“Perseguidas: Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México”, es el informe y la campaña que organizaciones y defensores de los derechos humanos han presentado para exigir un alto a la investigación y persecución hacia las defensoras de derechos humanos: Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y Mercedes Doretti; quienes después de haber participado en la defensa de las familias de migrantes, reportado irregularidades y evidenciado las anomalías en las fosas clandestinas localizadas en San Fernando, entre marzo y abril de 2011, fueron acusadas por Estado de crimen organizado y secuestro.
Por Karen García / @karen_gdlt
Fotografía de portada cortesía Amnistía Internacional México
“Perseguidas: Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México” es informe y una campaña organizada por personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, peritxs y organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentran: Amnistía Internacional de México y de España, Análisis Internacional, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y el Equipo de Argentino de Antropología Forense. Las cuales se reunieron en una mesa de diálogo para exponer la criminalización y espionaje hacia las defensoras de los derechos humanos Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y Mercedes Doretti, quienes han sido víctimas de estos actos por parte del Estado, específicamente de la Fiscalía General de la República (FGR), tras las investigaciones y defensorías que realizaron en las irregularidades de las fosas clandestinas localizadas en San Fernando, Tamaulipas donde personas migrantes de Centroamérica y Sudamérica fueron asesinadas y desaparecidas entre marzo y abril de 2011.
¿Pero, qué pasó en San Fernando, Tamaulipas, y por qué las defensoras por los derechos humanos están siendo perseguidas?
Para entender la situación y tener un poco de contexto en voz de Belem Barrera, Jefa de Investigación de Análisis Internacional, en el año 2011, en un campo de San Fernando, Tamaulipas, se hallaron los cuerpos de 196 personas migrantes en 48 fosas clandestinas, principalmente se trataba de personas centroamericanas y sudamericanas.
“Esto ha sido catalogado por algunos como una de las más grandes violaciones de derechos humanos en el país.”, mencionó Belem Barrera, mientras contó cronológicamente los hechos.
Es en este momento en el que Ana Lorena Delgadillo y la Fundación para la Justicia se convirtieron en representantes legales de las familias desaparecidas y comenzaron a colaborar en la documentación de irregularidades por parte de las autoridades en la llamada “Masacre de San Fernando”.
Mientras que, Mercedes Doretti junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) firmó, junto con otras organizaciones, un convenio de colaboración con la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para identificar los restos humanos en San Fernando; esto le permitió a la Secretaría Técnica de la Comisión Forense tener acceso a la información del caso.
De forma paralela, Marcela Turati documentaba los hechos como periodista; en especial el caso de una madre que había perdido a su hijo en los sucesos. Al entrevistarla, Marcela detectó que personal de la PGR no le había informado a la madre que habían encontrado el cuerpo de su hijo, e incluso, que le estaban extorsionando. Marcela le proporcionó una tarjeta con los datos de Ana Lorena para que tuviera apoyo legal. Tiempo después, Marcela publicó en la revista PROCESO su reportaje sobre el caso, esta publicación no revelaba la identidad de las víctimas.
“Coincide con un momento clave en el caso”, declaró Belem Barrera, pues describió cómo coincidió con el acceso de miembros de la Comisión Forense a los expedientes de la averiguación previa sobre las fosas clandestinas de San Fernando.
Mercedes como perita en la investigación y Marcela como periodista, sabían que sus reportajes e investigaciones incomodaron al personal de la PGR, pues estos afirmaron en una reunión con la Comisión Forense, que la Fundación y el Equipo Argentino había filtrado información del caso de San Fernando a la representante de la Fundación para la Justicia, Ana Lorena, lo cual negó.
Sin embargo, en enero de 2016, las autoridades de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) declararon que familiares de las víctimas de San Fernando denunciaron que la revista PROCESO publicó información no autorizada sobre declaraciones, tales denuncias “se contradicen con las fotos y grabaciones de Marcela en las entrevistas”, afirmó Belem Barrera.
Pero había una denuncia en particular, la madre de uno de los desaparecidos, mencionó que no autorizó la publicación de su historia; más tarde otro de sus hijos señaló a las autoridades que Ana Lorena lo buscó vía telefónica para obtener información. Por lo que, la PGR inmediatamente comenzó los actos de investigación en contra de Ana Lorena, Marcela y Mercedes; investigación que se encuentra en el mismo expediente donde consta el caso de las fosas clandestinas de San Fernando.
“Sin informarles, se ordenó designar un perito para analizar la letra de Ana Lorena y Marcela”, mencionó Belem Barrera, quien explicó que la acción fue para determinar si escribieron sus datos de contacto en una hoja la cual, la madre denunciante entregó a las autoridades.
Las investigaciones no pararon, pues en febrero de 2016, la PGR sin tener una orden judicial, ordenó a empresas telefónicas que proporcionaran el registro de llamadas de Ana Lorena y de Marcela, ya que “investigaban la comisión de delitos de secuestro y delincuencia organizada”, por lo que se les otorgó la información. También, solicitaron a personal de la Secretaría de Relaciones de Exteriores (SRE) el acceso a documentos para analizar la escritura en trámites realizados por Ana Lorena y Marcela. Así, sin orden judicial y sin cerciorarse que la solicitud contará con fundamentación legal, la SRE también entregó los datos personales de Ana Lorena y Marcela.
En una serie de acciones sin justificaciones legítimas y legales, la PGR continuó la investigación en contra de Ana Lorena y Marcela, añadiendo a la investigación a Mercedes un 8 de abril de 2016.
“Las diligencias de investigación y espionaje violan diversos derechos fundamentales de Ana Lorena, Marcela y Mercedes. Violan los derechos a la vida privada y familiar, a defender derechos humanos y a la no discriminación. No buscaron un fin legítimo, ni cumplen con el principio de legalidad”, explicó la Jefa de Investigación, pues declaró que las tres defensoras de derechos humanos no han tenido la oportunidad de ser escuchadas y de defenderse ante las acusaciones, debido a que nunca se les notificó sobre las investigaciones.
Durante la presentación de la investigación “Perseguidas: Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México”, Edith Olivares, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional en México habló sobre la indignación e inconformidad que atraviesa este caso.
“El mismo que no ha querido explicar qué pasó en San Fernando, por qué fueron asesinadas personas migrantes. El Estado que no cumple con su deber de garantizar la integridad y la vida de las personas migrantes, ese mismo Estado invierte recursos humanos, económicos y tecnológicos en atacar a través de la criminalización, el espionaje a quienes están acompañando a las víctimas de la masacre”, declaró la Directora Ejecutiva de Amnistía, pues le parece “absurdo” que las tres mujeres defensoras estén siendo perseguidas, pues la carpeta de investigación sigue abierta, por lo que aún pueden seguir siendo investigadas.
La Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional en México declaró que la organización ha documentado cómo, la entonces PGR, desvió recursos que eran destinados a investigar “La Masacre de San Fernando”, para espiar a las defensoras de derechos humanos, quienes “solo han documentado la verdad de los hechos” en la espera por la justicia. Así también, remarcó la falta de fundamentación de marco jurídico en las investigaciones “por secuestro y delincuencia organizadas” sin haberles dado la calidad de imputadas y sin haberles notificado acerca de la investigación y acusación en su contra.
“La criminalización de Ana Lorena, Marcela y Mercedes, así como de todas las defensoras de derechos humanos, periodistas y peritos forenses tiene grandes consecuencias en ellas y en la sociedad en su conjunto. Las víctimas han enfrentado serias secuelas físicas, interpersonales, psicológicas y laborales; pero además, la criminalización de estas tres mujeres manda la señal de que hacer peritajes independientes, representar a víctimas de violaciones a derechos humanos y realizar investigaciones periodísticas será castigado en este país con procesos indebido e infundados.”, concluyó Edith Olivares.
Por parte de Amnistía Internacional, dieron una serie de recomendaciones hacia la Fiscalía General de la República (FGR), para la defensoría de las tres mujeres.
- Detener cualquier investigación, espionaje e intento de acción penal arbitraria en contra de Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y Mercedes Doretti. Exigimos que se cierre de inmediato la carpeta de investigación.
- Frenar mediante un acuerdo interno por parte del Fiscal General cualquier mensaje al interior de la Fiscalía y los Órganos de investigación penal que criminaliza y penaliza los trabajos de defensa de derechos humanos, periodismo y forense de estas tres mujeres y de las organizaciones y redes en las que hacen parte.
- Eliminar toda información confidencial y de datos personales de Ana Lorena, Marcela y Mercedes de la averiguación previa de las fosas de San Fernando. Así como impedir la reproducción y divulgación por parte de las personas servidoras públicas de la información contenida en esta averiguación previa.
- Hacer una investigación efectiva, imparcial, independiente y completa a las personas servidoras públicas involucradas en la investigación indebida y el espionaje contra Ana Lorena, Marcela y Mercedes y sancionar a las personas que resulten responsables.
- Realizar una reparación integral del daño ocasionado a las víctimas, incluyendo claras garantías de no repetición para otras personas defensoras, peritas independientes y periodistas. Así como realizar una disculpa pública por la investigación y espionaje que se cometió en su contra.
Mientras que, Belem Barrera, Jefa de Investigación de Análisis Internacional. Evidenció las consecuencias de la criminalización hacia las defensoras, las cuales, además de tener serias implicaciones hacia ellas, también tiene “efectos nocivos” en el país.
- Efecto amedrentador. Ya que, el Estado genera temor entre personas defensoras de derechos humanos para continuar emprendiendo su labor y des incentiva a que las comunidades manifiesten sus reclamos.
- Limitaciones. Pues, las personas defensoras de los derechos humanos pierden capacidades o herramientas vitales para continuar realizando su trabajo como confianza, independencia, autonomía y espacios seguros .
- Indefensión de las víctimas. Al criminalizar a personas abogadas, periodistas y peritos, el Estado también genera que las propias víctimas cuestiones su capacidad de decidir quien las defiende y por lo tanto queden aisladas.
- Desvío de recursos. Al criminalizar a personas defensoras el Estado deja de utilizar recursos tanto de personal como financieros para investigar los delitos que verdaderamente se cometen.
- Impunidad. La criminalización de personas defensoras genera que no se castiguen las injusticias y que estas continúen existiendo.
“Como ustedes, Ana Lorena, Marcela y Mercedes me lo externaron de diferentes formas…. vamos a seguir defendiendo los derechos humanos. No nos vamos a detener”, concluyó la Jefa de Investigación Belem Barrera.
Por su parte, Ana Lorena Delgadillo, Directora Ejecutiva de Fundación para la Justicia y defensora de los derechos humanos, habló sobre los hechos ocurridos y también sobre la manera en que la fundación ha representado a 300 familiares de personas migrantes que han sido desaparecidas y ejecutadas en su tránsito de Sudamerica y Centroamerica hacia los Estados Unidos.
“Se tardaron 6 años en que nos dieran las copias de los expedientes de las fosas clandestinas de San Fernando”, aseguró Ana Lorena. En ese contexto es que conocieron a dos madres salvadoreñas que querían cremar los restos de sus hijos migrantes. Esto llevó a la fundación a interponer un amparo para litigar el caso. Ahí se enteraron que sus hijos estaban entre los restos de las fosas clandestinas de San Fernando, así que comenzaron a “pelear” para que a sus hijos se les diera la calidad de víctimas.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual obligó a la Fiscalía a entregar el caso a la Fundación. Ana Lorena comentó que ellos esperaban encontrar tomos grandes, debido a que eran alrededor de 300 casos; sin embargo, sólo se les entregó un documento pequeño. La defensora recuerda haberle reclamado al personal, sin embargo, ellos respondieron: “sí, pero es que reinterpretamos la sentencia de la Corte y entonces le vamos a entregar solamente las actuaciones donde aparecen ustedes y las víctimas que representan”. Pasaron 3 años para que se obligara a la Fiscalía a entregar todos los expedientes, pero a pesar de la orden los tomos se dieron “a cuentagotas”.
También habló sobre “el tomo 221”. A decir de la defensora, uno de los agentes del ministerio público les advirtió que debían tener “cuidado con lo que van a encontrar ahí”; evidentemente esto les pareció sospechoso y al momento de abrir el tomo sintió “algo muy fuerte”. En este tomo se enteró que al mismo tiempo que era abogada de las víctimas, también era perseguida por delincuencia organizada y secuestro.
“La criminalización que realiza la Fiscalía General de la República pone en duda un trabajo de más de 13 años, que tanto el equipo Argentino como la fundación hemos hecho con nuestros equipos todos estos años. Ponen en duda que las familias hayan decidido nombrarme como abogada a mí y a mi equipo de la fundación, pero lo más duro es que también ponen en duda el derecho de las familias a elegir el abogado o abogada que ellas quieran”, expresó la abogada Ana Lorena, pues la criminalización hacia su persona ha afectado varios casos que ha representado, como el incendio de Ciudad Juárez.
Expresó que le preocupa que el expediente siga abierto, pero le preocupa aún más que las personas que defienden los derechos humanos, periodistas y peritas sean perseguidas por decir la verdad. Pues la impunidad y el aparato criminal que rodea al Instituto Nacional de Migración (INM) “nadie lo toca”. Mencionó que no fue fácil denunciar a la FGR, debido a que la investigación está parada, sin embargo, destacó y agradeció la labor de las familias de migrantes que trabajan para recibir justicia.
“Porque vivas y vivos se los llevaron. Vivas y vivos los queremos” concluyó Ana Lorena.
Marcel Turati, periodista especialista en derechos humanos, contó su testimonio sobre lo sucedido y la impotencia de su sentir al ser investigada por el Estado.
“Como periodista yo debería estar ahí con ustedes colegas, yo debería estar junto a las bocinas, yo no debería estar aquí, yo debería estar haciendo preguntas. Pero algo está podrido en un país donde los periodistas en vez de hacer la nota nos convertimos en la nota , donde como dice mi amigo y colega John Gibler: es más peligroso investigar un crimen que cometerlo”, comentó la periodista, quien expresó los peligros que enfrentan los periodistas en México, en un país “en guerra declarada”.
Es así que cuenta que en 2011, la revista PROCESO le designó cubrir el suceso en San Fernando. Expresa que al llegar al sitio documentó los eventos, desde ver a las familias identificar los cuerpos de las víctimas hasta el arribo de un tráiler, el cual, enfrente de las familias procedió a subir los 120 cuerpos al transporte sin dar ninguna explicación a las personas presentes.
“Yo sin saberlo presencie el operativo que había para ocultar esos cuerpos”, mencionó la periodista, quien contó que dos años después, una persona desconocida se acercó a darle una USB en la que estaban las 120 fichas de las personas migrantes, “con rostros destrozados, cabezas destrozadas”.
Con estas fichas, lograron hacer una base de datos y realizar rutas migratorias. En una de estas rutas se contactó con una mujer, la cual esperaba el regreso de su hijo; cuenta la periodista que la mujer estaba siendo extorsionada, mientras la PGR la contactaba cada semana para saber si aún sabía algo sobre su hijo. Es gracias a la base de datos que la periodista descubrió que el hijo de esta mujer había sido identificado desde el primer día, pues este tenía su identificación en uno de los bolsillos del pantalón, a pesar de esto, la PGR lo llevó a fosa común. Es así que después de investigaciones, la periodista publicó el reportaje que hizo enojar a la institución.
“Hasta ese momento cuando me preguntaban ¿qué era cubrir víctimas, si estaba yo en peligro?. Yo siempre decía, pues no, yo solo cubro a las víctimas, yo no me meto con los narcos. Yo trabajo con los testimonios de la gente. Pero yo no sabía que me estaba metiendo con otro tipo de delincuencia organizada. La delincuencia organizada que está dentro de la fiscalía”. “Con esta investigación perdí la inocencia de mi país”, mencionó la periodista pues reveló que con esta investigación ella ligaba “la masacre de los 72” con “la masacre de Ayotzinapa”.
Es así como, en 2020, se enteró que estaba siendo investigada y espiada, no solo por el caso de “La Masacre de San Fernando”, sino también estaba siendo investigada en el “Pegassus Project”.
“Hay una intención para ocultar esta violencia, hay una intención para ocultar los cuerpos, para esconderlos y por eso todo este esfuerzo que ponen en perseguir a quienes investigan, a madres buscadoras, a periodistas, a defensoras, en general a quien denuncie. A ellos si se les geolocaliza. Cuando una mamá va a la fiscalía a denunciar que su hija está desaparecida no mueven un dedo, no se ponen a ver donde da el GPS, pero a nosotras si tenían prisa para saber esto”, expresó la periodista, quien publicó un libro en el cual cuenta su historia a manera de denuncia para que esto no le vuelva a pasar a otro periodistas ni defensor y defensora de los derechos humanos.
“Que no se les ocurra hacérselo a alguien más. Que no se les ocurra repetirlo”, concluyó Marcela.
Mercedes Doretti, Directora del Equipo Argentino de Antropología Forense, también contó su experiencia, siendo víctima de la investigación. Menciona que tardó en entender la gravedad de la investigación, pues ella aún es perito de la investigación de las fosas clandestinas de San Fernando y está dentro de la Secretaría Técnica Forense junto con la Dirección de Servicios Periciales de la FGR, para investigar e identificar las causas de muerte.
“¿Cómo puedo ser perita a este nivel y al mismo tiempo ser investigada por crimen organizado en ese mismo expediente?. Es algo que me resulta incomprensible”, mencionó Mercedes, pues su labor sólo consistía en buscar, producir dictámenes sobre las irregularidades, jamás filtró información a nadie y mucho menos cometió ningún crimen, “pero sí estábamos investigando irregularidades”, lo cual incomodó a la PGR.
“Uno podría pensar que todo esto fue parte de la administración anterior y que al llegar una nueva administración, inmediatamente se hubiera cerrado esta investigación, se hubieran sancionado a los responsables, removido del expediente toda esta información sobre nosotras tres y tal vez se nos hubieran dado las disculpas correspondientes. Sin embargo, muy por el contrario, no sólo no sucedió nada de lo mencionado y la causa sigue abierta, sino que no hemos recibido ningún apoyo o explicación, menos una disculpa por parte de la FGR ni de la administración” mencionó Mercedes, quien expresa que observa cosas en común, la principal es que son tres mujeres líderes en sus áreas.
Finalizó su participación destacando que las ciencias forenses son un pilar para el aparato de justicia, sin embargo, las personas peritas siguen trabajan bajo condiciones peligrosas, corriendo el riesgo de ser asesinados, lo cual hace que su labor sea “una tarea difícil”.
El Director Ejecutivo de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, intervino en la conferencia para visibilizar el uso del espionaje en contra de defensoras de derechos humanos no solo en México, sino en el mundo. También destacó los peligros que enfrentan sobre todo las personas periodistas en el país.
“Estas cifras las han oído antes, pero no debemos acostumbrarnos. Desde 2012 se han registrado 88 periodistas asesinados, a finales del 2023 se confirmó al menos 15 periodistas desaparecidos y la impunidad sigue”, se dirigió el Director hacia los periodistas presentes, pues no ha habido sentencia condenatoria, ya que, a pesar del mecanismo de protección han asesinado a 8 periodistas que estaban bajo la protección del Estado desde 2012.
“Dejemos de hablar de crisis de derechos humanos en México, las crisis se suponen que es un estado temporal donde se agrava la situación y hay un principio y un final de las crisis. Creo que es importante utilizar un lenguaje correcto, debemos hablar del mal endémico de violaciones de derechos humanos en México. Mal endémico que dura décadas y que prolonga el sufrimiento de millones de personas”, concluyó Esteban Beltrán, a la vez que insistió en no olvidar que los asesinatos y desapariciones en San Fernando siguen impunes.
Carmen Aristegui, periodista y comunicadora mexicana también participó en la campaña de protección a las defensoras. La periodista insistió en lo “indignante” del caso, pues al defender los derechos humanos, al informar sobre la situación en México, se corre riesgo de que el Estado investigue a quien lo hace.
“Tres grandes asuntos nos convocan hoy aquí, solidaridad, respeto y exigencia”, mencionó la periodista pues es “inadmisible” que tres mujeres destacadas en sus trabajos se encuentren en un proceso de investigación.
Exigió un cierre a la carpeta de investigación, pero que este cierre no deje ningún vestigio que permita ejercer algún día acción penal contra las defensoras. También evidenció la necesidad de una resolución por parte de la FGR y un esclarecimiento de las acusaciones, pues estas acciones por parte del Estado son “inhibitorias” para las personas defensoras de los derechos humanos.
“Se necesita una sacudida a la sociedad mexicana y una sacudida a los que tienen el mandato, los recursos, el presupuesto, las decisiones y el poder; a los que lo tienen hoy y a los que lo están buscando… a los que están en campaña buscando un cargo de elección popular de la presidencia para abajo…”, comentó la periodista, evidenciando que en el último debate presidencial no se tocó el tema de la protección a personas defensoras de los derechos humanos.
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La sociedad civil puede participar y sumarse al llamado de exigencia para que la Fiscalía General de la República detenga las investigaciones, la persecución y el espionaje en contra de Ana Lorena, Marcela y Mercedes, a través de la campaña “Perseguidas: Criminalización de mujeres defensora de derechos humanos en México” y firmando esta acción urgente. Consulta también el informe en el siguiente enlace: Informe
“No vamos a parar hasta que dejen de ser perseguidas”, concluyeron.
