Manos Libres
Por Francisco Macías Medina /@pacommedina (X) / @FranciscoMacias (TG)
Una niña que pertenece a una comunidad indígena es agredida sexualmente y como consecuencia resulta embarazada. Imaginar su condición en la zona norte de Jalisco con los menores accesos a la justicia y salud resulta angustiante.
Su traslado a Guadalajara debería implicar más información, acompañamiento, atención, seguimiento y la interrupción legal del embarazo de acuerdo con la ley. Sin embargo, inexplicablemente esto no ocurrió.
Según información de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Jalisco, la niña permaneció una semana a cargo de la Secretaría de Salud Jalisco, sin que se garantizara lo anterior.
Simplemente se dejó pasar el tiempo, vieja postura conocida que hace que todo transcurra en la vía rápida de la omisión, con la cobertura del silencio que se aprovecha del contexto y condiciones de las personas, en este caso de la víctima.
Ese silencio e inacción es intencional porque busca encontrar una justificación que muchas de las veces se escudan en aspectos personales como la objeción de conciencia, por ejemplo, del personal médico. Aunque exista una justificación desde el discurso de los derechos existe una desigualdad porque se protege menos a quien más lo necesita, a quien requiere de mayor protección.
Lo más delicado es que exhibe que, aunque se proclamen la existencia de programas para la interrupción legal del embarazo con protocolos y procedimientos, la voluntad omisiva de unos cuantos dobla cualquier posibilidad, lo que evidencia la falta de mecanismos adecuados de supervisión y de medidas que garanticen el cumplimiento real de las acciones.
Aunque la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, (Mural, 28 de abril de 2024), informó que desde 2016, el año pasado fue en el que mayor número de abortos se realizaron en Jalisco con 114 casos, por grave riesgo a la salud y violación. Además de la existencia de 68 profesionales de la salud no objetores de conciencia, pareciera que existe un estado paralelo que permite decidir sobre la vida de las niñas, erigiéndose en una especie de tribunal “moral” que debe de ser desarticulado.
Finalmente, la niña tuvo que ser trasladada a otra entidad para que le fuera interrumpido el embarazo, lo que en sí mismo puede constituir una tortura adicional a la que ya sufrió previamente por la agresión sexual.
El silencio de la Secretaría de Salud en el caso no sólo es una táctica para evitar los negativos de una narrativa clásica, sino que lamentablemente “comunica” que, si eres niña y víctima de agresión sexual, no existirán instituciones a las que puedas acceder para ser acompañada, ni personal médico que te atienda, y que eres responsable de una deleznable agresión.
Es momento de asumir las responsabilidades directas e indirectas de todas las personas involucradas para que no se trate de un episodio más en el que el Estado ignore las vidas importantes de personas.
