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Por E. Araceli Fabián / @Lafabianne
Las condiciones del ejercicio periodístico en México han cambiado de forma significativa desde inicios del siglo XXI, debido a los avances tecnológicos vertiginosos y sin precedentes que generaron cambios en las prácticas y rutinas de producción informativa, así como a un mayor estándar en los niveles de profesionalización y, consecuentemente, un reajuste a las condiciones de su trabajo, que han evidenciado problemas de precariedad laboral al trabajar más horas y producir distintos tipos de materiales informativos para varios medios por una paga insuficiente.
De acuerdo con Data México (1), a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), los periodistas y redactores con mejores salarios en el cuarto trimestre del 2023 se ubicaron en los estados de Coahuila con 16,000; Tamaulipas 12,700 y Puebla 12,600 pesos, de acuerdo a la misma fuente, el salario promedio mensual, a lo largo y ancho de la República en este periodo de tiempo fue de $4,990 pesos. Por su parte, el informe del estudio internacional Worlds of Journalism (2023) para el caso de México, reportó que la mayoría de los periodistas encuestados trabajan 49 horas o más a la semana y perciben salarios que rondan entre los 9,000 y 15,000 pesos mensuales en promedio.
Además, quienes ejercen el oficio más bello del mundo, como lo describió Gabriel García Márquez, también se enfrentan a otro tipo de amenazas que atentan contra su seguridad, sobre todo, respecto del abandono del Estado para proteger, garantizar, respetar y promover la libertad de expresión y el acceso a la información y, en varios estados de la República, a la presión por parte de grupos del crimen organizado para cubrir cierto tipo de temas, así como las líneas editoriales que los espacios informativos deben tener.
Este tipo de presiones y agresiones, porque todas las referidas son violencias, no solo afecta a los periodistas de nota diaria o roja, sino también a los periodistas de investigación, que por la característica de su trabajo suelen desarrollar temas de largo aliento sobre asuntos relacionados, la mayoría de las veces, a temas de corrupción, impunidad, seguridad y violaciones a los Derechos Humanos, que suelen estar concatenados.
Como es sabido por casi todos, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo con 163 periodistas asesinados desde el 2000 a la fecha (151 hombres y 12 mujeres) registrando un aumento progresivo a partir del 2006, tras el inicio de la llamada guerra contra el crimen organizado emprendida por Felipe Calderón Hinojosa. Ante este estado de cosas, Reporteros Sin Fronteras (2023) (2) ubica a México en el lugar número 128 de 180 países, siendo uno de los que tiene mayor dificultad para el ejercicio informativo en la región, detrás de Perú, El Salvador, Bolivia y Guatemala, quienes se ubican en los lugares: 110, 115, 117 y 127 respectivamente y, por delante de Colombia, Nicaragua, Venezuela, Honduras y Cuba, en los lugares: 139, 158, 159 y 172, cuyos contextos son particulares y ameritan análisis específicos.
A partir de esta información podemos identificar similitudes en varios de ellos como es la presencia del crimen organizado y/o grupos armados en pugna por el poder político y económico de la región, así como países con gobiernos que ostentan un control irrestricto sobre los medios de comunicación. Estos datos nos permiten dar cuenta que las condiciones para el ejercicio periodístico de la región en general, es crítica, y que, en todos los casos, se disputa el control por la narrativa, la construcción del discurso informativo y las posiciones de los actores de poder.
En el caso concreto de México, esta disputa se hace evidente cuando se fiscaliza y cuestiona el quehacer de los funcionarios públicos y el posible vínculo de muchos de ellos con otros grupos de poder no institucionalizado, pero siempre presente, como el crimen organizado. Artículo 19 ha dado cuenta de ello en sus informes anuales, donde identifica a los funcionarios públicos como el principal agresor contra la prensa (204 casos registrados en 2023), seguido de las fuerzas armadas o de seguridad que, de igual forma, poseen responsabilidades públicas (83 casos) y en tercer lugar, se ubica el crimen organizado (57 casos), dato significativo, pues si bien existen amenazas, acoso y hostigamiento de grupos del crimen organizado que buscan censurar a periodistas estableciendo zonas de silencio (3), la prevalencia de este tipo de prácticas se da entre aquellos actores que tienen una responsabilidad pública e imagen política que salvaguardar, misma que se vería seriamente afectada en sus planes a futuro, sobre todo para quienes aspiren a reelegirse en el cargo o, deseen postularse a otro cargo de elección popular.
Fenómeno que se evidencia en una complicidad entre el funcionario y/o candidato “electo”, con el crimen organizado, pues tal como lo indica, Itxaro Arteta de Data Cívica en su entrevista para The Guardian (4), a propósito del asesinato de la candidata a la presidencia municipal de Celaya Guanajuato, Gisela Gaytán “the violence means that parties are struggling to find local candidates. Meanwhile, organised crime groups try to impose candidates on them”; razón por la cual, algunos funcionarios públicos electos ven en el trabajo periodístico de escrutinio a su responsabilidad pública y a sus vínculos o compromisos políticos, una amenaza latente.
Estas violencias que atentan contra la vida, dignidad personal y quehacer profesional de los periodistas, transgreden el funcionamiento de la democracia tal como la conocemos, pues atentan contra el interés público de todo ciudadano a estar informado sobre la cosa pública, dado que los sujetos que se convierten en figuras políticas por voluntad propia no han asimilado que desde ese momento son figuras públicas, por ende, sus actos también lo son y los definen y, en este orden de ideas, serán objeto de crítica y cuestionamientos. Los funcionarios públicos o quienes aspiren a serlo en una sociedad democrática, deben tener un mayor umbral de tolerancia a la crítica y promover la transparencia y rendición de cuentas en sus gobiernos, sin que ello suponga una afrenta política de índole público o privado, garantizando así el respeto por la libertad de expresión y el acceso a la información.
En este orden de ideas y a manera de conclusión, considero que es necesario que desde la academia continuemos reflexionando sobre los problemas que afectan al ejercicio periodístico en su labor de informar en sistemas políticos democráticos -o que aspiran a serlo-; sensibilizando y conscientizando a nuestro entorno inmediato e invitando a más ciudadanos a pensar el quehacer del periodista como un pilar fundamental de su existencia.
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(1) Data México del Gobierno de México. Consultado el 15 de marzo de 2024. https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/occupation/periodistas-y-redactores#:~:text=Los%20mejores%20salarios%20promedio%20que,la%20Llave%20(4.05k)
(2) Clarificación Mundial de la Libertad de prensa RSF 2023 https://www.rsf-es.org/clasificacion-mundial-de-la-libertad-de-prensa-rsf-2023-tabla-de-paises/
(3) Definidas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (2017), como “aquellas regiones en las que el crimen organizado tiene una fuerte presencia, los periodistas están en medio del fuego cruzado y en muchas ocasiones para salvaguardar sus intereses deben alinearse a los intereses de algún poder, lo que significa en ocasiones dejar de informar y guardar silencio” (p. 20).
(4) Graham, T. (2024, 02 de abril). Candidate for mayor of Mexican city of Celaya killed on first day of campaign. The Guardian https://www.theguardian.com/world/2024/apr/02/mexico-mayor-candidate-killed-celaya
