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Por Ana Alicia Osorio / @analy_osorio
Fernanda fue desnudada y bañada con agua fría, Laura amarrada a una cama, Amanda esposada con grilletes en los pies; ese fue su recibimiento. Unos cuartos sucios con mal olor fue el lugar donde estuvo Fernanda, un hospital antiguo con problemas de mantenimiento donde estuvo Amanda, una casa limpia con espacios para actividades donde mantuvieron a Laura. Ninguna de las tres se conoce, no son de la misma edad ni del mismo estado, pero tienen en común haber sido torturadas al ser internadas por sus diagnósticos psiquiátricos.
“Fue mucha tortura, tortura física, tortura psicológica, ver torturas, ver personas que torturaban, tener que yo pegarle a otras personas porque sino a mí me pegaban. O sea, yo no sabía, no me imaginaba, no entendía porque yo tuve que experimentar tanta”, contó Fernanda sobre su internamiento.
Era una clínica, con un modelo de tratamiento estilo Alcohólicos Anónimos donde buscaba combatir la depresión, pero que en realidad fue un espacio de tortura que opera bajo la mirada indiferente de las autoridades.
Era la tercera ocasión en que Fernanda se internaba en un lugar por su diagnóstico y síntomas de un trastorno mental y en todos había vivido malos tratos, violencia, tortura; pero ese fue peor que ningún otro. Lo que vivió ahí, dice, es indescriptible.
La tortura es el dolor, el sufrimiento por intimidación, coacción o discriminación según la Convención contra la tortura y otro tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la Organizaciones de las Naciones Unidas. Lo que Fernanda vivió cumple con todas las características.
Pero no solo lo vivió ella, lo que sucede con muchas de las mujeres que son internadas en hospitales públicos y privados o clínicas con diferentes modelos. Mujeres que tienen en común el haber sido diagnosticadas con alguna neuro divergencia donde son sometidas a torturas diversas y muchas por su género según señala la psicóloga y especialista en salud mental con perspectiva de género, Lorena Redondo.
La tortura es un acto que, según las leyes de México, está prohibido. Tan solo la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se establece que comete el delito de tortura aquella persona del servicio público o que bajo su apoyo genere dolores físicos o psicológicos, busque anular la capacidad de la persona o realice procedimientos médicos sin aprobación. Esto como castigo, coacción o discriminación. Además, se persigue sin necesidad de una denuncia.
Sin embargo, en el país los hospitales y otros sitios de salud mental realizan este tipo de prácticas de manera cotidiana y de manera distinta hacia hombres que mujeres, afirmó Cecilia Guillén Lugo, integrante de Primera Persona AC.
Según Redondo, este tipo de situaciones pasan porque el modelo psiquiátrico lo permite, ya que las mujeres no tienen autonomía en el mismo, el personal médico es el único que puede opinar acerca de lo que es mejor y no se toman en cuenta los problemas sociales (por ejemplo, si una mujer vive violencia de género, puede presentar síntomas de un trastorno mental).
No solo es Fernanda, Laura o Amanda, de quienes no se pusieron sus nombres reales para proteger su identidad. En México, tan solo durante este año, se han diagnosticado 63 mil 771 casos de depresión en mujeres y 23 mil 75 en hombres; 679 ideaciones suicidas en ellas y 279 en ellos, es decir las cifras son muy distintas. Esto según el Reporte Epidemiológico de la Secretaría de Salud.
Ante ello, dijo Redondo, la psicóloga especialista en género, lejos de recibir un verdadero tratamiento que les pueda ayudar, mujeres como Fernanda que se muestran inconformes con el sistema son ‘castigadas’ enviándolas a internamientos donde vuelven a ser reprendidas a través de una serie de actos que conforman tipos de tortura y que tienen impacto importante en su bienestar emocional.
Desde 2014, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Comité DPD) hizo una recomendación al Estado Mexicano para que realice procesos para sancionar y evitar la tortura en los hospitales y clínicas de salud mental. Pero hasta el momento estos actos continúan.
No se sabe realmente cuántas mujeres han vivido este tipo de torturas ni en hospitales de gobierno ni en privados. Ninguna autoridad hace el reporte y aunque el Registro Nacional de Tortura de la Fiscalía General de la República reporta 15 mil 904 expedientes abiertos por este delito entre 2018 y 2023, se desconoce en qué sitios se realizaron y al solicitar, a través de la Plataforma de Transparencia, el desglose se negó la información en la solicitud número 330024623002379.
Tortura sexual, el día a día de las mujeres
Tan solo unas horas después de llegar, Fernanda se dio cuenta del tipo de lugar donde estaba y pidió su alta, pero se la negaron argumentando que sus papás habían firmado por varios meses a pesar de ser mayor de edad, y así la retuvieron contra su voluntad. Estaba en un centro de rehabilitación para personas con uso problemático de sustancias y aunque ella no tenía ninguna, fue recibida para un supuesto tratamiento psiquiátrico. Estaba, en realidad, en un sitio de tortura donde tuvo suerte de salir.
Era plena pandemia de Covid 19 y bajo ese pretexto se prohibieron las visitas por lo que no podía ver a sus papás para contarle lo que allí vivía: golpes, comida podrida, continuos malos tratos, amenazas de muerte, presiones que un perro entrenado la lastimara, saber que otras mujeres eran obligadas a mantener relaciones sexuales, ser forzada a ver cómo torturaban y participar en la tortura a otras personas, comentarios sobre su físico y mucha violencia sexual.
“Las mujeres con alguna condición de salud mental institucionalizadas involuntariamente son especialmente vulnerables a los abusos sexuales por diversas razones como: aislamiento social, estigmatización, dificultades comunicativas para revelar los abusos, alta dependencia para cubrir sus necesidades básicas, inequidades de poder”, señala Documenta, AC en su Informe: “¿Por Razón Necesaria? Violaciones a los derechos humanos en los servicios de salud mental en México”.
Guillén Lugo indicó que el año pasado se hicieron cambios en la Ley General de Salud con los cuales se supone eliminarían muchas de las malas prácticas que se realizaban y aunque todavía quedaron pendientes, se deberían modificar cuestiones como la separación que se hace entre salud mental y adicciones (que en realidad debe ser tratado como un solo aspecto) y con lo cual mejorar la operación.
Con esto esta modificación el internamiento involuntario (como el que vivió Fernanda) es algo que terminaría, pues ahora no bastará con que los tutores o padres de familia lo autoricen. Sin embargo, es uno de los pendientes que aún se mantienen pues aunque la Ley ya se cambió, aún no se han hecho nuevas normas, reglamentos y todo lo que implica la nueva operación.
Se desconoce si el sitio donde fue internada Fernanda contaba con los permisos que debe brindar la Secretaría de Salud para operar, pero ejercía tortura e incumplía la ley en esa materia. Además, la Ley de Salud y las normas ya indicaban que se debían realizar revisiones en estos espacios, con lo que se hubieran detenido los delitos de los que Fernanda fue víctima.
La activista de Primera Persona AC, Guillén Lugo, afirmó que las situaciones que se viven al interior de estos lugares también varían según muchas condiciones, por ejemplo, la estigmatización que existe hacia quienes consumen sustancias psicoactivas o la cantidad de recursos económicos que tienen las personas al interior. Es decir, en estos espacios se calcula dónde existe menor costo político.
“Hay muchos planteamientos que dicen que las cárceles y los manicomios son los basureros de la sociedad porque ahí queremos ir a aventar y olvidar las disfunciones, los vicios que nuestra sociedad tiene y que por supuesto se van en ciertas personas que por sus condiciones de vida son más vulnerables, entonces lo que hacemos como sociedad en vez de reconocer que necesitamos cambiar como sociedad marginamos queremos quitarnos de enfrente a estas personas porque nos recuerdan una realidad y eso es incómodo es desagradable”, afirmó Lorena Redondo.
La psicóloga indicó que por eso las mujeres son de las principales perjudicadas en este tipo de sitios, ya que suelen ser quienes expresan sus emociones e inconformidades, pero además a quienes tienden a mandar a estos espacios para acallarlas. Si sumado a la vulnerabilidad de ser mujer se es pobre, con discapacidad, u otros problemas, la tortura, el maltrato y represión es peor.
Lo que vivió Fernanda en ese centro dejó huellas severas, pero esa no era siquiera la primera vez que Fernanda había vivido violencia al ser ingresada a un lugar donde buscaba mejorar su salud mental. La primera fue en un establecimiento de Neuróticos Anónimos donde, como parte de los pasos para “sanar”, les hacen buscar sus errores o males.
A ella no tardaron en condenar la sexualidad que había vivido, decirle que su problema era la lujuria y buscar castigarla e inclusive cuando, por los malos tratos, el estrés y todo lo demás, dejó de menstruar obtuvo como respuesta que se estaba “limpiando”.
El sitio era operado por personas religiosas que describe como una secta que ejercía un control estricto sobre el cuerpo de las mujeres y operaba basada en la creencia de que cualquier problema que tuvieran estaba relacionado directamente con su sexualidad.
“Viví mucha violencia psicológica como a través de los años voy entendiendo un poquito más, porque finalmente yo creo que este grupo se movía como una secta, entonces, pues sí que metían mucho miedo y había como un control disciplinario del cuerpo, no podías recargarte, no podías hablar de otra cosa que no fuera del grupo, en varias ocasiones me enfermé, se me pudrió una muela y me decían que solamente que yo tenía que hablar sobre cuestiones, tenía que sacar mis pecados por así decirlo ellos le llaman defectos, pero mi pecado a mí me había salido que era la lujuria”, contó.
Además de la violencia sexual, otro tipo de violencia específica que viven las mujeres al interior de estos centros es la relacionada con la maternidad en caso de serlo indicó Guillén Lugo. Así pues, se les castiga por ser “mala madre” o se les impide ver a sus hijas e hijos por su condición.
En ese sitio Fernanda también vivió trabajo forzado para hacer productos que vendían, continuos insultos sobre su cuerpo y sus acciones cuando era parada al centro del grupo para ser juzgada. Todo eso hizo que al salir el resultado fuera peor, con culpas, con problemas para socializar y con una serie de sentimientos que la llevaron a un intento de suicidio.
Por eso vivió una segunda hospitalización, en un hospital psiquiátrico privado donde dice estaba mejor, pues aunque identifica los malos tratos como el aislamiento dice que los problemas eran menores que en el primero.
Aun así, puede ser otra forma de tortura. En su informe Documenta señala que el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura documentó que “en el 43.58% de los hospitales psiquiátricos que ha visitado se practica el aislamiento y, que en muchos casos, se realiza como medida de contención ante la «agitación» de las personas”.
Fernanda realmente nunca se sintió bien en el hospital psiquiátrico pero como sabía de los altos precios que implicaba pagar uno privado, asegura que siempre fingió y logró convencer al personal que podía recibir su alta. El resultado fue que al seguirse sintiendo mal terminó en la clínica estilo Alcohólicos Anónimos donde la tortura fue la peor que había vivido y que ahora no la deja dormir por las noches.
En México, existen 34 hospitales psiquiátricos operados por los servicios de salud estatales lo que resulta insuficiente para la atención de las personas que requieren de los servicios, señala el Segundo Diagnóstico Operativo de Salud Mental y Adicciones realizado en 2020.
Estos hospitales operaban bajo la NOM 025 que ya establecía los derechos de las personas, prohibiciones de malos tratos y de violencias pero legitimaba las hospitalizaciones involuntarias y ahora hay una situación confusa ya que se contrapone con la ley en algunos puntos, pero aún se está en espera de cuál será la nueva normativa.
Además, esos lugares, los anexos, centros de rehabilitación y demás clínicas, están obligados a respetar las leyes nacionales y los convenios internacionales que hablan de la prohibición de la tortura.
“Hay una ley, un artículo que pues es el encargado de cerrar esos lugares, entonces yo le pedía a Dios que por favor hubiera una supervisión y que llegaran así los que tuvieran que llegar y que cerraran el lugar, muchos tienen esa esperanza los que están adentro y no pueden salir. Pues eso (quiero) que realmente se regularan esos lugares, porque esos lugares nada más están, existen, esos lugares porque no, no deberían existir”, sentenció Fernanda.
Clínicas, hospitales y anexos a la vista de todos y supervisados por nadie
Amanda describe la clínica donde fue internada como estilo Alcohólicos Anónimos. Quiere hablar, quiere contar lo que vivió en ese lugar donde supuestamente iba a tratar su adicción a las benzodiacepinas y un trastorno mental pero donde solo tuvo una consulta médica y vio muchas torturas.
Lo primero que conoció fueron los amarres para que no se moviera. Unos grilletes en los pies para evitar que caminen rápido y que les colocan por horas o días, según como vean a la persona, fue lo primero que supo y que fue poco para lo que vino después.
Amanda dice haber tenido suerte, el tratamiento sí le ayudó y no vivió “tanta” tortura. Pero sus compañeras no podían decir lo mismo. Allí vio a mujeres y niñas ser golpeadas, asfixiadas, tirarles agua mientras tenían una toalla en la cara para evitar que respiraran, ser aisladas, amenazadas con que serían las siguientes. Tortura física una y otra vez si algo de lo que hacían se salía de las normas de lo que les decían.
“El encierro, la segregación, la medicalización, la restricción de contacto con el exterior y la violencia física y psicológica son empleados como correctivos disciplinarios en contra de las personas usuarias de los servicios de salud mental que reciben atención en internamiento. Asimismo, en las clínicas de tratamiento se ha evidenciado la violencia ejercida por los «padrinos», quienes amarraban, golpeaban y obligaban a las personas internadas a realizar actos degradantes”, señala el informe antes mencionado de la organización Documenta, AC.
Amanda – tal como sucede con otras mujeres que el informe documentó- vio a los ‘padrinos’ coaccionar a sus compañeras para tener relaciones sexuales, bajo un supuesto consentimiento en el que ellos se encontraban en una relación de poder. Un tipo de tortura sexual que viven especialmente las mujeres debido a la vulnerabilidad en la que se encuentran.
En 2020 en México había 2 mil 219 establecimientos residenciales privados de atención a adicciones (donde reciben también a personas con otro tipo de trastornos mentales) según el Informe sobre la situación de la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas en México 2021. Pero para 2023, la Secretaría de Salud reconoce solo 34, es decir tan solo el 1.5% de los reportados.
Redondo afirmó que el sistema psiquiátrico actual está obsoleto por lo que se debe hacer modificaciones de fondo. Eso implica, como lo marca la nueva Ley el eliminar los internamientos forzosos, las malas prácticas y los hospitales psiquiátricos (atender a las personas en hospitales generales u otro tipo de sitios) pero además,evitar la medicalización innecesaria y que se eviten diagnósticos basados en estereotipos de género.
La nueva Ley General de Salud señala que la salud mental y adicciones se deben atender con respeto a los derechos humanos y con perspectiva de género así como una serie de cambios incluido que no se privilegiará el internamiento sino la atención primaria.
Para aplicarlo, se creó la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones en mayo pasado y que depende de la Secretaría de Salud, eliminando así la Comisión Nacional contra las Adicciones, el Consejo Nacional de Salud Mental y Servicios de Atención Psiquiátrica, pues sus funciones se fusionan en el nuevo organismo.
El problema es que éste no tendrá presupuesto adicional y será hasta noviembre que se emitan sus reglamentos y documentos de operación, por lo que mientras las Normas Oficiales Mexicanas que existían para operar cuestiones de adicción (028 de la SSA) y salud mental (025 de la SSA) se encuentran desactualizadas.
En la NOM 028 se facultaba a la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) para ser quien regule y supervise los centros de internamiento por uso de sustancias, pero la respuesta a la solicitud de información 331002223000079 señaló que eso no era de su competencia. Una respuesta similar dio la Secretaría de Salud en la respuesta a la solicitud 330026923002743.
Guillén Lugo afirmó que el problema es que le corresponde a varias autoridades realizar las revisiones tanto a las clínicas públicas como las privadas para evitar que existan malos tratos y tortura, pero en realidad ninguna cumple con sus funciones.
Mientras se realiza la transición entre la anterior ley y las nuevas normas, las mujeres siguen llegando a lugares públicos y privados donde son víctimas de tortura únicamente por haber sido diagnosticadas como neurodiversas.
La tortura institucionalizada y rutinaria
Cuando Laura despertó estaba amarrada en una cama de hospital junto a otras mujeres que gritaban para que les quitaran los amarres (un tipo de tortura física). Sus recuerdos eran borrosos producto de la medicina que le estaban suministrando para mantenerla “tranquila” pero sabía que se trataba de un hospital psiquiátrico producto de sus múltiples diagnósticos que le habían dado.
Sin celular, sin contacto con nadie del exterior, desconocía si alguien de su familia sabía dónde se encontraba o cómo había llegado allí. La situación se prolongó varias horas hasta que las enfermeras pudieron decirle que estaba en el hospital psiquiátrico de Xalapa (operado por la Secretaría de Salud de Veracruz) y que un familiar la había ingresado.
Los siguientes días transcurrieron en lo que pareció una eternidad: obligada a levantarse a las 6 de la mañana para bañarse con agua fría en una ciudad fría, para ser encerrada de nuevo junto a sus compañeras, pasar un rato en un jardín o ver unos minutos la televisión.
En este hospital como en muchos otros, señala la organización Documenta en su informe ¿Por Razón Necesaria?, quienes son internados se ven obligados a seguir ciertos códigos por ser espacios de encierro y “se genera así un sentimiento de deshumanización y sometimiento que causa frustración y agravios sobre sus derechos”.
Con la más mínima protesta, cuestionamiento o actitud que al personal no le gustara, Laura era amenazada con quitarle los ‘privilegios’ que tenía (TV o visitas) tal y como en múltiples ocasiones hacían con sus compañeras. El Informe de Documenta señala que estos castigos son una práctica común y una forma de violencia psicológica.
Además, a Laura le suministraban tantos medicamentos que la mantenían aturdida, drogada, pero nadie le explicaba el tratamiento. Ella no sabía si el psiquiatra y el psicólogo que la atendían tenían un orden o cantidad de medicamentos suministrados pero no la veían con periodicidad. Nunca recibió un tratamiento certero, lo que la hacía sentir peor.
La psicóloga experta en perspectiva de género, Redondo, afirmó que el brindar medicamentos sin que exista una explicación a la usuaria sobre lo que está sucediendo y sin que exista un tratamiento integral es una forma tortura que inhibe su autonomía y solamente se reduce a calificarla como “mal de sus facultades mentales”, lo que se suma a otras acciones como los amarres que son torturas físicas o los aislamientos.
La organización Documenta afirma que estos tratamientos médicos manipulan las necesidades fisiológicas al generar síntomas y más en momentos como la abstinencia por lo que causan dolor o sufrimiento y son un tipo de tortura “sin contacto”.
Cambios de fondo y ayuda a sobrevivientes
Redondo indicó que esperan que el cambio en las leyes que se acaba de realizar sea positivo pero el problema es que también se requieren modificaciones de fondo para que las mujeres dejen de ser castigadas por no cumplir el rol que marca la sociedad y así evitar que continúen las hospitalizaciones innecesarias o la medicalización excesiva que ha caracterizado a la psiquiatría.
“La psiquiatría fue diseñada por hombres médicos y además de que época entonces partiendo de esos planteamientos creencias y sobre todo algo que no se reconoce siempre, la moral y la cultura que predominaba en esa época también influye en cómo la psiquiatría está diseñada y cómo valoran o juzgan lo que es la salud mental”, aseguró.
Mientras tanto mujeres como Fernanda, Laura y Amanda vivieron torturas de distintos tipos y grados en cada uno de estos lugares que operan por entidades diferentes, pero donde las autoridades están obligadas a tener algún control para detenerles y no lo hacen.
Ninguna de las tres denunció lo que vivieron a pesar de que es un delito. Una por miedo, otra por falta de tiempo y otra más porque es anti punitivista. Pero si las autoridades hicieran su trabajo esos casos estarían registrados porque la tortura no necesita denuncia para ser investigada.
Aunque no denunció, Fernanda sí pide una cosa: lugares para sanar. Pues al no haber presentado denuncia tampoco tiene acceso a Comisiones de Víctimas o entidades similares, pero sí considera que tanto ella como otras mujeres que han pasado por lo mismo, necesitan apoyo para superar el sufrimiento que vivieron.
“Tengo mucho miedo con paranoia, de mucha paranoia de estados así de mucho de mucho terror, de mucho miedo y bueno por un tiempo tuve muchas pesadillas (…) una sensación como de que no importamos (…) otra cosa que pediría son espacios para hablar de los traumas y para sanar el dolor discapacitante (de la tortura) que deja huella”, sentenció.
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Esta investigación fue realizada en el marco del proyecto “Periodistas contra la Tortura” con el acompañamiento de Documenta. Para más información contactar a: comunicacion@documenta.org.mx
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