Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommedina /@FranciscoMacias
Se trata de una palabra a la que nos hemos acostumbrado en el lenguaje gubernamental, la cual es una especie de llave de acceso para justificar múltiples decisiones, independientemente de sus consecuencias.
Su aplicación puede ser áspera porque en teoría buscaría proteger determinados valores o bienes apreciados para la legalidad a través de la explicación de lo que si puede llevarse a cabo y sus formas de hacerlo, así como lo que se encuentra restringido.
En otro sentido, pudiera tratarse de un ejercicio con criterios para tomar las mejores decisiones. En síntesis, un protocolo se trata de reglas impuestas por decreto por lo que su definición y construcción tienen mucha importancia por tratarse de la de la búsqueda de desaparecidos en Jalisco.
Su definición debió de obedecer a dos contextos específicos: dar viabilidad a una búsqueda certera, participativa, eficaz, transparente y adecuada a los mejores estándares de los derechos humanos relacionados con el tema, entre los que se encuentra el de la participación de las familias.
En segundo, debido al lamentable atentado ocurrido en Tlajomulco de Zúñiga, era importante ponderar y armonizar los derechos y garantías de quienes operan en la búsqueda, con un sentido que prevenga riesgos antes, durante y después, con claridad en las responsabilidades, pero que evitara hacer inoperante la obligación fundamental que es la búsqueda.
En el primero de los casos, desde la forma en que se abordó la crisis del atentado se observó una clara intención de aprovechar la oportunidad para restringir el acceso a la información, a los lugares y a la participación de los colectivos de búsqueda, simplemente porque su trabajo, dinámica, reglas, flexibilidad, confianza y transparencia superan en mucho a la de la autoridad.
Nos encontramos ante una respuesta gubernamental absurda porque en vez de atender las mejores prácticas para la búsqueda de desaparecidos, incluso con la ayuda de la cooperación internacional que tanto se presume, se opta por el tradicional amurallamiento de una Fiscalía de Jalisco que cada día más se convierte en una isla de total impunidad.
Llama la atención que las nuevas reglas sean absurdas, como la de contar con más información de la posible víctima en vez de darle paso a la información anónima, en este caso se da un salto al pasado por más de 15 años, porque parece ignorarse la grave situación de desaparecidos en la entidad y el reconocimiento de ello.
Se prefiere de forma absurda, cubrirse con reglas a la usanza de regímenes cerrados a la democracia, donde la obediencia ciega a normas justifica violaciones a los derechos humanos de cientos de familias que buscan a los desaparecidos.
Exhiben también una visión minúscula porque se trata de un documento que seguramente será revisado por autoridades jurisdiccionales, simplemente porque involucra derechos fundamentales de personas, en donde las restricciones deben tener una justificación objetiva, razonable y que cumpla con la garantía, para no hacer incumplible lo mínimo.
Sorprende que las herramientas de participación tan insistentemente adoptadas en este sexenio e impulsadas en una Secretaría, se vean difuminadas por decisiones limitadas que llevan a un camino autoritario.
El nuevo documento vuelve a confirmar que existe una simulación en el tema de los desaparecidos, ya que se anuncian presupuestos, se lucen números y acciones, pero en el fondo no se quiere aprender del diálogo tan urgente ni buscar que las instituciones tengan un rosto de cuidado hacia quienes más lo requieren.
Sin un proceso justo en el que se atiendan todas las necesidades y se explique de forma transparente las razones de las decisiones, los protocolos serán simplemente documentos que jamás representen la justicia y verdad que se buscan.
Será un obstáculo más que superar para los colectivos de búsqueda, ellas seguirán aún a pesar de las decisiones limitadas.
