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Adriana González Veloz* / A dónde van los desaparecidos
En la madrugada del 25 de octubre de 2023, el huracán Otis, de categoría 5, tocó tierra en Acapulco. Su efecto devastador fue noticia nacional e internacional casi en tiempo real. La información que se fue acumulando con el paso de los días destacaba la tragedia que suponía un desastre natural en relación con el número de personas afectadas, entre ellas aquellas que perdieron el contacto con sus familias, las cuales iniciaron su búsqueda desesperadamente.
En medio de la discusión sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), y los señalamientos sobre las herramientas para la búsqueda de personas, es importante hacer un paréntesis sobre los retos que impone la legislación en materia de desaparición, y lo es porque desde 2017 la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (en adelante LGD) define qué se entiende por persona desaparecida y qué por persona no localizada. En ambos casos, se está frente a personas cuyo paradero se desconoce y que se diferencian esencialmente en que el primer término implica presumir la comisión de un delito, mientras que el segundo supone que no hay indicios de éste .
La polémica más relevante sobre esta diferencia alude a interrogantes que se plantean sobre ¿quién, cuándo y cómo se decide que hay indicios o no de un delito? ¿Hasta dónde es importante mantener esa diferencia si, de acuerdo con el marco normativo aplicable, en todos los casos —exista o no delito — la búsqueda siempre debe ser inmediata? ¿Para qué mantener dos términos, si, además, cuando se trata de niñas, niños, adolescentes y mujeres siempre debe presumirse la existencia de un delito? Incluso, ¿a quién le importa esa diferencia cuando lo que se demanda es encontrar a las personas que se buscan?
No me detendré en las complejidades relacionadas con esta problemática, y tampoco en las varias líneas de reflexión que deja abiertas, lo que resulta relevante para efectos de este trabajo es entender que el contexto en que desaparecen las personas resulta clave para la comprensión del fenómeno mismo.
Al respecto, debe señalarse que la desaparición en Guerrero ha estado presente desde la segunda mitad del siglo XX y que en la coyuntura del huracán Otis plantea serios desafíos para la búsqueda y localización.
Así, la información disponible en el RNPDNO, al 3 de noviembre de 2023, daba cuenta de 4 mil 045 personas desaparecidas entre 1967 y 2023 en Guerrero. Este número —a poco más de dos meses del huracán— aumentó a 4 mil 106 es decir, sumó 79 personas registradas sin apenas modificar el hecho de que el 42.5% de las desapariciones se concentran en Acapulco .
Más allá de las dudas que ello abre respecto de dónde, cómo y quién está registrando a las personas desaparecidas en Acapulco después del huracán (el RNPDNO sólo sumó 27 en ese municipio y la gobernadora de la entidad señaló que había 32 con datos de la Fiscalía General del Estado ) lo que resulta obvio es que el fenómeno de la desaparición en Guerrero ha estado asociado a la violencia generalizada, cuyo análisis permiten situar la desaparición en el marco de lo que se conoció como la Guerra Sucia y lo que después del 2006 se ha dado en llamar Guerra contra el narcotráfico.
La Guerra Sucia
La década de los 70 estuvo caracterizada en la entidad por la represión política, la persecución de las guerrillas rurales y urbanas, y el fortalecimiento de los caciques locales y los grupos paramilitares en la entidad. En Guerrero, la acción del Estado tuvo como finalidad desarticular y exterminar cualquier tipo de protesta con miras a evitar la revuelta social.
Guerrero se constituyó en el escenario principal de operaciones de la guerra contrainsurgente emprendida por el Estado —inicialmente— en contra de las organizaciones guerrilleras campesinas surgidas bajo el mando de maestros de escuela como Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas y desplegada en los territorios en los que operaban como la Sierra de Atoyac, y la Costa Grande guerrerense, con mayor intensidad en Acapulco de Juárez.
En la lógica contrainsurgente de establecimiento de un enemigo interno (que se asociaba al comunismo internacional, como parte del contexto de la Guerra Fría) se estableció un estado de excepción caracterizado por la suspensión de la legalidad y la acción de los distintos cuerpos de las Fuerzas Armadas: Ejército, Marina y Fuerza Aérea, a las que las autoridades locales y regionales —no solo sus policías— plegaron sus acciones. Dicho accionar estuvo dirigido contra quienes:
—Sospechaban que colaboraban con la guerrilla.
—Consideraban un potencial integrante.
—Identificaban como opositores políticos.
—Observaban como personas cercanas a aquellas y, en general, personas integrantes de las comunidades en donde eran perseguidas.
Lo anterior se implementó a través de diferentes estrategias. Entre estas se encuentran:
—Rastrilleo. Las fuerzas armadas —con base en “información de inteligencia”— acudían a las comunidades de las personas supuestamente implicadas en la guerrilla y se les detenía junto con sus familias y otras personas cercanas.
—Operación Amistad. Las fuerzas armadas llegaban a las comunidades, concentraban de manera forzada a la población en espacios abiertos, mientras que entraban a sus viviendas y cualquier “indicio” de participación en acciones subversivas calificaba para su detención.
—Operación/Plan Telaraña. Las fuerzas armadas sitiaban diferentes zonas e incursionaban en el monte acosando a la población con el objetivo de obtener información sobre el rumbo de los guerrilleros. Paralelamente, implementaron acciones de labor social que permitían agilizar la llegada y presencia de las fuerzas armadas y el acercamiento a la población.
—Operación Luciérnaga. Las fuerzas armadas concebían a las personas como “paquetes” que contenían información necesaria para hacer inteligencia militar; por lo tanto los “paquetes” eran archivados, clasificados y destruidos.
—Método de “La Aldea Vietnamita”. Consistía en el desplazamiento forzado de poblaciones, que solía suponer también la actuación del ejército no uniformado (vestidos de civil e infiltrados como campesinos) .
Las personas detenidas ilegal y arbitrariamente por el Ejército (o entregadas a éste por las policías locales) eran trasladadas a cárceles municipales, sitios acondicionados para su detención y zonas militares. Entre estas están el Campo Militar Número 1, la 27ª Zona Militar de Atoyac, la 35ª Zona Militar o la Base Militar de Pie de la Cuesta, de Acapulco. Sus cuerpos fueron sepultados en fosas clandestinas o arrojados al mar, a través de lo que se conoce como vuelos de la muerte .
En este esquema de represión sistemática de la población, las personas y las comunidades fueron víctimas de diversas violaciones a derechos humanos , entre ellas la detención ilegal y arbitraria, la tortura, la ejecución extrajudicial, el desplazamiento forzado y la desaparición forzada .
La estrategia contrainsurgente de exterminio de la población considerada opositora acabó al final con las guerrillas y desmovilizó el potencial de lucha social en Guerrero con un alto costo: se instaló en el imaginario de las clases dirigentes (caciques y autoridades locales y regionales) que la violencia sistemática era una herramienta efectiva de control social. A su vez, les dio mucho más poder al debilitar las capacidades de organización comunitaria, y facilitó la profundización de su imposición autoritaria.
Es en este contexto que se habla de la desaparición forzada de personas, siempre asociada a las estrategias de contrainsurgencia emprendidas por el Estado contra quienes integraban organizaciones que luchaban por reivindicaciones en una sociedad profundamente desigual y sobre toda persona que veían —básicamente por cualquier razón— como una amenaza al status quo.
Por lo tanto, es necesario introducir otro paréntesis, y subrayar que la LGD diferencia entre la desaparición forzada, y la desaparición cometida por particulares, delitos que sancionan la misma conducta (la privación de la libertad de una persona seguida de su ocultamiento) pero que se diferencian por quién la comete. Así, para configurar el primero, basta la acción, omisión o aquiescencia de cualquier persona servidora pública, mientras que el segundo puede ser cometido por quien sea.
Lo anterior debe destacarse porque durante la Guerra Sucia fue simultánea la expansión de cultivos ilícitos de marihuana y amapola; la consolidación de una elite de narcotraficantes con control sobre la población y el territorio, y la profundización de la desigualdad y la pobreza en un escenario de crisis de las actividades de producción alimentaria.
Algunas líneas de análisis observan que el período de la Guerra Sucia generó el terreno en el que germina la Guerra contra el narcotráfico . Otros trabajos van más allá y señalan que la represión de esa época fue la respuesta del gobierno mexicano ante la presión de Estados Unidos para el combate a las drogas .
Independientemente de las líneas de análisis que buscan explicar las causas y el proceso de la violencia durante la Guerra Sucia, el registro de personas desaparecidas en Guerrero entre 1981 y 2004 observa una baja significativa (26 desapariciones en 23 años) respecto de las 505 desapariciones registradas en la década que va de 1970 a 1980, número que sólo se va a alcanzar a partir del 2011 , en el contexto de la Guerra contra el narcotráfico, momento a partir del cual crecerá exponencialmente.
Así, aunque en muchos casos no parece haber duda de la participación de agentes estatales en la desaparición de personas, en lo general, su acción no está dirigida contra organizaciones política o ideológicamente contrarias a quienes ostentan el poder, ni aquellos que vía la revuelta social buscan fracturar el Estado y derrocar el régimen político. El contexto de la desaparición será otro, cuyos rasgos distintivos estarán en el combate al narcotráfico, y sumará, al menos, a dos actores armados: organizaciones criminales y autodefensas.
La Guerra contra el narcotráfico
En este marco, entender la actuación actual estatal es más complejo, sea porque el despliegue de las fuerzas armadas implique acciones de contrainsurgencia que no deberían llevar a cabo y que realizan sin importar los excesos contra la población, sea porque se han corrompido y no actúan contra los grupos criminales, sino que trabajan con y para ellos.
Así, la escalada de la violencia en Guerrero pasa a estar nucleada por las organizaciones criminales, y se observa, primero, a partir del enfrentamiento entre 2004 y 2006 de dos grandes cárteles del narcotráfico que se disputaban el territorio, de las confrontaciones a las que darán continuidad los grupos (células, bandas) que devienen de aquellos, (cuya fragmentación inicia en 2009 y actualmente apunta a la presencia de al menos 40 organizaciones en la entidad ) y de la reacción de las comunidades, que conformarán grupos de autodefensa , que eventualmente, también serán cuestionados en sus prácticas.
Cierto es que la Guerra contra el narcotráfico no inició la violencia en la entidad guerrerense, pero también lo es que sí la incrementó. La política de descabezamiento de los grandes cárteles no sólo disparó su atomización, sino que también dio cabida a la diversificación de sus actividades (extorsión, secuestro, huachicoleo, lavado de dinero) y favoreció el recrudecimiento de sus métodos. Ya no se trataba sólo de homicidios (indicador clave en todo análisis de violencia), sino de atrocidades como la decapitación, el desollamiento y/o el desmembramiento de los cuerpos, que —disueltos o calcinados— hacen parte de la destrucción de cadáveres como una práctica de ocultamiento. También, como una estrategia de terror que envía un mensaje a los rivales y a la población víctima de su actividad criminal.
Esto último es una de las principales características (que no la única) de los delitos de desaparición que marcan la segunda década del siglo XXI, y una breve referencia a las dinámicas que explican dicho fenómeno en la entidad.
Si bien es importante observar que estas dinámicas preceden y no se corresponden con las desapariciones resultado de la catástrofe generada por el huracán Otis, pero que no se pueden ignorar dado que hacen parte del contexto en que se insertan y sobre las que es importante profundizar a efecto de considerar los retos de la búsqueda en una entidad en la que se calcula que el número de contextos de hallazgos entre 2006 y 2023 asciende a 498 fosas clandestinas, de las cuales 284 se ubican en Acapulco .
Referencias
Artículo 4, fracción XVI y XVII de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas: a la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito; Persona No Localizada: a la persona cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito”. Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas , https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgmdfp.htm, p. 4; SEGOB, Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 2020, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/551671/PPHB_Versi_n_para_fortalecimiento_5may2020__2_.pdf, pp. 7-8. Al 2020, las legislaciones locales de Ciudad de México, Guanajuato y Estado de México habían omitido el término de “persona no localizada”.
Artículo 89 de la LGD: “Para establecer la presunción de un delito se atenderá a los siguientes criterios: I. Cuando la persona de la que se desconoce su paradero es menor de 18 años de edad; IV. Cuando, aun sin haber elementos de la probable comisión de un delito, han transcurrido setenta y dos horas sin tener Noticia de la suerte, ubicación o paradero de la persona”. Del mismo. modo, el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizada (p. 132), señala: “Siempre que la persona cuya desaparición o no localización se reporta o denuncia sea mujer, niña o adolescente debe presumirse la comisión de un delito en su contra desde el primer momento, lo cual implica que la Búsqueda Inmediata debe detonarse simultáneamente a la Búsqueda Individualizada, para garantizar la máxima protección”.
Entre el 26 de octubre y el 5 de enero de 2023, se consultaron 35 notas de prensa, resultado de la búsqueda bajo las palabras clave “desaparecidos huracán Otis”, “desaparecidos Acapulco Otis” y “cifras desaparecidos por Otis”. De esas 35 notas, únicamente tres utilizan el término de personas “no localizadas”: Quadratín, “Reportan 46 víctimas mortales y 56 desaparecidos por Otis”, 3 de noviembre de 2023, https://mexico.quadratin.com.mx/reportan-46-victimas-mortales-y-56-desaparecidos-por-otis/; Alís, Krupskaia, “Exigen más acciones para localizar a desaparecidos en Acapulco”. CNN (blog), 21 de noviembre de 2023, https://cnnespanol.cnn.com/video/busqueda-desaparecidos-acapulco-otis-perspectivas-mexico-tv/; y, finalmente, Animal Político, “Fiscalía de Guerrero Reporta Nuevo Deceso En Acapulco Por Otis, Ya Suman 50; Reconocen Apenas 30 Desaparecidos”, 24 de noviembre de 2023, https://animalpolitico.com/estados/acapulco-muertes-otis-desaparecidos
Por su parte, sólo una nota hace referencia al RNPDNO para señalar que las autoridades responsables de la búsqueda no están reportando en dicho registro: Maza, Alfredo, “Autoridades Omiten Incluir a Desaparecidos Por Otis En El Registro Nacional”, Animal Politico, 27 de noviembre de 2023, https://animalpolitico.com/estados/desaparecidos-otis-autoridades-omiten-registro-nacional
Del 3 de noviembre de 2023 al 3 de enero de 2024, sólo hay un aumento de 79 registros de personas desaparecidas en Guerrero, 27 de los cuales corresponden a personas desaparecidas en Acapulco. Los datos son los siguientes para cada corte temporal: Al 3 de noviembre de 2023 el RNPDNO reporta 6,054 personas desaparecidas, de las cuales fueron localizadas 2,009 personas y continúan desaparecidas 4,045. 1,722 están concentradas en Acapulco. Al 3 de enero de 2024 el RNPDNO reporta 6,133 personas desaparecidas, de las cuales fueron localizadas 2,027 personas y continúan desaparecidas 4,106. De ellas, 1,749 están concentradas en Acapulco.
El 20 de diciembre la gobernadora de la entidad señaló que había 32 personas desaparecidas de conformidad con la Fiscalía General del Estado: Jiménez, César, “A casi dos meses de la tragedia, AMLO ajusta cifra de fallecidos tras paso del huracán Otis en Acapulco”, Infobae, 20 de diciembre de 2023, https://www.infobae.com/mexico/2023/12/20/amlo-ajusta-cifra-de-fallecidos-tras-paso-del-huracan-otis-en-acapulco/ . Hasta el 8 de enero de 2024, la cifra se reportaba sin cambios: Grande, Pamela, “Sí Se Puede: Acapulco Recibió a 74 Mil Turistas Durante Las Vacaciones Decembrinas”, Sdpnoticias, 8 de enero de 2024. https://www.sdpnoticias.com/estados/guerrero/que-esta-pasando-en-acapulco-hoy-lunes-8-de-enero/
En 2002 se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) como una iniciativa impulsada desde presidencia para alcanzar verdad y justicia sobre acciones llevadas por el Estado y sus servidores públicos en contra de la población en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta. Las referencias a esta iniciativa pueden consultarse en: FEMOSPP, Informe Histórico a la Sociedad Mexicana, 2006, https://sitiosdememoria.segob.gob.mx/#005; Comisión de la Verdad del estado de Guerrero , Informe Final de Actividades Comverdad Guerrero, Archivos de la represión, México, 2021,
https://sitiosdememoria.segob.gob.mx/work/models/SitiosDeMemoria/Documentos/PDF/Informe_Final_de_Actividades_Comverdad_Guerrero.pdf; López López, Érika Liliana, “De la FEMOSPP a la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. Notas para una genealogía de la justicia transicional en México”. En: Carolina Robledo Silvestre, Ana Guglielmucci y Juan Pablo Vera Lugo (coords.) y Rachel Sieder (pról.), Todavía no. Justicia, democracia y transición en América Latina, Editorial Pontificia Universidad Javeriana/CIESAS/Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2022, pp. 133-154.
Las referencias a estos operativos pueden verse en: Gamiño Muñoz, Rodolfo, “Fuerzas armadas, contrainsurgencia y desaparición forzada en Guerrero en la década de los sesenta y setenta”, Letras históricas, núm. 17, 185-207, 2017, http://dx.doi.org/10.31836/lh.17.5639
Los vuelos de la muerte seguían mayoritariamente el siguiente patrón: las personas eran vendadas de los ojos, en algunos casos fotografiadas, asesinada, depositadas en bolsas que rellenaban con piedras e ingresadas en un avión que volaría sobre el mar en donde serían tiradas y finalmente desaparecidas sepultadas en fosas clandestinas o pozos cavados en los ejidos. Gamiño, pp. 186-187. Se trataba de una práctica recurrente también en las dictaduras del Cono Sur.
Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre el 55% y 61% de casos sobre violaciones graves de derechos humanos en la década de 1970 y primeros años de los ochenta ocurrieron en Guerrero y todos en el entorno rural. La Silla Rota, “Guerra sucia en Guerrero, el horror desde el gobierno”, 25 de octubre de 2014, https://lasillarota.com/especiales-lsr/2014/10/25/guerra-sucia-en-guerrero-el-horror-desde-el-gobierno-59681.html
Los municipios con mayores desapariciones forzadas fueron también los más golpeados por la represión contrainsurgente: Atoyac de Álvarez con 2003 registros y Acapulco de Juárez con 108, concentrando en el periodo ambos municipios alrededor del 62% de los registros de personas desaparecidas y no localizadas en Guerrero.
En 2006 en el informe de la FEMOSPP (pp. 276-277) se señala que a partir de 1973 en Guerrero la desaparición comenzó a constituirse en un mecanismo sistemático de eliminación de los considerados opositores al gobierno y se instaló como una práctica de las fuerzas militares y policiales del Estado en connivencia con los caciques y poderosos a nivel local y regional que veían como una amenaza a las organizaciones campesinas que luchaban por justas reivindicaciones en una sociedad profundamente desigual y autoritaria como la guerrerense. Esto lo corrobora la Comverdad, pp. 30-49.
Este planteamiento puede leerse en Santiago, Teresa e Illades, Carlos, “La guerra irregular en Guerrero, 2007-2017”, Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, vol. 40, núm. 157, 249-275, 2018, https://doi.org/10.24901/rehs.v40i157.363
Véase Martínez Hernández, Rabin Amadeo, “Violencia social en Guerrero: una aproximación fenomenológica”, Sociológica, año 36, núm. 104, 75-108, 2021, http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/view/1672
En Guerrero el registro de personas desaparecidas durante la segunda mitad del siglo XX da cuenta de cinco personas entre 1967-1969, mientras que entre 1970-1980, existe un total de 505 personas desaparecidas (466 hombres, 33 mujeres y 6 personas indeterminadas). Al respecto, dos datos son de destacarse:
1. Al hacer un seguimiento por año se confirma un incremento abrupto en 1974, cuando se presentaron 266 registros, es decir, el 53% aproximadamente del total de la década.
2. Este número (505 personas) representa aproximadamente el 58% de los registros de personas desaparecidas en este periodo a nivel nacional.
Según la misma información del RNPDNO al 3 de enero de 2024, el alza se mantiene sostenida con varios picos hasta 2023. Los picos más altos (de más de cuatrocientas personas desaparecidas por año) se alcanzan en 2013 (405 personas 304 hombres 101 mujeres), 2014 (493 personas, 379 hombres y 114 mujeres), 2016 (494 personas, 353 hombres y 141 mujeres), 2017 (655 personas 452 hombres y 203 mujeres) y 2023 (485 personas, 371 hombres, 113 mujeres y 1 indeterminado).
Gráfico. Personas Desaparecidas en Guerrero 1967-2023
Fuente: RNPDNO actualizado al 3 de enero de 2024
Las cifras varían según las fuentes, pero se habla de entre una decena y una veintena organizaciones antes de 2015. Véase, además de Santiago e Illades (2018), lo expuesto por Pantoja García, Juan Camilo, “La permanente crisis de Guerrero”. En: Atlas de la Seguridad y la Defensa de México, CASEDE, Ciudad de México, 207-219, 2016, https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10006215. El número más alto, que es el de cuarenta, puede encontrarse en el informe publicado por International Crisis Group, La guerra cotidiana: Guerrero y los retos a la paz en México, Informe sobre América Latina núm. 80 , 4 de mayo de 2020, https://icg-prod.s3.amazonaws.com/080-mexicos-everyday-war-spanish_0.pdf . Es un número equivalente al de las autodefensas.
La identificación de las autodefensas como un actor armado que emerge en respuesta a los ataques de las organizaciones criminales puede observarse en algunos de los diferentes textos ya mencionados: Pantoja (2016), Santiago e Illades (2018), International Crisis Group (2020) o Martínez (2021). Con mayor o menor detalle refieren hechos que les vinculan con grupos delictivos o que hacen alusión a prácticas criminales generadoras de violencia o al menos a que de ello han llegado a ser acusadas. Algunas precisan la legitimidad ganada e incluso precisan las diferencias entre Autodefensas y Policías comunitarias.
En septiembre de 2023, la Universidad Iberoamericana presentó un informe que registra el hallazgo de fosas clandestinas entre 2020 y 2022. Conforme a éste se reporta la existencia de 110 fosas clandestinas en Guerrero de las cuales 66 se ubicaron en Acapulco de Juárez; 14 en Leonardo Bravo y 9 en Iguala de la Independencia. Puede consultarse en: Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Artículo 19, Buscar entre el dolor y la esperanza. Hallazgos de fosas clandestinas en México 2020-2022, septiembre de 2023, Ciudad de México, https://ibero.mx/sites/all/themes/ibero/images/ibero/derechos-humanos/informe-fosas.pdf
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a su vez, presenta la página web Mapa de hallazgos de fosas clandestinas. Un panorama a nivel municipal, estatal y federal, https://hallazgosfosasclandestinas.segob.gob.mx/. La página permite dividir el periodo de hallazgo entre 2006-2018 y del 1/12/2018-30/4/2023. El número que publica la CNB para el periodo que va de 2006 a 2023 — sin modificación al 05 de enero de 2024 — da cuenta de 498 fosas clandestinas, de las cuales 284 se ubican en Acapulco de Juárez.
Las cifras no pueden ser equiparables porque se construyen con diferentes metodologías para diferentes periodos. Los datos de la Universidad Iberoamericana tienen como fuente lo publicado en prensa sobre el periodo 2020-2022, mientras que lo reportado por la CNB atiende a la información que le proporcionan las fiscalías sobre los hallazgos de 2006 a 2023. Dicho conteo se realiza considerando ambas temporalidades, es decir de 2006 a 2018 y del 1 de diciembre de 2018 al 30 de abril de 2023. Aun así, destaca que la Fiscalía de Guerrero, reporte el hallazgo de sólo 31 fosas clandestinas en el periodo que va de 2020 a 2022.
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*Este texto es una colaboración entre el LEVIF (https://www.colef.mx/levif/), de El Colegio de la Frontera Norte, y A dónde van los desaparecidos. Aquí puede encontrar la pieza original.
El Laboratorio de Estudios sobre Violencia en la Frontera (LEVIF) es un proyecto académico y humanista de El Colegio de la Frontera Norte que tiene como objetivo analizar la violencia criminal en esta región fronteriza, generar eventos y documentos de divulgación científica sobre el tema.
Adriana González Veloz es licenciada en ciencia política por la UNAM, maestra en derechos humanos por la FLACSO-México y Doctora en Ciencias Sociales por la UAM.
La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición del LEVIF ni de A dónde van los desaparecidos.
Foto de portada: Familiares y amigos de marineros que desaparecieron la madrugada del 25 de octubre anterior, durante el paso del huracán Otis, mientras cuidaban embarcaciones fondeadas en diferentes puntos de la bahía de Acapulco, se manifestaron el sábado 18 de noviembre del 2023 en la avenida Costera Miguel Alemán. (Cromática/EsImagen/ObturadorMX).
