Durante la conferencia de prensa “Derecho a la reparación integral” distintas instituciones y colectivos de búsqueda de Jalisco hablaron sobre los retos que enfrentan para acceder a las medidas de reparación integral reconocidos por la legislación local.
Por Samadi Bustos/ @SamadiBustos
“Las autoridades están obligadas a establecer un sistema que permita buscar y esclarecer los hechos respecto de las desapariciones, pero también es su deber prevenir, investigar, sancionar y erradicar el delito de desaparición de personas, a la par deben de otorgar a las familias, a los familiares todas las garantías y medidas que la propia ley determina para la atención, ayuda, asistencia y reparación integral”, estas fueron las demandas que las familias buscadoras de Jalisco emitieron durante la rueda de prensa titulada: El Derecho a la reparación integral.
En esta rueda de prensa participaron integrantes del Colectivo entre Cielo y Tierra Oficial, el Consejo Ciudadano de Búsqueda, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) y el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas.
Al respecto, la coordinadora del Comité Universitario, Carmen Chinas, mencionó que, a lo largo del 2023, se han emitido diversos comunicados denunciando y alertando sobre situaciones diversas que afectan a las familias buscadoras, las cuales deben ser atendidas de manera urgente, como: la falta de un registro de desapariciones confiable, la manipulación en la baja de las cifras de personas desaparecidas por parte de las autoridades de Jalisco, el incremento de casos de desaparición múltiple y la modificación de la Ley de Atención a Víctimas.
En este último punto, la académica exigió que se respeten las obligaciones que se ya reconocen en la Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco y la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, pues pese a los marcos legislativos a las familias se les dificulta el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral de los daños causados por la desaparición de su ser querido.
Además, aseguró, que las autoridades deben explicar el por qué de la generalización de la práctica de privación ilegal de la libertad en Jalisco, la que ocurre en una impunidad.
En la misma rueda de prensa, Anna Chimiak de CEPAD comentó que el estado tiene la obligación de reparar el daño causado, además de que debe de reconocer la responsabilidad que tiene ante estos sucesos; es decir: “el Estado debe de transformar la vida de las víctimas y de la sociedad para evitar en cualquier momento hechos similares”.
Además, se informó que la reparación integral comprende cinco categorías:
- Las medidas de restitución que permiten devolver a la víctima a la situación anterior a la violación de los derechos humanos, siempre y cuando sea posible.
- La rehabilitación física, psicológica y social.
- Las medidas de satisfacción, restablecer la dignidad de las víctimas y poder reconocer la responsabilidad del estado.
- Las garantías de no repetición.
- Las compensaciones económicas, por daño material e inmaterial, mismo que debe de ser justo y adecuado, además de que debe ser proporcional a la gravedad de los hechos y el daño sufrido.
Entre las vías para obtener dicha reparación para las víctimas se encuentran:
- El procedimiento penal.
- El procedimiento civil.
- El juicio de amparo.
- La vía contenciosa administrativa a través de reclamar la responsabilidad patrimonial del estado.
- Los procesos ante organismos públicos de derechos humanos o comisiones de atención a víctimas.
Sin embargo, en la mayoría de casos tienen múltiples retos para lograr esta reparación de daños; por ejemplo, la necesidad de obtener ayuda de abogados, misma necesidad que varias familias o víctimas no pueden cubrir, lo que contribuye a la impunidad, la lentitud y la poca eficacia de los procesos jurídicos, lo que hace creer que la reparación de daños se convierte en un privilegio, de acuerdo a lo declarado por el CEPAD.
Los familiares de personas desaparecidos e integrantes del Colectivo entre Cielo y Tierra mencionaron que, a la fecha, no han obtenido reparación de los daños; razón oír la cual necesitan respuestas, ya que sienten desatendidos sus derechos.
“Lo económico no es lo que importa”, señalaron, pues para estas familias buscadoras lo importante son otras medidas; por ejemplo, el derecho a recibir atención psicología o asesoría jurídica; sin embargo, hasta el momento no lo han recibido y han tenido que pagar por su cuenta abogados para hacer valer su derecho a la reparación integral del daño.
