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Once pueblos zapotecos recriminan a gobiernos de la 4T de faltar a su palabra y a compromisos firmados al apoyar empresa minera canadiense.
Exigen que gobiernos de Morena acaten este mandato judicial.
Por Aleymi León Flores, Pedro Matías y Diana Manzo / Pagina3.mx
Autoridades agrarias y municipales de 11 comunidades zapotecas se ampararon y lograron que el juez Primero de Distrito, en el estado de Oaxaca, Emmanuel Hernández Alva, determinara la suspensión de plano de concesiones mineras en sus territorios.
Las comunidades de Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Matías Chilazoa, Los Ocotes, El Vergel, Cerro de las Huertas, San Juan Coatecas Altas, San Dionisio Ocotepec, San Martín de los Cansecos, San Nicolás Yaxe, El Llano Sitio Santiago, integradas en el Frente No a la Minería por un futuro de todas y todos, exigieron a los gobiernos de la 4T y a la Compañía Minera Cuzcatlán acatar el mandato judicial que establece “no se les prive o despoje de su territorio”.
El juez Emmanuel Hernández Alva determinó la suspensión de plano a las 11 comunidades que firmaron el amparo: “para que las autoridades responsables se abstengan de privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad y posesión de los terrenos de régimen agrario, a las poblaciones de mérito, esto es, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que actualmente guardan y no se les prive o despoje de su territorio”.
En este contexto, “Compañía Minera Cuzcatlán, y autoridades federales y del estado de Oaxaca, por orden judicial no pueden entrar a nuestros territorios para promover ningún proyecto minero, ya que las concesiones mineras entregadas por el gobierno federal se encuentran en revisión por el sistema de justicia mexicano”.
Resaltaron que ante la negligencia y omisión de los gobiernos morenistas del presidente Andrés Manuel López Obrador y Salomón Jara Cruz, “decidimos recurrir ante el sistema de justicia mediante un amparo el día 05 de diciembre de 2023, para solicitar la cancelación de las concesiones mineras otorgadas en nuestros territorios sin nuestro consentimiento”.
Y es que “a partir de una serie de desacatos cometidos por el gobierno federal y violaciones sistemáticas a nuestros derechos perpetradas por compañía minera Cuzcatlán , 11 comunidades de Valles Centrales de Oaxaca decidimos (a través de nuestras asambleas comunitarias) recurrir ante el sistema de justicia mexicano para exigir la garantía y respeto de nuestros derechos territoriales”.
Explicaron que a través de sus asambleas comunitarias, desde 2011 determinaron que no permitirían la expansión del proyecto minero “San José”, por lo que recurrieron al gobierno estatal y federal en reiteradas ocasiones para comunicar su decisión.
Sin embargo, “lejos de reconocer, respetar y garantizar nuestros derechos, ambos niveles de gobierno intentaron promover la minería en nuestros territorios, violentando nuestro derecho a la libre determinación”.
La situación más grave, puntualizaron, se dio bajo el mandato de María Luisa Albores, a cargo de la SEMARNAT y José Carlos Fuentes a cargo de la SEGOB-Oaxaca, quienes en pleno proceso de diálogo con las comunidades determinaron otorgar 10 años de explotación comercial a favor de la empresa minera y promover reuniones con directivos de la empresa minera para negociar.
Resaltaron que las comunidades firmantes han sido contundentes durante 15 años porque “nuestras decisiones se encuentran expresadas en nuestras declaratorias de territorio prohibido para la minería”.
Hicieron hincapié que “los territorios indígenas de Valles Centrales nos encontramos en alerta máxima frente a cualquier proyecto extractivo, nuestra defensa ha sido en todo momento legal, pacífica y legítima”.
Ahora, “exigimos al Juzgado Primero de Distrito del estado de Oaxaca, garantizar nuestros derechos territoriales, toda vez que Compañía Minera Cuzcatlán y el gobierno federal vulneraron los mismos desde la imposición del proyecto minero “San José” y el otorgamiento de concesiones mineras y permisos ambientales sin nuestro consentimiento”.
El Frente No a la Minería le exigió al gobierno federal y estatal que respete y acate la suspensión de plano y establezcan medidas para el cierre definitivo del proyecto minero y la operación de la empresa minera en los Valles Centrales de Oaxaca.
Mientras que a la Compañía Minera Cuzcatlán (filial de la canadiense Fortuna Silver Mines) le recordó que “la imposición del proyecto minero San José y la pretensión de expandir el mismo, han violentado de manera sistemática nuestros derechos territoriales”.
Neftalí Reyes Méndez, integrante de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), manifestó que desde el 2011 al 2024 el gobierno federal (priistas, panistas y morenistas) han prometido que vana revisar a fondo las concesiones mineras, pero en la práctica ningún compromiso ha operado, por el contrario, María Luisa Albores otorga 10 años de explotación mas a este proyecto minero.
Ahora con este amparo ganado, la empresa minera y las autoridades federales están obligadas a respetar los territorios y no pueden ingresar y esta suspensión duraría mientras dura el proceso jurídico.
La empresa minera es la canadiense Fortuna Silver Mines con sus filiales Compañía Minera Cuzcatlán, Minerales de Oaxaca, Plata Panamericana y Geometales del Norte.
Finalmente manifestó que el hecho de que los políticos que en campaña prometieron defender a los pueblos indígenas y ahora siendo gobierno defiendan las inversiones extranjeras manda un mal mensaje muy fuerte para las comunidades que confiaron en su palabra y en las actas firmadas donde se comprometían a respetar la voluntad comunitaria y sus derechos territoriales, a tal grado que determinaron que no van a permitir la entrada de personal de la Semarnat ni de Segob en sus territorios.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Página3 que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
