Manos Libres
Por Francisco Macías / @pacommedina (X) / @FranciscoMacias (TG)
La comunidad de El Zapote del Valle del municipio de Tlajomulco de Zúñiga es una de tantas que se encuentran cercanas a la Zona Metropolitana de Guadalajara, cuyos servicios no son los de una gran ciudad, pero su mínima conexión le permite jugar con cierta visión de futuro.
Varios gobiernos estatales en décadas pasadas las han seleccionado para instalar infraestructura que ya no tiene lugar en las urbes, ya sea por su saturación humana y vehicular, por la falta de territorio o por el “riesgo” que propiciarían. Así se han reproducido proyectos de reclusorios, cuárteles u hospitales como el psiquiátrico de Jalisco.
Pareciera que la periferia del lugar predestinara a los hombres, mujeres, niñas y niños que las habitan o son sujetas de dichos proyectos. En dicha exclusión se informa y se conoce poco de ellos y ellas, nos interesa menos su marginalidad.
El 13 de febrero pasado, se informó por parte de la fiscalía general del Estado que en el Centro de Atención Integral en Salud Mental Integral -ubicado en Zapote del Valle- que pertenece al Instituto Jalisciense de Salud Mental, que una usuaria de 51 años fue agredida por otra, causándole lesiones en la cabeza que le ocasionaron la muerte. La ofensora se encontraba recluida en el lugar debido a una decisión judicial que también involucró su estado de salud mental (El Informador, 13 de febrero de 2024).
Apenas un parde días antes, familiares de personas usuarias por vivir con esquizofrenia denunciaron la falta de medicamentos por parte de la institución.
Dos meses antes el personal protestó por falta de recurso humano, denunciaron que una sola persona era responsable de proporcionar atención a 30 usuarios además de señalar la falta de recursos materiales y de instalaciones adecuadas.
La periferia por naturaleza está fuera del centro, en este caso fuera del núcleo de información cotidiana, de narrativas exitosas y videografías con calidad cinematográfica, son precisamente lo contrario.
Constituyen las condiciones reales de cómo gobierno, sociedad y expertos de salud mostramos interés en situaciones de autorrealización de personas concretas, sobre todo aquellas que por circunstancias viven con una discapacidad psicosocial sin posibilidad de cuidados.
Hoy se habla mucho de los cuidados y hasta se propone su centralidad en los ordenamientos jurídicos como un derecho humano, cuando el aspecto básico de proteger y garantizar la atención, seguridad y cuidados de los que decidimos como “gobierno y sociedad” institucionalizarlos para mejorar su condición lo incumplimos rotundamente.
Sería urgente en un ánimo de mínima congruencia del Estado, llamar a cuentas a dichas instituciones e incluso atrevernos a cuestionar modelos presuntamente terapéuticos que constituyen nuevas formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Sería gravísimo comprobar que dichos centros de control tienen altísimos niveles de mortalidad por omisiones o negligencias institucionales. Si familiares y empleados han hecho denuncias concretas ¿qué esperaban las autoridades de la Secretaría de Salud y del IJSM para actuar?
Punto y aparte es la recepción de personas que por orden judicial son internadas en dichos centros, ya que queda claro que los autos o “medidas judiciales” son sólo documentos que pueden agravar la situación de las personas y de instituciones por la carencia de condiciones adecuadas para lo que busca un juez penal: ¿No debería ser parte de la función judicial el revisar el adecuado cumplimiento de sus medidas junto con las capacidades institucionales?
Hacer lo contrario es mirar hacia otro lado y sumarse a una especie de negacionismo de la dignidad de las personas, aspecto sumamente grave para un Poder Judicial que se supondría es garante de derechos.
Es conveniente reiterar que las personas con discapacidad psicosocial tienen derechos humanos a la mejor atención disponible, a un trato humanitario y respetuoso, a la protección de su persona y en contra de los malos tratos, más si su situación le evita tener conciencia de su autocuidado y en la medida de lo posible insertarse en una comunidad; existe creo yo también el derecho a preguntarnos ¿la contención es la mejor manera de atender sus condiciones de autorrealización de acuerdo a su dignidad humana y a los debates contemporáneos en la atención de la salud mental? (Consultar los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental de la ONU)
Importante y tardío el pronunciamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la cual le obligaba también un deber de prevención en la supervisión del establecimiento en el cumplimiento de sus condiciones y de los derechos de las personas usuarias.
Siempre será bueno exigir el cumplimiento de los protocolos, lo más importante es revisar lo ocurrido de acuerdo con la gravedad y riesgo a la dignidad de las personas. Un Ombudsperson está para garantizar los derechos humanos y buscar su cumplimiento en el presente y en el futuro.
Hace más de diez años tuve la oportunidad de realizar una visita de supervisión al CAISAME y sigo preguntándome si lo que observé es la solución humana que buscamos. La muerte injusta de la usuaria nos demuestra que ayer y hoy hemos permitido que la “periferia” se haga cargo de decenas de seres humanos.
Me quedo con la imagen simbólica de ese entonces al encontrarme con decenas de aves migratorias blancas en los árboles del hospital las cuales eran libres. Me imaginé por un momento que se trataba de los pensamientos de decenas de pacientes internados que buscaban otras formas de manifestar su deseo de vivir de otra forma.
