Día Internacional de las Personas con Discapacidad
Por Israel Tonatiuh Lay Arellano /@TonatiuhLay
El pasado 3 de diciembre se conmemoró un año más del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así mismo, este año también se cumplieron quince años de la entrada en vigor de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008), tratado internacional que fue impulsado por México bajo la representación de Gilberto Rincón Gallardo, a inicios de este milenio, aunque no sería sino hasta 2006 cuando se aprobaría por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Convención explicita derechos en todos los ámbitos de la vida. Es nuestro interés en esta nota describir qué tanto hemos avanzado en el tema de la inclusión educativa en el Estado de Jalisco.
Debemos señalar primeramente que cualquier Estado al firmar y ratificar la Convención, se obliga a llevar a cabo un proceso de reformas para que su legislación nacional no tenga contradicciones con ese tratado, aunque incluso la Convención por sí misma se puede aplicar directamente como una norma en la materia. En el caso de México, ya existía una ley general en la materia que databa del año 2005, la cual tuvo que ser abrogada para dar paso a la nueva, en 2011, que correspondía con lo dictado y aprobado por la ONU. Así mismo, las entidades federativas armonizaron su marco normativo para dar cumplimiento a los compromisos internacionales.
El Estado de Jalisco trabajó en una ley que entró en vigor en 2010, aunque posteriormente se sometió a una reforma importante en 2015, para quedar como actualmente se encuentra. Sin embargo, los gobiernos, tanto federal como estatales, no eran los únicos que estaban obligados a cumplir con lo dispuesto por la Convención, sino que también debían hacerlo todas aquellas instancias, públicas o privadas, que tuvieran cualquier tipo de relación con personas con discapacidad.
En el caso particular de la inclusión educativa, ha habido claroscuros en su cumplimiento. En el nivel básico si bien ha quedado claro que todos los niños y niñas con cualquier condición de discapacidad tienen derecho a la educación y por lo tanto a su inscripción en los planteles escolares tanto públicos como privados, sin embargo, en no pocas escuelas el problema real, que consiste en una exclusión de facto, es la falta de ajustes razonables para estos estudiantes, pues no sólo se trata de asistir para la convivencia, que también es un tema importante, sino de recibir los conocimientos necesarios y realmente significativos para esos niños o niñas. Tales ajustes deben ser los que estén al alcance real de los profesores, tomando en cuenta el contexto de la propia escuela y de la comunidad.
Por otro lado, el panorama no es más alentador en el nivel medio superior y superior. La saturación que presentan las aulas en las escuelas preparatorias de la Universidad de Guadalajara dificulta la atención, pero no la imposibilita. La principal barrera que enfrentan los estudiantes con discapacidad es la actitudinal, pues algunos profesores no han entendido que la atención a la diversidad es parte de las obligaciones docentes, así lo marca el código de Ética y la Política Institucional de Inclusión de esta casa de estudios (2018), y para reafirmarlo el Estatuto del Personal Académico (EPA) se reformó en 2022 para hacer explícitas las funciones y obligaciones de los profesores como tutores, principalmente en el ámbito de la trayectoria del estudiante.
De esta manera, si bien ha habido avances en la adecuación arquitectónica tanto de escuelas preparatoria como de los centros universitarios, así como el apoyo a estudiantes con diversas condiciones desde su etapa de aspirantes y posteriormente en su trayectoria y egreso, estas políticas se siguen diluyendo mientras los docentes no comprendan cuál es su posición y aporte en el proceso de inclusión educativa, pues todos los cambios normativos no son eficientes sin que todos los elementos se dirijan en una misma dirección.
Subrayamos que la actitud del docente ante estudiantes con diversas barreras para el aprendizaje y la participación es la piedra angular de todo proceso de inclusión educativa, y esto es lo que lamentablemente le ha hecho falta afianzar a una buena cantidad de profesores de bachillerato y de licenciatura de la universidad pública de Jalisco.
De seguro cada uno de los lectores habrá escuchado sobre alguna experiencia, anécdota o comentario al respecto, aquí sólo mencionaremos tres ejemplos como muestra: uno, el rechazo a las sugerencias hechas por padres de familia para el mejor aprovechamiento académico de su hijo, porque para el docente los padres son personas sin autoridad ni conocimiento. Dos, el maltrato a estudiantes, sobre todo dentro del espectro autista, a quienes se les cuestiona sobre sus capacidades académicas frente al resto del grupo. Y tres, la actitud de varios docentes del área de las ciencias médicas que tratan, e incluso denominan, a los estudiantes como pacientes, lo que demuestra que el profesor confunde su rol al interior de la institución educativa.
Lo anterior no sólo demuestra que hay un desconocimiento de las políticas públicas en la materia a nivel internacional, nacional, local e institucional, así como la ignorancia, u omisión, de la existencia de un Código de Ética y de obligaciones expresas en el Estatuto del Personal Académico que están por encima de la libertad de cátedra. Como puede verse, se trata de un enorme reto si realmente queremos que la Universidad de Guadalajara sea verdaderamente una institución de educación superior incluyente.
