Organizaciones de la sociedad civil en defensa de los derechos y la proteccion de las personas victimas de tortura en México, abieron el diálogo para reflexionar sobre las responsabilidades que tiene el Estado para hacer frente a este delito de lesa humanidad en México, así como el rol que tiene la sociedad civil en la atención a estos casos.
En el caso de Jalisco, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), reconoció que la tortura en Jalisco permanece como una práctica institucionalizada y que se ha utilizado como un “método de intimidación, de castigo y de fabricación de pruebas”, a la vez como una herramienta de “control social”.
Y aunque a finales de enero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), llamó´al Congreso del Estado de Jalisco a crear una fiscalía especializada en investigación del delito de tortura, aún es un tema pendiente.
Por Karen García / @karen_gdlt
En una mesa de dialogo, representantes de organizaciones por la defensa de los derechos humanos y contra la tortura, entre ellas: el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), el Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, la Red Nacional de Peritos y Personas Expertas Independientes de la Tortura y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FRAYBA), se reunieron para abordar y visibilizar las problemáticas en cuestiones sistemáticas, estructurales y sociales que enfrentan las víctimas de tortura en México.
A este espacio al que nombraron “Hacer frentes a la tortura en México, el rol de la Sociedad civil”: Avances y retos en materia de derechos humanos en favor de las personas victimas de tortura acudieron representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en México, así como de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
Denisse Montiel moderadora e integrante de CEPAD, reflexionó sobre los retos que ha enfrentado el estado de Jalisco. A través de su trabajo de documentación y su experiencia en el acompañamiento de casos, afirmó que la tortura en Jalisco permanece como una práctica que se ha “institucionalizado” y que está presente en espacios como hospitales psiquiátricos, centros de atención médica, casas hogares, albergues y centros estatales contra las adicciones.
Mencionó que en el estado la tortura se ha utilizado como un “método de intimidación, de castigo y de fabricación de pruebas”, a la vez como una herramienta de “control social”.
Evidenció la falta de políticas públicas para la prevención de la tortura, una situación a la que se suma la falta de programas de atención y rehabilitación a las víctimas y sobrevivientes y la ausencia de informes por parte del gobierno, además de la casi nula asignación de presupuesto gubernamental. Recordó que, a finales de enero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), obligó al Congreso del Estado de Jalisco a crear una fiscalía especializada en investigación del delito de tortura, la cual debe contar con “autonomía, recursos humanos, económicos y material suficiente”, pero aún no ha sucedido.
En su participación, Octavio Amezcua Noriega, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reflexionó sobre los contextos y retos que enfrentan las victimas sobrevivientes de tortura y reconoció que es un tema que presenta muchos “claroscuros”, pues si bien, todavía falta mucho por avanzar en la materia, también es importante “destacar avances y logros que no han sido más que frutos de la lucha”. Al respecto, hizo enfasis en la lucha de las personas víctimas sobrevivientes de tortura, quienes junto al acompañamiento de la sociedad civil y el esfuerzo de los organismos internacionales, se ha generado una red de combate a este crimen.
De acuerdo con los hallazgos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, en su segunda edición realizada en el 2021, hubo una disminución de ciertos actos de tortura, refirió el representante del Alto Comisionado. Entre estos: el uso de artefactos eléctricos y quemaduras, así como la disminución de personas que mencionaron haber sido “procesadas falsamente”, lo cual consideró un hecho “digno de reconocerse”. Además de estos hallazgos, reconoció que la vigencia del sistema acusatorio en materia de reforma institucional, ha permitido mayores condiciones para prevenir la tortura
A pesar del avance, explicó que aún quedan muchos retos, pues menciona que entre 1 y 2 de cada 10 mujeres reportaron sufrir actos de violencia sexual en el marco de las detenciones, mientras que, la cuarta parte de las personas detenidas reportan haber sufrido agresiones importantes.
“Es un tema bastante preocupante y que nos dice también cómo se ha soltado, cómo hay una mayor fragilidad institucional por parte de las instituciones”, comentó Octavio Noriega, quien informó que si bien, las autoridades aseguran mantener una agenda muy clara para el combate a la tortura con una ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura, esto no se ve reflejado pues “las sentencias se cuentan con los dedos de la mano”. Y es que afirmó que ninguna persona ha sido sancionada bajo el tipo penal de esta ley.
“Que estos eventos queden en la impunidad fomentan su repetición”, concluyó el comisionado Octavio Noriega.
La integrante de la Organización Mundial contra la tortura (OMCT), Olga Guzmán ofreció un breve recorrido histórico sobre los hechos que han enfrentado las organizaciones, las víctimas y sobrevivientes de tortura y sus familiares en materia de combate a la tortura. Resaltó que cada contexto es distinto, pero “se lucha por un mismo fin”, el cual es que: se liberen a las personas a quienes se les ha fabricado un delito, quienes están injustamente detenidas y a aquellas que salieron absortas de prisión y que la única reparación del daño fue un “usted disculpe”.
En su participación, señaló que el marco normativo de México ha sido “un referente” en América Latina, ya que contempla la prevención, la investigación, la sanción y la reparación del daño para víctimas de tortura, sin embargo, consideró relevante reconocer que esta ley fue impulsada por la sociedad civil, las organizaciones civiles y las personas víctimas de tortura y no por el Estado.
Recordó que para que esta ley fuera realidad, Juan Mandes, víctima de tortura en Argentina tuvo que publicar un informe donde destacaba que “la tortura en México es generalizada y se comete como una forma de castigo” y donde también dejó en evidencia que en el país se detenía para investigar y no se investigaba para detener. .
“La tortura se comete en estos espacios cerrados en donde realmente nadie puede saber de una persona con tortura”, comentó Olga Guzmán.
Natalia Reyes, integrante de FUNDAR expuso sobre Observatorio contra la tortura y cómo a través de éste han conseguido monitorear la implementación de la ley. Parte de este trabajo implica recibir información del Estado y solicitudes de acceso a la información, las cuales les han permitido identificar el número de investigaciones que existen en todo el país, el número de sentencias que se han dado a partir del año 2019 al 2022, así como también la creación de fiscalías especializadas en materia de tortura, entre otros aspectos.
“Si bien ya hay un avance en la implementación, todavía no se conoce realmente, no es de acceso público para la sociedad”, comentó Olga Guzmán sobre el acceso a la plataforma del observatorio contra la tortura.
Reconoció que esta plataforma les ha permitido visibilizar que la práctica de la tortura aún existe, “a diferencia de lo que se ha mencionado desde la narrativa oficial desde el poder ejecutivo federal”, donde se menciona que la tortura en México esta erradicada. “Lamentablemente los datos nos arrojan una evidencia distinta”, concluyó la integrante de FUNDAR y resaltó que la impunidad también sigue vigente y con esta el limitado acceso a la reparación para las víctimas.
De frente a esta realidad, Edith Escaleno coordinadora de la Red Nacional de Peritos y Personas Expertas Independientes de la Tortura, precisó que “no debemos olvidar que la tortura intenta destruir a un cuerpo individual, pero el mensaje es para que lo extendamos todos y todas”.
En su papel como acompañante de víctimas y sobrevivientes de tortura y sus familiares, explicó que esta labor no pretende “patologizar, criminalizar ni responsabilizar a la victimas” de lo que les ocurre, sino todo lo contrario, analizar las diversas situaciones y contextos en los que se presenta esta; contextos como la tortura a migrantes en contextos migratorios, la tortura en instituciones públicas de salud, así como en centros de rehabilitación, en casas hogares que están bajo la tutela del gobierno y la tortura en contexto de pueblos originarios.
“Seguimos señalando a las autoridades que el acompañamiento no involucra 14 sesiones para acompañar a las personas, no es ese el objetivo de acompañar, porque las personas víctimas de tortura no están enfermas”, comentó la coordinadora Edith Escaleno, pues mencionó que este suceso afecta en sus emociones, relaciones y en su entorno social.
De tal manera que, el propio Protocolo de Estambul declara que su aplicación debe ser reparatoria desde el principio para las víctimas de tortura y que debe servir como guía para las investigaciones y para responder las cuestiones como: “dónde ocurrió, cómo, qué fue lo que pasó y quienes fueron los responsables; cuáles fueron los objetivos de la tortura…”. Sin embargo, esta documentación también tiene retos, principalmente para que sea un proceso reparador y no revictimizante, desde un enfoque psicosocial.
En ese sentido, consideró fundamental acompañar y documentar los casos bajo perspectivas psicosociales de protección a derechos humanos e interseccionales, pues “no es lo mismo torturar a un joven de 17 años en Oaxaca que, a lo mejor, un joven de 17 años en una prepa de la Ciudad de México”, ejemplificó.
Jorge Luis López, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FRAYBA), afirmó que el fenómeno de la tortura es “cíclico y sistemático”, pues explicó que éste no solo implica al ministerio público, también incluye al perpetrador que lleva a la persona detenida, al conductor, a él o la policía, la persona secretaria del ministerio público y a las autoridades judiciales, especialmente, en estos últimos suele recaer la responsabilidad de reclasificar los delitos, diciendo que “no los van a manejar como tortura”.
“Tenemos casos de personas que han sido recluidas por más de 3 años, cuando este nuevo sistema no permite que sean recluidas por más de 2 años. Se siguen teniendo estas prácticas de que la cuestión teórica de la ley no se ve en la práctica. Es una plena realidad en Chiapas”, mencionó Jorge Luis López quien comentó que la tortura ya no solo es física, sino que se ha convertido también en tortura psicológica.
Reconoció que a través del monitoreo que han realizado, identificaron que la probabilidad de que las y los jueces no dictaminen una sentencia como “absolutoria”, depende de los “obstáculos” con los que se encuentren en el proceso judicial, entre ellos: las negociaciones por parte de los elementos policiacos para evitar que la víctima confiese.
“Te vamos a dar 300 mil pesos o una cantidad de dinero, pero ya no llegamos a la tortura”, comentó el integrante del FRAYBA, haciendo alusión a las estrategias de convencimiento que suelen utilizar las autoridades policiales para tratar de evitar ser señalados. Sin embargo, advirtió que debido a la estigmatización, las necesidades y la falta de oportunidades, las víctimas suelen aceptar y, por ello, el proceso judicial termina.
Por último, las organizaciones llamaron a la sociedad a sumarse a las acciones para erradicar la tortura, especialmente, a no reproducir los estigmas que rodean a las víctimas y sobrevivientes; sólo de esta manera, señalaron, dejará de ser un tema “incomodo” y se dejará de ser parte de “esta estructura que permite que aun exista esta realidad”.
