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Por primera vez, una organización civil llevó ante organismos internacionales de derechos humanos casos de violencia vicaria en el país, denunciando la impunidad que prevalece en los órganos de procuración de justicia en México
Texto: Lydiette Carrión / Pie de Página
Foto: Especial
Llevan ante la ONU y el Vaticano casos de violencia vicaria en México. Durante su gira de trabajo en Ginebra, del 24 al 26 de octubre pasados, la organización de derechos humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC (RSDCIAC), se reunió con diferentes Relatorías y Equipos de la ONU. Presentó diversos casos de violaciones de derechos humanos, entre los que destaca el caso de violencia vicarias que ex parejas han cometido en contra de las madres de sus hijos, con impunidad a partir de la procuración de justicia en México.
“Nos reunimos con el equipo de la Relatora Especial de violencia contra las mujeres y las niñas, aquí estuvimos acompañados de dos víctimas de violencia vicaria: Gabriela Pablos Saucedo y Elisa María Zaldívar Barcelata, de quienes días antes habíamos ya solicitado la admisión de su caso, al igual que la de los casos de Blanca Estela Paredes Hernández y María Berenice Gervassi León”, advirtió la Red Solidaria en un comunicado.
Esta sería la primera vez que se llevan varios casos de violencia vicaria ante un organismo internacional de Derechos humanos.
Los casos
Blanca Estela Paredes Hernández tenía 15 años cuando inició una “relación de pareja” con el magistrado del Tribunal de Justicia de Jalisco, José de Jesús Covarrubias Dueñas, de 44 años. Producto de esta relación desigual Blanca dio a luz a dos hijos, quienes solo fueron registrados legalmente por Blanca (actualmente los niños tienen 7 y 9 años). Con el tiempo Blanca descubrió que el Magistrado era casado, pero éste la convence de quedarse a su lado, prometiendo divorciarse de su esposa. Esto no ocurrió, lo que sí comenzó fue violencia física y psicológica en contra de Blanca, hasta que la joven finalmente lo denunció. Sin embargo, los sistemas judiciales en Jalisco no hicieron nada debido a que el acusado era magistrado.
En el año 2020, presento una denuncia penal en su contra del Magistrado por abuso sexual infantil y corrupción de menores hacia la sobrina de Blanca, que entonces contaba con de 15 años de edad. En otras palabras, Covarrubias Dueñas estaba cometiendo el mismo delito que años atrás cometió con Blanca, pero ahora con su sobrina. Ante esta denuncia, Covarubias amenazó con fabricar delitos contra Blanca, si estaba entregaba a la Fiscalía los videos donde se prueba que el Magistrado abusaba sexualmente de su sobrina.
Blanca tiempo atrás había colocado cámaras de seguridad ya que trabajaba todo el día y priorizaba la seguridad de sus menores hijos, y es así como descubrió el abuso hacia su sobrina por parte del Magistrado.
Blanca entregó a la fiscalía de Jalisco los videos del abuso sexual, por parte del Magistrado en contra de su sobrina. Tras la denuncia el Tribunal Superior de Justicia en noviembre del 2021 suspendió temporalmente de sus funciones al Magistrado, pero este aún recibía el 30% de su percepción salarial, aun sin trabajar.
En noviembre 2021, Blanca hizo pública su denuncia.
En el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, comenzó el hostigamiento laboral hacia Blanca, sus compañeros dejaron de dirigirle la palabra, y cuando alguien intentaba amigablemente acercarse a Blanca, era amenazado para que no volviera a hacerlo.
Tras diversas violencias económicas, acoso laboral, finalmente la presión mediática obligó a que la fiscalía de Jalisco solicitara al congreso local el desafuero del Magistrado. Esto fue aprobado el 26 de enero del 2022, con la finalidad de poder detenerlo e investigarlo. El 2 de febrero de 2022, el ahora exmagistrado tenía audiencia en los Juzgados de Puente Grande, sin embargo, no asistió. Desde entonces se encuentra prófugo.
Tras mucho acoso laboral y diversos cambios de área, Blanca fue despedida de manera injustificada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco el pasado 1 de agosto de 2023.
El 11 de agosto de 2023, los hijos de Blanca, su hermana y su sobrina son víctimas de un atentado por parte de 6 hombres y una mujer, quienes portaban armas largas con las que les apuntan y les dicen a los menores de edad, que le digan a su madre que retire sus denuncias, o si no a la próxima los matan.
Elisa María Zaldívar Barcelata
Elisa María Zaldívar Barcelata y Eugenio Salas Chávez, se conocieron en Coatepec, Veracruz. En aquel momento, Elisa trabajaba en el Ayuntamiento de Coatepec en el departamento de Cultura. Él se acercó y le platicó que tenía intención de ser cantante de música rap. Iniciaron una relación y poco después Elisa quedó embarazada.
Si bien Eugenio sugirió terminar el embarazo, Elisa quiso tener a su bebé por cuenta propia. Su pequeño nació en abril del 2016. Poco después, Elisa retomó el contacto con Eugenio, y éste, le requeririó una prueba de ADN. Sólo entonces registraron al niño como hijo de ambos el 30 de Septiembre de 2016 en el municipio de Coatepec. Vivieron en unión libre en un primer momento, y durante 3 meses en casa de los padres de Eugenio en el municipio de Boca del Rio, Veracruz.
A finales de 2016 se mudaron a Cancún, Quintana Roo. Iniciaron juntos la puesta en marcha de una clínica estética en donde ambos trabajaban. Para 2017 Elisa se embarazó de nuevo, así que gradualmente dejó de apoyar en la clínica. Y durante este periodo se hace más frecuente la violencia hacia ella por parte de Eugenio. Nace su segundo hijo en marzo de 2018.
La violencia intrafamiliar sumada a la adicción a la mariguana por parte de Eugenio aumentó, en octubre de 2019, Eugenio agredió físicamente al hijo mayor de Elisa, de 15 años, y quien es fruto de una relación anterior. Esta agresión ocurrió después de que ella sorprendiera a Eugenio, cuando le facilitaba cervezas y mariguana al menor. Elisa decide dejarlo y se traslada entonces en compañía de sus hijos a vivir a Playa del Carmen, Quintana Roo.
Eugenio continúa viviendo en Cancún y visitando a sus hijos en el nuevo domicilio de Elisa hasta septiembre de 2020 que es cuando él decide regresar a Veracruz a vivir nuevamente en el domicilio de sus padres.
Elisa continuó viviendo con sus menores hijos en Playa del Carmen y haciéndose cargo tanto física, emocional y económicamente de ellos, tratando de mantener una relación cordial con Eugenio. En abril de 2021, Elisa recibe la invitación para participar en un evento cultural en Colombia, se lo comenta a Eugenio y él se ofrece a hacerse cargo de los niños durante su ausencia. Para este momento Eugenio ya sostenía una nueva relación sentimental con otra persona.
El 16 de abril de 2021 mientras Elisa se encontraba fuera del país, Eugenio presentó una demanda de pensión alimenticia y solicitó que su madre (abuela paterna) María Isabel se hiciera cargo de los niños. Esto da inicio al juicio Civil 594/2021/IV en el juzgado 10 de Primera Instancia especializado en materia de familiar de Veracruz, Ver.
Al regresar al país, Elisa se dirigió al domicilio en Veracruz donde reside Eugenio con sus padres, pero le dijeron que no podía llevarse a los menores ya que hay una “restricción” en su contra. Este fue el inicio de una serie de fabricaciones de delitos en contra de Elisa.
Juan Eugenio demanda a Elisa María, por pensión alimenticia, para sus dos menores hijos. Juan Eugenio, sin fundamentos la acusó de consumir ayahuasca (yerba alucinógena) en su vivienda y de ingresar personas colombianas al mismo. Sin embargo, Elisa presenta pruebas clínicas que demuestran que no consume ninguna clase de drogas (24/7/2021), contrario a Juan Eugenio, que los resultados si arrojan que es adicto a la mariguana.
Durante los siguientes meses, Eugenio interpuso denuncias con delitos falsos, como abuso sexual, llevando a Elisa hasta ser encarcelada en octubre de 2022. Salió libre cuatro meses después.
Elisa ya tiene una sentencia a favor para que le regresen a sus hijos. Sin embargo, la influencia de él, en los tribunales veracruzanos, ha impedido que sus hijos regresen con ella.
Gabriela Pablos Saucedo
Gabriela es madre de dos niños, es licenciada en periodismo, tiene una maestría en Estudios de la Mujer. La violencia vicaria que ha sufrido por parte de dos exparejas la ha llevado a ser activista por los derechos de las mujeres.
Gabriela estuvo casada primero con un mexicano y luego con un hombre de nacionalidad francesa. Ambas ex parejas tienen al mismo bufet jurídico como representación legal. Mientras el mexicano la demandaba por la patria potestad de su hijo mayor, el segundo se llevó a su bebé de siete meses.
Actualmente y tras haber sido incluso detenida y encarcelada, ha ganado todos los juicios, pero su bebé sigue en manos de su ex esposo de nacionalidad francesa.
María Berenice Gervassi León
Berenice estuvo casada con Renan Alberto Poveda, diplomático que laboró en el Banco Mundial, como Analista Ambiental Sénior en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial). Este puesto le daba la calidad de diplomático en el país en que el Banco lo ubicara. Vivieron en Perú de 2003 al 2008 y en Argentina de 2008 a 2013. El 19 de enero de 2007 nació su hija y el 17 de septiembre de 2009 su segundo hijo, ambos de nacionalidad peruana-mexicana. Berenice, como esposa de Renan, no podía trabajar ya que estaba sujeta a una visa diplomática.
Berenice fue víctima de violencia y abuso doméstico por Renan, desde el 2010. Para el 25 de marzo de 2013, ambos firmaron el convenio de disolución matrimonial en el cual se acordó la tenencia de sus hijos, la comunicación paterno-filial, alimentos, liquidación de la sociedad conyugal y la relocalización de la familia.
En abril de 2013, Renan, Berenice y los niños se trasladaron a la Ciudad de México, tal y cómo se estableció en el Acuerdo antes referido. Fijando cada uno su residencia, la señora Berenice se quedó a cargo de sus menores hijos.
Renan cumplió con el pago de los alimentos, en la forma en que se estipuló en el acuerdo de disolución, hasta el año 2018. Entonces manifestó que había concluido su relación laboral con el Banco Mundial por lo que no podía pagarle. No obstante, nunca acreditó dicha situación, y de haberse dado el caso, el monto de la liquidación que recibió. A partir de esa fecha, dejó de depositar lo acordado, y esporádicamente, realizó depósitos por montos mucho menores a lo estipulado.
Renán se llevó a sus dos hijos de vacaciones el 4 de agosto de 2021, cómo estaba establecido en el acuerdo de divorcio. Él debía traerlos de vuelta con su madre el día 30 de agosto de aquel año, pero no lo hizo. Primero argumentó que una persona que estaba con ellos en su domicilio había resultado positivo a covid 19, por lo que todos debían permanecer ahí a pesar de no estar infectados. La segunda semana Renán le comunicó a Berenice que no se comunicara con los menores ni se acercara y que no asistirían a la escuela.
Para el día 08 de septiembre de 2021, Renan presentó ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, una denuncia en contra de la señora Berenice, por el delito de violencia familiar.
Con dilaciones y probable corrupción, la señora Berenice no ha recuperado a sus hijos.
