Desde el pasado marzo de 2024, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Operaciones de los Registros Civiles, lo que le permite a la Secretaría de Gobernación llevar la administración del Registro Civil, lo que preocupa es que al hacerlo se creará tanto un Formato Único en materia de registro de población, así como el Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID), lo que implica una base centralizada de datos biométricos de toda la población.
Para organizaciones como Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales de aprobarse se vulneraría el derechos humanos a la privacidad, ya que otorgaría un poder sin precedentes a la Secretaría de Gobernación sobre la información privada de las y los mexicanos, lo que incrementaría las capacidades de vigilancia del Estado.
Por Alondra Angel Rodriguez / @AlondraAngelRo
Aunque la discusión sobre la aprobación de la Ley General de Operaciones de los Registros Civiles fue pospuesta, el pasado 25 de junio, el tema no ha muerto, pues dentro de la Comisión de Gobernación del Senado aún se busca probarla, sin considerar las críticas que han realizado organizaciones, como Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales, pues consideran que aprobarla así como se propone vulnerará el derecho humano a la privacidad.
La propuesta contempla que se adopte un Formato Único en materia de registro de población donde se incluirán los siguientes datos: nombre, sexo y género, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, CURP y datos biométricos.
Además, también se busca crear un Sistema Nacional de Registro de Identidad (SID) que será operado por la SEGOB, lo que le permitiría recopilar y concentrar todos los datos biométricos de las y los mexicanos, pero no sólo, pues dicha información podrá ser consultada por dependencias y entidades del sector público, privado y financiero, lo que eleva el riesgo de un mal uso de los datos personales biométricos e incrementa las posibilidades de que terminen en manos equivocadas.
Esta situación no supone nada nuevo o exclusivo a México, Artículo 19 denunció que tanto Estados como actores privados utilizan cada vez más la tecnología biométrica para observar (espiar) a las personas con el objetivo de saber cómo actúan tanto en lo público como en lo privado: “Su uso va desde patrullar fronteras hasta desbloquear un smartphone, pero una cosa está clara: su uso se está normalizando”, expresó la organización.
Lo anterior representa una violación a los derechos tanto de la privacidad de las personas como “la protección de datos, la dignidad humana, la no discriminación, la autodeterminación y el derecho a acceder a un recurso efectivo”, preciso Artículo 19.
Por su parte, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, señala que la Secretaría de Gobernación además:
“quedaría a cargo del sistema en donde se registran las actas de nacimiento, defunción, matrimonio, adopción o divorcio, así como las anotaciones de rectificación de género. Para inscribir estos registros, se utilizaría un formato único en el que la ciudadanía deberá otorgar sus datos personales (nombre, lugar de nacimiento, domicilio, entre otros), incluyendo datos biométricos de manera obligatoria”.
Artículo 19, además, advirtió que la Ley General de Operaciones de los Registros Civiles “permitiría la recabación, concentración, transferencia y uso de datos biométricos de la población de manera arbitraria, discrecional y sin consentimiento”.
Por tanto, la creación del Sistema Nacional de Registro e Identidad arrastraría desde su creación problemas de otros proyectos que ya han intentado crear bases de datos biométricas centralizadas.
En ese aspecto, la Red en Defensa de los Derechos Digitales recordó que algo así ya se intento cuando se buscó crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil(PANAUT), mismo que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en 2022. La razón es que violentaba los derechos a la privacidad, intimidad y protección de datos personales, algo que también violentaría la propuesta de la Cédula Única de Identidad Digital.
Ambas organizaciones, además, consideran que las bases de datos biométricos creadas de manera centralizada representan una vulneración ante ataques informáticos, ya que “su diseño implica un punto único de ataque”.
Además, al ser los datos biométricos imposibles de modificar o restituir implica una“vulneración o filtración puede tener consecuencias devastadoras para las personas comprometidas”,expreso la Red.
Al respecto, Artículo 19 expresó lo siguiente:
“Recordamos que otorgar atribuciones frente a la recolección y transferencia de datos biométricos es particularmente riesgosa dado que al relacionarse con características inherentes de las personas (físicas, fisiológicas y de comportamiento) que permiten su identificación, pueden ser usados con fines de vigilancia y perfilamiento”.
Para esta propuesta de ley, la inscripción de datos biométricos en el SID es obligatoria para todas las personas que realicen actos ante el Registro Civil. Esto, abonado al manejo de datos por parte de la SEGOB, ocurriría sin el consentimiento libre de parte de las y los ciudadanos, lo que contraviene la decisión de la Suprema Corte.
“El mal uso y abuso de las tecnologías biométricas da como resultado la elaboración de perfiles y categorizaciones de personas según su edad, género y color de piel. En otras palabras, las tecnologías biométricas pueden usarse de maneras fundamentalmente discriminatorias que continúan perjudicando a quienes han sido históricamente excluidos”, expresó Articulo 19.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales también hizo hincapié en el riesgo que implica la creación de estas bases de datos, pues aumenta las capacidades de vigilancia del Estado:
“Este tipo de registros pueden ser abusados para el monitoreo de personas y son especialmente riesgosas ante la evidencia contundente del uso de otras herramientas de vigilancia gubernamental en contra de la sociedad civil”.
Además, puntualizó que la creación del Sistema Nacional de Registro e Identidad parece ser el camino para la implementación de la base de datos biométrica de la Cédula Única de Identidad Digital: “lo que otorgaría un poder sin precedentes a la Secretaría de Gobernación sobre la información de las y los ciudadanos”.
Por ello, Articulo 19 instó al Senado a proteger los derechos y datos personales sobre la recolección de los datos, uso y la transferencia de los datos biométricos:
“Instamos al @senadomexico a proteger y garantizar los derechos de privacidad, intimidad y protección de datos personales y a respetar la jurisprudencia nacional e internacional frente a la recolección, uso y transferencia de datos biométricos, así como a evitar establecer medidas y atribuciones desproporcionadas que pongan en riesgo a las personas que habitan el territorio mexicano”, expresó Articulo 19 en un hilo de X.
Por su parte, la Red en Defensa de los Derechos Digitales les exigió: “El Congreso de la Unión debe dejar de insistir en crear herramientas de vigilancia biométrica que abren la puerta a vulneraciones graves a los derechos humanos de todas las personas”.
