#AlianzaDeMedios
La madrugada del 20 de agosto de 2020 un policía llamó a la puerta de la casa de Samantha Flores Rosales, para decirle a su familia que tuvo un accidente en la avenida Ferrocarriles, en Atlixco, Puebla.
Lo que no dijo el oficial es que Sam, como le decían de cariño, estaba muerta: un automóvil la había perseguido y tirado de la motocicleta en la que viajaba, para luego pasar por encima de su cuerpo.
Su madre, la señora Fabiola, supo que la muerte de Sam no fue fortuita, sino que se trataba de un transfeminicidio, pues unas personas le hablaron del video que mostraba los últimos minutos de la vida de su hija.
Un transfeminicidio es el asesinato de mujeres trans cometido por el desprecio o sentido de posesión hacia ellas, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). El de Sam es uno de los 33 que han ocurrido en el estado durante los últimos 11 años. Son historias que se repiten: asesinatos violentos, abordados por autoridades y medios de comunicación como crímenes pasionales, riñas o asaltos.
Un día después del asesinato de Sam, el fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, reconoció que había elementos para considerarlo feminicidio. Sin embargo, la dependencia dio a conocer, en respuesta a una solicitud de información, que ningún asesinato de mujer trans se investiga como tal.
Para que un asesinato de mujer trans se considere feminicidio, de acuerdo con la propia Fiscalía, se requiere: “que la persona en cuestión se encuentre identificada como mujer trans conforme a las leyes aplicables a la materia, que el delito en cuestión se haya realizado conforme al Capitulo Décimo Quinto del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla”.
Esto significaría que solo si las mujeres trans asesinadas hicieron su cambio de identidad de género autopercibida, el crimen se investigará bajo el protocolo de feminicidio, pese a que se trata de asesinatos realizados con saña, tratos crueles, tortura, en los que suele haber relación afectiva o de confianza con el victimario, exposición de los cuerpos en el espacio público y violencias previas, causales del delito de feminicidio, tipificado en Puebla desde 2013.
Mientras tanto, los transfeminicidios parecen invisibles ante las autoridades.
El comienzo de una lucha
El miércoles 7 de marzo de 2012, Brahim Zamora vio por última vez a Agnes Torres Hernández, su amiga y colaboradora en proyectos sobre sexualidad. Ella le dijo que iría ese fin de semana a Chipilo, en el municipio de San Gregorio Atzompa. Le avisó para que no se preocupara, ya que en otras ocasiones les había dado algunos sustos a sus amistades por irse de fiesta y no comunicarse en mucho tiempo.
Así era Agnes, dice Brahim, vivía intensamente.
Dos días después, fue asesinada y su cuerpo abandonado en una barranca en las inmediaciones de Atlixco. El crimen fue cometido por personas conocidas. La saña estaba presente, pero en ese momento en el Código Penal de Puebla no estaban tipificados los crímenes de odio ni los feminicidios como delitos diferentes del homicidio.
En cuanto se difundió la noticia del asesinato de Agnes, decenas, si no es que cientos de personas se reunieron en el zócalo de la ciudad de Puebla. La explanada se llenó de velas blancas, imágenes con el rostro de Agnes impresas en los colores del arcoíris, abrazos dolidos y lágrimas, pero también de mucha indignación.
Desde ese momento hubo una exigencia contundente para que los crímenes contra integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, trans, intersexual (LGBTI+) fueran investigados como crímenes de odio.
Se pidió la creación de una Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, una Ley de Identidad Sexogenérica, una unidad uspecializada para investigar los asesinatos de mujeres y personas de la diversidad sexual, y el nombramiento del 17 de mayo como Día Estatal contra la Homofobia.
Algunas de las demandas tardaron casi diez años en cumplirse, otras se concretaron a medias.
La tipificación de los crímenes de odio ocurrió en julio de 2012; la Ley estatal contra la discriminación se emitió en noviembre de 2013, pero hasta el momento no se ha instalado el consejo que analice los actos de discriminación; el nombramiento del Día contra la homofobia se realizó en mayo de 2019; la unidad especializada se creó en noviembre de 2020, y la Ley de Identidad de Género Autopercibida en Puebla, también conocida como la Ley Agnes debido a que la activista fue la primera en promoverla, se aprobó en marzo de 2021.
Pese a la lucha por el reconocimiento de los homicidios de odio, la iniciativa no ha rendido los frutos esperados. De acuerdo con información entregada vía transparencia por la fiscalía poblana, de enero de 2013 a agosto de 2023 hubo 14 homicidios de odio por razones de género contra “hombres”, que podrían ser transfeminicidios.
Las cifras oficiales reconocen tres casos durante 2013; cuatro, en 2014; seis, en 2015, y uno, en 2016. Habría cero casos en los años 2017 a 2023.
Con respecto a los homicidios de odio por orientación sexual, la Fiscalía dio exactamente los mismos datos: 14 asesinatos de “hombres” entre 2013 y 2016. Es decir, de 2017 a la fecha no hay crímenes de odio por transfobia u homofobia reconocidos oficialmente en Puebla.
En contraste con las cifras oficiales, para esta investigación se hizo una compilación histórica con bases de datos de posibles transfeminicidios recopilados por Letra S y Vida Plena, ambas organizaciones civiles, además de hacer una revisión hemerográfica propia.
Esta revisión arroja que de 2012 a 2023 ocurrieron 33 probables transfeminicidios, 135% más que los reportados por la Fiscalía. De esos asesinatos violentos de mujeres trans en Puebla, al menos 15 sucedieron de 2017 a la fecha.
Los lugares donde hay más casos son: Puebla, Atlixco y Tehuacán.
Un lugar violento
No es casualidad que la ciudad de la que huyó Agnes, a pesar de haber nacido allí y haber disfrutado de una infancia feliz, sea Tehuacán, donde recibió amenazas y fue víctima de un intento de ataque.
De acuerdo con la revisión hemerográfica ya referida, al menos cinco transfeminicidios ocurrieron en ese municipio desde enero de 2012 hasta noviembre de 2023. Kevin Williams, vocero de Unión de Colectivos LGBTI+ de Tehuacán, dice que tienen contabilizados 15 crímenes de odio de 2010 a 2020, algunos de ellos en extremo violentos.
Durante una entrevista, Kevin recuerda uno en particular.
—Que te hablen a las cuatro de la mañana y te digan: William acaban de matar a tu mejor amiga, no es fácil y nunca te acostumbras, nunca deja de dolerte y jamás te olvidas de los rostros.
Se refiere al asesinato de Bárbara Lezama, ocurrido el 30 de abril de 2011, en la ciudad de Puebla. Bárbara, alta, graciosa y guapa, había salido de antro con una amiga en la zona de Zavaleta, horas después fue cruelmente asesinada.
De una forma muy similar ocurrieron otros tres crímenes de mujeres trans en Tehuacán: Regina Echeverría, en 2013; una mujer aún no identificada, en 2016, y Yadira, la encargada de un bar, en 2017. Otras como Charly y una mujer no identificada fueron encontradas sin vida con huellas de tortura y lesiones infamantes.
Igual que en el caso de Sam, las características de estos asesinatos encuadran en algunas de las causales del tipo penal de feminicidio vigente en Puebla.
De hecho, en la compilación histórica, de 42 asesinatos violentos de mujeres trans de 1996 a noviembre de 2023, en 39 hay información suficiente (causales) para considerarles feminicidios.
De la totalidad de los casos históricos, en 25 hubo lesiones infamantes o degradantes, violencia sexual o tratos crueles o inhumanos; en 22 ocasiones el cuerpo fue exhibido en el espacio público; en 11 había indicios de una relación sentimental, afectiva o de confianza con el victimario, y en dos casos hubo antecedentes de violencia, amenazas, acoso o lesiones previas.
En Tehuacán la violencia contra las mujeres trans y personas de la diversidad sexual es una constante, aunque no siempre culmina con el asesinato.
Kevin Williams contó que en julio de 2020 una mujer trans, conocida como Jeidy, fue perseguida y atacada con arma de fuego por unos mecánicos. Su caso es uno de los pocos donde ha habido una sentencia contra los responsables. Durante 2022, cerca de la celebración de la Marcha del Orgullo LGBTI+, fue descubierto un grupo en Telegram donde varias personas se estaban organizando para matar a hombres homosexuales.
—Esta tentativa (de agresión) fue tan fuerte que hasta el gobernador (Luis Miguel Barbosa Huerta) metió las manos -recuerda Williams, quien estuvo afuera del evento que se realizó posterior a la marcha, en un club nocturno, revisando a cada una de las personas que ingresaban, y además se contrató seguridad privada para evitar que las amenazas se cumplieran.
Si bien reconoce que esta amenaza fue en contra de la comunidad LGBTI+ en general, las agresiones contra las mujeres trans en el municipio son más acentuadas, ya que son objeto de violencia familiar y discriminación en los espacios públicos.
—Lo más visible es lo más atacado -dice el activista.
De acuerdo con el informe “Los Rastros de la Violencia por Prejuicio: Violencia Letal y no Letal Contra Personas LGBT+ en México”, elaborado por Letra S, el 55.2% de los crímenes de odio contra personas sexodiversas, de 2018 a 2022, corresponden a mujeres trans.
Cifras de Letra S colocan a Puebla en el lugar 11 nacional respecto a transfeminicidios. Sin embargo, contabiliza sólo 11 casos de 2015 a 2022, cuando la revisión hemerográfica que se hizo para este trabajo ubicó 21 en total, en el mismo periodo de tiempo.
La diferencia de datos se debe a la fuente empleada: los medios de comunicación. Al respecto Ana Laura Gamboa Muñoz, del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de la Universidad Iberoamericana de Puebla, sostiene que en toda América Latina existe una deficiencia en el registro de estos asesinatos. De allí que muchas organizaciones civiles hagan sus propios registros, donde puede haber complicaciones, que tendrían que ser subsanadas por un registro oficial, en este caso, a cargo de la Fiscalía General del estado de Puebla.
Atlixco y la impunidad
Un ejemplo de cómo existen transfeminicidios que pasan desapercibidos tanto por los medios de comunicación como por las autoridades es el caso de Yoksana o Pamelitha Martínez Vázquez, una joven de 22 años asesinada en Atlixco, cuyo cuerpo fue dejado en pleno zócalo de la ciudad en 2015.
Fue hasta 2020, cuando ocurrió el homicidio de Samantha Flores Rosales, que un amigo en común aseguró que Yoksana fue la primera reina de belleza trans asesinada en el municipio. No dio más datos, pero a través de una revisión en redes sociales se encontró que era originaria de Mexicali, Baja California; había llegado a Puebla alrededor de 2012 y si bien la fecha exacta de su muerte no es clara, una de sus hermanas publicó una fotografía suya con comentarios de “Te extraño” el 1 de octubre de 2015.
Atlixco, reconocido por ser Pueblo Mágico, la venta de flores y su clima cálido, es el segundo lugar estatal en transfeminicidios, con seis casos de 2012 a la fecha, de acuerdo con la revisión hemerográfica.
El transfeminicidio de Samantha quizás sea al más sonado, no sólo por la viralización del video de su asesinato, sino porque era una activista de la comunidad LGTBI+ en Atlixco, que colaboraba con la organización de la marcha del orgullo en el municipio. Además de haber sido reconocida como Señorita Gay en 2017 y Miss Universal Puebla en 2020.
Su madre, la señora Fabiola Rosales, sostiene que lo que distinguía a su hija no solo fue ser una excelente estudiante, también tenía un gran corazón, siempre estaba dispuesta a escuchar a las personas y darles un consejo. Hasta la fecha, a tres años de su homicidio, a los lugares a donde va se encuentra personas que conocieron a su hija y la recuerdan con cariño.
—Más que mamá era también como una amiga, cualquier cosa, cualquier problema, siempre platicaba conmigo. Igual yo (le) platicaba Su manera de ser pues siempre (era) dar un consejo, un apoyo, tanto como a mí, como a varios de sus amigos.
Samantha, originaria de La Magdalena Axocopan, una comunidad donde los predios urbanos se intercalan con los campos de flores, siempre fue aceptada por sus papás, hermanos y abuelos. Su meta era escribir un libro donde contara su proceso de transición. Ese y otros planes quedaron truncos cuando un coche la arrolló deliberadamente y el conductor de la motocicleta en la que iba Sam huyó del lugar, sin buscar ayuda.
Danna, amiga de Sam, dijo que la semana previa a su asesinato habían planeado un viaje a Zacatlán, en la Sierra Norte de Puebla. Para ella fue muy duro saber que le arrebataron la vida a Sam, porque perdió una confidente, pero sobre todo porque piensa que el ataque fue premeditado.
—Me afecta mucho porque hemos luchado, creo que en toda esta comunidad trans hemos luchado demasiado en que seamos respetadas como tal. Y sí creo que sí me afecta demasiado que a veces no hagan justicia por algunas personas, porque todos somos iguales.
Hasta ahora, el asesinato no se investiga con el protocolo de feminicidio y nadie ha sido responsabilizado. La señora Fabiola sostuvo que sí lograron ubicar al conductor de la motocicleta en la que iba su hija, tuvieron incluso un careo, pero no ha sido detenido él ni nadie más.
—En Atlixco, la autoridad, pésima, porque hubo cámaras donde supuestamente nadie tiene acceso, había cámaras donde no estaban habilitadas, estaban descompuestas, supuestamente. Entonces Fiscalía de Puebla de feminicidios dice: no pudimos hacer nuestro trabajo como hubiésemos querido porque Atlixco la verdad no, no dio pie a que nosotros pudiéramos trabajar.
Cinayini Carrasco Colotla, directora del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) e integrante de la Red Feminista de Atlixco, contó durante una entrevista que la falta de datos sobre la violencia contra las mujeres, en general, y mujeres trans, en lo particular, es un problema en el municipio.
—¿Sabes cuál es el problema ahí? Que realmente no existe información, de repente no se habla nada, de repente sale como la nota, evidentemente la hay, existe violencia, pero es como de: hombre vestido de mujer fue asesinado.
Aunque el ayuntamiento de Atlixco tiene la obligación de hacer un diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres, como se menciona en la medida II de la declaratoria de violencia de género, el documento no se ha actualizado en esta administración municipal y en el existente no se contempla a las mujeres trans.
—Pareciera que están invisibilizadas -aseguró Carrasco Colotla.
Feminicidios invisibles
Como en los casos Agnes, Yoksana y Samantha, la mayoría de mujeres trans asesinadas en Puebla fueron dejadas en el espacio público, una tendencia común también en el caso de mujeres cis.
Según el compilado histórico, de los 42 asesinatos violentos de mujeres trans desde 1996, en 25 ocasiones los cuerpos fueron abandonados en la vía pública, barrancas, cuerpos de agua, vehículos o plazas públicas. Mientras que 17 fueron hallados en viviendas, hoteles o negocios, considerados espacios privados.
Otro dato, resultado del análisis, es que en 16 casos no se conoce el nombre legal ni el nombre asumido de las mujeres trans, es decir, no hay información de su identidad, ni su historia.
Gabriela Chumacero Rodríguez, presidenta del Grupo Trans en Puebla, comentó que muchas de las víctimas en calidad de desconocidas son trabajadoras sexuales, algunas de ellas migrantes centroamericanas, indígenas o pobres que no tienen papeles que acrediten su identidad.
En cuanto a la ocupación de las mujeres trans asesinadas de forma violenta, las más comunes son: trabajo sexual, con diez casos; empleada, con cuatro; comerciante, con cuatro casos también y activista, con tres casos.
Para Gaby el trabajo, entonces, es negociar con las autoridades para que les entreguen los cuerpos y darles una despedida digna, pues sus familias rara vez reclaman los restos y suelen ser llevadas a la fosa común.
—Nosotras como activistas decimos: no seremos familiares, pero es mi hermana, porque vivimos juntas, ella es de Honduras o de El Salvador, de Veracruz, de Tehuacán o de donde tú quieras, donde la familia la discriminó a la chica, las expulsaron de sus casas y no volvieron . Entonces bien se dice que la discriminación empieza desde la casa.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), 61.6% de las personas encuestadas considera que se respeta poco o nada a las personas trans (transgénero, transexual o travesti).
Ana Laura Gamboa, de la Ibero Puebla, considera que en el caso de las mujeres trans existe una construcción social o simbólica del género, una feminización de sus cuerpos que las coloca en una condición de más vulnerabilidad que otras orientaciones e identidades sexuales.
Gaby Chumacero sabe lo que es la discriminación por ser mujer trans. A sus 14 años dejó sus estudios y empezó su transición a mujer, con el apoyo de su madre y el resto de su familia. Incursionó en los espectáculos de variedades y el trabajo sexual.
Una noche de 1995 se involucró en una riña en un bar y fue detenida. Desde ese momento y durante su estancia en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en Puebla, fue objeto de vejaciones, como ser obligada a quitarse la ropa y mostrar sus genitales, cortarle el cabello, vestir ropa de hombre, recibir golpes y burlas.
Cuando salió de prisión, Gaby empezó a organizarse con otras trabajadoras sexuales para defenderse, pero también para formarse en algunos oficios a sugerencia de la activista Alejandra Fonseca. Gaby se graduó como colorista. Pocos años después conoció a la organización Vida Plena, allí empezó su trabajo a favor de la comunidad LGBTI+. Tomó un taller con Agnes Torres y fueron aliadas para impulsar el reconocimiento de la identidad de las personas trans.
—No hubo una amistad, ni nada, era un: hola, cómo estás. Fui a uno de sus talleres, ella me dijo: un día vamos a seguir adelante, por el derecho por existir, porque existimos y somos seres humanos.
Con el asesinato de Agnes no sólo se enfocó en impulsar la ley de identidad, Gaby ha buscando que se incluyan los transfeminicidios en el Código Penal de Puebla.
—Esos crímenes se quedan nada más como ajustes de cuentas o crímenes pasionales, así la mayoría los van a anotar en la Fiscalía del estado, porque si los toman como crímenes de odio tienen que estar atrás y atrás, como con las mujeres, los feminicidios . Hoy en día los feminicidios, los transfeminicidios, queremos que se tipifiquen así, que los tome así.
Al respecto, personas especialistas consideran que las autoridades poblanas deberían investigar todos estos homicidios con perspectiva de género y diversidad sexual.
Jair Martínez Cruz, maestro en Estudios de Género e integrante de Letra S, opinó que las herramientas que tienen las autoridades para investigar estos casos no están siendo empleadas, a pesar de que hay 19 entidades federativas que cuentan con una agravante del homicidio por razón de odio, como el caso de Puebla.
Para Jair Martínez es lamentable que no se haga operativo el concepto de crimen de odio, pues ocurre lo mismo que con el feminicidio: existen como tipos penales autónomos, pero los equipos de investigación no los utilizan.
Desde el punto de vista de Martínez Cruz, una condición fundamental para entender los crímenes de odio es la brutalidad y la saña con la que se cometen, además de la gran vulneración al cuerpo, como lo marcan distintos protocolos de investigación. El problema es que esa información no es del conocimiento de todo el personal de las fiscalías.
En al menos 12 transfeminicidios ubicados de manera histórica hubo señas de tortura y en tres de ellos hubo violencia sexual.
La encargada del OVSG, Ana Laura Gamboa, dijo que existen tres formas ideales para investigar los transfeminicidios: como feminicidios, como crímenes de odio o generando un tipo penal específico. Aun así lo importante es que estas herramientas no se queden en el papel y la Fiscalía las utilice.
—Las tipificaciones son sumamente importantes, pero no suficientes, porque nos encontramos con un escenario de impunidad en donde la debida diligencia o las formas de cómo, por ejemplo, en el caso de los femicidios, acrediten las razones de género, no se ven operables a pesar de que tengan protocolos.
Onán Vásquez Chávez, integrante de Vida Plena, puso el foco en el Tribunal Superior de Justicia de Puebla, pues dijo que si bien el concepto de crímenes de odio está en construcción hasta la fecha, para las personas juzgadoras es incluso más difuso porque no tienen capacitación en perspectiva de género y diversidad sexual.
Un ejemplo de la falta de perspectiva de diversidad es que el Tribunal no tiene desagregados los datos de homicidios calificados por odio por razón de género u orientación sexual, según consta en su respuesta vía transparencia.
Mientras las autoridades de justicia omiten su responsabilidad de investigar y sancionar los transfeminicidios, estos delitos siguen ocurriendo. El 12 de noviembre de 2023, Melani, de 21 años, fue asesinada en su domicilio a escasos metros de la Unidad de investigación especializada en violencia familiar y delitos de género, en el centro de la ciudad de Puebla.
La lucha sigue en pie.
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Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina. Asesoría: Carmina de la Luz. Edición: Mely Arellano, LADO B.
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Este reportaje se publicó originalmente en Lado B se reproduce en virtud de la #AlianzaDeMedios de la que forma parte ZonaDocs:
https://www.ladobe.com.mx/2023/11/los-transfeminicidios-invisibles/
