Crónica
Esta es la octava entrega de una serie de crónicas en las que el autor nos lleva a cuestionar la realidad de nuestro estado. Una realidad que, a pesar de la negativa gubernamental, se presenta violenta, pero también esperanzadora por la lucha digna que dan quienes apuestan por la memoria.
Por Orestes
Gobiernos azules
Las generaciones previas al 2006, hemos atestiguado en tiempo real, los años más violentos del país en su historia contemporánea. Si bien en Jalisco ya sonaban delitos de alto impacto cometidos por estructuras criminales, como el secuestro y homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985; el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo (predecesor de Sandoval Iñiguez) en 1993; y la masacre en la discoteca Christine de Puerto Vallarta en 1992 cuando amanecía la poderosa figura de Joaquín Guzmán Loera,“El Chapo”, el pico de violencia desbordada creció enmarcado en el combate nacional iniciado a los pocos días de arrancar el gobierno de Felipe Calderon Hinojosa en 2006.
Calderón arribó a la Presidencia cuestionado en su legitimidad por el candidato de oposición, Andrés Manuel López Obrador, quien incluso como presidente en 2018 sostiene su acusación de fraude electoral en las elecciones de 2006 y permitió el ascenso de Calderón, opinión compartida por, básicamente, la mitad del país que votó por López Obrador.
De esta forma, es lógico suponer las espinas sociales, políticas, legislativas, económicas y de imagen que desprendía semejante tallo.
A su vez, el panista recibió un Estado al que colgaba un rosario de pendientes transicionales heredado por el mandato predecesor y también panista, Vicente Fox, cabeza del primer gobierno de cambio en la presidencia de México en el 2000, luego de más de 70 años de hegemonía política priista.
Entre los huecos de la banda tricolor que pasó Fox a Calderón, era notoriamente ancho el desarrollo de puentes políticos formales y de facto para establecer las directrices a fiscalías, ministerios públicos y autoridades federales de seguridad.
Voluminosas instituciones que, a pesar del desplome del dinosaurio priista, habían echado a andar por sí solas detrás de sus propios intereses, en la lógica que aprendieron del régimen pasado para ajustar sus estructuras.
Grandes flancos del aparato del Estado Mexicano estaban atomizados porque la limitada perspectiva que Vicente Fox tuvo desde el plástico negro de la indolencia que recubría su silla en Los Pinos, más aún si es comparada con la voracidad hegemónica que tuvo el andamiaje corporativista del PRI que elegía, quitaba, ponía, conocía, controloaba, castigaba y compensaba a sus operadores.
La responsabilidad de zurcir las estructuras del Estado quedó en manos de un Calderón rodeado de grietas políticas que dividían al país, nacientes de una división que se alargaría y profundizaría en los próximos años.
“Haiga sido como haiga sido”, el panista reclamó a los soldados que el cielo a la patria en cada hijo le dio.
En 2006 el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, se asumió rebasado por la sanguinaria disputa entre los grupos criminales, La Familia Michoacana y Los Zetas, elocuentemente narrada en la edición especial de Nexos por el periodista y cronista, Héctor de Mauleón, quien sitúa, durante la irrupción de 20 hombres armados en un bar de Uruapan el 7 de septiembre de 2006, el inicio del espiral mexicano de violencia que aún gira con afilada energía, segando vidas.
En la pista de baile de aquel bar lanzaron cinco cabezas decapitadas con un mensaje que atribuía el acto a La Familia Michoacana, en venganza contra Los Zetas. La respuesta del Gobierno Federal fue el denominado Operativo Conjunto Michoacán, arrancado el 11 de diciembre de 2006.
La declaración de guerra por parte del expresidente en su natal Michoacán le valió ciertos avances que impulsaron el lanzamiento acelerado de operativos similares en Baja California y Guerrero, así como en la zona del triángulo dorado, compuesta por Chihuahua, Durango y Sinaloa.
No obstante, estas embestidas ya no contarían con el factor sorpresa, complejidad institucional, ni la colaboración que tuvo del gobierno michoacano.
Orestes regresa a esa época a través de las páginas rojas de los diarios publicados en Jalisco durante la época: el Público que nació de las bases del celebrado periódico Siglo XXI, y que después sería Milenio; revisa en los últimos tirajes del Ocho Columnas que cerró en 2010; el decano de todos los diarios jaliscienses, El Informador, que entonces dividía en distintas secciones con varias páginas su nutrido contenido hasta el comienzo de su paulatino adelgazamiento; y Mural cuya cara presentaba una severa diagramación que se fue relajando; no así, su costo que en diez años superaró los 20 pesos.
Lee pequeñas historias de horror y se detiene para anotar con más tinta roja las palabras que llaman su atención, con ellas construye el nudo de una falsa nota:
“Luego de ser levantados por un convoy de sicarios, dos presuntos halcones fueron cocidos a balazos por miembros de una cédula rival, quienes inhumaron a los occisos. Testigos describieron a los victimarios como ‘policías con tenis’ que afirmaban trabajar para el dueño de la plaza”.
Recuerda perfectamente cuando conoció el significado de la palabra sicario, su maestra de Español en primer grado de secundaria tuvo que explicarlo al grupo, tras el escándalo que se armó en el colegio porque un compañero amenazó a otra con presentarle a su hermano sicario.
El padre de Orestes añadió que la palabra tenía su origen en el Imperio Romano: Sīcārĭus que era un adjetivo plural y literalmente significa asesino, porque fue creada con base en sica, la daga habitualmente usada para ejecutar asesinatos políticos en el Imperio.
Después supo que un halcón es un vigía que pasa información del territorio (la plaza) a la agrupación local que pretende mantener el control. Y mientras los campistas estadounidenses que protagonizan las películas del género slash, temían a Jason y su máscara de hockey o al Michael Mayers de Halloween, las historias de terror que Orestes escuchó en sus primeros campamentos,eran protagonizadas por “militares o policías con tenis” que retenían y despojaban a los scouts.
¿Qué tan encabronadamente saturado y repetitivo debe ser el uso de nuevas palabras para robustecer notoriamente en seis años el léxico de toda una nación? Si en los ochentas el “chispoteo” de Chespirito se agrega al uso en el español de México, los dosmiles tienen su propio sello.
Este país rico en distintas formas de habla tuvo que inventar y/o aprender verbos nuevos para llamar o atenuar atrocidades como pozolear cadáveres o encobijarlos; redefinir sustantivos para denominar “mula” a quien transporta droga subrepticiamente; así como encriptar los nombres de las drogas que transporta esa “mula”: el bazuko, cristal, mona o perico; además del trémulo prefijo narco, deliberadamente alentado o prohibido según el objetivo de cada una de las redacciones de medios jaliscienses: narcobloqueo, narcomanta, narcomensaje y los colosales “narcocultura” y “narcoestado”.
Antes de cuantificar sus cifras bancarias, capacidad armamentística o cualificar su relaciones con mandos gubernamentales, Orestes dimensiona el poder del narco a través de su afectación en el lenguaje, su nivel de penetración en el habla popular, reportes policiacos, médicos, el arte, discursos políticos, cátedras, tesis y medios de comunicación se consolida¡ hasta hacerse de su propio espacio en el Diccionario del Español de México, realizado en 2017 por el equipo del lingüista Luis Fernando Lara, investigador del Colegio de México que declaró para la Agencia AFP que el nuevo vocabulario del crimen en México se había desarrollado a tal nivel que se vieron obligados a incluirlo. Eso es poder.
Para junio de 2008, el empresario Alejandro Martí conjuga un poderoso reclamo al gobierno y sus autoridades: “Si no pueden renuncien”, espetaba airadamente como padre de un menor secuestrado durante el supuesto retén de la policía Federal y luego asesinado, a pesar del pago de un rescate de 6 millones de dólares.
La respuesta que dio el Gobierno Federal al evidente hartazgo social, a solo dos años de arrancada la estrategia, fue la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad de Justicia y la Legalidad el 21 de agosto de ese año. El acuerdo era sostenido por la firma de los representantes de los tres poderes y tres órdenes de gobierno, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosas.
Su contenido establecía 74 objetivos, aquí un par: el despliegue de elementos federales, únicamente, de forma transitoria y que las operaciones conjuntas en los estados, antes referidas, tenían el propósito de mantener la estabilidad y profesionalización de las policías locales. Palabras vacías firmadas en papel mojado.
Durante los años del calderonato, Jalisco fue gobernado por Emilio González Márquez, el segundo panista en el cargo. Decir que la cifra de homicidios dolosos en el estado se disparó de 425 en 2006 a mil 183 al 2012, evidencia, la multiplicación de muertos, pero también el tipo de lectura y procesamiento rápido que automáticamente nos es ofrecido y tomamos sobre estas vidas interrumpidas. De hecho, se parece mucho al trato institucional que han denunciado millares de víctimas, por parte de las autoridades que lo han convertido en un estilo.
En 2023 un grupo de ancianos que colocan veladoras en la plaza pública de Lagos de Moreno para pedir por los cinco jóvenes desaparecidos, aseguran que Jalisco vive un abaratamiento de la vida, no visto desde la Revolución o la Guerra Cristera.
Orestes pide a los ancianos que describan todo lo que se alcanza a ver desde su mirada de viejos, mirada larga y reservada. Mirada que muchos aún no conseguimos y otros muchos, a propósito de todo esto, no la tendrán nunca.
Ellos que nacieron en las décadas de los cuarenta y los treinta del siglo pasado, vaticinan que seguirá creciendo la cantidad de futuros violentamente interrumpidos porque se sistematizó y especializó el homicidio como herramienta de negocio, “Ya se les hizo fácil”.
Dan su testimonio sobre la estela de gritos doloridos y silencios aterrados que vinieron a presenciar ahora de viejos, como lo hacían de niños cuando se les aparecía La Llorona.
Reconocen cómo las cifras de terror han sido intencionalmente agrupadas en formatos prístinos. Las etiquetas informativas ofrecen un ordenamiento rápidamente accesible y menos doloroso, procesamientos matemáticos para no verle la cara a la bestia, vidas número, muertes número.
Los ancianos acusan un nuevo pensamiento abstracto que hace de atajo para el largo camino de crímenes violentos, tantos que se volvieron inenarrables para el Estado ocupado en resumir el relato de las atrocidades.
Paulatinamente se hundía bajo cubiertas de sangre espesada por el impune tiempo corrido, apretados entramados que resultaban de la unión de hilos de sangre roja prestos a constituir gruesos fardos coagulados.
Hagamos el procesamiento con dignidad, conscientes de que cada número es una vida, sigamos llenando nuestras mentes con esas aulas que también se atiborran de cadáveres, vecindarios o estadios para dimensionar con la respetuosa gravedad que los relatos no suelen ofrecer a sus memorias.
Así es más reconocible el tamaño crítico de esa bestia que alzaba su cabeza mientras comenzaba a agarrar calor en 2007 y hasta 2010, cuando los asesinatos en Jalisco crecieron un 125%, según la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJEJ): de 389 en 2007 a 879 en 2010.
Para noviembre de 2012, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública reclamaba a González Márquez el avance sin freno de esta crisis, a pesar de la inversión multimillonaria e incrementada en un 40% que realizó en intentona por controlar la duplicación de los índices delictivos reflejada en la ZMG y los municipios al interior del estado, luego de múltiples fotografías que sin duda hicieron recordar tanto al ex gobernador Emilio y a la ciudadanía los días más negros en los estados de Sinaloa o Michoacán, entidades que para ese entonces simbolizaban el arrase criminal como consecuencia de la política de seguridad de Calderón.
Orestes recuerda cómo las pesadillas de su adolescencia y hasta la juventud se fueron poblando cada vez más con las amenazas que puntualizaban las noticias, en tanto las fantasías abandonaban esos sueños.
¿Qué tipo de pesadillas irrumpirían el sueño del ex gobernador panista por aquellos días? Se pregunta Orestes, no sin desear que hayan sido muchos, así al menos podría decirse que la violenta tragedia social del lugar que gobernó, de alguna manera, impactó su conciencia.
Piensa en cómo los escenarios podrían haber sido protagónicos en las pesadillas de Emilio González, le llega a la mente la inconclusa escultura de los Arcos del Milenio, donde el 24 de noviembre de 2011, muy temprano, abandonaron cuatro vehículos con 26 cadáveres dentro.
Aquella mañana, nadie reportó la circulación de las camionetas por la siempre fluida avenida Lázaro Cárdenas. De hecho, este exhibicionismo fue el punto de inflexión que motivó a la inversión de mil 500 millones de pesos en un crédito solicitando para la videovigilancia del estado que paradójicamente y luego de 12 años las miradas jaliscienses mirarían con sospecha por su ceguera durante atrocidades que estarían por venir.
Orestes despliega el pantano onírico de González Márquez y empieza a situar otros puntos como en un mapa: el puente atirantado Matute Remus fue el siguiente, con gran sentido, pues la obra buscaba ser la joya de ingeniería civil que expresaría al mundo el progreso de la Ciudad, al tiempo que engalanaría el azul panista de su tocado gubernamental.
Pero la realidad venció los tirantes y ese 2011 el mundo conoció el atirantado de Emilio por las fotografías del 2 de febrero, cuando el crimen organizado incendió un minubús debajo del puente recientemente inaugurado, como parte del segundo narcoataque a la ciudad.
¿Soñaría la mente católica de Emilio con el reproche de nuestra patrona pagana La Minerva quien también presenció un granadazo que cobró seis vidas e hirió a 37 jóvenes en una discoteca próxima al monumento que se erige en la entrada de la capital jalisciense?
Y si estos sucesos no pasaron factura en el inconsciente del ex gobernador, sí que lo hicieron a su propio capital político, al del partido y al de Felipe Calderón quien en un opuesto 2006 encontró en Jalisco un bastión clave para su victoria. Al término de su sexenio, los jaliscienses ya no tenían una opinión favorable del político, a quien reprochaban la crisis desatada por la guerra contra el narco, según el propio Gabinete de Comunicación Estratégica.
Durante su mandato, el ex presidente asistió a Jalisco únicamente para inaugurar obras y foros de carácter nacional, quedando muy lejos de armonizar resultados con las promesas de quien se vendió como el que sería el presidente del empleo.
Ya en el ocaso de su sexenio lanzó una invitación para matar dos pájaros de un tiro, en voz de su súper policía y ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actualmente encarcelado y declarado culpable por delincuencia organizada en Estados Unidos: en junio de 2011 invitaron a jóvenes mexicanos egresados del bachillerato o la universidad a sumarse a la Policía Federal de García Luna por 22 mil pesos mensuales, contadores, ingenieros y hasta psicólogos fueron convocados en el mensaje secundado por Calderon quien pedía considerar a la Policía Federal como una opción de vida y desarrollo profesional.
De 2007 a 2010 Jalisco reportó un específico incremento de 747% de homicidios con relación al hampa, pasando de 70 en 2007 a 593 en 2010.
Así como López Obrador y Marcelo Ebrard, como su secretario de Relaciones Exteriores, atinaron a compartir responsabilidades con Estados Unidos ante cada uno de sus señalamientos sobre violencia en México y tráfico de drogas, bajo el argumento de la facilitación de armas por parte del mercado estadounidense, ya desde el sexenio de Felipe Calderón, el panista había pronunciado en foros internacionales y mensajes a la nación un par de puntos de necesaria atención.
En el ocaso de su mandato expuso que la restricción al consumo de drogas debía acompañarse del control de armas e hizo énfasis en que los intereses de la industria armamentística estadounidense eran de los mayores obstáculos con los que se habían topado las fuerzas nacionales mexicanas en el combate sostenido durante su administración.
Calderón también calificó como incongruente la política de contención del tráfico de drogas entre jóvenes de naciones en desarrollo mientras promovía los supuestos méritos medicinales de ciertas drogas en otras naciones. En la cúspide de este primer saque, el panista afiló más la postura después del incendio provocando en el casino Royale de Monterrey que costó la vida a 52 personas en agosto de 2011, y agregó que si EUA se había resignado a consumir drogas, buscara las alternativas de mercado para cancelar las grandes tajadas de dinero que obtenían los criminales mexicanos, planteamiento que fue interpretado por expertos en seguridad como un giro al discurso oficial mexicano sobre la lucha contra las drogas, abriendo sus canales para dialogar sobre su legalización.
La postura fue tibia y a las palabras se las llevó el viento sin nunca haber obtenido recepción de su homólogo estadounidense, Barack Obama, cuyas orejas resultaron más republicanas que demócratas, respecto a este tema.
Para 2020 el gobierno de López Obrador emitió una nota diplomática a EUA donde lo exhortaba a informar si Felipe Calderón supo del operativo de 2009 denominado “Rápido y Furioso”, exhibido por Wikileaks y echado a andar por autoridades estadounidenses que posibilitaron el tráfico de armas a México, con la supuesta intención de rastrearlas para dar con el último y criminal nodo mexicano de la red de tráfico armamentístico, cuyos únicos resultados sería el derramamiento de más sangre en territorio mexicano por la adquisición de dichas armas.
En su último informe de gobierno, Felipe Calderón sostenía su rostro ante la nación soportado por lo que destacaba como sus resultados: la captura de algunos jefes de organizaciones criminales y miles de su personal de baja jerarquía, además del intento por reestructurar las instituciones que Fox dejó colgadas.
La aprobación de la Ley General de Seguridad Pública en enero de 2009 buscaba establecer las responsabilidades de coordinar a los órdenes de gobierno en materia de procuración de justicia, profesionalización policial y readaptación social. Así como delegar al Consejo Nacional de Seguridad Pública como la instancia superior del sistema de seguridad para defender políticas en la materia. El Consejo tendría la facultad de suspender recursos a entidades federativas y municipios que no cumplieran con los objetivos establecidos; sin embargo, el diseño del Concejo donde participaban tanto el Presidente como gobernadores y secretarios de Estado, contaminaron de política las decisiones tomadas.
En ese punto sólo el mexicano más iluso pudo haber esperado que la guerra fuera ganada por el Estado para la sociedad. Los actores principales en este nuevo escenario eran narcotraficantes entrenados para saber cómo incendiarlo todo, las filas de sus respectivos sicariatos, así como las autoridades perfiladas y activadas para combatirlos frontalmente, mostraban poco interés por finalizar el combate que, después de todo, era lo que justificaba en ambos lados su razón de ser.
La exploración histórica permite entender cómo surgió y desarrolló el tráfico de drogas en México, uno de los componentes de la relaciones de poder que se han tejido desde la constitución del Estado posrevolucionario
Expertos que en años recientes se aventuran en la retrospectiva de lo que fue el gobierno de Calderón, sostienen que las fuerzas democráticas deben evitar caer en una situación similar a la de Rusia, donde los desplazados de la vieja estructura de poder político y policiaco constituyen el núcleo duro del crimen organizado. En nuestro país esas fuerzas operaban en esa esfera pero de manera legítima durante las épocas del PRI.
De esta forma, la guerra contra las drogas se antoja interminable e incluir el tráfico de drogas como asunto de seguridad nacional es eternizar la presencia militar en el combate. Como veremos hasta la actualidad.
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Lee aquí el resto de las crónicas que componen esta pieza periodística:
Parte I:
Parte II:
Parte III:
Parte IV
Parte V:
Parte VI
Parte VII
