Viaje al crimen autorizado en Guanajuato

Trotamundos político

Por Fabrizio Lorusso / @FrabrizioLorusso

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Aquí puede verse y escucharse esta columna:

Acámbaro. Guanajuato. Cuatro policías ministeriales se llevan a una joven mujer del domicilio de su madre y sus hermanas. Su niño chiquito está presente, recuerda. Los agentes roban lo que pueden: computadoras, celulares, efectivo, valores. También se llevan vehículos de la familia con el pretexto de un cateo ilegal. Acabado el pillaje, la mujer queda desaparecida toda la tarde y la noche. Está incomunicada, su paradero desconocido. Es llevada por los caminos guanajuatenses rumbo a Celaya, luego a la capital estatal y, finalmente, reaparece en barandilla y es liberada al día siguiente, golpeada. 

Fue una desaparición forzada. Inicialmente no presenta denuncia por miedo. Un par de meses después, ella es desaparecida definitivamente por un grupo armado, posiblemente el Cartel Jalisco Nueva Generación, según la hipótesis del MP. Un hombre también es sustraído a la fuerza de su departamento en la misma calle. El niño, sobreviviente y testigo de la violencia contra su mamá, reconoce entre los probables perpetradores la cara de un agente ministerial. Hasta la fecha la espera de vuelta a casa, mientras que contra los ministeriales no hay orden de aprehensión ni investigaciones penales abiertas, solo una queja ante derechos humanos.

En la misma ciudad, cuando la búsqueda de diciembre de 2020 en el cerro del Toro, el primer día se presentaron varios policías municipales, dizque como “primeros respondientes”. En los patios de una casa abandonada cercana al centro, en donde a la postre serían encontradas 105 bolsas con restos humanos de al menos 59 personas inhumadas clandestinamente, varios colectivos, familiares, comisiones de búsqueda y acompañantes trabajaron la jornada entera para dar con varios puntos positivos, pero las y los acambarenses rechazaron la presencia de los municipales por considerarla amenazante, a sabiendas de que tenían algo que ver con las desapariciones. 

Al día siguiente la página Facebook de El Hijo del Llanero Solitito, una especie de medio periodístico local entre lo amarillista y lo ciudadano, mostraba un video, que por ley no debió de ser grabado. Había sido filtrado al medio por los policías municipales, allí aparecían también los policías estatales, y contenía imágenes de la exhumación de los cuerpos y bolsas. El documento desapareció unas horas después, pero lanzó un mensaje claro de poder, impunidad, complicidad e intimidación a la sociedad. 

Me parece increíble que nunca el gobernador o un secretario de Estado de cualquier nivel de gobierno se hayan parado en uno de los sitios de exterminio de Guanajuato para manifestar la indignación, para reafirmar su compromiso antimafia para con el Estado de derecho y contra la impunidad.

San Francisco y Purísima del Rincón. Según testimonios de víctimas, agentes de investigación criminal de la fiscalía manejaban una red de extorsiones contra pequeños y medianos empresarios, en alianza con algunos representantes del gremio local. Después, el negocio fue “traspasado” a grupos del crimen organizado de Jalisco, protegidos por las policías locales. Elementos de la Guardia Nacional quisieron entrarle al jale en algún momento, pero su “escalada hostil” al business no prosperó. Mientras tanto, aumentaron las desapariciones en contra de quienes denunciaban o simplemente querían continuar a desarrollar sus actividades en paz. 

Según el activista y académico Samuel Schmidt, autor del libro “Crimen autorizado. La estrecha relación entre el Estado y el crimen” (Debate, 2020), en un sistema con crimen autorizado hay relaciones complejas, con diversos grados de ilegalidad e impunidad, entre empresarios, líderes sociales, políticos y criminales, pues se difumina la separación entre lo legal y lo ilegal, aunque una vez que la ilegalidad domina se vuelve irrelevante en qué grado lo hace.

La franja fronteriza entre Guanajuato y Jalisco se considera una zona silenciada para la prensa. Las masacres no se cuentan. Muchas personas en estos años han sido llevadas de Guanajuato a Arandas, Tepatitlán, La Barca, Encarnación o Lagos de Moreno, en el estado vecino. Sus familias no han podido dar con ellas y las búsquedas interestatales y regionales no han dado los resultados esperados. 

El 5 de abril de 2023, veinte y tres personas migrantes salieron de San Felipe, Guanajuato, rumbo a Coahuila y la frontera en unas vanes de la transportista turística Eiffel. Luego fueron reportadas como desaparecidas y, posteriormente, rescatadas cerca de Matehuala, San Luis Potosí, junto con otras 82 personas privadas de la libertad. La Fiscalía de Guanajuato abrió carpeta de investigación sobre la empresa Eiffel y el alcalde de San Felipe, Eduardo Maldonado García, bajo el supuesto de que serían parte de una red de tráfico de migrantes centroamericanos. Salió un audio, difundido por Aristegui, revelando que un integrante de Grupo Eiffel habría prestado servicios a traficantes de migrantes y que el alcalde de San Felipe estaría al tanto de este modus operandi. 

Desde marzo de 2011, el colectivo de San Luis de la Paz, Justicia y Esperanza, lucha por la verdad, la justicia y el regreso a casa de 22 migrantes, sus familiares desaparecidos camino al norte en el contexto del auge criminal de los Zetas en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, durante los sexenios de Calderón y Peña. Este grupo paramilitar dominaba la región de la Cuenca de Burgos, la tercera más importante del mundo en tema de hidrocarburos, en aquel momento, gracias a sus yacimientos de gas de lutita (gas shale) y de crudo. Los Zetas despojaban territorios y aniquilaban poblaciones, explotaban recursos naturales y tráficos de todo tipo, esclavizaban personas, secuestraban autobuses de manera serial y despejaban pueblos enteros por venganza o, más bien, como respuesta a solicitaciones de intereses económicos y políticos.

Masacres como la de Allende en Coahuila en 2011, o las de San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011, con la ubicación de fosas masivas y campos de exterminio, no se explican sin los conceptos de “red macrocriminal”, que por definición une intereses criminales, empresariales, nacionales, transnacionales y políticos, y el de “crimen autorizado”. De hecho, así se titula el más reciente libro de la periodista Marcela Turati: San Fernando: Última Parada. Viaje al crimen autorizado en Tamaulipas (Aguilar, 2023), el cual excava en la banalidad del mal del México en la era de la mal llamada “guerra al narco” y desentraña las dinámicas que posibilitaron y, en parte, posibilitan el horror. 

Como en casos conocidos, por ejemplo, Iguala-Ayotzinapa y Tlatlaya, o como en otros que, lamentablemente, no podremos conocer jamás por el silenciamiento de la prensa y la opacidad oficial, en San Fernando convivían negocios extractivos y disputas criminales entre los Zetas y el Cártel del Golfo, operativos conjuntos civiles-militares y desapariciones forzadas del Estado, pactos de impunidad, colaboración estatal-criminal y victimizaciones masivas de poblaciones vulnerables, criminalizadas a su vez por el discurso oficial.

Volviendo a Guanajuato. En ciudad Manuel Doblado respondes a un anuncio de Market Place para comprarte una bicicleta usada, vas a pagarla, ya no apareces y nadie investiga. La desaparición de una persona en esta zona siempre ha de clasificarse como “forzada”, debido al persistente contubernio político-criminal. 

En León, en 2018, alguna vez el gobernador directamente ofreció apoyo a una familia para encontrar a su hijo, privado forzadamente de su libertad, fuera de su negocio, en una transitada avenida de la ciudad y del cual, a la fecha, se desconoce el paradero. Un agente vestido de civil fue enviado a asesorar a la familia, y les dio a entender que en las casas de seguridad que tenían ubicadas el muchacho no se encontraría y que las cámaras del C5 darían pistas sobre su destino. Algunos “tránsitos”, hablando con el padre de él, dijeron que sí lo habían visto, pero no había ya mucho que hacer, como si supieran algo realmente o simplemente quisieran intervenir con cinismo y crueldad en el asunto: el mensaje en ambas circunstancias resultó ser amedrentador, como una suerte de invitación a dejar la búsqueda y resignarse, pero asimismo una confesión sobre cómo pueden manejarse ciertas situaciones, los lugares de detención ilegal y el control de las rutas de salida de una localidad.  

El Mando Único de la FSPE (Fuerzas de Seguridad Pública del Estado) ha tenido que sustituir a ciertas policías municipales corruptas y ha mantenido operaciones en Coroneo, Tarandacuao, Juventino Rosas y Manuel Doblado, pues allí las infiltraciones o, más bien, el control mafioso de las funciones de seguridad y otras esferas del municipio ha sido una enfermedad endémica, ya naturalizada. Es un rasgo estructural de una gobernanza criminal que se extiende a sectores económicos y parcelas territoriales, particularmente en el corredor industrial, el puerto interior, los municipios colindantes con Michoacán y Jalisco. 

Integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas contaban como en Juventino y Manuel Doblado la secretaría de seguridad pública, la policía y ciertos agentes del ministerio público básicamente “estaban del lado de los delincuentes” y protegían la ilegalidad de intereses económicos y políticos. Buscar y encontrar a personas, vivas o muertas, en estas tierras y en el resto del corredor León-Celaya-Querétaro, significa de una u otra manera franquear barreras de omertà y de colusión. Implica meterse con quien autoriza y regula el crimen, negociar de facto los hallazgos de personas desaparecidas con poderes legales e ilegales más o menos anónimos, o bien, escudados detrás del rostro visible de algún político, empresario, propietario o cacique criminal. 

Relatan algunas buscadoras como fueron perseguidas por grupos armados en campo durante sus prospecciones y destacan la tardanza de horas y horas de las autoridades que deberían protegerlas. Con tal de encontrar a su familiar, otras llegaron a cruzar predios y propiedades del Cártel Santa Rosa de Lima, en donde halcones y guardias armadas las acechaban de lejos y, entre carros quemados y caminos de terracería, los cerritos arredor estaban tatuados en grande con las cuatro letras de los mafiosos: CSRL. 

En las rancherías y áreas rurales de León también abundan los relatos de persecución y hostigamiento a las personas buscadoras. Teniendo en cuenta que nueve de ellas han sido asesinadas en los últimos seis años y que sigue desaparecida la señora Lorenza Cano, desaparecida en Salamanca el 15 de enero pasado, bien pueden entenderse sus reiteradas y urgentes peticiones, que aún siguen desatendidas, a la Federación y al Estado para encontrar mecanismos de protección y alerta más expeditos, eficaces e integrales. 

De plano, a Karla Martínez, integrante y representante de la Brigada Independiente de Búsqueda del colectivo Hasta Encontrarte, le fue retirada sin aviso la protección federal a principios de junio, pese a que recibió amenazas muy graves en enero y su tarea humanitaria para que muchas personas fallecidas fueran halladas e identificadas ha sido fundamental en Guanajuato. 

En la turística sierra de Lobos, rumbo a Comanja de Corona y Lagos de Moreno, Jalisco, o más arriba, por Vergel y Ocampo, ya no hay señal del celular. Además de fosas clandestinas, en los últimos años, según testimonios de sobrevivientes, en la zona funcionaron laboratorios, campos de trabajo forzado y de entrenamiento delincuencial de los que se puede escapar solo durante la zozobra de cuando llegan a pelearse dos grupos rivales. Una estela de hallazgos recientes de cuerpos y restos humanos en fosas ilegales, ubicadas en las faldas de los montes, por Medina, Alfaro y Hacienda Arriba, justo donde termina la mancha urbana de León y se sube a la sierra, delata un patrón de impunidad y ocultamiento de cuerpos, pero también un mensaje de poder y control, conocido, tolerado y, posiblemente, negociado por las autoridades, sobre rutas, operaciones y territorios. 

Las mismas señales de terror les llegan a miles de trabajadoras y trabajadores de Duarte, Ladrilleras y Comanjilla que, desde estas u otras localidades periféricas del este de León, pegadas al Puerto Interior y al municipio de Silao, a diario emprenden un largo camino a los hogares acomodados y las fábricas de la capital del calzado y ya se acostumbraron a esquivar cuerpos de personas asesinadas en las paradas de los camiones y en parcelas abandonadas. 

Como cuando en Nuevo Laredo, a escasa distancia del cruce fronterizo, en los días más oscuros del gobierno calderonista, de pronto aparecían cuerpos de personas encapuchadas y torturadas colgando de los puentes peatonales, no casualmente en frente de plantas y almacenes de grandes empresas transnacionales como Coca Cola. Este martirio público lanzaba así mensajes a los trabajadores, a las personas migrantes, y a la población en general. 

El miedo paraliza la acción individual y, sobre todo, la organización social. Es conservador porque impide el cambio. Las mafias, sus redes, economías, símbolos y comunicaciones macabras operan la represión preventiva y contextual de cualquier disidencia: de género y sexual, laboral y sindical, étnica y racial, socioambiental, etcétera. Son el mecanismo más eficaz de silenciamiento y mantenimiento del algún tipo de pacto y estatus quo.

Hay centenares de personas que llevan años desaparecidas en León, sus familias les buscan y esperan tenazmente. Algunos y algunas jóvenes son vistos por última vez, antes de perder definitivamente su rastro, en casas de pánico, anexos irregulares, casas de seguridad, tienditas o hasta en centros de detención o calles de determinados barrios. Algunos y algunas son encontrados, a veces en Guadalajara u otras ciudades, pero otros no. El detalle es que varios de estos lugares intermedios del circuito de la desaparición son notorios, conocidos por alguna autoridad local, por vecinos o por los poderes fácticos en el territorio. 

Hay testimonios sobre cómo los policías de tránsito alcanzan a tolerar o cogestionar rutas y “permisos” para conductores de Uber que se dedican, muchas veces contra su propia voluntad, a la entrega de paquetes de droga y, luego, terminan siendo víctimas de actos violentos y desapariciones. En cierta medida, esto se replica en el caso de varias policías municipales y los puntos de venta al menudeo o de anexos irregulares, que son centenares en el estado, en donde estacionan o residen personas jóvenes, víctimas potenciales de reclutamiento o explotación delincuencial. 

A lado de ciertas colonias adineradas y aparentemente tranquilas o “protegidas”, como Punto Verde en León, cruzando una avenida, hay colonias en que campean en las paredes las pintas del grupo criminal Unión de León. Familiares de personas desaparecidas denunciaron al ministerio público exactamente a los perpetradores de los secuestros contra sus hijos, pero nada sucedió y los jefecitos del barrio quedaron impunes. Después fueron asesinados y sustituidos, manteniendo intacta la microrred mafiosa local.

Algo semejante sucede en los cerros aledaños de Salvatierra, en donde las expediciones de los colectivos, con acompañamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda y la GN, no pueden entrar, pues las casas de seguridad y los terrenos son resguardados por cordones de halcones y gente armada que marcan un límite infranqueable. 

¿Quién “autoriza crimen” en estas regiones? En notas nacionales y locales, así como en los anuncios triunfalistas de fiscales, secretarios y políticos de todos los niveles, muchas veces se consigna alguna detención de algún presunto “gran generador de la violencia” en una ciudad o “plaza”, refiriéndose a personajes de la maña o a células criminales, como si la violencia solamente brotara de la voluntad de una banda o una persona. 

Es un deslice del lenguaje para magnificar las detenciones o el asesinato de algún líder, pero poco aporta a la comprensión de sus operaciones, capacidades, redes y pactos, mismos que constituyen el entramado del crimen organizado y autorizado. Rara vez se pregunta o se explica cómo es que estos grupos han nacido, cómo se han empoderado, con quiénes han trabajado y bajo qué acuerdos operaban en cada esquina, barrio, ranchería, carretera, anexo o negocio. En el discurso oficial todo es cárteles, plazas, generadores de violencia, bandas peleadas, droga y narco, pero así un fenómeno complejo es reducido a simples etiquetas vacías, como bien lo explica todo el trabajo del periodista Oswaldo Zavala sobre la creación discursiva de “los cárteles” y “los narcos”.

El crimen autorizado consiste en “la apropiación del marco institucional para utilizar la ley en contra de la sociedad, lo cual transforma al Estado de derecho (rule of law) en el gobierno que utiliza la ley para abusar de la sociedad (rule by law). Va más allá de la corrupción, pues la contiene”, explica Samuel Schmidt.

Ahonda el autor en lo siguiente: “el crimen autorizado no es una anomalía ni un desequilibrio temporal en el sistema de justicia y policiaco respecto del crimen, sino un fenómeno estructural La categoría de crimen autorizado postula que la actividad criminal no se da en el vacío, sino que opera en conjunto y en asociación con personal del Estado: policías, funcionarios públicos, militares y jueces, en uno o más niveles de gobierno. El crimen sería “autorizado” de forma tácita o expresa, las autoridades pueden “mirar hacia el otro lado” o coparticipar, extorsionar o ser extorsionadas”, pues finalmente puede haber asimetrías y balanzas de fuerzas distintas según el contexto.

En Guanajuato el fiscal general Carlos Zamarripa, quien lleva 15 años en el cargo y se prepara ahora para un retiro con pensión vitalicia dorada, ha sido señalado por diferentes actores políticos y sociales por presumiblemente ser un actor clave en los frágiles equilibrios de las áreas grises, conformadas entre legalidad, paralegalidad e ilegalidad, en las cuales se desarrollan el crimen organizado y autorizado. 

El periodista michoacano Jesús Lemus, autor, entre otros, de los libros México a cielo abierto, Mireles, el rebelde y Los malditos. Crónicas negras desde Puente Grande, vive desplazado. En el último capítulo de su más reciente obra, “El cártel judicial. Radiografía de un poder fallido” (Grijalbo, 2024), Lemus cuenta que, el 7 de mayo de 2008, cuando tenía cuarenta años y dirigía El Tiempo, periódico de La Piedad, Michoacán, fue secuestrado en Pénjamo, Guanajuato, por la policía ministerial bajo el mando de Zamarripa y del entonces gobernador Juan Manuel Oliva.

Esto fue, en sus palabras, por órdenes del régimen de Felipe Calderón y Genaro García Luna, en un intento de acallarlo, tras la publicación de un reportaje sobre posibles vínculos de estos personajes con integrantes de la Familia Michoacana. El periodista fue torturado durante tres días por presuntos Zetas, cómplices de las autoridades locales, hasta que volvió a aparecer con vida en una prisión estatal, gracias a la denuncia pública de su desaparición y al seguimiento del caso por Reporteros Sin Fronteras. Acusado injustamente de “narcotráfico”, el 27 de mayo Lemus fue enviado lejos de Guanajuato, en donde ya representaba “un problema”, y encarcelado en una prisión de máxima seguridad. En Puente Grande, Jalisco, fue procesado y condenado por una venganza desde el poder político, en alianza con el judicial, pero finalmente fue absuelto en mayo de 2011. 

En su libro, fundamental para la discusión en curso sobre la reforma judicial, Lemus recopila minuciosamente centenares de casos, nombres, abusos, prácticas y personajes corruptos del poder judicial, que han actuado en contubernio con otros poderes, fácticos, mafiosos o legales, a lo largo de las últimas décadas: su obra es la piedra angular para la comprensión del eslabón judicial en la trama del crimen autorizado en Guanajuato y en México.