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En medio de la crisis al interior de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el caso de Karla y Magda abre una interrogante: ¿a quién defiende la defensoría del pueblo?
Texto y fotos: Isabel Briseño / Pie de Página
La recuperación del edificio de la CNDH, y los 10 meses que pasaron Karla y Magda en prisión, no bastaron para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos diera por cumplida la deuda de las activistas que participaron en la Okupa Casa de Refugio.
Ahora, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, buscan la prisión preventiva para ellas.
Su futuro se decidirá el próximo 25 de octubre, cuando un juzgado determine si Karla y Magda serán vinculadas a proceso, lo que implicaría volver a prisión mientras el juicio se desahoga. La defensa de las activistas estima que esto puede tardar dos años.
Sin embargo, y aunque ellas han buscado el diálogo con las autoridades, la CNDH y el INAH no quieren recibirlas, y cuando lo hacen, lo hacen en la calle.
Su caso, es el ejemplo de una aparente descomposición al interior de la CNDH, donde en medio de las renuncias de todo su consejo consultivo, quienes hicieron denunciaron graves sobre el actual rumbo de la institución, abre la interrogante: ¿a quién defiende la defensoría del pueblo?
La carpeta se volvió a abrir
Cuando la CNDH abrió la carpeta de investigación contra las feministas, el INAH sólo formaba parte del peritaje. Su función era determinar los daños al inmueble de República de Cuba. Ahora, el INAH es denunciante.
Cuando Karla y Magda se enteraron de eso, buscaron dialogar con ellos. El 23 agosto las recibieron, aunque no adentro de su edificio, sino en la calle. El diálogo era crucial, pues ambas tenían una audiencia al día siguiente, el 24 de agosto.
“¿De qué nos acusan?”, preguntaron las activistas a Eduardo García, del área contenciosa del jurídico del INAH, y al subdirector de Asuntos Penales, Sergio Rodríguez. Además, les aclararon que ellas no participaron en la toma de la CNDH.
“El INAH nos dijo que la Fiscalía los había puesto como denunciantes, pero que ellos ni siquiera tenían nada contra nosotras”, recuerdan Karla y Magda.
También, les dijeron que se comprometían en pedirle al juez durante la audiencia en que iban a continuar los diálogos por fuera. Esto, con el objetivo de que las jóvenes no resultaran perjudicadas, sobre todo en su libertad. Eso no sucedió.
“Ya pagamos con 10 meses de nuestra libertad por fabricación de delitos”, dicen las feministas. Además, señalan que no tienen los 700 mil pesos que están pidiendo por la reparación de los daños. A las autoridades esto no parece importarles.
El 24 de agosto
Llegó el día de la audiencia, y en ella el juez ordenó que la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, dialogara con las feministas. La funcionaria se negó a esto.
Inclusive, después de ese día, Luciana Montaño Pomposo, apoderada general de la CNDH, envió oficios reiterando que no están interesados en una solución alterna.
Inclusive, han expresado en las audiencias su interés en solicitar la prisión preventiva para las feministas. Argumentan actos de protesta y de supuesto vandalismo. El juez, sin embargo, ha respondido a estas peticiones que Karla y Magda están en su derecho a la libre manifestación, y que es algo que ellos como Comisión Defensora deberían saber.
Las feministas también denuncian acoso y hostigamiento policiaco. Esto, porque policías de Investigación constantemente acuden a tomarles fotografías. Estas fotos son integradas a la carpeta de investigación con la intención de hacerla más grande. La estrategia parece clara: entre más grande sea la investigación, más tiempo tardará en desahogarse el proceso.
“Nos están intimidando no sólo con la carpeta, sino desde lo que podemos o no hacer afuera mientras estemos en libertad. La CNDH está siendo partícipe de este acoso que no debería ser porque es violatorio de derechos humanos. Ellos están avalando esas violaciones”.
En la audiencia que se celebrará el 25 de octubre se realizará la vinculación a proceso y se discutirá la medida cautelar para las feministas.
Existen 15 medidas cautelares. La más agresiva es la prisión preventiva, y será un juez quien determine qué medida cautelar se les impondrá a las activistas.
“Nosotras seguimos respondiendo ante la ley, y seguiremos cumpliendo con el proceso porque la idea nunca ha sido huir o hacer caso omiso al llamado de las autoridades. Nosotras hemos asistido a todas y cada una de las audiencias y lo vamos a seguir haciendo. En la próxima audiencia se define qué va a ser de nosotras: si nos dejan en libertad, o nos regresan a prisión. Vamos esperando lo peor, deseando lo mejor”, afirman.
«Un castigo ejemplar», cuando la defensoría del pueblo persigue al activismo
Karla y Magda están siendo investigadas por daños a propiedad y monumentos histórico. Esto, pese a que el edificio no presenta un daño estructural. Sin embargo, el peritaje que realizó el INAH evalúa los daños en casi un millón de pesos, e incluso ha ofrecido a las activistas pagar en mensualidades las labores de limpieza que borraría las pintas.
“Lo único que quieren son pagadoras y como a nosotras nos desalojaron del edificio nos quieren hacer pasar por culpables, aunque no hayamos participado en la toma del edificio”, aseguran.
Karla y Magda dicen tampoco pedir el castigo para ninguna que haya participado en la toma porque siguen creyendo que fue una forma válida de protesta para exigir a la Comisión que hicieran su trabajo.
Las activistas también llevan en conjunto una denuncia contra la CNDH y la Fiscalía por el Protocolo de Estambul que comprobó tortura y fabricación de delitos.
“Tal parece que que es un acto de revancha. Un acto de venganza con el mensaje claro de dar un castigo ejemplar para que sepan que nadie puede tomar un edificio sin que haya un castigo. La CNDH lo ha hecho evidente, lo que desea es que paguemos y que seamos un ejemplo de que sí se puede castigar a quien toma edificios porque porque estamos denunciando”.
El caso de Karla y Magda no es aislado. Como ejemplo, señalan el desalojo violento de la Okupa Chiapas y el intento de desalojo de la comunidad Otomí del INPI.
Magda también menciona el caso de Oscar Kábata, víctima de violencia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el de Flora Marcelo Rojas, madre de Ayelín Iczae Gutiérrez Marcelo, la niña de 14 años originaria de Tixtla, Guerrero, que fue víctima de feminicidio en octubre del 2020.
Ambas víctimas han sido acompañadas por Karla y Magda al ser también acusadas por la CNDH de cometer actos vandálicos al manifestarse y realizar pintas.
En realidad, lo que refleja el caso de ambas mujeres es un proceder sistemático por parte de las autoridades: la omisión en atender denuncias de violencia y graves violaciones a los derechos humanos.
«Cuando nos encarcelan dejó de existir la consigna ‘fuimos todas’»
La toma sigue siendo para Karla y Magda una denuncia de muchísimas mujeres hartas de la falta de acción y respuesta de las autoridades.
Recuerdan que fueron miles de mujeres entrando y saliendo de ese edificio orgullosas de refugiarse en ese edificio, orgullosas de cada una de las pintas pintas que las representaban.
“Hermana no está sola”, “Aquí está tu manada”, “Somos más fuertes”, “Nos queremos vivas”, “Somos todas o fuimos todas”, son consignas que a muchas las representaron en ciertas etapas al ser sobrevivientes de diversas violencias.
“Ahora desafortunadamente en el movimiento feminista hubo como una picada. Ahora el movimiento feminista ahorita está como muy ausente”.
Cuando las detuvieron ellas imaginaron a un movimiento feminsita solidario, que estuviera exigiendo la liberación de sus compañeras pero no estuvieron presentes, solo personas cercanas a ellas.
“Ahora en las marchas los colectivos se disputan quién convocó, a qué hora; ahora ya no somos muchas colectivas organizadas, sino pareciese que hubo una fragmentación, que hay un miedo. Mi lectura es que hay un miedo de que las encarcelen también porque hubo un mensaje claro: siganse manifestando y las siguientes en ir a la cárcel serán ustedes”.
Ahora que salieron de prisión intentaron buscar cómo articularse de nuevo y no encontraron cómo, ni con quien. Dicen: “No hay movimiento”, conocen compañeras que están al pie y que continúan luchando, pero ya no ven unión.
“Sí hay un antes y un después. Cuando nos encarcelan dejó de existir la consigna ‘fuimos todas’ porque nos dejaron solas y al momento de salir tampoco estuvo la gran masa esperándonos”.
Pese a esto, Magda no cree que el movimiento feminista esté desapareciendo, cree que está tranquilamente esperando que algo suceda para volver a surgir.
«Un movimiento que ha dejado olvidados a sus presos, está destinado al fracaso», dice Magda.
Es por eso que otra lucha pendiente está relacionada a las presas. Al estar por 10 meses privadas de su libertad muchas mujeres del penal de Santa Martha les reclamaron que el movimiento feminista no piensa en las presas.
«¿Por qué no vienen aquí a protestar para que salgamos? ¿Por qué las feministas no vienen a vernos? ¿Por qué las feministas no nos nombran en sus marchas? ¿Por qué las feministas no luchan por nuestros derechos?», fueron algunos de los reclamos que les hicieron las mujeres presas.
Por eso, además de su libertad, la exigencia de Karla y Magda es un cese a la criminalización y persecución de las feministas:
“Nos pueden quitar la libertad, pero no las ganas de seguir luchando y resistiendo porque eso lo veníamos haciendo, desde antes de prisión, durante y después de prisión”.
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Este texto se publicó originalmente en Pie de Página, se replica en virtud de la #AlianzaDeMedios de la que forma parte ZonaDocs:
El caso de Karla y Magda: ejemplo de la «descomposición» de la CNDH
