Manos Libres
Por Francisco Macías Medina /@pacommedina (X) /@FranciscoMacias (TG)
Los derechos humanos son importantes en cualquier etapa de la vida por tratarse de protecciones y salvaguardas para una vida digna, para la atención y garantía de necesidades que nos involucran como comunidad y especie humana.
Pero qué ocurre cuando ya no existe vida, ya sea por ocurrir alguna enfermedad o por una dinámica violenta, que en la actualidad para nuestro país implica haber sufrido el peor daño posible y ser víctima de las violencias, pareciera que los derechos son interrumpidos o en el peor de los casos que hubieran concluido.
Está el caso de Jorge, papá de Frania López, ella como muchas otras víctimas de desaparición, le fue interrumpida su libertad en una colonia aledaña a su casa y fue encontrada semanas después en una casa de una colonia distante, la cual era utilizada como centro de delitos y de exterminio de vidas humanas. (Pierde Papá de Frania Esperanza de Obtener Justicia. Mural. 6 de julio del 2024)
Se trata de una esperanza contradictoria y limitada, por lo injusto del hallazgo y porque ninguna mujer joven debería de ser asesinada. El sufrimiento de Jorge fue mayor al comenzar las gestiones para recuperarla, de forma abrupta hay que conocer los sitos y la burocracia para la entrega de un cuerpo, aunque en realidad no se trata de un trámite sino de un proceso de identificación que debiera permitir contar con más información para identificar a las personas responsables.
En su caso, le entregaron el cuerpo de Frania un mes después, lo cual implica en sí mismo un prolongado sufrimiento, pero en estado de descomposición:
“Nos entregaron unas bolsas de plástico como de pan, pero transparentes. Lo que había adentro era una masa, no se podía identificar una mano o un pie. Supimos en cuál estaba la cabeza porque a través del plástico se alcanzaban a marcar los dientes”, lo que consideró como una constante revictimización.
La experiencia de Jorge refleja que en realidad protocolos, instalaciones, siglas o membretes de instituciones no tienen ningún significado sino buscan proteger fines de cuidado, de la humanidad que nos debemos, más bien se trata de pasillos grises cuya prioridad es autoproteger la burocracia interna sin un rostro humano y sin calidez. Se trata sin duda de una nueva forma de discriminación y desprotección que tiene como fin evitar que las familias sobrevivientes continúen con su exigencia de justicia.
A propósito de ello, Morris Tidball-Binz, relator de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales acaba de presentar un informe sobre las obligaciones internacionales para proteger y respetar a los muertos, el cual resulta novedoso y de urgente aplicación en Jalisco y en nuestro país.
Parte de la idea de que los fallecidos y sus restos humanos merecen respeto y trato digno, ya que “las familias, comunidades y sociedades de todo el mundo honran y lloran a sus muertos mediante ritos finales y procedimientos funerarios minuciosos y esmerados” (número 2)
En los casos de muertes ilícitas:
“los cadáveres atestiguan la vulneración del derecho a la vida y, por lo tanto, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger y salvaguardar a las personas fallecidas Todos los Estados tienen el deber de proteger y respetar a los muertos” (número 2)
Me llamó la atención que el Relator pusiera atención en el traslado de la discriminación en el trato dispensado a los muertos y sus restos (número 25), aunque hace referencia a casos de muertes no violentas, por ejemplo de personas en situación de calle o de miembros de minorías, resonó en mi mucho la idea de que en diversas instituciones de Jalisco como es el caso de la Fiscalía del Estado y el Instituto de Ciencias Forenses, se ha venido consolidando un trato y dinámica que busca excluir a grupos de personas que sobreviven a la búsqueda de un ser querido y cuyo fin independientemente si es intencional o no, es evitar el empoderamiento y la organización para exigir sus derechos.
Pareciera que el desastroso incidente de la existencia de los tráileres de la muerte adquirió un matriz burocrático que se ha acomodado a los pasillos de las morgues y al trato inhumano como una lamentable constante.
Una prueba de ello es la desarticulación de los servicios asistenciales en esos casos, los cuales son distantes para las familias, lo que implica mayor esfuerzo y gasto.
En el informe se menciona el caso de los cuerpos sin identificar o no reclamados, los cuales tienen una relación directa con:
“escasez de recursos y de personal forense, así como las infraestructuras inadecuadas y la falta de directrices claras” (n. 31) además de considerarse una actividad inútil, el Relator recuerda que la inexistencia de una identificación provoca que las personas se consideren desaparecidas, lo cual perjudica a las familias “al privarlas de su derecho al duelo y al restablecimiento, puede obstaculizar las investigaciones penales en casos de muerte potencialmente ilícita”.
No se trata de sólo crear mayor infraestructura, sino de proteger los derechos de sobrevivientes y garantizar su acceso a la justicia. No es sólo dar de alta una base de datos si esta no tiene el sentido humano de un modelo que responda a este horror.
El relator hace énfasis en que el derecho a la vida implica la dignidad y protección de los muertos y el derecho de las familias a los restos de sus seres queridos, propiamente las desapariciones “vulneran el derecho a conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de los seres queridos y también impiden dar un trato digno a los fallecidos”. (35)
Implica también el derecho a conocer la verdad sobre el paradero de la persona desaparecida, queda claro que los restos mortales deben de ser devueltos de forma digna (Protocolo de Minesota).
Las fosas implican una protección mayor porque “debe evitarse el trato degradante de los cadáveres y garantizar los derechos de las familias” (n. 38), la investigación de acuerdo con prácticas internacionales es parte de dichas salvaguardas.
Debe quedar claro que la dignidad de la persona y el respeto debido a su cuerpo y sus restos humanos no se extinguen con la muerte, que es indispensable garantizar los procesos para que personas y sociedades lloren a sus difuntos y sea parte de un camino largo de superación de la pérdida, el cual forma parte de la verdad, justicia y reparación, así como de no sufrir tortura o malos tratos como consecuencia del sufrimiento causado (n.60 y 61)
Se requieren autoridades comprometidas que eviten que la falta de recursos, personal, instalaciones y de humanidad perpetúen la impunidad.
