Organizaciones y colectivos de Jalisco protestaron y denunciaron la demora de casi seis meses de parte de las autoridades municipales y estatales, quienes sin acatar la orden judicial que les obliga a reinstalar el Antimonumento 5J, el cual fue colocado para recordar el llamado “halconazo tapatío”, ocurrido el 5 de junio de 2020.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Este 10 de enero, organizaciones y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco realizaron una manifestación en la Plaza Imelda Virgen donde denunciaron que autoridades municipales y estatales, han demorado casi seis meses en cumplir la orden del juez federal que les obliga a reinstalar el Antimonumento 5J, colocado para recordar la violencia policial cometida contra jóvenes el 5 de junio de 2020.
En mítin, las organizaciones alzaron la voz para señalar el desacato por parte de las autoridades municipales en torno a la reinstalación del #Antimonumento5J en Guadalajara; por este motivo, acusaron a las instancias gubernamentales de emplear diversas estrategias para eludir el cumplimiento de la orden judicial.
El conflicto se remonta al retiro injustificado del Antimonumento5J por parte del gobierno de Jalisco y el gobierno municipal de Guadalajara, hecho que ocurrió el 6 de junio de 2023, apenas un par de horas de que víctimas, organizaciones y colectivos lo hubieran instalado a tres años del llamado “halconazo tapatío”.
Desde entonces, los colectivos emprendieron acciones a nivel nacional e internacional para lograr la reinstalación, entre las cuales destaca la presentación de un amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación, el 28 de junio de 2023.
Este amparo fue presentado por el Colectivo 5 de JunioMemoria, el Colectivo Luz de Esperanza y el CEPAD, mismo que fue conocido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Tercer Circuito del Estado de Jalisco.
En el marco de dicho juicio, se solicitó inicialmente la suspensión provisional, la cual fue negada en primera instancia. Sin embargo, tras interponer un recurso de queja ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, este determinó que el retiro del Antimonumento constituía una violación a los derechos fundamentales como la libertad de expresión, de ideas y a la memoria. Como resultado, se ordenó la reinstalación inmediata, misma que no ha ocurrido.
A pesar de estas determinaciones judiciales, hasta la fecha, las autoridades municipales no han cumplido con la orden de reinstalar el Antimonumento5J, su justificación es que siguen determinando la viabilidad del Antimonumento en términos estéticos y de seguridad.
Para las organizaciones, a seis meses de la suspensión provisional y definitiva, el desacato no sólo representa un incumplimiento de las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, sino también una falta de respeto a la resolución judicial.
Por su parte, las autoridades municipales han alegado en diferentes momentos que la reinstalación representa un riesgo para los peatones o que la estructura está resguardada por la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.
Sin embargo, estas afirmaciones han sido refutadas, especialmente, después de que se revelara que el Antimonumento se encuentra resguardado desde el pasado 4 de octubre de 2023 en la Comandancia Regional del municipio de Poncitlán.
Durante el mítin, los colectivos denunciaron que, a pesar de los compromisos y órdenes judiciales para entregar el Antimonumento a la Dirección de Inspección y Vigilancia, la entrega no se ha llevado a cabo, impidiendo su reinstalación.
La incertidumbre sobre las condiciones actuales del Antimonumento y si ha sido protegido sin sufrir daños aumenta la preocupación y el desconcierto entre las organizaciones y colectivos.
Los colectivos detallaron que los gobiernos municipales y estales se han dedicado a realizar una estrategia de desgaste y prolongación del juicio; no obstante, las organizaciones recordaron que el próximo 15 de enero de 2024 se llevará a cabo la audiencia constitucional que determinará de manera definitiva si el retiro del Antimonumento5J violó los derechos a la memoria, libertad de expresión y protesta social.
Razón por la que solicitaron al Juzgado, resolver favorablemente y poner fin a las violaciones de derechos humanos contra las víctimas del “Halconazo tapatío”.
En un llamado final, los colectivos exigieron al Presidente Municipal Interino de Guadalajara, Francisco Ramírez Salcido, a la Dirección de Inspección y Vigilancia, y a la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos que cumplan con la determinación judicial y procedan a la reinstalación inmediata del Antimonumento 5J.
