Organizaciones de derechos humanos documentó la situación en la región fronteriza de Chiapas, donde la lucha por el control del territorio ha desatado un escenario de violencia, desplazamiento forzado y graves violaciones a los derechos humanos.
Por Redacción
Foto portada: Ángeles Mariscal
En el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, se presentó este martes el informe sobre la violencia en la región frontera de Chiapas: “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos”. Este informe reciente, elaborado por organizaciones de la sociedad civil, documentó la realidad que enfrenta la región fronteriza de Chiapas con Guatemala.
Desde aproximadamente el año 2021, esta área se ha convertido en escenario de un conflicto armado no reconocido, marcado por la disputa territorial entre estructuras de la delincuencia organizada. Esta lucha por el control de mercancías, servicios, personas y, lamentablemente, la propia vida de la población local, ha sumido a esta región en un estado de terror y desesperación.
La denominada región frontera abarca una extensión considerable de la sierra, comprendiendo múltiples municipios, entre ellos La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, y otros. Históricamente abandonada por el Estado, esta zona alberga a una población mayoritariamente indígena, incluyendo a comunidades Mam, Jacaltecas, Q’anjoba’les, Akatecas y Quichés, muchas de las cuales son descendientes del exilio guatemalteco de los años 80.
El informe destaca que el año 2023 fue testigo de múltiples episodios de violencia, como el enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, también conocida como Lajerío. Este suceso dejó un saldo, obligando a alrededor de 3,500 personas a abandonar sus hogares de manera forzada, poniendo en riesgo su vida y seguridad.
La población civil se ha visto atrapada en medio del conflicto, utilizada como rehén, escudo y, en ocasiones, forzada a participar en actividades en favor de uno u otro bando. Los suministros básicos, como alimentos, gasolina, luz eléctrica y servicios telefónicos, han sido interrumpidos, dejando a la población en condiciones precarias e incomunicada.
El informe también documentó la situación de desapariciones en la zona, aunque difícil de documentar debido al temor y la falta de confianza en las autoridades. Según cifras oficiales, entre diciembre de 2018 y septiembre de 2023, se reportaron 812 personas desaparecidas en Chiapas.
Por otro lado, los grupos criminales emplean diversas estrategias para controlar el territorio, desde enfrentamientos armados hasta el reclutamiento forzado. Esta “economía del conflicto” ha provocado el desplazamiento forzado de al menos 7,500 personas entre 2021 y 2023, con impactos devastadores en la vida cotidiana y comunitaria.
El informe también cuenta que a nivel institucional, la delincuencia organizada ha infiltrado servicios públicos y gubernamentales, exacerbando la crisis y la violencia:
“A pesar de las demandas de intervención militar por parte de la población, la respuesta del Estado ha sido mayormente de omisión y en algunos casos de colaboración, lo que ha perpetuado la indefensión y el sufrimiento de la población.”
En este contexto, el informe clasifica el conflicto como un Conflicto Armado No Internacional, según el marco legal del Derecho Internacional Humanitario. Urgen medidas concretas para proteger a la población y restaurar la paz y la seguridad en la región fronteriza de Chiapas.
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Consulta, descarga y comparte la información: https://grupotrabajofronterachiapas.org.mx
