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La reforma en materia de vivienda es un paso en la dirección correcta para la creación de vivienda pública y asequible, pero dejaría mucho trabajo pendiente para evitar fiascos de corrupción como los fraccionamientos de casas en parajes alejados y olvidados.
Texto: Arturo Contreras / Pie de Página
Foto: Duilio Rodríguez
CIUDAD DE MÉXICO.- La administración del presidente López Obrador busca recuperar una función que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, había perdido hace unos 8 años: construir casas de interés social.
La propuesta no solo podría ayudar a miles de trabajadores a hacerse de un hogar, sino que también podría cambiar el esquema de acceso a una vivienda en el país. En concreto, propone convertir el sistema de financiamiento del Infonavit en un sistema de vivienda.
“Que el Infonavit pueda construir vivienda para que los trabajadores puedan adquirirla en un esquema de renta social o en propiedad. En esquema de arrendamiento la mensualidad que se le cobra a la persona trabajadora no podrá exceder del 30 por ciento de su salario”, dice la iniciativa.
Cualquier persona trabajadora, afiliada al IMSS y con acceso al Infonavit, que lleve un año cotizando, podrá acceder a la vivienda en renta de las casas construidas por el Instituto y podría adquirirla tomando en cuenta esas rentas si la habita por al menos 10 años.
Un paso correcto
La abogada especialista en vivienda, Clara Escoffie, asegura que la reforma recoge el tema de la necesidad de esquemas de arrendamiento públicos señalado por activistas, colectivas y académicas desde hace al menos un lustro.
“Incorpora la vivienda de arrendamiento, así como un régimen que permitiría a personas trabajadoras adquirir una vivienda de arrendamiento con opción a compra, lo cual es un esquema a veces poco considerado que a mucha gente puede serle útil”.
La misma iniciativa cita el ejemplo de Austria, en donde más del 70 por ciento de las viviendas que existen cuentan con algún esquema de renta controlada y protecciones inquilinarias, y también, donde la mitad de las viviendas son públicas, lo que garantiza una renta asequible.
Un alcance limitado
A pesar de ser un buen comienzo, de ser aprobada, estas reformas solo beneficiarían a las personas trabajadoras con acceso al Infonavit, cerca de 20 millones de personas, o sea: un tercio de la población económicamente activa del país, según cifras del mismo Instituto de 2023.
En México, el 21 por ciento de los hogares del país tienen necesidades insatisfechas de vivienda, es decir, que en esas casas vive alguien que requiere rentar, comprar o autoproducir una vivienda. En total, en el país hay un déficit de 8.2 millones de viviendas.
En la Ciudad de México, como en varios estados del país, la renta de una casa ha subido su precio considerablemente, en la iniciativa de reforma se señala una combinación responsable de esta situación: la baja producción de viviendas en el país, un mercado financiero costoso para financiar construcción y entornos de alta inflación a nivel global que han afectado los precios de los insumos.
Además de estos puntos, la reforma también plantea que se podrían reinsertar en la sociedad volúmenes importantes de reserva territorial o vivienda previamente recuperadas, lo que podría referirse a las más de 600 mil casas construidas por el infonavit durante los sexenios panistas que se encuentran abandonadas, principalmente en Sonora y Ciudad de México.
Fraccionamientos como ese fueron construidos gracias a la corrupción entre grandes empresas inmobiliarias y los gobiernos de ese entonces. Y es, sin lugar a dudas, uno de los puntos que se deberá evitar con esta reforma
