En el aniversario número seis de la puesta en marcha de la Ley General en materia de desaparición de personas, los colectivos que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) denunciaron que el Gobierno Federal ha emprendido acciones para “desmantelar” las estructuras institucionales que fueron creadas por las familias buscadoras para atender la crisis de desapariciones.
Entre estas acciones, denunciaron los cambios recientes al interior del Sistema Nacional de Búsqueda, así como el regreso de las autoridades a “debates ya superados”, como la definición de persona desaparecida, la magnitud y realidad de las desapariciones y la invisibilización y manipulación de las cifras.
Recordando la emblemática consigna “¡Sin las familias, no!” los colectivos llamaron a las autoridades federales a reconocer el conocimiento y aporte histórico que los colectivos de personas buscadoras mantienen para la construcción de una política pública integral para revertir la crisis de desapariciones en el país.
Por Redacción ZonaDocs / @ZonaDocs
“¡Sin las familias no!” fue la consigna que acompañó por casi una década al movimiento nacional que derivó en la construcción de una ley capaz de reconocer, atender y prevenir la problemática de las desapariciones en México.
Con este mismo lema, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, el cual agrupa a más de 86 colectivos de familiares en México y Centroamérica, lanzaron un comunicado conmemorativo a 6 años de la entrada en vigor de la Ley General de Desaparición. Aluden a esta consigna para evidenciar los temas pendientes y las fallas que prevalecen en la implementación de la legislación, así como del entramado institucional que tiene la obligación de atender la problemática.
“Durante estos seis años, las familias de personas desaparecidas hemos trabajado con tenacidad, coraje, y a menudo desesperación, colaborando estrechamente con los gobiernos federal y estatal para crear y operar instituciones dedicadas a la búsqueda de nuestros seres queridos” expresaron.
En ese sentido, los colectivos denunciaron que el Gobierno Federal está emprendiendo acciones para “desmantelar” las estructuras que fueron creadas para enfrentar las crisis, tal es el caso del Sistema Nacional de Búsqueda, uno de los entramados institucionales más significativos para el movimiento.
Enlistan al menos tres acciones que consideran forman parte de esta estrategia de desmantelamiento:
- El censo de personas desaparecidas como un intento para debilitar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que establece en la Ley General y en el que están involucradas fiscalías especializadas y comisiones estatales de búsqueda. Según destacaron, se trata de una acción carente de transparencia, metodología y consulta con las familias y la sociedad, el cual podría derivar en la manipulación de cifras de cara a un contexto electoral:
“La opacidad gubernamental en esta iniciativa, particularmente en un contexto electoral, sugiere un despropósito: manipular las cifras de desaparecidos, minimizando así la gravedad de la situación” manifestaron.
2. La reducción del personal de la Comisión Nacional de Búsqueda y el Centro Nacional de Identificación Humana.
3. La falta de disposición política para entablar el diálogo y consulta con las familias de personas desaparecidas.
Advirtieron que, si bien, todas las legislaciones y políticas públicas deben revisarse y mejorarse periódicamente, éstas adecuaciones, cambios o adaptaciones “deben priorizar las necesidades de las víctimas y no estar influenciadas por intereses políticos o electorales”.
Al respecto, recordaron que la Ley General en materia de desaparición de personas fue el resultado del trabajo colectivo de las familias y de las acciones de exigencia pública y política articuladas a través del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Además, señalaron que su existencia fue “una respuesta directa a la inacción de las autoridades en la búsqueda y esclarecimiento de los casos” de sus seres queridos.
Y es que, señalaron que observan con profunda preocupación los cambios recientes dentro del Sistema Nacional de Búsqueda, mismos que en su análisis son “intentos del gobierno de regresar a debates ya superados”. Muestra de ello es el retroceso discursivo y simbólico de la definición de personas desaparecidas:
“La definición de persona desaparecida, piedra angular de la Ley, fue concebida desde una perspectiva amplia, con el objetivo de ofrecer la máxima protección a la vida y la dignidad tanto de las personas desaparecidas, como de sus familias” precisaron.
Por otro lado, el propio reconocimiento oficial de la grave magnitud de la problemática de las desapariciones en México. En opinión de los colectivos parece que el Estado y sus instituciones están más enfocadas en “disputar las cifras de desaparecidos” que en buscarles:
“Cuestionar la realidad de las desapariciones es una afrenta a nuestra dignidad y pone en riesgo la vida e integridad de nuestros seres queridos”.
Afirmaron que “el trabajo conjunto” entre las familias y las instituciones gubernamentales encargadas de buscar a las personas desaparecidas del país “es esencial para construir confianza y canales de comunicación sólidos”, sin embargo, cuestionan que prevalezcan escenarios de indiferencia y pasividad de parte de las autoridades para establecer mecanismos efectivos de búsqueda e identificación de la mano de las familias.
“La consigna “sin las familias no” implica una demanda a las instituciones de crear mecanismos que fortalezcan la participación y el debate en torno a los derechos de los familiares de personas desaparecidas”.
Finalmente, exigieron al Gobierno federal y a los estatales que frenen el desmantelamiento de las instituciones creadas dentro del Sistema Nacional de Búsqueda. De manera puntual demandaron al Estado Mexicano que detalle su plan de trabajo “con plazos y objetivos definidos” para continuar atendiendo el fenómeno de las desapariciones.
Además, solicitaron que exista transparencia sobre los perfiles de los nuevos nombramientos en la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y que ofrezca claridad sobre la justificación de los despidos, “para brindar tranquilidad y certidumbre a las familias afectadas por este proceso”.
