#HastaEncontrarles
A través del informe “En búsqueda de presupuesto: la inversión de las Comisiones Locales de Búsqueda en 2022”, elaborado por Elementa DDHH y Política Colectiva, se denuncia el poco interés presupuestario que los gobiernos estatales hacen para buscar a las personas que fueron desaparecidas en sus territorios.
En el país, en 2022, las Comisiones Estatales de Búsqueda ejercieron 612.9 millones de pesos, lo que representa una inversión de tan sólo 5 mil 925 pesos destinados a la búsqueda de cada víctima que ha sido desaparecida en el país.
Por Darwin Franco / @DarwinFranco
En México, las Comisiones Locales de Búsqueda, en 2022, ejercieron 612.9 millones de pesos, lo que representó una inversión de tan sólo 5 mil 925 pesos destinados a la búsqueda de cada víctima; es decir, se invierte “menos de un mes de salario mínimo por cada víctima de desaparición devengados en todo un año”.
Esto significa que únicamente, en 2022, se invirtió sólo el .02% del presupuesto de los gobiernos estatales para buscar a las personas desaparecidas a través de las Comisiones Estatales de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CLB):
“Esta falta de inversión compromete, en gran medida, las capacidades de las CLB para contar con personal y equipo tecnológico especializado para la búsqueda, así como realizar investigaciones efectivas y proporcionar el apoyo necesario a las familias”, así lo denunciaron colectivos de búsqueda y organizaciones de la sociedad civil.
Además, estas familias buscadoras -presentes en la presentación del informe en búsqueda de presupuesto: la inversión de las Comisiones Locales de Búsqueda en 2022- exigieron a todos los Congresos locales que se incrementen los recursos estatales de manera urgente, esto en el marco de la discusión que ahora tienen para el armado del presupuesto para el año 2024.
“Es alarmante que un solo estado – Coahuila- haya gastado más en comunicación social y publicidad oficial, que el presupuesto que tuvieron todas las Comisiones en 2022. Que los gastos de un solo congreso local -Quintana Roo-, en gasolina -CDMX- o los gastos en transporte y viáticos -Tamaulipas- superen el presupuesto con el que se buscó a más de 113 mil personas desaparecidas en el país”.
Este ejemplo, aseguraron los colectivos de búsqueda, se repite en varios estados del país -incluido Jalisco- donde también se hasta más en “rubros como gasolina, transporte y viáticos”, gastos que superan ampliamente el presupuesto destinado a la búsqueda de más de 113 mil personas desaparecidas en el país.
Frente a esta crítica situación, la sociedad civil y las familias afectadas hicieron un llamado urgente a los gobiernos estatales para que: “demuestren voluntad política y asuman la responsabilidad de garantizar recursos suficientes para las dependencias encargadas de la búsqueda en el país”.
“En búsqueda de presupuesto”
Las organizaciones Elementa DDHH y Política Colectiva realizaron el informe: “En búsqueda de presupuesto: la inversión de las Comisiones Locales de Búsqueda en 2022“, en cual analizaron los presupuestos destinados para localizar a las personas desaparecidas a través de las comisiones estatales de búsqueda.
Mediante solicitudes de información sobre el presupuesto ejercido por las Comisiones Locales de Búsqueda en 2022 a las autoridades de responsables de ejecutar y dar seguimiento a la búsqueda de personas desaparecidas e impulsar las acciones de coordinación entre autoridades se encontró que “una muy baja inversión de recursos destinados para la búsqueda de personas”.
Además identificaron que:
“el marco normativo vigente no representa ninguna garantía para dotar de presupuesto a las Comisiones Locales de Búsqueda, las cuales operan en la mayoría de los casos sin los recursos ni el personal suficiente para dar seguimiento a este problema”.
En su análisis, Política Colectiva selló que las Comisiones Locales de Búsqueda ejercieron “$612.9 millones de pesos, lo que representaría una inversión de tan sólo $5,925 pesos destinados a la búsqueda de cada víctima”; únicamente el .02% del presupuesto de los gobiernos estatales se fue a estas dependencias: $612.9 millones de un total de $2.5 billones de pesos.
En su análisis presupuestario, además, señalaron que esta baja inversión se debe a que la mayoría de las Comisiones Estatales de Búsqueda dependen de los recursos federales, lo que evidencia que los gobiernos locales no están “a la altura de la crisis de desapariciones”.
Aquí varios ejemplos:
- En Baja California, el 74.9% de los $24.9 millones de pesos ejercidos por la Comisión Estatal de Búsqueda, en 2022, provenían de transferencias de la federación.
- En Veracruz, de los $27.5 millones invertidos por la Comisión Estatal de Búsqueda, el 74.2% fueron recursos federales.
- En Michoacán sucedió lo mismo, el 83.8% de los $21 millones invertidos por la Comisión de Búsqueda de personas provinieron del fondo federal.
Para las organizaciones que elaboraron el Informe:
“Esto compromete, en gran medida, las capacidades de las CLB de contar con personal suficiente y especializado para la búsqueda, el análisis de contexto y el procesamiento de información”.
Además agregan que la falta de presupuesto se suma a una larga lista de problemas que padecen las víctimas y las familias de la víctimas, entre ellos:
- Total impunidad: en más de 113 mil casos de desaparición, pues sólo en 35 se ha sentenciado a los perpetradores (mayo del 2022).
- La Crisis forense con más de 5,600 fosas clandestinas en todo el país y más de 52 mil cuerpos sin identificar.
- La estigmatización y criminalización de las víctimas y sus familiares por parte de las autoridades encargadas de atenderles.
- La falta de análisis de contexto y estrategias para prevenir la desaparición de personas.
- La falta de armonización legislativa, pues a la fecha solamente 20 estados cuentan con leyes locales de desaparición. De los 12 restantes, Baja California, Guerrero y Michoacán están discutiendo proyectos de dictamen; Querétaro y Tamaulipas tienen iniciativas que no se han discutido; y Campeche, Colima, Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Sonora y Yucatán no han hecho nada por cumplir con su obligación de armonizar su marco normativo local.
- No existe coordinación interinstitucional y entre los diferentes órdenes de gobierno.
Otro de los puntos destacados en el análisis es sobre el caso de Jalisco, entidad con mayor número de personas desaparecidas en el país, pero no sólo eso sino que también fue la Comisión Local de Búsqueda a las que más recursos se le designaron: 111 millones de peso.
Sin embargo, el Informe señala que pese a la fuerte inversión no hay una proporcionalidad presupuestaria respecto al número de personas desaparecidas en la entidad.
“La desproporcionalidad que se observa en la inversión neta entre la CLB de Jalisco y las del resto del país es bastante notable. Mayor presupuesto implica mayores capacidades institucionales para poder buscar a las personas desaparecidas y no localizadas con éxito. Sin embargo, esto no necesariamente quiere decir que a mayor presupuesto, mayor éxito: se requiere de un análisis más profundo para saber si el gasto está siendo efectivo y se está cumpliendo con los objetivos de localizar a las personas”.
Aunque, si bien, las organizaciones advierten que el presupuesto por víctima de cada Comisión Local de Búsqueda en 2022 fue totalmente dispar, este valor muestra la relación entre el número de personas desaparecidas y los recursos que se invierten para hacerle frente.
Aquí algunos ejemplos:
- El Estado de México es la tercera entidad con más desaparecidos de acuerdo con el RNPDNO hasta fines de 2022, sin embargo, apenas destinó 35 pesos por cada persona desaparecida no localizada.
- Campeche, el estado con menos personas desaparecidas, invirtió casi 249 mil pesos por cada persona en esta situación.
- Tamaulipas, segundo estado con más casos de desaparición de acuerdo con el registro, pero en 2022 sólo invirtió poco más de un millón 358 mil pesos, lo cual fue equivalente a destinar sólo 108 pesos por persona desaparecida.
- En Jalisco, el estado con más personas desaparecidas, destinó poco más de 7 mil 500 pesos en promedio por persona desaparecida.
Finalmente, Elementa DDHH y Política Colectiva realizaron algunas recomendaciones para revertir los pocos recursos estatales destinados a la búsqueda de las personas desaparecidas.
1. Establecer una sobretasa mínima al impuesto sobre nómina para destinarla al fondo estatal de búsqueda o víctimas. Subir la tasa actual en .05% podría representar un importante aumento en la recaudación estatal, recursos que se podrían destinar de manera directa a la Comisión Local de Búsqueda.
2. Proponer al Congreso del Estado una contribución sobre los derechos vehiculares o trámites de la Secretaría General de Gobierno en la Ley de Hacienda o en la Ley de Ingresos para destinarla a la Comisión Local de Búsqueda. Así cada vez que una persona adquiera una licencia de conducir, pague sus placas o un cambio de propietario estaría contribuyendo con un monto fijo para financiar la búsqueda de personas.
3. Fijar un monto específico para la Comisión Local de Búsqueda en función de los ingresos de libre disposición o del total del presupuesto. Así se podrían asegurar recursos propios de los estados a esta dependencia.
4. Exhortar al Poder Ejecutivo del Estado, en particular a las Secretarías encargadas de la política social, a revisar la compatibilidad de sus programas de ayuda con el apoyo a familiares víctimas de desaparición o a colectivos de búsqueda.
5. Establecer en las legislaciones locales que un porcentaje específico del gasto en comunicación social y publicidad oficial se vaya a la divulgación de fichas de personas desaparecidas.
6. Fomentar mecanismos de contraloría social para el buen uso y observancia del ejercicio del recurso público ejecutado por las comisiones.
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El informe se puede leer y descarga aquí:
https://elementaddhh.org/wp-content/uploads/2023/11/Informe-En-busqueda-del-presupuesto_2022.pdf
