Según los resultados del “Ranking 2023 de las 50 ciudades más violentas del mundo”, México es catalogado como un país en Estado fallido.
16 ciudades de este ranking pertenecen a México y por séptimo año consecutivo Colima se posiciona como la ciudad más violenta del mundo.
Por: Aitana Rodríguez/ @aitanaerg
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. presenta por décimosexta ocasión el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo de 2023. Sus hallazgos revelan que 16 de estas ciudades pertenecen a México y, por séptimo año consecutivo, Colima se posiciona en el primer lugar con una tasa de 140.32 homicidios por cada 100 mil habitantes.
En el top 10 de las ciudades de este ranking, 7 están en México: Colima, Obregón, Zamora, Manzanillo, Tijuana, Zacatecas y Juárez. A su vez, destacaron que en 10 de las 16 ediciones anuales previas de este ranking, la ciudad más violenta del mundo ha sido mexicana (esto es en los años 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023).
Los países que se ven más afectados por la violencia son Ecuador, Haití y México, en los que se señala un común denominador: “se han adentrado considerablemente en el terreno del Estado fallido, condición en la cual el Estado pierde el monopolio de la violencia en favor de grupos violentos que van constituyendo un poder paralelo”, resalta el Informe de la metodología del Ranking (2023) de las 50 ciudades más violentas del mundo.
¿Por qué estos países son considerados estados fallidos?
La violencia en los últimos 4 años en Ecuador lo ha llevado a la peor crisis de su historia, según la investigación del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., ya que la riña de los grupos criminales mexicanos “han convertido a Ecuador en otro de sus campos de batalla”.
En el caso de la ciudad de Puerto Príncipe en Haití, que este año se posiciona en el tercer lugar del ranking, con una tasa de homicidios de 117.24 por cada 100 mil habitantes. Se estima que las décadas de inestabilidad, debilidad institucional y casi nula vigencia del Estado de derecho, así como los desastres naturales, han permitido que en la capital de este país los grupos criminales controlen hasta el 80% de este territorio.
Asimismo, en México la magnitud de la violencia se ha agravado a partir de la toma del control territorial de grupos criminales en decenas de municipios y carreteras: “la situación en México es el resultado de gobiernos omisos en su obligación legal de garantizar la seguridad de los gobernados. Pero de estas omisiones, la peor ha sido la que se basa en la consigna de “abrazos, no balazos” del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta política no es otra que la de permitir que los grupos criminales ejercen violencia con casi absoluta impunidad”.
Manipulación de las cifras
“Las cifras de México están siendo alteradas. Las cifras reales harían que más ciudades mexicanas estuvieran en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo”, sostiene José Antonio Ortega Sánchez, abogado presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C.
La información que se utiliza para hacer este diagnóstico es recuperada a partir de las fuentes oficiales de cada gobierno. En el caso de México, se utiliza el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que se basa en carpetas de investigación y dictámenes periciales del ministerio público, así como del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) que basa sus cifras en actas de defunción. Sin embargo, este informe denuncia la alteración de las cifras de homicidios, así como la preocupación por el reciente debilitamiento de la confiabilidad de las cifras presentadas por el INEGI:
“Durante varios años frente a las cifras cuando menos dudosas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de México sobre homicidios, existía la alternativa de las cifras más confiables generadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), las cuales solían ser superiores a las del otro organismo. Pero eso también ha cambiado” se lee en el Informe del Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2023.
Un ejemplo de lo explicado previamente es que en 2022 el SNSP registró 39% más homicidios que el INEGI en el estado de Veracruz, 31% más en Durango, 29% más en Oaxaca, 17% más en Ciudad de México y 14% más en Jalisco.
“Si la revisión de actas de defunción (a la que recurre el INEGI) ofrece en principio un rango mayor de información en comparación con la información que ofrece la revisión de carpetas de investigación, ¿cómo y por qué el INEGI registra menos homicidios que el SNSP en esos estados?” se cuestionan.
Ante esta situación se señala que si el subregistro es producto de errores, el INEGI debe salir a enmendar y ofrecer explicaciones: “si el INEGI se ha sumado a esta gran maniobra de falsificación de las cifras, entonces habríamos perdido a la última institución confiable en este asunto”.
Además, esta investigación señala que bajo la presente administración, al mismo tiempo que el Estado se da a la tarea de “falsificar cifras de homicidio y otros delitos”, también tratan de eliminar los registros oficiales de más de 40,000 personas desaparecidas.
“Si hablamos de los desaparecidos se tenían registrados 110.000 desaparecidos de los cuales 40.000 habían desaparecido en el actual sexenio del presidente López Obrador y que por presiones políticas han querido desaparecer y valga la redundancia, no es que los hayan encontrado, no es que las familias ya sepan dónde están y darles si es que tienen alguna creencia religiosa, una santa sepultura. Sino que los están borrando para que los desaparecidos no cuenten lo que ha ocurrido en este sexenio y no se vea tan mal la política de Seguridad Pública de abrazos, no balazos”, explica el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C.
Cabe destacar que la falsificación de cifras está tipificada como un delito en el artículo 211 bis del Código Penal Federal: “Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa” explicaron.
Por otro lado, José Antonio Ortega, catedrático de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de México, explica que el objetivo de presentar este panorama anualmente es evidenciar la violencia y mantener en alerta a los y las habitantes:
“ Alertar a los ciudadanos, a los medios de comunicación, a los empresarios y a los gobernantes de que la ciudad donde ellos están viviendo, tiene una gran violencia y que tienen que hacer algo para bajar la violencia, porque lo que han hecho hasta ese momento no ha funcionado y si no hacen algo diferente la violencia, va a seguir creciendo”
Asimismo, se señala que este ranking se elabora “con el manifiesto objetivo ciudadano de llamar la atención sobre la violencia en las urbes, particularmente en América Latina, para que los gobernantes se vean presionados a cumplir con su deber de proteger a los gobernados, de garantizar su derecho a la seguridad pública”.
Para finalizar, esta investigación puntualiza tres observaciones a considerar para este ranking:
- Las cifras reales de homicidios son superiores a las oficiales, aunque en una cuantía que por ahora no es posible calcular.
- Pese a lo anterior, es posible inferir que las tasas de homicidios de las ciudades en este estudio son mayores a las consignadas.
- Es probable también que las ciudades mexicanas que salieron del ranking, en realidad merecen permanecer en este y, además, deban incluirse más ciudades.
