#RumboAl8M
Con el lema “este #8M por un aborto seguro y sin estigmas; por ti, por todas” Ipas LAC llama a los Estados en la región latinoamericana a garantizar plenamente el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, entre ellos el aborto y los servicios de anticoncepción.
Y es que, recordaron que toda maternidad forzada, impuesta o no deseada es una forma de violencia de género.
Por Redacción ZonaDocs /@ZonaDocs
Fotografía de portada Ximena Torres / @ximena_tra
“La falta de garantías para el ejercicio de estos derechos (reproductivos) violenta a las mujeres y las enfrenta a situaciones que ponen el peligro su vida, su salud y su libertad” afirma María Antonieta Alcalde Castro, directora de Ipas LAC, en un comunicado emitido en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Reconocer lo anterior es vital, puesto que, anualmente ocurren 33 millones de embarazos no deseados, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
Es decir, embarazos que suceden sin que la mujer o persona lo desee o que no dependen de ellas, desde violaciones hasta por fallas o desabastos en los sistemas de acceso a métodos anticonceptivos o de planificación familiar, destaca la organización. Esta es una situación grave y generalizada, en su informe “10 datos de salud pública para entender la importancia de despenalizar el aborto”, se estima que en países de bajos ingresos la falta de anticonceptivos afecta a 6 de cada 10 mujeres. En el caso de México el cálculo es de 3 de cada 10 personas jóvenes, las razones están vinculadas a cuestiones económicas, de distribución y cobertura insuficiente. En el caso específico de las mujeres adolescentes la cobertura es de sólo el 44.5%, en mujeres indígenas es de 58% y el 64% en mujeres rurales.
Las cifras se encuentran por debajo de las tasas de prevalencia de los métodos anticonceptivos en América Latina y el Caribe donde el porcentaje es del 74% y el 61% respectivamente, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Preocupa de manera puntual el caso mexicano, ya que, según datos de Ipas México, “los niveles exacerbados de miedo y control” sumados a la violencia en las relaciones de pareja, se relacionan “con la incapacidad para acceder a servicios de anticoncepción que les permitan la prevención de un embarazo no deseado”. En un estudio realizado por la OMS en 2005 se demostró que las mujeres que experimentaron violencia en sus relaciones de pareja tuvieron mayores niveles de embarazo no deseado que aquellas que no estaban en una relación violenta.
Por ello, “los Estados tienen la obligación de garantizar el disfrute de todos los derechos reproductivos, incluyendo la libre determinación sobre la maternidad y el acceso al aborto legal, seguro y gratuito” precisó la directora de Ipas LAC.
En ese sentido, en la coyuntura de esta fecha, resulta fundamental para la organización reiterar que todo embarazo forzado o no intencionado es “una forma de violencia de género, que sólo las mujeres o personas con capacidad de gestar enfrentan”. Así mismo, son el resultado de los contextos de indefensión que vulneran sus vidas de manera puntual.
Algunos datos recopilados por Ipas México en su informe “Violencia sexual y embarazo infantil en México: un problema de salud pública y derechos humanos”, dejan en evidencia la brecha de oportunidades entre la adolescentes embarazadas y aquellas jóvenes que tienen un embarazo después de los 20 años. Las primeras tienen una menor probabilidad de encontrar un trabajo, no acceder a una vivienda y tampoco a recibir educación.
Estos escenarios, advierten, es el resultado de “la violencia estructural” entendida como el conjunto de opresiones que se generan desde las estructuras sociales: política, leyes, religión, normas culturales y otras más que suelen beneficiar a determinados grupos sociales respecto a otros. Dicha violencia, afirma Ipas LAC “limita sus posibilidades (las de las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar) de decidir si desean un embarazo y cuándo lo quieren, así como su búsqueda de servicios de salud, lo cual impacta en su salud sexual, reproductiva, perinatal y materna”.
Y es que, si bien, Ipas LAC recuerda que “la expresión máxima de la violencia de género es el feminicidio” existen otra serie de violencias, lamentablemente cotidianas, que “merman las posibilidades de las mujeres para acceder a una vida libre de violencias”. Por lo tanto, asegurar que violencia de género también es la desprotección y violación de sus derechos reproductivos” es fundamental para avanzar hacia la prevención y atención de “este tipo de daño que las revictimiza y las enfrenta a otros tipos de prácticas violentas de manera crónica y simultánea”.
“El acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es un derecho que implica que ninguna acción u omisión, pública o privada, les cause daño o sufrimiento de cualquier índole: psicológico, físico, patrimonial, económico o sexual; y el aborto seguro es una posibilidad para acercarlas a este derecho y que se respete su autonomía, su integridad física, psicológica y moral. Sin discriminación y sin estereotipos basados en el género” finalizaron.
