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El problema, se leyó en un comunicado conjunto, es la falta de denuncias correspondientes por los familiares de las víctimas, lo que llevó a una confusión de la Secretaría de Seguridad Pública que creyó en declaraciones que pudieron ser instruidas por grupos criminales.
Por Marcos Vizcarra / Revista Espejo
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reportó, sin verificar, que encontró a las 8 personas que faltaban de las 66 que fueron desaparecidas el 22 de marzo en Culiacán.
Sara Bruna Quiñónez Estrada, Fiscal General de Sinaloa, dijo este miércoles 10 de abril que desde el 7 de abril se hizo la localización de ocho personas, quienes se identificaron como parte del grupo de víctimas desaparecidas por grupos criminales dos semanas atrás, pero que al no tener certeza por falta de denuncias correspondientes de familiares, se creyó en sus declaraciones.
Sin embargo, la Fiscalía General revisó los casos y determinó que se pudo caer en una confusión, con declaraciones de víctimas que habrían sido instruidas por sus propios captores.
“No todos los liberados corresponden al evento del día 22, casos aislados. Los liberados ante el supuesto anterior pudieron ser instruidos por sus captores para declarar que eran parte de ese evento.
El 22 de marzo fueron desaparecidas 66 personas por grupos criminales, en un operativo de hombres armados que ingresaron a domicilios y sacaron por la fuerza a mujeres, niños, niñas, adolescentes y hombres adultos.
Se iniciaron 9 carpetas de investigación, con 66 personas desaparecidas. De ellas, 58 personas fueron liberadas en grupos, en distintos tiempos durante los dos días posteriores al evento (23 y 24 de marzo).
Se informó también que había 8 personas que permanecían sin ser localizadas, pero el 7 de abril la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que la situación había cambiado, que se tenía información sobre la localización.
Revista ESPEJO documentó con testimonios que familiares de esas ocho personas que lo dicho por la Secretaría no era correcto, sino que aún faltaban personas por localizar.
Durante dos días la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General evitaron responder cuestionamientos.
Ahora, en una conferencia donde se leyó un comunicado conjunto, se dio a conocer que las personas que se localizaron “pudieron ser instruidos por sus captores para declarar que eran parte de ese evento”.
El problema, se insistió en el comunicado, es la falta de denuncias correspondientes, lo que llevó a una confusión de la Secretaría de Seguridad Pública.
“Ninguna de estas personas con las que se logró hablar quiso presentar una denuncia, pues manifestaron que no declararían sobre estos hechos por su seguridad y la de sus familiares. Asimismo, algunos de ellos optaron por no regresar a sus domicilios. Ellos mismos lo manifestaron así”, aseguró la Fiscal de Sinaloa.
La Fiscal General leyó entre sus apuntes que de manera histórica se han recibido denuncias o reportes al 911 sobre personas desaparecidas, sin que se formalice una carpeta de investigación, pero que luego de ello se localiza a las presuntas víctimas en hospitales, con alguna herida por arma de fuego o arma blanca. También que ingresan a centros de salud con indicios de tortura.
Es decir, son personas que fueron desaparecidas y agredidas, pero la Fiscalía General no toma en cuenta la desaparición como parte de los delitos que se cometieron.
“De lo anterior se desprende que alguna de estas causas inhibe a la ciudadanía a presentar una denuncia, pues la tendencia es que regresen a las personas golpeados o lesionados”, leyó la Fiscal.
“Conocer el número exacto de personas desaparecidas y que aún no regresan a sus domicilios conlleva un trabajo conjunto entre Fiscalía por el manejo de las carpetas de investigación, los diferentes colectivos de personas buscadoras, sobre todo de la judicialización de los diferentes eventos por parte de la sociedad civil. Hasta el momento se han reforzado los trabajos de investigación sobre las carpetas que se encuentran abiertas”.
Más adelante, en este comunicado que se leyó ante periodistas en la sala de crisis de la Secretaría de Seguridad Pública, Quiñónez Estrada dijo que sobre las personas que han sido señaladas como desaparecidas en notas periodísticas, las cuales recoge el testimonio de familias, solo puede reconocerse a cuatro de ellas de las 66 que fueron privadas de su libertad.
“Solo cuatro se encuentran en las listas oficiales el resto no lo tenemos nosotros como desaparecidos en las listas oficiales. Tres no se encuentran en dicha lista, lo que puede indicar que la carpeta de investigación de estos último se abrió en un tiempo distinto al de las restantes”, expresó.
“Las declaraciones que han elaborado corresponden a los trabajos de proximidad, mediante entrevistas al momento de acudir al auxilio de las personas vistas por las cámaras de video y quienes manifestaron ser parte del evento del día 22 de abril de este año”.
“Es muy probable que las cifras no coincidan por diversos aspectos, entre los cuales destaca que el conteo oficial radica en las carpetas de investigación y levantadas por los familiares que acudieron en un periodo de tiempo específico, ya que las instituciones de seguridad realizaron un corte con el conteo de las personas ausentes”.
“Debido a que no todas las personas quisieron presentar una denuncia para anunciar que se contaba con la localización de los ausentes, corresponde a la declaración que los mismos hicieron a las fuerzas de seguridad y ante el trabajo de proximidad y al no haber denuncia ante el contexto en el que se localizaron, se establece la confianza en lo manifestado, lo cual puede haber diferentes hipótesis”
“No todos los liberados corresponden al evento del día 22, casos aislados. Los liberados ante el supuesto anterior pudieron ser instruidos por sus captores para declarar que eran parte de ese evento. Los trabajos de localización de los 66 ausentes corresponde al trabajo interinstitucional, por lo que el trabajo corresponde al trabajo y esfuerzo de todas las fuerzas de seguridad y corresponde a cada una de las instituciones bajo el ámbito de su competencia hacer las aclaraciones correspondientes, respetando la privacidad de los afectados y del debido proceso en favor de las víctimas”.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Revista Espejo que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
