Crónica
Esta es la séptima de una serie de crónicas en las que el autor nos lleva a cuestionar la realidad de nuestro estado. Una realidad que, a pesar de la negativa gubernamental, se presenta violenta, pero también esperanzadora por la lucha digna que dan quienes apuestan por la memoria.
Por Orestes
Historia de la historia
Al investigar la historia de las drogas en México, Orestes encuentra un país que en las primeras décadas del siglo XX no estigmatiza el consumo de ciertas sustancias, de hecho, algunas propiedades psicoactivas son conocidas y empleadas históricamente en diversas regiones de México de forma medicinal o litúrgica.
Sin embargo, al correr la centuria el polo occidental del mundo, ya dividido por las guerras mundiales, establece el prohibicionismo de las drogas. Y es nuestro vecino, Estados Unidos, el país que asume la rectoría mundial que hará valer los acuerdos establecidos en la pirámide occidental donde ocupa la cima.
Aún no termina la Guerra Fría y el águila calva ya ha comenzado a mirar el nuevo frente para la justificación de su estrategia, que algunos académicos han denominado “política del miedo”: la Guerra contra las drogas.
Del comunismo al narcotráfico. La política de seguridad nacional de EUA carga sus baterías al patio trasero, el águila se convierte en cóndor: la Operación Cóndor, un intervencionismo basado en los supuestos riesgos de infección comunista en América Latina; pero que reserva a México su propio argumento y arranca con la destrucción de sembradíos de droga.
De 1975 a 1978 los suelos de Chihuahua, Sinaloa y Durango, el triángulo dorado del narcotráfico, reciben la semilla de una violencia sistemática que devendrá en años posteriores.
Si bien, en esas décadas ya se habla de los primeros zares mexicanos del narcotráfico, Orestes piensa en la segunda generación de capos mexicanos que se alzaran como los poderosos líderes y artífices de los ríos de sangre que brotarán del complejo siglo XXI que por esos días, aún se antoja lejano.
“El Chapo” Guzmán, los hermanos Beltrán Leyva, si alguna vez han conocido la vulnerabilidad, es fácil creer que pudo ser aquellos días en los que eran aún imberbes, menores de edad, sin educación y atestiguando la intervención, el aplastamiento y el desplazamiento de campesinos y traficantes forzados a dejar sus tierras. Desde sus primeros años de vida, estos jóvenes y futuros capos ya se han asumido ajenos al garigoleo de términos como legalidad o Estado de Derecho.
El contraste se vive en Guadalajara que florece en los ochentas como centro operativo del narco mexicano. El negocio es tan rentable que se permite cobrar a los legendarios cárteles colombianos el necesario paso por México para que su cocaína llegue a EUA.
Drugs War
En este punto Orestes infiere que la frase “Guerra contra las drogas” es una configuración que va cargada de un montón de significados políticos, éticos y estratégicos que se activan siempre que se les convoca. El gran referente de Orestes se remonta a su infancia, durante el gobierno del panista, Felipe Calderón; sin embargo, tal estructuración nació muchos años atrás, es más, la proclama ni siquiera es hecha en México.
El ex presidente de EUA, Ronald Reagan, exporta a nuestro país la guerra contra las drogas que el también ex mandatario estadounidense, Richard Nixon, echó a andar al interior de la Unión Americana desde 1970.
Cuando EUA determina la postura que tomará respecto al tráfico y consumo de drogas, el único margen de acción que deja para México (su principal proveedor) es participar en la creación conjunta del nuevo enemigo de la seguridad binacional.
En los ochentas y noventas la proporción del negocio de la droga en México es mayúsculo:
“¿Qué onda con estos narcos?: ¿Son campesinos o son empresarios?; ¿son criminales violentos e ignorantes o emprendedores que se han revelado contra la pobreza estructural a la que su país les hubiera condenado? ¿Son marginales o necesarios engranes para la élite?”
La historia de los narcotraficantes mexicanos resulta estar constituída por una buena dosis de elementos pero no son los colores que enrollan estas figuras lo que llena de preguntas la cabeza de Orestes, sino las ausencias.
“¿Cómo diablos sembradores, campesinos en las provincias de la provincia, históricamente ignorados, consiguen abrir los portones de la fortuna, siempre vedados y fuera del alcance?; ¿De dónde surgen los conocimientos y el acceso a las columnas financieras, políticas; el mapa claro que indique los caminos hacía las inversiones, hacía la frontera, la legalidad simulada y las relaciones apalancadas que permiten la movilidad social con éxito?”
Es lógico que el éxito narco requiere involucrar a políticos, banqueros, autoridades, jueces y empresarios, pero históricamente los juicios y encarcelamientos son reservados exclusivamente para traficantes y policías. El Estado Mexicano supo exprimir a su favor el escaso rango de acción que le permitió EUA.
El académico Luis Astorga acusa en “El Siglo de las Drogas” la desigualdad social del país que ejemplifica con “la inexistencia de un Poder Judicial verdaderamente autónomo, respetable y creíble”.
En la mira de EUA
El chispazo para acelerar la legitimación de la guerra binacional en contra de las drogas, salta en Guadalajara.
El 7 de febrero de 1985, el agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, es secuestrado por hombres armados cuando salía del consulado de EUA. En sólo cinco días, el embajador estadounidense y el titular de la DEA señalan en conferencia de prensa que la capital de Jalisco es el principal centro de operaciones del narcotráfico nacional e internacional, cifran 18 bandas y 75 sujetos que controlan el negocio ilegal en todo México.
Antes de terminar el mes, el Estado Mexicano, a través de la PGR, responde con lo que creyó su mejor carta: negando cualquier nexo de la policía con grupos criminales bajo el estúpido argumento de haber aumentado al 100 por ciento el salario de los oficiales.
Sin embargo y por si se ocupa, la PGR ya tiene perfilados a los chivos expiatorios que exigirán los estadounidenses: Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Juan José Esparragoza Moreno, Jorge Favela Escobosa, Jaime Herrera y Juan Carlos Labastida.
Luego de confirmarse el asesinato de Camarena, la DEA embrabece sus embestidas contra la PGR. Finalmente la Procuraduría debe aceptar que hay corrupción en sus elementos, al tiempo que devela el centro de la diana sobre las cabezas de Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, cuyo sacrificio resulta tan lógico como sus móviles para matar a Enrique Camarena.
El agente había contribuido ampliamente en la Operación Padrino, efectuada por la DEA, operativo que amputó tajos importantes a los negocios del par de ostentosos capos, quienes se mostraban cada vez menos interesados en mantener bajo su perfil público.
Rafael Caro originario de la Noria, Badiraguato, Sinaloa, era descrito como el jefe de un ejército de narcotraficantes armados y dueño de 36 casas en Guadalajara, accionista de 300 empresas en la ciudad y poseedor de una fortuna estimada en 100 mil millones de pesos.
En tanto Ernesto Fonseca era ubicado como el jefe de Caro Quintero y Félix Gallardo, quienes ocupaban el tercer y segundo puesto en su jerarquía organizativa, respectivamente.
La popularidad de Caro Quintero crece con el supuesto secuestro de su conquista Sara Cosío, una joven de 17 años y sobrina de Guillermo Cosío Vidaurri, futuro gobernador de Jalisco.
El 4 de abril de 1985 Caro es capturado por la policía de Costa Rica gracias a informes de la DEA. En Puerto Vallarta es aprehendido Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, justo en la casa del director de seguridad pública de Ameca, Candelario Ramos.
Tardan más para capturar a Félix Gallardo en Guadalajara pero finalmente cae en abril de 1989, en un contexto donde el presidente Carlos Salinas de Gortari busca legitimarse, tras la sombra del denunciado fraude electoral de 1988.
La captura fue un terremoto con epicentro en Jalisco pero resentido bravamente en la capital sinaloense; el día de la captura el Ejército detiene al jefe de la Policía Judicial de Sinaloa, al director de seguridad pública municipal de Culiacán y toma el edificio de la policía municipal. Así mismo, establece vigilancia en las vías de comunicación, en oficinas de la delegación de la PGR y realiza rondas en la ciudad.
Por cada cabeza que Hércules cortaba a la Hidra de Lerna, aparecían dos más. La captura de Miguel Ángel Félix Gallardo tiene el mismo efecto. Los destapes de corrupción institucional, las caídas de los capos patriarcas que descabezan sus organizaciones, de por sí golpeadas son combustible para comenzar el incendio.
A principios de los noventas el ahijado y el abogado de Félix Gallardo son asesinados. En Sinaloa los homicidios, secuestros y disparos comienzan a producirse entre aguas turbias y mucho ruido. La única rendija supuestamente clara es la versión que el gobierno mexicano cuenta.
Oficialmente se habla de una lucha entre bandas desde 1988, cuando Félix Gallardo habría sido el autor intelectual de la muerte violenta de la esposa e hijos de Ernesto “El Güero” Palma, su ascendido ex gatillero hasta rivalizar y dividir al grupo. La venganza de Palma también cargó con la vida de parientes y cercanos a Félix Gallardo.
Para entonces, Joaquín Guzmán ha crecido en edad e influencia como socio de Palma, de hecho, ambos son sospechosos del homicidio intelectual de Emilio Caro Payán, supuesto jefe del cártel de Guadalajara.
La capital jalisciense vuelve a jalar la atención pública cuando estalla una bomba frente al hotel Camino Real, la madrugada del 12 de junio de 1994, a metros del salón donde departían las familias emparentadas con Caro Quintero, los principales sospechosos de la PGR son los hermanos Arellano Félix.
No obstante, la DEA ve por encima del discurso oficial y asegura que los verdaderos jefes del tráfico de heroína y cocaína no son los capos sinaloenses detenidos sino políticos y funcionarios, línea que la PGR cubre y recorta hasta limitar sospechas a la esfera policíaca.
En los setentas, militares y autoridades se hacen del mando de ciudades y pueblos mexicanos que le son estratégicos para el cobro de impuestos a narcotraficantes, con el fin de financiar las guerrillas de Honduras y Panamá, según testimonios recogidos por Anabel Hernández para “Los señores del narco”.
La periodista escribe en su libro que luego de su primera fuga,“El Chapo” Guzmán convocó a una cumbre de organizaciones criminales sinaloenses para repartir pacíficamente el negocio: se creó La Federación y fue integrada por el cártel de Sinaloa, el de Juárez, los Beltrán Leyva y representantes de La Familia Michoacana.
Después de efectuarse la alianza de cárteles contrarios a las agrupaciones de los Arellano Félix, en Tijuana y la del Golfo de Osiel Cárdenas; la captura y extradición de Benjamín Arellano; así como la muerte de su hermano Ramón Arellano, surge la teoría de que el gobierno federal mexicano coopera con los cárteles que integran La Federación.
Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Luis Echeverría, fue detenido en agosto de 1989 en Texas, pues supuestamente la casa en Guadalajara donde Camarena había sido torturado y asesinado fue vendida por Zuno, un mes antes de los secuestros, a una persona cercana a Caro Quintero.
Años después testigos pagados por la DEA, señalaron a Zuno y a los titulares de Gobernación, Manuel Bartlett; de la PGR, Enrique Álvarez del Castillo; y de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui como autores intelectuales del crimen. En 1992 un jurado declaró a Zuno culpable y fue sentenciado a cadena perpetua.
El cardenal
El 24 de mayo de 1993, el arzobispo de Guadalajara, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y su chofer Pedro Pérez García mueren tiroteados en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara, según la versión de la PGR, murieron en medio de una emboscada entre bandas de traficantes sinaloenses: el Chapo Guzmán de la banda conocida como los serranos, era el objetivo original de los hermanos Arellano Félix, los urbanos, supuestos parientes, herederos del negocio y enemigos de Félix Gallardo.
El prelado era un prominente tapatío y las primeras versiones sobre su ataque en la terminal aérea despertaron incredulidad más que ambición por la nota.
Orestes consulta a los reporteros y camarógrafos que trabajaron ese día la cobertura en primera línea, coinciden en que el trayecto al aeropuerto era impulsado más por la premisa de desmentir lo que parecía un rumor absurdo.
Sin embargo, en el lugar aún había rastros pavorosos en los usuarios que atestiguan la primera y después la segunda balacera.
Los comunicadores dieron seguimiento a la versión oficial del Gobierno Federal sobre la confusión y consecuente muerte del cardenal; así como a las voces del gobierno estatal, entonces de extracción panista y de la Iglesia Católica, incrédulos e insistentes en que el religioso fue callado eternamente porque tenía información delicada sobre la colusión de autoridades con el narcotráfico.
Los informes detallaron 14 disparos directos, a corta distancia; un crimen doloso, premeditado, alevoso que se resolvió argumentando una confusión entre criminales.
¿Cómo quedaron repartidas las responsabilidades? Bien, a la fecha hay cuatro personas detenidas por su presunta implicación, uno más murió en su celda, días después del crímen, La posibilidad de averiguar la identidad de los asesinos intelectuales se ha desvanecido con el paso del tiempo.
Si bien los Arellano Félix, fueron los autores intelectuales, según la versión oficial que adolece de credibilidad y condenas, han pasado 30 años y han muertos la mayoría de los actores medulares de este caso:
Está muerto Jorge Carpizo McGregor, entonces procurador general de la República, hasta el año siguiente del crimen, cuando tomó el puesto titular en la Secretaría de Gobernación, en el último tramo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Están muertos Ramón y Rafael Arallenao Félix, el primero asesinado en 2002 en Mazatlán y el segundo en 2013 en Los Cabos, mientras que sus hermanos Benjamín, Rafael y Ramón fueron extraditados a Estados Unidos.
Está muerto el prelado Girolamo Prigione, quien dimitió como nuncio apostólico el 2 de abril de 1997 y será recordado por su encuentro con los hermanos Arellano Félix en la Nunciatura, después de su presunta participación en el asesinato del cardenal Posadas.
Únicamente sobreviven dos hombres clave en este crimen, desde sus trincheras, de polo a polo, El Chapo Guzmán y el cardenal emérito, Juan Sandoval Íñiguez.
“El Chapo” fue detenido, días después del asesinato, en Guatemala y extraditado a México. En 2001 se fugó por primera vez del penal de Puente Grande, en Jalisco.Fue recapturado en febrero de 2014, hasta su segunda fuga el 11 de julio de 2015.
Para el 8 de enero de 2016, cuando fue su tercer arresto, “El Chapo” ya era el hombre más buscado del mundo, por lo que se le aplicó la extradición a los Estados Unidos el 19 de enero de 2017, donde cumple cadena perpetua.
Por su parte, Juan Sandoval íñiguez, fue nombrado arzobispo metropolitano de Guadalajara el 21 de abril de 1994 y sigue como arzobispo emérito de la diócesis. El religioso no ha quitado el dedo del renglón y 30 años después del crimen impulsa fervorosamente la hipótesis de que el asesinato de Posadas no fue por un fuego cruzado entre cárteles.
La Iglesia Católica aún gime por la herida abierta y reclama el abandono a la búsqueda de la verdad. Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del Arzobispado de Guadalajara, habla en nombre de la feligresía cuando exige la verdad sobre quién y por qué mataron al cardenal y crítica la falta de voluntad de gobiernos y autoridades para conseguir e informar la realidad, antes como en la actualidad.
La rivalidad entre los Arellano Félix y “El Chapo” escaló en disputas por los cobros impuestos de los hermanos para pasar droga por Tijuana, En 1989 asesinan a Armando “El Rayo” López, amigo y socio de Guzmán Loera. El 8 de noviembre de 1992, en la discoteca Christine, en Puerto Vallarta, un comando asesinó a los pistoleros de los Arellano Félix.
El académico Luis Astorga especifica en su “Historia de las drogas en el siglo XX” que las bandas de traficantes en regiones del país como Sinaloa o Jalisco, enfrascadas en una lucha feroz durante aquellos días, no aplicaban en la denominación de ‘cárteles’ que les impusieron las autoridades gubernamentales y la prensa, pues no eran una concentración libre de jerarquías o con objetivos comunes.
Al contrario, eran públicas las rivalidades entre grupos que operaban en territorios disputados constantemente, puesto que los dominios nunca estaban asegurados.
El fenómeno es descrito más bien como un mercado de competencia abierta con dinámicas de control social, donde la única ley es la de la selva, la del más fuerte. Y cuyos agentes trabajan con lógicas empresariales propias del liberalismo económico. A pesar de que haya estructuras dominadas por los grupos más fuertes.
Otros cómplices
Para que el negocio fluya y se sostenga, se mata a la vaca pero es necesario que muchos jalen la pata: deben adquirirse tierras de cultivo y ranchos ganaderos (preferentemente con pista de aterrizaje). El tráfico de mercancías es sólo el arranque, el dinero obtenido por negociaciones ilícitas exige su propio tratamiento especial: lavadita y planchadita, inversiones en bienes raíces, construcción, al sector terciario o financiar campañas políticas.
La fortaleza de los traficantes sinaloenses exhibía una sólida protección que contrastaba con la de traficantes en otros puntos del país.
Antes de terminar el siglo XX, comenzaba a hablarse de grupos mimados, los favoritos envalentonados hasta la prepotencia que no mostraban miedo ni prudencia, y desbordaba en lo sanguinario hasta llamar la atención de las autoridades en México y EUA, que les cobrarían factura. Mal para los consentidos defenestrados y mejor para los traficantes que operaban con bajo perfil. La historia del cartel de Medellín, en México; o Sinaloa como Sicilia.
Apunta Astorga que el control del entramado lo tenía el Estado Mexicano, a través de instituciones para supuestamente combatir el tráfico de drogas y traficantes.
Tales instituciones habían aprovechado sus años en consolidar su propio ecosistema alterno, intereses y normas. Una estructura de poder al interior del mismo Estado que imitaba su engranaje.
Negocios son negocios y efectuarlos mantuvo al régimen desde su centralismo con el control del aparato, tan robusto que no permitía a ninguna otra estructura hacerle sombra.
Ningún poder es alterno, son comensales en la mesa corporativista en la que reservan lugar para instituciones, agentes sociales ¿más vino, cubertería, o postre? Pidan, pidan para que el negocio fluya aunque la mesa sea del régimen y a la cabecera nadie más se acerca, ni la mira.
Si se atraviesan los gringos, negocios son negocios ¿éramos socios? Los peones y fusiles sirven para aplicar las presiones y castigos que Estados Unidos exige.
Los ex socios se convierten en reemplazables y lo importante es mantener relaciones y posiciones para fijar las reglas implícitas, para tener margen rápido de reestructurar, dar ejemplares coscorrones a cualquiera de los peones-aspirantes que, ya sea por reciente ingreso, antigüedad o acumulación de poder, se atrevan a quebrar las reglas y plantear otras. Cero autonomía para los narcos e instituciones en la mesa del régimen, aunque la exijan a plomazos.
Sin embargo, ni el PRI es eterno en el mundo, y esta mediación entre política-gobierno con el tráfico de drogas se agrietaba conforme la oposición tomaba zonas de poder.
El régimen se despintaba en el Congreso, en gobiernos locales (en 1989 el PAN consigue su primera gubernatura) y finalmente, en el 2000, la Silla Presidencial. La alternancia resquebraja al sistema político presidencialista, corporativista, igual que al partido de Estado.
Adiós a la Dirección Federal de Seguridad, adiós a los sistemas de intermediación, prepotentes o no. Aunque ello derivará en autonomía de los traficantes de drogas, respecto del poder político. Y después haya que llamar desesperadamente al Ejército, como medida de excepción para ver si se puede recuperar la contención y control del negocio del tráfico.
Las autoridades ajenas al PRI, fuera del mecanismo fáctico, rompen las reglas del juego que solían seguir la PGR y el Ejército; estas instituciones, tal como ocurría con los policías locales, quedarían a medio camino de fidelidades, consagrados a los viejos poderes, los nuevos e incluso a los propios traficantes.
Crimen inmerso
Fernando Escalante Gonzalbo expone para Nexos, edición de agosto de 2022, que los criminales siempre han estado allí pero aclara que han cambiado sus métodos en consonancia con los cambios de recursos a su disposición, el contexto en el que operan y las oportunidades que se abren.
Escalante se remonta al régimen posrevolucionario del PRI y explica que éste dependía de un sistema de intermediación parasitaria formado por asociaciones hegemónicas y mediadores. Actores que ofrecían al régimen un ventajoso control de mercados, servicios públicos o procuración de justicia, a costa de obstruir o torcer la legalidad.
Explica que tal gestión resultó necesaria ante la debilidad administrativa, la desigualdad, inseguridad jurídica, heterogeneidad productiva y geográfica cultural del país que implicaba una variedad de actividades ilegales y criminales.
Por ejemplo, el Observatorio de Seguridad Pública de la Universidad de Guadalajara confirma como la estructura del crimen organizado en la ZMG, permite la absorción de más actividades informales como la de franeleros en la colonia Americana, quienes pagan cuota a la delincuencia, al tiempo que pueden sumar servicios como narcomenudeo y halconeo.
Antes de cerrar el año 2023, el diario El Informador ofrece su primera plana dominical a vecinos y visitantes de la Americana de Guadalajara, para que describan el foco de alerta por narcotráfico y robos en que ha devenido la colonia.
Finalmente los franeleros son carne expuesta en este sanwich, su condición de informalidad e ilegalidad los convierte en el eslabón más vulnerable para ser cooptados, quieran o no.
La desarticulación de los sistemas de intermediación por la transición política contribuyó a la formación de un nuevo mercado de la seguridad, articulado por pandillas, bandas organizadas, policías, empresas privadas, militares y hasta fuerzas de autodefensas.
Un mercado que sin un sistema de procuración de justicia es depredador en territorios y actividades que pueden someter. Quien cuida un camino, una calle, un barrio, también puede explotarlos.Esto podrías ser perfectamente aplicable para el Ejército y la Guardia Nacional.
Hemos atestiguado el incremento de la violencia relacionada con el tráfico de drogas en los años noventa, inicialmente en estados donde la oposición política se convirtió en gobierno, coincidentemente, entidades productoras de plantas ilegales, tráfico y tránsito de drogas, así como de lavado de dinero y mercados potenciales para el consumo como Baja California, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y el D.F.
Si bien la historia no se repite, sí que sabe hacer rimas y en ese sentido, Enrique Krauze articula cómo es que México ha tenido cada cien años, una cita puntual con la violencia:
“La guerra de Independencia estalló en 1810 y costó al menos 200,000 muertos, aunque la Independencia se decretó de 1821, el país no se pacífico hasta 1876.
La Revolución Mexicana duró igualmente una década, cobró no menos de 1 millón de muertos, 7% de la población”.
Pero en su ensayo de 2012 “Mexico: La tormenta perfecta”, el historiador matiza nuestra actualidad, pues explica que el significado del conflicto no es político en su conjunto, lo que dificulta entenderlo, sin la retórica de la inseguridad del crimen y el Estado de derecho.
A Vicente Fox Quezada (2000-2006) le quedó grande la yegua transicional y nunca supo tejer acuerdos políticos con las instituciones de seguridad y procuración de justicia; mientras que Felipe Calderón Hinojosa llegó a la presidencia por la puerta de atrás como mejor ejemplo de la aguda confrontación política que le rodeaba y acompañaría aun después de su sexenio, ese fue su propio lastre político para reformar las instituciones que no atendió Fox.
Los narcotraficantes más empoderados no se inhibieron ante un Calderón verde olivo que fustigó la participación militar para contener su avance.
A finales del sexenio de López Obrador, un México aún más bipolar, califica la medida de Calderón como precipitada, sin fundamentos en datos, información, inteligencia, estrategias o acciones focalizadas.
A este sector crítico de la población, el ex presidente responde no haber tenido más remedio que actuar de inmediato y ha reafirmado que aun con nada más que piedras, lo habría hecho.
Otra parte de la población reconoce que la medida se tradujo en el debilitamiento relativo de los cárteles de Tijuana, el Golfo Juárez, los Beltrán Leiva y la Familia Michoacana, así como la destrucción de cultivos ilegales, aseguramiento de armas y vehículos.
En su último informe de gobierno, Calderón hablaba de la detención de los 37 criminales más buscados por la PGR; así como de las reformas legales sobre seguridad, justicia y tráfico al menudeo.
Informe que dejó de mencionar el costo de vidas humanas y las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
¿Qué habría ocurrido si el gobierno federal no hubiera utilizado al Ejército contra las organizaciones criminales?
Más de una sóla hipótesis al respecto han echado al vuelo hasta hoy día, algunas indican que la tendencia a la baja de homicidios que se venía observando antes de Calderón, habría continuado hasta llegar a una relativa estabilidad, si todas las condiciones hubieran permanecido constantes.
Contrariamente, otra teoría supone que las organizaciones criminales habrían continuado e intensificado sus luchas entre grupos, enfrentamientos contra las autoridades, intentos de control territorial y diversificación criminal debido a la inacción y corrupción de sectores políticos, económicos y sociales. Un panorama muy parecido al que la oposición del presidente López Obrador describe al señalar estados como Chiapas o Guerrero.
Como el hubiera no existe, lo único que tenemos enfrente es el incremento de homicidios, desplazados, zona de inseguridad y silencio, mutación y brutalidad de las organizaciones criminales, el ejército en las calles, violaciones a los derechos humanos y una crisis bien activa.
Ante la autonomía conquistada por los grupos criminales respecto al poder político, Astorga puntualiza tres opciones al respecto para el Estado: 1) No hacer nada y subordinarse sin ser desplazado de sus posiciones formales de poder, 2) Negociar con ellos y las élites económicas para beneficio mutuo, 3) Hacer causa común, independientemente del partido al que se pertenezca, con la sociedad civil para aplicarles la ley.
“Las dos primeras reproducirían y reforzarían las relaciones autoritarias y de corrupción, la tercera presupondría la existencia de una política de seguridad de Estado, ausente en la actualidad, y estaría encaminada a la construcción de la democracia”.
El 1 de enero de 2010, el ex comandante del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), de El Salvador a quien llamarían el intelectual del calderonismo, Joaquín Villalobos, publica sus “12 puntos de la guerra contra el narco”.
El ex comandante es contratado por el gobierno federal y en consecuencia elabora la narrativa de Calderón sobre el combate al crimen organizado. Entre sus puntos más resonados, el texto anotaba que el narcotráfico es contagioso y expansivo. En el largo plazo no se hubiera podido evitar una guerra frontal. No es posible la negociación con carteles por tratarse de actores fragmentados y sin control efectivo sobre sus elementos; y que la violencia, en particular las bajas criminales, son indispensables para que el gobierno gane la guerra.
El avance contra el crimen organizado que ha mostrado Colombia, herida por su duro pasado de crisis, tiene un par de evaluaciones para compartir con México.
El expresidente colombiano César Gaviria ha considerado que Calderón lanzó un mensaje adecuado, no así el hecho de haber empleado el número de fuerzas federales que usó, en lugar de valerse de grupos de élite, apoyados en un trabajo de inteligencia. Asegura que el despliegue masivo no funciona y detona riesgos de violaciones a los derechos humanos y corrupción en el corto y mediano plazo.
El andamiaje institucional prohibicionista internacional, que sustenta parte de la crisis de seguridad, comenzó desde 1909 en la conferencia de Shanghái y así ha continuado reforzándose entre convenciones internacionales, aunque ya en el 67, la Asamblea General de la ONU reconocía que la prohibición creaba el mercado negro y potenciaba las ganancias y poder de traficantes, debido a los niveles de demanda, por lo que se planteaba explorar opciones regulatorias o de mercado.
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Lee aquí el resto de las crónicas que componen esta pieza periodística:
Parte I:
Parte II:
Parte III:
Parte IV
Parte V:
Parte VI:
