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La violencia económica se convierte en una sombra, en una lucha y en una piedra que las sobrevivientes de un intento de feminicidio deben cargar
Texto y fotos: Ana Alicia Osorio / Pie de Página
Cartografías: Ana Alicia Osorio
Aquel día Ayerim no solo sobrevivió a un intento de feminicidio, también tuvo que aprender a vivir sin ingresos, pidiendo préstamos y luchando todos los días para intentar pagar los gastos que le llegaron únicamente por no haber perdida la vida, por convertirse en una sobreviviente.
Edna vive con dolores porque no puede pagar los tratamientos médicos que necesita. Dafne tuvo que vivir en la casa de su consuegra porque no podía pagar una renta. Yadira pidió un préstamo tras otro. Todas tienen en común, que no cuentan con dinero para solventar los gastos que les dejó algo que nunca quisieron vivir: haber sido víctimas de un tipo de violencia extrema contra las mujeres.
Las sobrevivientes de feminicidio deben volver a sobrevivir, ahora a la falta de dinero y a la necesidad de pagar sus gastos legales, médicos, reubicaciones, pérdidas de empleo y demás que les deja el delito del que ellas fueron víctimas. Cifras que algunas reportan alcanzan desde los 200 mil pesos hasta más de 2 millones.
“La violencia económica se convierte en una sombra, en una lucha y en una piedra que las sobrevivientes tenemos que guardar en esa mochila que traemos cargando (…) quedamos económicamente completamente mermadas tan así fue que, pues tuve que adquirir deudas”, contó Yadira.
Ana Yeli Pérez Garrido, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), señaló que las dificultades que implica sobrevivir a un intento de feminicidio provocan que conviertan su sobrevivencia en su único proyecto de vida, pues para todo requieren de recursos económicos con los que no cuentan.
“Ellas tendrían que tener una restitución de derechos en la medida de lo posible atención psicológica, médica, muchas veces una vivienda digna, que tampoco es algo que puedan acceder, pues esto se vuelve muchísimo más complicado”, señaló la directora de la Red Nacional de Refugios quien indicó que estos problemas se enfrentan en un país donde de por sí existe una fuerte desigualdad económica y de oportunidades entre hombres y mujeres y donde las autoridades son omisas con los problemas que presentan.
Los gastos de salud: el básico para lo que no alcanza
Lo primero que enfrentó Yadira cuando intentaron quitarle la vida fue deambular entre hospitales haciendo un pago tras otro. Tenía el rostro destrozado pero el Instituto Mexicano del Seguro Social donde la atendieron le realizaron una mala intervención, que le provocó una infección y riesgo de muerte por lo tuvo que llevar su tratamiento en el sector privado.
Prótesis dentales, tratamientos, medicamentos, hospitalizaciones, operaciones. Un gasto tras otro, la llevaron a pedir un préstamo en el trabajo que luego tuvo dificultades para pagar.
Pero su caso no fue único. Pérez Garrido señaló que la salud es un derecho y debería estar garantizado, pero la realidad es que las sobrevivientes deben desembolsar fuertes sumas de dinero para atender la emergencia médica, lo que las lleva a que en muchas ocasiones no puedan terminar sus tratamientos y con ello existan secuelas como discapacidades.
Eso fue lo que le pasó a Carolina Ramírez, quien vivió un intento de feminicidio hace cuatro años y cuyas secuelas le pasaron factura después y aunque ha tenido dos operaciones más, ahora no puede caminar sin la ayuda de su bastón.
No es la única. Edna necesita fisioterapia, pero no puede pagarla. Yeri no ha podido pagar la prótesis dental ni la terapia que necesita, lo que le provoca insoportables dolores de cabeza
Aunque la salud se encuentra entre los aspectos contemplados en la Ley General de Atención a Víctimas, la realidad es que esta no se cumple y ninguna ellas, ha podido acceder a este derecho.
Además, algo similar sucede con la salud mental. La integrante del OCNF señaló que en teoría las Comisiones de Víctimas deberían de proporcionar servicio psicológico, pero no lo hacen o éste no es de calidad, provocando que las mujeres sean quienes deban pagarlo y en caso de no tener el dinero para hacerlo, sobrellevar el convertirse en sobrevivientes sin la ayuda profesional.
Como Yadira, que en muchas ocasiones pensó en quitarse la vida tras el miedo que tenía por lo que le había pasado, pero que aunque ha intentado mantener la terapia constante no siempre le es posible pagarla. O como Kali, quien ha tenido que desplazarse en varias ocasiones y entre todos sus gastos, pagar terapia resultaba un lujo que no se podía dar.
Jaredth sí le dieron terapia como es su derecho, pero la psicóloga pública intentó hacerla desistir de su denuncia. A Dafne sí le ofrecieron la terapia por parte de instituciones, pero era en horario laboral y como no podía ir se la retiraron; lo mismo pasó cuando intentó recibir con ayuda de organizaciones civiles, por eso no ha tenido acceso ni a la terapia ni a los medicamentos psiquiátricos que tiene prescritos.
La suma de gastos que deben enfrentar no termina allí, advirtió Grace, quien dijo que también se presentan otras cuestiones como enfermedades indirectas como colitis o gastritis debido al estrés. Además, están aquellas generadas a sus seres queridos como la hipertensión de los papás de Yeri.
Los gastos legales: la justicia no es gratis
En el último sexenio (de 2019 a 2024) en México hay al menos mil 847 sobrevivientes del delito de feminicidio, según respuesta a solicitudes de información realizadas a las Fiscalías de todo el país. Sin embargo, la cifra es mayor, ya que algunos estados respondieron que no registran a las víctimas. Aunque el feminicidio es un delito, no consideran que tengan la obligación de resguardar las numeralias de cuántas víctimas resultaron del delito en grado de tentativa.
Carolina Ramírez, integrante del Colectivo Sobrevivientes de Feminicidio, consideró que la falta de certeza en los datos es un claro reflejo del desinterés que existe por parte de la justicia mexicana hacia aquellas mujeres que sobrevivieron una tentativa de feminicidio. Desinterés que se refleja también en los bolsillos de quienes intentan encontrar justicia.
“Es una vida muy desgastante vivir judicializada (…) tienes que pagar copias, tienes que llevar este oficio a tal y tal dependencia, hay que gastar en pasajes. Entonces todo eso implica un costo muy fuerte para nosotras las sobrevivientes”, narró Grace, quien añadió que no se contemplan cuestiones como audiencias eternas en las que permanecen hasta 12 horas esperando y que implican pagar por los traslados y comidas.
Intentar encontrar justicia debería ser un proceso gratuito, pero no lo es. Aunque hacer una denuncia no tiene ningún costo, la realidad es que todo lo que existe alrededor de ésta sí requiere de pagos que deben salir de quienes solo intentan encontrar un poco de tranquilidad en que procesen a su agresor.
Yeri, por ejemplo, tuvo el apoyo jurídico de una colectiva (para lo que otras sobrevivientes han tenido que desembolsar pagos) pero sí tuvo que pagar las vueltas a un lado a otro, copias, peritajes, estudios médicos y todo lo necesario para demostrar la culpabilidad de su agresor. Pero, aunque ya había obtenido una sentencia finalmente un amparo la revocó bajo el argumento de que había errores en el proceso, por lo que ahora, si quiere lograr la ansiada justicia deberá volver a hacer todos los pagos.
A los costos también se les suman los traslados, como Ayerim que se fue a vivir a una ciudad del centro del país para intentar ponerse a salvo de su agresor, pero cada vez que hay una audiencia o diligencia debe pagar el traslado hasta Oaxaca, si se niega a hacerlo el proceso no podrá continuar.
Por eso Jaredth decidió regresar a Ciudad de México, donde vivió la agresión, para llevar el proceso penal. Eso le lleva pagar renta y todo lo necesario para mantenerse en ese lugar.
Pero como nada de eso es contemplado por las leyes, algunas mujeres optan por desistir de su denuncia, sin importar que su caso quede sin justicia o que eso las ponga en riesgo. Eso, inclusive, se lo aconsejaron a “N”, quien pidió no relevar su nombre, en la Fiscalía pues le dijeron que solamente gastaría más dinero.
La Ley General de Víctimas también contempla asesoría jurídica y apoyos para traslados, pero la realidad es que muchas veces no se les brinda y algunas sobrevivientes ni siquiera saben sus derechos ya que en las instituciones no se les avisa, advirtió Grace.
La justicia les ha quedado a deber las sobrevivientes. No únicamente por la falta de sentencias sino también por los gastos que les implica intentar acceder a ella, gastos que según contó Yeri implican hasta las lonas y pancartas que deben pagar para manifestarse para que les pongan atención a sus casos.
Gastos de desplazamiento: la seguridad cuesta
La falta de justicia y de castigo a quienes son culpables implica también otra serie de cuestiones para las sobrevivientes, como no poder permanecer en el lugar donde se encontraban viviendo.
Algunas de ellas como Ayerim o Kali optan por irse lejos para ponerse a salvo. La primera lo hizo a otra ciudad y la segunda a otro país. Eso implicó que tuvieran que pedir préstamos para pagar todo lo que implica reiniciar la vida ahora en otro lugar.
“Yo ya no tenía, pues calma porque la amenaza estaba latente todo el tiempo. Yo tuve que estar huyendo de estados en estados en estados y realmente no puedo más (…) era como tenerte acorralada, entonces tienes que saltar porque te quedas ahí y tal vez ya no la cuentas”, expresó Kali, quien desde otro país en otra parte del mundo intenta adaptarse a su cultura y a sus gastos.
Algunas sobrevivientes también viven problemas de desplazamiento, pero porque el lugar donde vivían se quedó en manos de su expareja quien fue su agresor o porque la renta que pagaban ya no pudieron cubrirla, como Dafne a quien su consuegra recibió un tiempo en su casa y aunque estar ahí fue incómodo agradece haber tenido un techo donde vivir.
A ella un programa de gobierno le permitió adquirir una casa en un barrio peligroso de su ciudad, sin acabar, en obra negra, con pisos rústicos, pero que cuando menos le ha dejado tener un espacio solo para ella y para su hijo. Pero las sobrevivientes que tienen ese tipo de oportunidades son las menos.
Sobrevivir en un sistema patriarcal
Los gastos de quienes sobreviven a un intento de feminicidio son muchos, pero las oportunidades para generar ingresos son pocas. Eso las pone en una situación vulnerable, en un país donde las mujeres de por sí enfrentan desventajas económicas.
“No hay un trabajo que pueda soportar el que nosotras estemos saliendo porque pedimos permisos, entonces tener un trabajo estable con todos los beneficios de un trabajo, estable, seguro social, prestaciones, no lo podemos tener”, señaló Grace.
Ella era auxiliar administrativa, pero tras convertirse en una sobreviviente perdió el trabajo y se dedica a vender artesanías para sobrevivir. Esa historia se repite en muchas sobrevivientes quienes son despedidas de sus empleos.
“Conseguía un trabajo y cuando empezaba a tener citatorios (para su proceso legal), me daban las gracias y me decían sabe qué pues cuando termine su proceso puede regresar, porque no podemos estar dando permisos”, contó Dafne.
En el país, el 56% de las mujeres trabajan en el sector informal, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de mayo del 2024. En este sector se encuentran las sobrevivientes a quienes se les niegan las oportunidades de empleo formal debido que existe mucha falta de sensibilización e información de las empresas ya que rehúyen a contratarlas y cuando se dan cuenta de su situación, según la directora de la Red Nacional de Refugios.
Pero no se trata solamente de las empresas. Ayerim lleva cuatro años pidiendo el cambio de su plaza en la Secretaría de Educación porque se tuvo que ir del lugar donde estaba para ponerse a salvo, lo más que ha podido lograr es que le paguen la mitad del salario a quien la está supliendo en su anterior escuela para que no sea ella quien le daba pagar. Lograr eso le demoró tres años, en los que estuvo sin ningún ingreso de su trabajo.
Ella no quiere abandonar ese empleo porque implica quedarse sin el patrimonio que tenía al ser sindicalizada. Además de que se resuelva su situación laboral, sueña con poner un negocio que le pueda brindar ingresos, pero no cuenta con los recursos necesarios para iniciarlo.
Otras sobrevivientes sueñan con ese negocio que les permita tener tiempo y dinero, pero tampoco pueden lo que las condena a las ventas informales y a situaciones como a Dafne y sus hijos que solo podían dar dos comidas al día porque no había recursos para más.
La situación se agrava en personas como N, quienes ya eran víctimas de violencia económica por parte de su agresor desde antes de la tentativa de feminicidio. Ella, por ejemplo, perdió el dinero que le quitó su agresor, el negocio y la casa, pero además tenía un crédito a su nombre que usó su expareja por lo que tras sobrevivir no podía contar con préstamos de instituciones formales y además tuvo que pagarlo con todo e intereses.
“El tema económico que yo hablaría de esa autonomía económica que no tenemos en general las mujeres en México si a eso le sumas mujeres sobrevivientes de violencias, machistas, sobrevivientes de violencias feminicidas, pues bueno implica que hay una mayor brecha de grandes, igualdad y de opresión para que ellas puedan tener una autonomía económica”, señaló Figueroa.
La parte económica de sobrevivir no solamente las afecta a ellas. Afecta a todo su entorno. Lo hace al hijo de Grace que no tampoco puede tener un trabajo formal porque es el cuidador principal de su hermano pequeño mientras ella busca justicia, lo hace a la mamá de Yeri y de Yadira que se dedicaron a cuidarlas en todo su propio médico. Lo hace a Ana, la hija de Carolina, que perdió oportunidades y se tuvo que mudar con ella para darle los cuidados que necesitaba.
“Yo no puedo separar la parte económica con la autonomía física y política, que al final se cruzan y que en realidad no permiten que ellas en sí mismo puedan ser ciudadanas sujetas de derecho, porque hay muchos obstáculos institucionales y por supuesto estructurales que imposibilitan que ellas pues puedan tener una autonomía plena y por lo tanto una restitución de derechos ante una violencia feminicida”, sentenció Figueroa.
Explicó que en los refugios reciben a mujeres que sobrevivieron a tentativas de feminicidio y el principal reto que se han encontrado es que ellas logren reintegrarse a su vida ya que no cuentan con los recursos económicos para poder hacerlo, pero tampoco con las oportunidades para generarlos como contar con un trabajo estable o con espacios para emprender.
Apoyos a víctimas: la deuda del Estado
La violencia contra las mujeres tiene un costo de 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto en México en el año 2015, lo que significa 245 mil 118 millones 266 mil 538 pesos, según el estudio El costo de la violencia contra las mujeres en México realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Gobernación.
Estos costos implican los temas de salud, legales, falta de oportunidades laborales y demás, pero muchos ellos son absorbidos por las propias víctimas en deterioro de su calidad de vida.
La abogada del OCNF afirmó que uno de los grandes problemas que existen en el país, es que aunque las sobrevivientes de feminicidio tienen derecho a apoyos y a restituciones por parte de las Comisiones de Víctimas, es muy difícil acceder a ellos y en la mayoría de los casos no lo hacen.
Por ejemplo, a Ayerim le dijeron que no pueden brindarle apoyo porque está viviendo en otro estado, aunque sea para protegerse. A Grace nunca le dijeron sus derechos y cuando se enteró y los pidió le argumentaron que su caso ya tenía mucho tiempo. A Kali se lo negaron porque no quiso poner denuncia.
A Dafne que no podían darle porque la Fiscalía abrió su caso como violencia familiar y no como feminicidio, cuando por fin accedieron le pedían actas certificadas que debía pagar y que el costo superaba los 300 pesos al mes que le darían.
En todo el país las Comisiones de Víctimas (tanto la federal como las locales) registran al menos 556 víctimas de feminicidio en grado de tentativa, lo que incluye a víctimas directas e indirectas (es decir, a sus hijas o hijos, mamás o papás). A ellas les han entregado 1230 apoyos como servicios jurídicos, psicológicos, apoyos en transporte, alimentos, becas y alimentación.
La información se obtuvo a través de solicitudes de información a las comisiones de víctimas, pero algunas no dieron respuesta o contestaron que no tienen la información desglosada por delito. Entre quienes sí respondieron hay casos como Campeche que su único apoyo (solo registra una víctima) fue canalizar a un hospital, Coahuila que ha dado un total de 421 pesos por medicamentos o Yucatán que con ocho víctimas no ha dado ninguna ayuda.
El registro también refleja estados como Tabasco que registra 158 apoyos para un total de tres víctimas directas e indirectas (lo que serían 52 ayudas distintas por cada una) o Puebla que ha brindado 259 a 19 víctimas.
Pérez Garrido señaló que la labor que están haciendo las Comisiones de Víctimas se ha reducido a registrar el número de víctimas y no a ayudar a mejorar su situación. Aun en el caso que lo hacen, dijo, parecen elegir si se les brinda un apoyo u otro y no buscar garantizarle todos sus derechos.
Según la Ley de Víctimas ellas tendrían derecho a la justicia; buen trato; ayuda, asistencia y atención oportuna; protección física y psicológica; ser beneficiarias de programas sociales y acciones afirmativas; ayuda provisional de la Comisión para necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras; servicios médicos, odontológicos, quirúrgicos y hospitalarios; entre otras cuestiones. Pero nada de eso se cumple.
“Los recursos que hay se destinan para consultorías, para capacitaciones, para no sé qué, pero ¿y la y que se salió del hospital sin calzones, así como yo? en un lugar donde no era mi casa y no tenía ni qué vestirme ¿Eso quién lo resuelve y cómo se resuelve? (…) pierdes tu trabajo, tu entorno más cercano pierden su trabajo, también hay necesidad de una atención psicológica, hay necesidad de seguir el proceso jurídico y no lo puedes llevar”, afirmó Carolina.
“Es necesario que se haga conciencia las instituciones que ese papel les toca, esos recursos están, pero están mal etiquetados mal distribuidos mal acompañados, sin políticas que vean a las sobrevivientes”, añadió.
La reparación del daño: un sueño pendiente
“Mi vida el juez la tazó en 15 mil pesos que no me dieron”, sentenció Carolina.
“50 mil pesos lo que me tienen que dar prácticamente los he gastado muchas más veces, yo creo que 10 veces más”, contó Dafne.
Parte de los derechos que tienen y que no se cumplen es el derecho a una reparación integral del daño. Es decir, todo lo que haya implicado el haber vivido un intento de feminicidio se les debe reparar para que tratar que vuelvan al estado que tenían antes de ser víctimas de ese delito.
Para hacerlo deben llegar a la sentencia contra el agresor. Allí el sistema de justicia hace un cálculo económico de todo lo gastado; pero pocos casos llegan a sentencia, cuando lo hacen las cuentas son mal realizadas y rara vez es pagado realmente.
En el caso de Yadira nunca llegó a ese proceso porque el agresor fue absuelto, así que nadie le pagará lo gastado. Yeri tendrá que esperar a que algún día quede en firme la sentencia una vez que se repita el proceso desde el principio. Carolina esperaba la reparación económica pero su agresor murió y no se la pagó. Dafne obtuvo en papel la reparación, pero no ha logrado que lo paguen.
En caso de no hacerlo el agresor, en teoría, tendría que ser el Estado quien realizara el pago. Pero la realidad es que eso nunca llega. De las respuestas a las solicitudes de información únicamente se registraron 13 pagos que fueron dos en Aguascalientes, una en Ciudad de México y 10 en Michoacán.
“Hemos tenido sentencias hermosas de amparo, pero que se traducen en cero pesos, o sea, no hay una siquiera y hablando solo del tema de la compensación de la parte económica, mucho menos la hay en términos, simbólicos sociales”, sentenció la abogada del OCNF.
Las redes salvan
A N la cuidó su familia cuando estaba en el hospital, le dieron el dinero que necesitaba y la han apoyado. A Yadira la cuidó su mamá. A Dafne sus hijos le han dado la ayuda que necesita. Ninguna hubiera podido sola.
Carolina no podría haber cubierto todos los gastos que le ha implicado sobrevivir de no ser por su amiga que le ofreció un techo donde vivir mientras llevaba el proceso penal, otra amistad que le consiguió terapia psicológica, la asociación que se ofreció a representarla legalmente, la otra que le daba contención emocional y muchas otras que le ayudaron de una u otra forma.
“Las redes, el tejer redes salvan y no es nada más es un dicho así hueco, a mí me salvaron y han salvado a muchas compañeras”, sentenció.
Ella se cataloga como una sobreviviente atípica. Feminista de muchos años de trayectoria cuando su expareja intentó acabar con su vida conocía sus derechos y las leyes, pero aun así enfrentó muchos problemas. Por eso desde Veracruz, su lugar de origen, decidió crear la Colectiva de Sobrevivientes de Feminicidio que ahora integran mujeres de todo el país.
A través de esa colectiva ahora se ayudan con otras sobrevivientes pues están convencidas que, como dice Carolina, al ayudar a las demás se ayudan a sí mismas en sus propios procesos.
Ana Valderrama, hija de Carolina, contó que entre las acciones que realizan están grupos por videollamada para contar sus sentires o reflexionar a través de lecturas, lo que sirve a todas pero especialmente a aquellas mujeres que no han podido pagar terapia. También hacen círculos de estudio para empaparse de términos legales y ayudar a prepararse para sus procesos jurídicos.
“Capacitarnos entre nosotras es muy bonito, porque hemos ido compartiendo muchos vocablos, muchas herramientas estrategias, chismecito feminista y así, entonces es muy bonito, que pues el conocimiento está allí, es de todas y para todas (…) otra cuestión que hacemos que híjole como cuesta es el acompañarnos en prepararnos para audiencias”, contó.
Ellas no son las únicas que han accionado redes. La Red Nacional de Refugios ha implementado siete casas de transición para las mujeres que estuvieron en refugios, donde les brindan capacitación en temas laborales y cuidan a sus hijos e hijas cuidadas mientras ellas buscan trabajo o atienden sus asuntos legales. Figueroa afirmó que eso ha disminuido la cantidad de mujeres que recaen en entornos de riesgo.
La cantidad de casas de transición, consideró, son insuficientes debido a que funcionan con recursos propios pues no hay dinero institucional para este tipo de espacios. Pero así existen y están funcionando.
La Colectiva de Sobrevivientes también sueña con un espacio, pero en su caso será de sanación. Ellas tienen un terreno que les fue donado, del que les falta el proceso legal de escrituración, donde esperan construir un sitio de descanso para sobrevivientes y para otras mujeres que han sido impactadas por el sistema patriarcal.
“Un centro de mucha sanación, para mujeres no solo sobrevivientes, por supuesto que las sobrevivientes son las que están gestando (…) que pueda desconectarse y conectarse consigo (…) un espacio en la naturaleza con unas instalaciones que sean muy amenas, muy zen, muy así como para estar porque a veces lo único que necesitamos son esos tres días de soy yo soy un cuerpo ver qué es lo que está afectado”, contó Valderrama.
Aún no saben cuándo podrán tener listo ese espacio donde se darán los cuidados. Pero sí saben que sueñan con ello y que al igual que han hecho con otros proyectos podrán sacarlo adelante a sus tiempos, a su ritmo; y servirá para ser un espacio donde las mujeres, entre ellas las sobrevivientes, puedan sanarse de los problemas que tienen en el día a día.
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Este informe ha sido redactado y elaborado en el marco de un programa de formación periodística impartido por la Fundación Thomson Reuters. El contenido es responsabilidad exclusiva del autor y del editor.
