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La Fiscalía acusó a un juez federal de «evidente parcialidad» por negar la orden de aprehensión contra el exagente del CISEN asignado a cubrir las actividades del entonces candidato presidencial del PRI
Texto: Redacción Pie de Página
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer nuevas diligencias del caso Colosio, las cuales la habrían llevado a la conclusión de que sí hubo un segundo tirador: Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN asignado a cubrir las actividades del entonces candidato presidencial.
En un comunicado, la FGR informó que promovió una nueva orden de captura contra el exagente; sin embargo, la petición fue rechazada por el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Jesús Alberto Chávez Hernández.
El exagente fue liberado horas después del asesinato de Colosio, a pesar de que su prueba de rodizonato salió positiva. De acuerdo con la Fiscalía, la liberación se debió a “un evidente encubrimiento delictivo” en el que estuvo vinculado directamente el entonces Subdirector Operativo del CISEN, Genaro García Luna, quien “lo rescató en Tijuana”.
La FGR se refiere al exsecretario de Seguridad Pública Federal del gobierno de Felipe Calderón como Genaro “G”.
No es una teoría novedosa
Durante todos esto años, muchos periodistas habían advertido sobre la posibilidad de que existiera un segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Por ejemplo, las investigaciones de Laura Sánchez Ley apuntaban en ese sentido, y también un video de la autopsia de Colosio filtrado al Sol de México en 2019.
Pese a esto, la información sobre el caso todavía es un enigma y está incompleta. Prueba de ello, es la acusación que hizo el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico para los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia, donde advirtieron que se había sustraído del Archivo General de la Nación , una parte del expediente que el CISEN hizo sobre el asesinato de Colosio.
Hijo de Colosio pide dar carpetazo al asunto
Aunado a esto, las declaraciones del hijo de Colosio, y actual alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, enturbian aún más el contexto de esta declaración de la Fiscalía.
Antes de emitir el comunicado, Colosio Riojas pidió al presidente de la República que indultara a Mario Aburto, el único condenado por el asesinato de su padre. Sus motivos, dijo, son para que no se usara el caso como una prebenda electoral.
“Cada tres a seis años sale el caso, se reabre el caso, creo que antes deberían de salir a explicar qué es lo que quieren lograr. (…) “Este asunto ha estado muy manoseado, yo creo que no es justo para la gente, todos, incluida la familia, que estén reciclando el tema, con tal de sacar alguna raja política”.
En su mensaje, pidió al presidente «dar carpetazo final a este asunto, y permita que tanto mi familia como México sanemos. Además, instó a las autoridades a iniciar «un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto a dejar esto ya en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es darle vuelta a la página y construir algo nuevo”.
Sin embargo, la Fiscalía seguirá con la investigación, y el gobierno Federal no ha respondido al hijo de Colosio.
Aquí el comunicado completo de la FGR:
Sobre el caso del segundo tirador, en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, hace veinte días el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentada por la FGR, que implican a Jorge Antonio “S”, agente del CISEN asignado a cubrir al candidato presidencial, y quien fue liberado en aquellos momentos, en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro “G”, quien era Subdirector Operativo en el propio CISEN y fue quien lo rescató en Tijuana.
Las pruebas presentadas por la FGR en contra de Jorge Antonio “S”, demuestran su presencia en el lugar del homicidio, en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos.
Todas las pruebas aportadas por la FGR, y en especial las de análisis de sangre demuestran que en la ropa de dicho acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima.
Las pruebas de rodizonato señalan que el acusado, en ese lapso, disparó un arma, y ninguna de las pruebas de descargo lo han podido favorecer.
Un gran número de testimoniales señalan al acusado en el lugar de los hechos, al momento de los disparos, del cual huyó; y niegan que él haya ayudado a transportar a la víctima.
Un buen número de testimoniales también ratifican su detención cuando traía la ropa manchada con sangre de la víctima; mientras que también se encuentra debidamente probado que el CISEN de la Secretaría de Gobernación mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia.
El video que testimonió el primer disparo, y al cual el juez le pretende dar valor frente a todo el acervo de pruebas aportadas, estaba ubicado hacia el primer tirador y no dirigido hacia el segundo, que se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por la cual no podía observarse. Y no existe ningún video dirigido hacia el área donde estaba dicho segundo tirador, motivo por el cual esa prueba no puede favorecer, en modo alguno, al responsable de ese segundo disparo.
La testigo a la que se refiere un diario que hoy expone el caso, señalándola como “la única prueba”; ella nunca estuvo en el lugar de los hechos; y no atestiguó nada de lo ocurrido; mientras que en dicho diario sí se ocultan todas las pruebas incriminatorias que constan en el expediente judicial en el que se basa esa nota periodística.
En este caso, el juez llegó hasta el extremo de emitir consideraciones de orden personal en contra del Ejecutivo Federal, lo cual es absolutamente inadmisible en un proceso de esta importancia, demostrando así que los delitos de carácter político, al igual que los de grandes despojos patrimoniales vinculados con gobiernos anteriores, se obstaculizan judicialmente para impedir que la justicia los alcance.
A pesar de todos estos obstáculos para procurar justicia, la FGR irá al procedimiento de apelación, como lo ha hecho en todos los casos en que ha sido necesario, ya que esta institución confía en que el Poder Judicial Federal actuará con estricto apego a derecho, en consideración de la trascendencia de un delito de tan alta gravedad, como el que se cometió en contra de la vida del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
