo de Protección Federal con otras instancias e, incluso, con organismos internacionales; así como establecer un enlace con diversas secretarías haría posible dirigir las medidas de atención sin mayores burocracias.
- Deben existir áreas especializadas en el mecanismo federal o la fiscalía correspondiente que registren los distintos incidentes, generen protocolos de acción frente a los diferentes tipos de violencia, y hagan valoraciones periódicas para evaluar la adecuación de estas acciones, las cuales tienen que mantenerse durante toda la investigación, hasta el cierre de los procesos y la garantía de acceso a una reparación integral.
En materia de reparación y garantías de no repetición.
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- Todo el personal que labore en estas dependencias esté no solo sensibilizado sino también adecuadamente capacitado –con procesos de formación y perfeccionamiento continuos en materias como perspectiva de género, atención a víctimas, enfoque psicosocial, procesos y funciones del Mecanismo de Protección Federal–, y que profesionales y/o grupos independientes participen en el marco de los procesos de investigación, conozcan el contexto en el que las defensoras y periodistas llevan a cabo su labor de defensa y trabajo periodístico y, mediante un trabajo y diálogo directo con ellas, puedan recomendar medidas adecuadas de reparación.
Contar con espacios de atención en salud integral (física y psicológica), donde se contemple, además, de manera particular y especializada, el abordaje de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Se debe disponer de una red de atención médica y psicológica.
Ricardo Leves, oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó que el Estado mexicano tiene como obligación el proteger a las personas defensora de derechos humanos y periodistas, las cuales son:
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- No agredir a personas que se manifiestan en la vía pública, ni llevar a cabo campañas de desprestigio contra quienes defienden los derechos humanos y deben abstenerse de criminalizar a quienes ejercen el periodismo en Jalisco.
- Deber de proteger. Tienen la obligación de cuando una persona defensora y periodista está en riesgo, el estado tiene la obligación de otorgar medidas de protección idóneas, adaptadas a las circunstancias específicas y las características sociodemográficas, que prevengan cualquier tipo de agresión.
- Prevención. Las autoridades deben llevar a cabo acciones positivas de reconocimiento de la función social que desempeñan.
- Obligación de investigar, juzgar y sancionar los delitos en contra de las personas y periodistas. Implica que las fiscalías y operadores de justicia lleven a cabo investigaciones efectivas, prontas e imparciales de acuerdo con los acuerdos de debida diligencia.
Indira Navarro, fundadora de Guerreros Buscadores de Jalisco concluyó el conversatorio con una manifestación ante estas problemáticas que les afectan.
“Jalisco, tierra de contrastes, donde la belleza natural y cultural se ve opacada por la tragedia de las desapariciones. Lamentablemente somos el primer lugar a nivel nacional en este tipo de delitos, donde la impunidad y la indiferencia han llevado a las familias a tomar el papel de defensores de derechos humanos por necesidad.
Ellas, madres, padres, hermanos y seres queridos se ven obligados a salir a buscar a sus desaparecidos porque nadie lo hará por ellos. No hay apoyo, no hay respuestas, no hay justicia; solo la desesperación y la determinación de encontrar a sus seres queridos.
Así, la familia se convierte en defensora de derechos humanos, no por elección sino por necesidad, no tiene otro remedio que buscar la verdad, la justicia y la memoria de sus seres queridos.
Pero, ¿qué pasa cuando el Estado falla, qué pasa cuando la sociedad se vuelve indiferente, qué pasa cuando el crimen organizado se siente impune?”.
Y agregó:
La desaparición de una persona no sólo afecta a la familia, sino a toda la sociedad. Es un ataque a la dignidad humana, a la justicia y a la paz. No podemos permanecer indiferentes… No podemos permitir que la impunidad y el miedo nos silencien. Es hora de unirnos, de levantar la voz, de exigir justicia y verdad: por las familias, por los desaparecidos, por la dignidad humana. ¡No más desapariciones y no más impunidad!.”, concluyó Indira Navarro
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Aquí puedes consultar el diagnóstico elaborado por CIMAC:
