#MigrarSinVigilancia es el nombre de la coalición busca construir un frente común para defender los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad, específicamente, en espacios digitales.
Reúne a 35 organizaciones, asociaciones civiles y albergues de América Latina.
Por Aletse Torres Flores / @aletse1799
A principios de 2023 diversas organizaciones y asociaciones civiles comenzaron a trabajar en conjunto por un bien común: resguardar la privacidad de las personas en contexto de movilidad, así como sus derechos digitales. Este nuevo “frente” fue la antesala de la coalición “#MigrarSinVigilancia”.
Angela Alarcón, integrante de Access Now, explicó que la agrupación surgió tras identificar los vacíos existentes en materia de derechos digitales de las personas en contexto de movilidad en América Latina.
“Trabajamos con los temas de privacidad de protección de los datos personales y su derecho a la privacidad. Las personas migrantes merecen tener privacidad, sin ella, son más vulnerables a riesgos en su camino y a la negación de otros derechos, como la salud, vivienda o trabajo” comentó la activista.
Asimismo, Alarcón explicó que cada vez son más los gobiernos que optan por utilizar tecnologías para vigilar a personas en contexto de movilidad humana, solicitantes de asilo, y otras personas en movimiento, esto sin respetar sus derechos. Por lo mismo, la coalición latinoamericana busca ser una herramienta para resguardar los derechos humanos de la población en movimiento a partir de la protección de sus datos personales.
En mayo de 2023, distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos enviaron una carta a Amazon Web Services (AWS) para solicitar que terminen su acuerdo para albergar la base de datos de tecnología de reconocimiento avanzado nacional (Homeland Advanced Recognition Technology o HART) del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés). No obstante, no obtuvieron respuesta y siguen sin hacerlo.
Las bases de datos contienen datos biométricos, los cuales son recopilados por el gobierno de Estados Unidos para tener mayor información de las personas que están migrando y compartir estos datos con países como México, Guatemala, Honduras y El Salvador, entre otros.
¿Qué son los datos biométricos? Es toda aquella información sensible, única y personal, como reconocimiento facial, escaneos de iris, huellas dactilares, registros de voz, entre otros. Estos ayudan al reconocimiento inequívoco de personas basado en uno o más rasgos conductuales o físicos intrínsecos.
Alarcón señaló que dicha recopilación, resguardo e intercambio de información es poco transparente por parte de las autoridades, lo cual termina complicando la denuncia de abusos y rendición de cuentas de las mismas. Las personas en contexto de movilidad están siendo vigiladas sin siquiera darse cuenta.
Los gobiernos obtienen información de las personas que están a punto de migrar o están en el proceso pese a que no llegan al país de destino, se trata de una externalización de las fronteras, concebidas por la coalición como “fronteras inteligentes”.
“Por eso hablamos de externalización de las fronteras, porque como que la frontera ya se mueve no es únicamente el espacio físico, sino que empieza a moverse más allá, y termina obstaculizando su camino” sentenció Angela.
Sin embargo, para la activista esto resulta contradictorio, puesto que, conocen las razones por la cuales deciden migrar pero deciden parar con su proceso, lo cual termina poniendo a las personas en contextos más peligrosos. Es decir, al notar esto, quienes están migrando, deciden tomar caminos más inseguros, poniendo en riesgo su seguridad:
“Muchas veces está triangulada su ubicación por los celulares que llevan consigo, pero no le puedes pedir a alguien que está en constante riesgo que deje su teléfono y comunicación con su familia porque lo están vigilando”.
Entonces, las personas migrantes son vulnerables en más de un sentido. La recopilación masiva de datos biométricos y el uso de estos en el ejercicio de vigilancia es una invasión a su privacidad como personas migrantes, además de un atentado contra su integridad y dignidad. Algunas de las maneras en las que HART atenta contra los derechos de las personas en contexto de movilidad humana incluyen:
- Atenta contra el consentimiento informado: la recopilación de datos biométricos en las fronteras raramente es informada con claridad y consentida libremente, lo que vulnera a la población en movilidad.
- Atenta contra la privacidad y el principio de inocencia: cuando los datos biométricos se comparten con múltiples autoridades, se puede vigilar a las personas registradas incluso antes de que lleguen a las fronteras. Es un trato discriminatorio y criminalizante.
- Facilita el perfilamiento: los datos biométricos y otros datos recopilados pueden ser usados para crear perfiles digitales. Estos perfiles pueden influir en las decisiones migratorias que las autoridades tomen, como separaciones familiares, detenciones y deportaciones.
- Les expone a errores en el sistema y sus consecuencias: los sistemas de reconocimiento facial, por ejemplo, pueden equivocarse según el género, raza o edad de una persona y las condiciones en que se fotografió. Este error puede poner en peligro la vida de las personas.
- En caso de filtración, el resultado sería catastrófico: al ser una base de datos centralizada que recopila datos que revelan rasgos sensibles, una filtración de datos HART brindaría un perfil completo de las personas migrantes registradas.
Alarcón sentenció que las personas en contexto de movilidad merecen privacidad. No se trata de un derecho de segunda categoría, es un derecho que habla sobre ti, sobre tu pasado, familia, conexiones y resguarda la dignidad de las personas.
“Hay que entender también que a veces hay políticas, pues con una tendencia digamos a rechazar a la persona migrante y en la medida en que tengan información sobre esa persona que no les guste”.
¿Qué pasa con los albergues?
Kathy Kruger es parte de la organización “Al Otro Lado” y ha acompañado a personas en contexto de movilidad en albergues localizados en la frontera de Tijuana. Desde su experiencia, la abogada ha notado cómo se han creado dos tipos de fronteras: las físicas e inteligentes.
El gobierno de Estados Unidos lleva años invirtiendo recursos en que su frontera física sea más allá de los 3.000 kilómetros que comprende entre México y su territorio, construyendo así una frontera que vigile y detenga el fenómeno migratorio desde los países de origen. Mujeres, niñez, personas de la comunidad LGBTIQ+ O refugiadxs son detenidxs antes de poder acceder a las solicitudes de asilo.
Para Kathy, esta vigilancia resulta preocupante, puesto que, la única manera para solicitar asilo e ingreso a Estados Unidos es a través de una plataforma digital, lo cual termina ocasionando que miles de personas sean rechazadas por la recolección de su información y el perfilamiento de la misma.
Desde su labor en albergues, ha observado cómo ahora deben de cubrir dos frentes, para empezar la atención de primera mano (comida, refugio, atención médica, atención legal, entre otras) y a la par, apoyo en sus trámites de asilo, ya que se enfrentan a la barrera digital y a la vulneración de sus derechos en este espacio.
“Todo resulta en un mal congénito o sea, estamos hablando ya incluso hay casos de gente con enfermedades terminales diciendo oye ayúdanos porque esa persona no sabe leer ni escribir y necesitamos que ingrese a Estados Unidos”.
Asimismo, compartió que la saturación, la falta de recursos y de personal termina dificultando que todas las personas reciban la atención e información necesaria para exigir el respeto a sus derechos con las autoridades.
Y es que, las autoridades, con el supuesto objetivo de mejorar la seguridad de los Estados y de hacer un manejo más eficiente de las fronteras, la población migrante y otras personas en movimiento son sujetas a múltiples tecnologías con capacidades de vigilancia, en muchas ocasiones sin su consentimiento informado, o sin una posibilidad real de decir ‘no’.
Existe poca claridad sobre quiénes tienen acceso a los datos personales de las personas migrantes, cómo verifican las autoridades que la información sea correcta y la relación entre estos y las decisiones migratorias que toman las autoridades, favorece un ambiente de opacidad y falta de rendición de cuentas en detrimento de los derechos de las personas migrantes.
Pero, Kathy también es consciente de que no se les puede pedir a las personas que dejen de utilizar dichas tecnologías. Si bien, pueden hacer pequeñas acciones que contribuyan a su seguridad digital como el uso de contraseñas seguras, no aceptar las cookies y verificar qué información comparten en el internet.
Pero, los datos biométricos son obtenidos por grandes bases de datos que no pueden controlar las personas en contexto de movilidad y, por lo mismo, no se trata de acciones individuales, sino de acciones estructurales.
Tanto Kathy como Angela puntualizan que los gobiernos deben de optar por la creación de políticas públicas que aboguen por los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana y así como en programas que les apoyen.
El posicionamiento de #MigrarSinVigilancia
La coalición latinoamericana se manifiesta en contra de aquellas tecnologías, políticas públicas y prácticas que atentan contra la privacidad y derechos conexos de las personas migrantes y otras personas en movimiento, por lo mismo se posicionan y trabajan:
- En contra del perfilamiento masivo de personas en contextos migratorios y humanitarios. Tomar decisiones migratorias con base en características físicas o morales de una persona es arbitrario y favorece la discriminación a partir de sesgos.
- En contra de tecnologías con capacidades analíticas “predictivas” en contextos migratorios o humanitarios. El futuro no se puede predecir. Aseverar que una tecnología tiene la capacidad de prever un delito antes de que este se cometa pasa por encima del principio de inocencia y puede conducir a serias consecuencias en la vida de una persona migrante, incluyendo consecuencias penales.
- En contra de tecnologías y bases de datos interoperables que permitan la geolocalización de personas migrantes y otras personas en movimiento. Esta práctica criminaliza a dicha población y permite un control intrusivo de su vida privada.
- En contra del uso de sistemas automatizados o semiautomatizados para la toma de decisiones relacionadas con el destino migratorio de una persona. Las tecnologías y procesos que implican nula o baja participación humana en la toma de decisiones afectan la posibilidad de las personas migrantes de contar su propia historia de vida. Cuando esta posibilidad no se brinda se puede afectar el derecho a la libre circulación e, incluso, el resultado de las solicitudes de asilo.
- En contra del uso de datos sensibles de personas migrantes para alimentar modelos de aprendizaje automático: salvo que una persona migrante haya brindado su consentimiento libre e informadamente, sus datos personales no deben ser utilizados.
- A favor de que se limiten los actores que tienen acceso a los datos personales de las personas migrantes y otras personas en movimiento. Los datos personales, y particularmente los datos sensibles, deben ser tratados con los mayores estándares internacionales.
- A favor de leyes robustas de protección de datos personales. Antes que un país considere el tratamiento de datos de personas migrantes, debe contar primero con una legislación que delimite el accionar de las autoridades. Esto incluye pero no se limita a la creación de una autoridad de protección de datos personales autónoma que permita cumplir el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y posición (ARCO).
Finalmente, Angela Alarcón expresó que las compañías privadas están obligadas a respetar y defender los derechos humanos, así es como se ha declarado en los Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a la par, invitó a las organizaciones de derechos humanos, asociaciones civiles, albergues y cualquier otra institución que esté interesada a ser parte de la coalición.
