En su informe de 2023, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU reiteró que el aumentó de la cifra de desapariciones en el país, sumado a una falta de transparencia en el registro nacional, son factores que el Estado mexicano debe atender con urgencia
Texto: Kau Sirenio / Pie de Pagina
El Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de las Naciones Unidas recomendó a México a asegurar la transparencia de la metodología utilizada para actualizar el Registro Nacional de Búsqueda. Esto, con el fin de garantizar la confiabilidad de los datos recopilados, y que el proceso sea coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda, de manera independiente e imparcial.
El organismo internacional detalló que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, del 1 de enero de 1962 al 12 de septiembre de 2023, el país registró 111 mil 540 personas como desaparecidas.
Este dato preocupó al organismo internacional, porque las cifras se están actualizando sin seguir el Protocolo Homologado de Búsqueda y los estándares internacionales.
El Comité destacó que el gobierno mexicano debe establecer mecanismos que aseguren la participación de los colectivos de víctimas. y también adoptar medidas para evitar su revictimización y proteger la seguridad de la información contenida en el Registro.
Informe reitera recomendaciones de 2022
El informe, publicado el 3 de octubre, destacó avances del Estado Mexicano, pero planteó 73 recomendaciones cruciales, las cuales habían sido mencionado en su informe de 2022. Ahora, ante la falta de cumplimiento, se retoman con nueva información.
El informe del CED afirmó que persiste una situación generalizada de desapariciones y ausencia de una política nacional de prevención y erradicación. Resaltó la falta de prioridad en la investigación y persecución penal de la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.
“Estas observaciones revelan una impunidad casi absoluta”, afirmaron.
Y añadieron:
“Este proceso, ejecutado por instancias no competentes ni capacitadas en materia de búsqueda, carece de una metodología clara y transparente y de mecanismos para la participación de los familiares de las personas desaparecidas, generando actos de revictimización”.
Otra crítica que centró el CED al Estado mexicano es la crisis forense:
“El elevado número de cuerpos o restos humanos en los servicios médico-forenses, la falta de coordinación para la identificación humana, y la urgencia de fortalecer la coordinación intrainstitucional e interinstitucional en las instituciones federales y estatales encargadas de la búsqueda e investigación”.
El documento destaca la vulnerabilidad de personas migrantes y el aumento de la desaparición de niñas y mujeres, por lo que exhortó al gobierno mexicano a que diseñe un mecanismo efectivo.
Por su parte, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México señaló que el informe del CED pone el dedo en la llaga al cuestionar el proceso de actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas: “No cumple con los criterios establecidos en el Protocolo Homologado de Búsqueda y en estándares internacionales”.
En base al informe del CED, el Movimiento por los Desaparecidos que aglutina a 84 colectivos de 25 estados de la República Mexicana y tres países de Centroamérica, emitió con comunicado: “Hacemos un llamado urgente al Estado mexicano para cumplir de manera efectiva con todas las recomendaciones formuladas por el CED”.
Agrega:
“Subrayamos la necesidad de: Transparentar la metodología utilizada para la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, garantizando la fiabilidad de los datos recopilados y la participación de las familias en este proceso; Asegurar que el proceso de selección de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda cumpla con los estándares establecidos en la Ley General».
“Prevenir actos de violencia, vigilancia, amenazas y represalias contra los familiares de personas desaparecidas; Garantizar la coordinación efectiva entre las instituciones federales y estatales encargadas de la búsqueda e investigación; Instaurar mecanismos de coordinación interinstitucional sistemática entre las instituciones responsables de la identificación de personas fallecidas; y Garantizar el funcionamiento efectivo del Banco Nacional de Datos Forenses y su interoperabilidad con otros bancos de perfiles genéticos existentes”.MNDM reclamó a los poderes legislativos federal y estatal para que legislen en materia de desaparición, declaración de ausencia hasta la política de prevención».
Mientras que a la Fiscalía General de la República les pidió que atienda las recomendaciones de coordinación institucional, combatir la impunidad y judicialización de casos de desapariciones forzadas y cometidos por particulares.
“La crisis forense requiere atención urgente, tanto de los servicios periciales ordinarios, como de las iniciativas de reciente creación, como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) que, según el CED, debe mejorar en cuanto a resultados, recursos y diálogo con las familias” señaló MNDM.
