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Ana Georgina Domínguez Macías y Karla Castro Ramírez fueron torturadas para que firmaran declaraciones prefabricadas y se autoinculparan del delito de delincuencia organizada por distintos hechos en la administración de Felipe Calderón. Han pasado más de una década en prisión preventiva y en busca de justicia.
Ambas forman parte de las siete de cada 10 mujeres privadas de la libertad que sufrieron algún tipo de violencia, incluyendo la tortura, durante alguna etapa de su proceso penal, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Gobernación publicado en 2022.
Por Berenice Santos / @Beeresan
Los casos de Karla y Ana Georgina muestran el uso sistemático de la tortura para la fabricación de delitos perpretado por la extinta Policía Federal y militares, así como la impunidad que permea en los casos.
Aunque las víctimas fueron torturadas en la administración de Felipe Calderón, la tortura para distintos fines se sigue registrando en el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien niega que se siga practicando.
De abril de 2018 a marzo de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) inició 5 mil 983 carpetas de investigación por el delito de tortura a nivel federal, de acuerdo con datos del Registro Nacional del Delito de Tortura.
Sin embargo, los niveles de impunidad son altos. En los últimos ocho años, las autoridades sólo han emitido 43 sentencias por dicho delito, según datos del Observatorio contra la Tortura.
En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 678 quejas por tortura de 2014 a abril de este año. En 41% de los casos fueron señalados elementos de la extinta Policía Federal.
Edith Escareño, psicológa de la Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes contra la Tortura, explica que la tortura en México existe históricamente debido a que en algún momento la propia autoridad sostuvo que esa práctica era necesaria para investigar delitos penales.
“Habia que torturar a las personas para que aceptaran la responsabilidad en algún delito y que actualmente no se investigue adecuadamente tiene que ver con eso, con ocultar que en México existe tortura históricamente”, afirma Escareño.
La especialista considera que es preocupante que en la administración actual se niegue que se sigue practicando la tortura, porque sólo se ha enfocado en investigar los hechos del pasado y vuelve vulnerable a la población que sigue siendo víctima de ese delito.
“Negar que hay tortura, es negar a la población concreta, su vulneración y sus derechos”, concluye.
La detención de “La Conta Gina” que no existió
“Yo creo que como seres humanos no nos esperamos cosas así”, dice Ana Georgina Dominguez Macías, quien estuvo más de 13 años en prisión preventiva tras ser detenida por militares y torturada para firmar una declaración prefabricada en la que se autoinculpaba de ser contadora del “Cártel del Golfo” durante el gobierno de Felipe Calderón.
Ana Georgina tenía 25 años de edad, vivía con su esposo Eduardo y sus dos hijos, de 5 y 10 años, cuando aproximadamente a las 4:00 de la madrugada del 9 de septiembre de 2009 militares irrumpieron su domicilio en Coatzacoalcos, Veracruz.
“Vemos que se cae la puerta y que entran muchos militares, muchos soldados. Con muchos gritos, con insultos, de verdad que de terror”, narra Gina casi 14 años después de su detención.
Los militares golpearon a la pareja con armas largas, revisaron su casa, se llevaron documentos, sin informarles la razón del cateo y en presencia de los niños. Gina y Eduardo, con las manos atadas y los ojos vendados, fueron detenidos arbitrariamente y trasladados a una Base Militar.
Mientras la víctima no sabía de qué se le acusaba, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó ese mismo día en un boletín sobre su detención y la señaló de ser “La Conta Gina”, encarga de actividades administrativas y de contabilidad del Cártel del Golfo desde hace más de dos años en Coatzacoalcos.
73% de las mujeres privadas de la libertad hasta 2022 sufrió algún tipo de violencia durante su detención, traslado al Ministerio Público y en instalaciones policiacas. La mayoría de las agresiones fueron para obtener una confesión o como castigo.
Fuente: Informe Segob
Desde ese día Gina no volvió a ver a sus hijos por más de 13 años. La PGR inició una averiguación previa en su contra y fue arraigada por 80 días, el plazo máximo que establece la ley, en lo que era investigada por los delitos de delincuencia organizada en modalidad contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Javier Carrasco, director del Instituto de Justicia Procesal Penal, explica que el arraigo es una figura que permite privar de la libertad a una persona mientras la fiscalía la investiga, sin embargo, en ese tiempo usualmente se registran una serie de violaciones a derechos humanos como tortura, incomunicación y derecho a la defensa.
Tras terminar el arraigo, un juez dictó auto de formal prisión contra Gina por dichos delitos y fue ingresada a prisión preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México, posteriormente estuvo en dos penales más.
En casi 12 años de prisión preventiva, el proceso de Gina no avanzó y aunque en diversas ocasiones expresó ante un juez que había sido víctima de tortura, el delito no fue investigado.
En el año que la víctima fue detenida la tortura ya estaba prohibida en México, pero fue hasta junio de 2017 cuando entró en vigor la Ley General Para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la que se tipificó que comete tortura quien, con el fin de obtener información o una confesión con fines de investigación criminal, cause dolor físico o psiquíco a una persona.
Gina y su familia recurrieron a varias instancias para pedir la intervención de las autoridades. Hasta que su caso se volvió mediático en 2021 y tras varias solicitudes, el Instituto Federal de Defensoría Pública (INFP) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) intervinieron.
En septiembre de 2022, la CNDH emitió la recomendación 67VG/2022 en la que estableció que a Gina se le violentó su derecho a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura física y sexual, luego de que se le practicó el Protocolo de Estambul, un manual que se aplica para comprobar esa práctica.
El organismo acreditó que dos militares de la Sedena la torturaron físicamente, psicológicamente y sexualmente desde su detención hasta su traslado a la SIEDO para obligarla a autoinculparse de pertenecer al “Cártel del Golfo” y de los delitos que le imputaron.
25.6% de las mujeres privadas de la libertad hasta 2022 consideraron que fueron víctimas de tortura sexual durante su detención y traslado al Ministerio Público.
Fuente: Informe Segob
La CNDH señaló que los militares deben ser investigados penalmente. Actualmente hay una carpeta de investigación en su contra radicada en la Fiscalía Especial de Investigación de Tortura, que hasta el momento no ha presentado avances.
Hasta el año pasado, la Sedena había confirmado que uno de los militares implicados se dio de baja el 24 de agosto del 2013 y se encuentra prófugo de la justicia, mientras que el otro está adscrito a la Guardia Nacional.
Antes de su detención, Gina trabajaba como obrera en Petróleos Mexicanos (Pemex), se consideraba una mujer segura, valiente, feliz, tranquila, de familia, que no tenía miedo de trabajar y de sacar adelante a sus hijos. Su vida dio un giro cuando fue detenida por los militares.
“Fueron años muy duros, muy crudos, viendo una realidad que no imaginaba. Te das cuenta que estás solo, que el tiempo pasa y el proceso no avanza, no sabes si va hacer un año, dos años o en mi caso que fueron 13 sin ver la luz”, lamenta.
Por la motivación de su familia, Gina siguió buscando justicia. El 14 de febrero de 2022, un juzgado le dictó sentencia absolutoria del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por falta de pruebas, pero continuó en prisión preventiva por el cargo de delincuencia organizada.
Fue hasta el 3 de noviembre de ese año cuando Jesús Alberto Chávez, juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, ordenó poner en libertad a Gina por exceso de prisión preventiva, debido a que la pena máxima en caso de que hubiera sido condenada eran nueve años y ella llevaba más de 13 privada de la libertad.
Sin embargo, sigue enfrentando su proceso penal y en espera de ser absuelta.
“Nadie me va a regresar estos 13 años, nadie va hacer que yo recupere ese tiempo perdido con mis hijos, los dejé desde muy pequeños, no va haber dinero que repare eso que se rompió. Todos esos años que mi familia sufrió, no va haber dinero que alcance para reparar mi alma”, agrega.
“Para mí justicia sería que me absolvieran, y que de alguna forma alguien me pidiera una disculpa pública por el daño que me hicieron, no solamente con mi familia y mis hijos, sino ante la sociedad, es cruel, es terrible”, manifiesta.
Ahora en libertad, Gina busca seguir estudiando temas de derechos humanos y ayudar a las mujeres que siguen privadas de la libertad por delitos que aseguran no cometieron como Karla Castro Ramírez, a quien conoció en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil #16, en Morelos.
“La lucha que tengo ahorita no es nada más por mí, sino para las que continúan en prisión, porque hay más mujeres no nada más soy yo”, concluye.
En enero de 2011, la Secretaría de Seguridad Pública Federal informó sobre la detención de Karla Castro Ramírez, alias “La Gorda”, a quien señaló de ser la encargada de alimentar y custodiar a las víctimas del grupo de secuestradores “Los Flacos”, que operaba en el Estado de México.
Sin embargo, Karla fue torturada por policías federales para inculparse del delito de delincuencia organizada y secuestro. Tras 12 años y siete meses de estar en prisión preventiva, no ha sido sentenciada ni hay personas procesadas por la tortura en su contra. Ella y su mamá Lourdes Ramírez Miranda buscan justicia.
La tarde del 25 de enero de 2011, Karla, de 23 años de edad, estaba en su casa en Puebla con su gato cuando personas encapuchadas y vestidas de negro arribaron en su domicilio, le gritaron, la obligaron a tirarse al suelo boca abajo, le pusieron su sudadera en su cara, la esposaron, le apuntaron con un arma en la cabeza y la subieron a una camioneta.
Tras ser amenazada, golpeada y quemada, la joven fue trasladada a un lugar, le destaparon la cara y alcanzó a ver que se trataba de oficinas de la Policía Federal, donde fue ingresada y torturada para firmar una declaración en la que se autoinculpaba de formar parte de la banda de secuestradores.
“Me pararon frente a un cartel y me dijeron que tenía que decir lo que estaban leyendo. Yo les dije no porque no sabía ni porqué me tenían ahí, pero me quitaron y me comenzaron a dar cachetadas, me decían que si yo no decía eso me iban a matar”, señaló Karla en la narración que hizo a una médica que le practicó el Protocolo de Estambul, una dictamen que se aplica para comprobar tortura.
Como se negó, los policías hicieron una llamada y le pasaron el teléfono a Karla, quien escuchó que era la voz de un niño que le decía “hermanita” y supuso que era su hermano menor, por lo que accedió a seguir las órdenes.
“Me iban leyendo lo que tenía que decir, mientras ellos me grababan en video, después de eso me pararon frente a un pilar y me vendaron los ojos. Yo sentí que me iban a matar porque me apuntaba alguien con un arma en la espalda y enseguida puso su peso sobre mí, y otra persona me intentó asfixiar con un plástico tapándome la boca y la nariz. Sentí que me ahogaba, que se me iba el aire y sentía que me desmayaba, todas las fuerzas se iban de mi cuerpo, eso lo hicieron dos veces”, narró.
Fuente: Enpol 2021
La madrugada del 26 de enero, una mujer trasladó a Karla a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO) en la Ciudad de México, donde fue puesta a disposición de un oficial Ministerio Público, quien sólo le dio una declaración prefabricada y con amenazas de dañar a su familia la obligó a firmar.
Posteriormente, la joven fue arraigada por 80 días en el centro de arraigo de la colonia Doctores, en lo que la Procuraduría General de la República (PGR) la investigaba.
En la declaración que fue obligada a firmar decía que Karla participó como cuidadora de las víctimas en la banda de secuestradores “Los Flacos”, integrada por más de diez personas, que operaba en los municipios de Cuautitlán y Jilotepec, Estado de México.
Ese documento fue considerado una prueba confesional de valor probatorio de indicio, por lo que un juez dictó auto de formal prisión en contra de Karla por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.
43.9% de las mujeres privadas de la libertada señalaron que fueron acusadas falsamente del delito que se les imputó; 29% recibió presiones o amenazas para declararse culpables.
Fuente: Enpol 2021
Desde su detención, Karla manifestó ante un juez que fue torturada para firmar las declaración que presentó el Ministerio Público, pero los juzgados no ordenaron investigar el delito de tortura, ni que se les aplicara el Protocolo de Estambul para comprobar que fue víctima de esa práctica.
El director del Instituto de Justicia Procesal Penal, Javier Carrasco, explica que cuando una persona acusada asegura que fue torturada ante un juez, este debe ordenar que se investigue el delito de tortura y excluir las pruebas que se obtuvieron con esa práctica, en el caso de Karla la declaración prefabricada.
En tanto, Edith Escareño, psicológa de la Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes contra la Tortura, menciona que en las investigaciones del delito de tortura, los autoridades exigen el dictamen médico-psicológico basado en el Protocolo de Estambul como una prueba para la investigación.
Sin embargo, la falta de peritos públicos que apliquen el dictamen provoca que las investigaciones se retrasen, además de que el Protocolo de Estambul está sobreestimado porque hay otras formas de comprobar que una persona fue torturada.
“El dictamen puede utilizarse, no es necesario al 100% dentro de las investigaciones porque habrá más pruebas que sustenten el dicho de las personas, como exámenes médicos y evaluaciones de cuando llegan al penal”, destaca.
En 2015, un juez autorizó que se le practicara el dictamen a Karla con sus propios medios. Lourdes menciona que fue complicado encontrar a un perito privado en Tepic, pero localizaron a uno que les cobró 10 mil pesos.
Aunque se comprobó que Karla tenía estrés postraumático, daño físico y psicológico, el juez dijo que tenían que ratificar los resultados con un dictamen realizado por un perito público, que se hizo hasta julio de 2019.
Ese dictámen concluyó que la víctima tenía zonas afectadas corporales por la tortura a la que fue sometida casi 10 años antes. El documento fue entregado al Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México en enero de 2020.
Escareño señala que aunque la Ley General Para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor en 2017, establece que los dictámenes de peritos privados tienen valor probatorio, los jueces siguen poniendo “candados” y pidiendo los resultados de peritos públicos, lo que provoca que los procesos se alarguen aún más.
Lourdes asegura que el juez no excluyó de la investigación contra Karla la declaración que fue obligada a firmar tras ser torturada, y tampoco ordeno que se investigara el delito.
“Yo creo que tan sólo con el Protocolo de Estambul que comprueba que ella fue víctima de tortura en el momento de la detención y que fue obligada a firmar una declaración que ya estaba realizada, con eso debería ser suficiente para que sea liberada”, señala Lourdes.
Sin embargo, es más complejo, porque aunque se comprobó que Karla fue torturada y se convirtió en una víctima, a la par sigue siendo una persona imputada y debe continuar con su proceso penal, explica el abogado Carrasco.
Sin respuesta de las autoridades
El caso de Karla está detenido desde el año pasado pese a que ya no hay más pruebas por desahogar, debido a que su proceso se lleva a cabo en grupo, es decir, otras personas están procesadas en la misma causa penal 6/2014.
Karla y su mamá han pedido ayuda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al Consejo de la Judicatura Federal, al presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso a instancias internacionales para que intervengan, sin obtener ninguna respuesta.
“Siento que estamos en el olvido por parte de las autoridades, que deberían de dar ya una solución, a este calvario, a este martirio”, lamenta Lourdes.
Por otra parte, señala que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) intervino para interponer la denuncia penal por el delito de tortura contra sus hijas, sin que hasta el momento haya avances.
Incluso se enteró que algunos policías federales señalados de torturar a sus hijas enfrentan procesos penales por el delito de secuestro. ¿Qué ironía no?”, cuestiona.
La mamá de las víctimas considera que nada les podrá reparar el daño “ni económicamente, físicamente, ni moralmente, jamás se va a reparar”. Sólo espera justicia.
“Pido justicia para mis hijas y para muchas más personas que están en esa situación. No puede ser que la justicia sea tan ciega”, recrimina.
Desde prisión, Karla, de 34 años, cuestiona que sólo las personas con recursos económicos y vida pública pueden tener acceso a la justicia y lamenta que desgraciadamente su juventud se quedó encerrada entre cuatro paredes.
Pide a las autoridades voltear a ver su caso que sigue incierto y el de las otras mujeres en la misma situación.
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Esta investigación fue realizada en el marco del proyecto “Periodistas contra la Tortura” con el acompañamiento de Documenta. Para más información contactar a: comunicacion@documenta.org.mx.
La Isla de Puerto Rico se solidariza con las víctimas y familiares perjudicadas en estos casos y pedimos Justicia para Ana Georgina Domínguez Macías y Karla Castro Ramírez y su hermana.