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Por Georgina Martínez / @Gin_a_mar
El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes exigió, con fundamentos legales, la remoción del Fiscal General del estado, Jesús Figueroa Ortega.
A 6 años de violaciones graves de derechos humanos por parte del Fiscal, las defensoras y activistas presentaron el pasado martes 6 de febrero una carta formal a diferentes autoridades e instituciones, entre ellas la Gobernadora Teresa Jiménez, la Comisión de Derechos Humanos, el Congreso del Estado y Despacho Jurídico Estatal.
En el documento se exponen los argumentos jurídicos por los cuales se exige la remoción del Fiscal, dando muestra a la sociedad civil la existencia de figuras legales existentes en la constitución que permiten dicha petición.
El Fiscal Jesus Figueroa ha sido protagonista en dar declaraciones en los procesos de víctimas de feminicidio, homicidio y otras violencias, por ejemplo sobre la muerte violenta de Cynthia Natali del pasado 24 de enero del 2023, el feminicidio de Nidia del pasado 6 de Noviembre del pasado 2023, y la muerte violenta de Ociel Baena y de Dorian Daniel durante el mismo año; estos procesos han quedado inconclusos y en la impunidad debido a las omisiones de la Fiscalía.
“Durante 6 años la Fiscalía ha incurrido en actos que obstaculizan el acceso a la verdad, la justicia y la no repetición para las víctimas de la violencia y sus familiares”, se denuncia en el oficio.
En enero del año pasado, Cynthia Nathali, fue encontrada sin vida en un terreno baldío en Villas del Puertecito, Aguascalientes; apenas 4 días de lo sucedido, el Fiscal, en conjunto de la Gobernadora Teresa Jimenez, dieron declaraciones a los medios de comunicación en las que aseguraban que se trataba de una autoprivación de la vida, incluyeron información personal y confidencial de la víctima, esto sin dar previo aviso a la familia.
Al día de hoy, estas violaciones y revictimización hacia los familiares y la víctima no han tenido repercusiones en las autoridades, pese a que ya han sido señaladas en reiteradas ocasiones. La carpeta de investigación de Cynthia sigue abierta, sin cambios ni avances.
“La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes establece las siguientes obligaciones: Artículo 44.- Son obligaciones de los Agentes del Ministerio Público, los Agentes de la Policía Ministerial y, en lo conducente, de los Peritos, las siguientes: I.- Conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos; (…) XI.- Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan. (…)”, fragmento de la carta.
En noviembre del año pasado ocurrió la primera manifestación pública de preocupación de la sociedad civil ante el actuar y las declaraciones en el caso de Nidia, quien fue víctima de feminicidio en Pabellon de Arteaga, Aguascalientes. Ella murió a causa de quemaduras por parte de Luis “N”. Nidia había presentado una denuncia a Fiscalía en el mes de agosto, pero no fue atendida.
“No se encontraron elementos que ameritara la implementación de medidas de protección para ella y sus hijos”, sostuvo este discurso Figueroa en una entrevista de un medio local con información personal sobre la vida de Nidia.
Dichas declaraciones fueron realizadas sin haber tenido contacto previo con la familia, estigmatizando y revictimizando mediáticamente a Nidia y a su familia.
A ese respecto“ La Ley de Víctimas del Estado de Aguascalientes, señala lo siguiente: Artículo 3.- (…)
IV.- Dignidad: Las víctimas serán tratadas con comprensión y respeto por su dignidad, garantizando, además, la privacidad y evitando su revictimización, las autoridades deberán garantizar que las víctimas no sean objetos de malos tratos, arbitrariedades, ni discriminación por parte del personal que las atienda. En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación. Igualmente, todas las autoridades están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos (…)”, se expone en el oficio.
La muerte violenta de Ociel Baena y Dorian Daniel, es otro de los procesos en donde las víctimas han sido expuestas y revictimizadas tras las declaraciones del fiscal. Ociel Baena, Magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes junto con su pareja, fueron encontrades sin vida en un residencial al norte de la ciudad. Las versiones de la Fiscalía se apresuraron a decir que no había señales de la participación una tercera persona en la escena del crimen en su domicilio, y que los homicidios habían sido entre las dos personas, de nuevo, sin ser avisada la familia de dichas declaraciones públicas.
En los primeros días de la investigación, la versión de Jesús Figueroa Ortega no fue respaldada en medios de comunicación por la familia de Ociel, quien aseguró que días antes Ociel había recibido amenazas.
“Lo que nos arroja la escena del crimen es esa interpretación, nosotros estamos descartando la existencia de un tercero. Ahora, a ver qué fue lo que le motivó a Dorian… Él tenía en su cuerpo, de acuerdo al dictamen químico, tenía metanfetamina, no sé si esto es algo que puede ser un acelerador. Sigue también todo lo de las redes sociales y es la que nos podría conducir a un crimen de odio. El detalle es que un mensaje no mata, lo que mata es la acción concreta que ocurrió en el interior del domicilio. Nos queda muy claro que el activismo y posicionamiento que Ociel tenía era lo que le generaba muchas de las amenazas de cibernautas, que están generando todos los días en cada segundo en todas partes del mundo, porque Ociel era un personaje, hay que decirlo así, que venía de un activismo muy fuerte, esa es la parte que no estamos cerrando de ninguna manera”, palabras de Figueroa.
Aunado a los casos mencionados en el año 2022, se pidió participación a la Fiscalía General del Estado y al personal del Servicio Médico Forense en las mesas de trabajo que se tienen cada mes entre autoridades involucradas en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, el Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, y el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, ninguna de las peticiones tuvo respuesta.
En términos legales, la gestión de la Fiscalía General del Estado a cargo de Jesus Figueroa terminaría el último día de este mes de febrero, sin embargo, en octubre del 2023, el Congreso del Estado dio a conocer que se extendería el cargo un año más.
Para finalizar, la Fiscalía ha sido un elemento clave en la omisión de hechos violentos que ha vivido la entidad; en lo que va de este 2024, han sucedido 5 muertes violentas de mujeres; la obligación de la autoridad es investigarlos bajo el protocolo de feminicidio, actualizado y bajo los términos internacionales. Hecho que no ha sucedido.
La exigencia de la destitución de un servidor público como lo es un Fiscal, es un antecedente histórico ante contextos de impunidad; dicho ejercicio forma parte de los derechos fundamentales de la sociedad civil, y concierne al Poder Ejecutivo atender las demandas y pronunciarse, siempre en pro de los derechos humanos.
