En México, durante 2022, se iniciaron 6 mil 226 carpetas de investigación por el delito de tortura y/o tratos inhumanos, crueles y degradantes; sin embargo, solamente 82 casos fueron judicializados, lo que provoca esta impunidad es que la que la tortura siga empleándose como método de investigación de delitos, así lo dio conocer el Observatorio contra la Tortura en México en su Informe 2022.
Por Darwin Franco / @DarwinFranco
La tortura sigue siendo una práctica sistemática en la investigación sobre la posible comisión de delitos en México, así lo comprueba el Informe 2022 presentado por Observatorio contra la Tortura en México. Aunado a ello, el Observatorio señaló que en torno a la tortura y/o tratos inhumanos, crueles y degradantes existe una gran impunidad, pues sólo el 1.31% de todas las carpetas de investigación fueron judicializadas.
¿Qué implica esto? Para el Observatorio esto deja claro que “los índices de judicialización en la mayoría de los casos de tortura en los estados es bajo o nulo”; es decir, la tortura no se investiga y mucho menos se castiga.
Del total de investigaciones realizadas, en 2022, las fiscalías registraron a 6 mil 398 presuntas víctimas del delito de tortura y/o tratos inhumanos, crueles y degradantes; de éstas, “el 11% (715) de las víctimas de tortura son mujeres, y el 9,9% (22) del delito de tratos inhumanos, crueles y degradantes también son mujeres”.
Sobre las razones que inician una investigación sobre estos delitos, el Observatorio detalla que la mayoría de las investigaciones se inician porque “lo ordena un/a juez cuando recibe alegaciones de tortura en las investigaciones de otros delitos”, esto sugiere que: “la tortura sigue empleándose como método de investigación de delitos”.
Cuando no es una autoridad judicial, sino las víctimas quienes denuncian el porcentaje de casos es muy bajo (7,8%); esto precisa el Observatorio contra la Tortura se debe a varios factores como: “el miedo a denunciar, la desconfianza en las instituciones de justicia, el desconocimiento de los recursos legales y su funcionamiento”, así como por el impacto de la tortura en la víctima o la falta de recursos.
A esto hay que sumarle que no todos los estados, pese al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuentan con fiscalías especializadas para prevenir, erradicar e investigar la tortura.
En 2022 había:
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- 17 fiscalías especializadas,
- 12 unidades especializadas (*) y
- 4 entidades federativas que no contaban con ninguna de estas dos: Coahuila de Zaragoza, Guerrero, Sinaloa y Sonora.
- En el caso de Jalisco, se tiene una agencia de ministerio público especial, pero no una Fiscalía Especializada. Por este desacato, la SCJN recordó a Jalisco que debe crearla a la brevedad.
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¿Pero hace diferencia contar con una fiscalía especializada? De acuerdo al Observatorio: “la creación de fiscalías o unidades especializadas no guarda relación con el incremento de casos judicializados”, esto porque -en lo general- “existe un estancamiento generalizado de las investigaciones de tortura en las fiscalías”.
Esto es así porque la muestra de casos juidicializados es tan pequeña, a nivel nacional, que dificulta la detección de tendencias y la correlación de variables, lo que se complica más cuando no existe un presupuesto designado para investigar estos delitos.
Sobre esto dos últimos puntos, aquí están los hallazgos del Observatorio.
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- El 75% de las fiscalías que contaron con una partida presupuestal propia no judicializó ninguna investigación por tortura.
- El 80% de las fiscalías con investigaciones judicializadas no contaron con presupuesto propio.
- El 70% de los estados con investigaciones judicializadas cuentan con una Unidad Especializada.
¿Y quiénes investigan la tortura en México? En todo el país, la investigación de este delito 234 agentes del ministerio público, aunque hay que aclarar que muchas y muchos de éstos también investigan otros delitos.
“Las fiscalías que judicializaron al menos una carpeta de investigación tuvieron, en promedio, 53.1 carpetas de investigación por cada agente del ministerio público. Mientras que los estados sin carpetas judicializadas tuvieron en promedio 52.2 carpetas de investigación por cada Ministerio Público”.
En el marco de esta sobre carga de trabajo también fue posible saber que, en 2022, “388 carpetas de investigación fueron enviadas a archivo temporal”; sin embargo, las y los ministerios públicos “deberán pronunciarse ante un juez para fundamentar el desistimiento de la investigación y/o el cierre de la investigación”.Esto, llaman la atención el Observatorio, no debería darse porque “el delito de tortura es imprescriptible”.
Víctimas sin peritajes
Uno de los hallazgos más preocupantes para el Observatorio es que no se aplica de manera consistente los dictámenes o peritajes médico-piscológicos dictados por el Protocolo de Estambul; sin embargo, precisan sobre ello que:
“El sistema de justicia sigue considerando estos dictámenes como la prueba principal para acreditar la tortura, a pesar de que existen otras pruebas relevantes como los testimonios de las víctimas, las certificaciones médicas, los peritajes de mecánica de lesiones y mecánica de hechos, las entrevistas a testigos o cualquier otra que aporte información útil y que sea potencialmente probatoria”.
En 2022, apuntan, se realizaron un total de mil 063 peritajes médico-psicológicos para la documentación de secuelas de posibles actos de tortura o malos tratos; ell 87,5% se realizaron a hombres y el 12,5% a mujeres.
“En la mayoría de los estados, es más probable que los peritajes especializados realizados por personal de la fiscalía no encuentren una correlación entre la tortura relatada por las víctimas y los hallazgos físicos y psicológicos”.
En conclusión, señalan que:
“el equivalente al 81% de las víctimas de tortura y/o malos tratos registradas durante 2022 en las carpetas de investigación abiertas no se les practicó un peritaje médico-psicológicos por parte de peritos de las fiscalías”.
El problema, concluyó el Observatorio, es la carencia de peritos oficiales para determinar la existencia o no de tortura; en 2022: “había 11 fiscalías del país sin peritos especializados; y solamente el 18% de las fiscalías realizaron más de 50 dictámenes en todo el año, una parte muy pequeña del total de casos bajo investigación”.
Además de ello hay que apuntar que en dichos dictámenes no existe imparcialidad, pues sólo “un tercio de las fiscalías (8 de 23) reportaron al menos un caso, en 2022, donde se establece una correlación entre el relato de tortura y la evidencia física y psicológica”.
¿Quiénes torturaron en México durante 2022?
En cuanto a las autoridades responsables de cometer presuntos actos de tortura, en 2022, los Organismos Públicos de Derechos Humanos consultados por el Observatorio recibieron: mil 243 quejas por tortura, de ellas, las autoridades que fueron mayormente señaladas fueron las Fiscalías y los cuerpos de seguridad pública.
- Las fiscalías son las autoridades más señaladas, con un 50.9% del total de quejas.
- Los cuerpos de seguridad pública representan el 30.8%.
¿Cómo pinta la tortura en Jalisco?
En el estado, en 2022, se abrieron 49 carpetas de investigación correspondientes a 79 víctimas que denunciaron actos de tortura y/o tratos inhumanos, crueles y degradantes; sin embargo, ninguna carpeta se judializó.
Aquí un resumen de lo que el Observatorio encontró para el caso Jalisco
aso de Jalisco,
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El informe completo puede consultarse de manera íntegra en:
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2024/02/observatorio-contra-la-tortura.pdf
