Trotamundos Políticos
Por Fabrizio Lorusso / @FabrizioLorusso
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En el contexto de un régimen emergente que pretende dejar atrás el neoliberalismo y edificar el “segundo piso” de la Cuarta Transformación y del Humanismo mexicano, la construcción de un nuevo pacto fiscal solidario para México me parece un paso fundamental, particularmente para un gobierno orientado a la izquierda. Lo que caracteriza una política de izquierda es el énfasis en la igualdad sustantiva y la disminución de las brechas históricas, en la justicia social y el universalismo. Entre otras cosas, implica cambiar las reglas del juego y no sólo la redistribución de los beneficios.
Por eso, actualmente, se hablaría de un cambio de régimen, pero para que sea un hecho, entre las reformas constitucionales y legales, debería incluirse una revisión profunda del pacto fiscal, que finalmente es pivote del pacto social, a saber, del pacto de convivencia que rige y aglutina a la comunidad política y faculta la redistribución material y simbólica a nivel social.
Esto involucra, por lo menos, cuatro aspectos interconectados. Dos todavía son incipientes y no están siendo planteados como prioridades por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Según sus más recientes declaraciones al respecto, podrían considerarse más adelante.
Me refiero, primero, a una reforma fiscal progresiva, que recaude proporcionalmente más entre las personas y las empresas de mayores ingresos, con impuestos tanto a la riqueza generada como a la acumulada, o sea, a ingresos, herencias y patrimonios. Ya hay un creciente consenso entre instituciones internacionales, e incluso entre ciertas élites globales, de que hace falta cobrarles más impuestos y redistribuir, como pidieron en una carta abierta varios multimillonarios en ocasión del Foro de Davos 2024. Hay que tomarles la palabra.
México solo recauda el 16.9% del PIB (Producto Interior Bruto), mientras que por ejemplo Brasil alcanza el 33% y el promedio de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) es del 34%. En Europa las tasas suben 10 o 15 puntos más. Según la economista Viri Ríos, autora del libro No es normal. El juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana, México prácticamente es un paraíso fiscal disfrazado. Claro, un paraíso para los que más tienen y han tenido, o quienes pueden permitirse jugadas especulativas moviendo capitales a diestra y siniestra o viven entre la elusión y la evasión fiscal.
En la mayoría de los países la desigualdad de ingresos, medida a través del coeficiente de Gini, es muy alta, superior a 0.4, siendo la más deseable cercana a cero. Pero esto ocurre antes de la aplicación de impuestos y la política fiscal y de bienestar social, mientras que la desigualdad disminuye drásticamente después de la intervención estatal, lo cual en México no sucede o sucede relativamente poco.
En este sentido, es relevante preguntarse hasta qué punto, sin reformas al sistema fiscal, se van a consolidar y profundizar los buenos resultados del gobierno de López Obrador en términos de reducción de la pobreza y la desigualdad. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, la desigualdad de ingresos en el país bajó un 10% en 6 años, ya que el coeficiente de Gini pasó de 0.464 en 2016 a 0.413 en 2022. Es algo notable y único en la historia reciente del país bajo el régimen neoliberal. No obstante, sin reformas estructurales a lo largo de la próxima administración, el margen y la velocidad de la reducción de las brechas económico-sociales podrían estancarse, una vez que se hayan incorporado y “normalizado” todas las mejoras acumuladas que detonarán los nuevos programas sociales.
El segundo aspecto, muy importante, aunque casi ausente del debate público, es la creación de un marco de entendimiento y de comunicación eficaz sobre la utilidad y deseabilidad de tales medidas, que no espante a las “clases medias”, garantice a la sociedad el “buen uso” de los recursos y vaya de la mano de un más general fomento a la cultura de los impuestos, entendidos como herramienta de solidaridad nacional y de bienestar compartido, y no como extractivismo o abuso estatal contra las y los ciudadanos.
Un discurso que revierta la vulgata neoliberal, ya penetrada en el sentido común, que presenta los impuestos y, en el fondo, toda política de redistribución de la riqueza, como robos de parte del Estado, óbolos asistencialistas o gérmenes de la corrupción. “Si las desigualdades son consustanciales a los individuos y estimulan una sana competencia, ¿para qué comprometerse a eliminarlas?”. Durante años esta narrativa ideológica, anti-Estado y anti-impuestos, ha repetido falacias: estas siguen siendo centrales, todavía hoy, no solo en las vertientes neoliberales del pensamiento conservador, que, sin embargo, comienzan a matizarlas o moderarlas, sino sobre todo en las corrientes libertarias de ultraderecha cuyo “faro” es el presidente argentino Javier Milei.
Otros dos aspectos importantes que ya han dado buenos resultados en el mandato de López Obrador y representan la apuesta del siguiente sexenio en materia fiscal son, desde luego, la continuación de una política de control y racionalización de los gastos (“austeridad republicana”), por un lado, y una mejor recaudación, gracias al potenciamiento de capacidades y resultados del SAT, de la UIF, de Pemex y CFE, de la gestión de aduanas, de las plataformas y controles tecnológicos y, en general, de la lucha contra la evasión fiscal.
Aun así, quedan grandes retos en términos de elusión fiscal, es decir, los procedimientos legales mediante los cuales es posible reducir o no pagar impuestos aprovechando vacíos en las leyes, y que deberían ser subsanados con reformas ad hoc. Igualmente, una reforma fiscal de izquierda debe revertir la regresividad del sistema actual, que grava especialmente sobre las clases medias y bajas, y transformarlo en uno altamente progresivo mediante un nuevo pacto fiscal por la prosperidad compartida, no sólo entre niveles de gobierno y entidades federativas, sino sobre todo entre clases, sectores y generaciones.
Probablemente no vayan a ser suficientes en el mediano plazo los esfuerzos, ya emprendidos en este sexenio, por ampliar la base contributiva, eficientar el cobro y obligar a pagar a los “grandes contribuyentes”, los que más tienen capacidades para evadir y eludir impuestos gracias a sus bufetes de abogados, notarios y consultores.
Factores tales como una moneda menos fuerte, que repercute en el servicio de la deuda, los nuevos programas sociales, previstos en el plan de gobierno 2024-2030, así como la prosecución de los programas actuales y la ampliación del estado del bienestar para hacer realidad la universalidad efectiva de derechos sociales como salud, educación, vivienda y pensiones, deben verse a la luz del objetivo declarado por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, de reducir el déficit al 3.5% del PIB en 2025. Esto preanuncia una probable política de austeridad y control de gastos en los años a venir para mantener un déficit aún más bajo y el mantenimiento a rayas de la deuda total en relación con el PIB: ésta, hasta 2023, había ido a la baja, con un nivel razonable del 46.5% de deuda sobre el PIB, y, según estima la Secretaría de Hacienda, se situará en niveles aún aceptables, inferiores al 50%, en 2024 y siguientes.
Para mantener este equilibrio presupuestario y, a la par, llegar a tener un verdadero estado del bienestar y la reducción de múltiples injusticias sociales, así como una infraestructura adecuada al reto del nearshoring y de la soberanía energética, a los proyectos de movilidad y de sustentabilidad, se necesitan medidas redistributivas estructurales y fiscales que, más allá de la constitucionalización de los programas sociales, garanticen un segundo y (¿por qué no?) un firme tercer piso para una prosperidad compartida intergeneracional.
