#DefensoresDesaparecidos
* A Sergio Rivera Hernández lo desaparecieron en agosto de 2018. Indígena nahua, de oficio mecánico y padre de cinco hijos, se transformó en defensor del territorio al enterarse de las intenciones de construir un proyecto hidroeléctrico que generaría energía para la Minera Autlán.
* Eso sucedió en la Sierra Negra de Puebla, región del centro-sur de México en donde los ríos dan vida al territorio y en donde las radios comunitarias han sido una herramienta para la defensa del ambiente y el reclamo de justicia por la desaparición de Rivera.
* Cinco años después, no hay detenidos por la desaparición del defensor. El proyecto hidroeléctrico se detuvo, pero no se ha cancelado. Aún está vigente la concesión para el uso del agua del río Coyolapa que las autoridades entregaron a la empresa.
Por Aranzazú Ayala Martínez / Mongabay / Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos
José sostiene el micrófono con firmeza cuando lanza su mensaje por la radio comunitaria: “En este país cada vez va en aumento la situación de desapariciones. Todos debemos de ser conscientes de lo que pasa. El día de ayer fue lamentable ver que las fichas de búsqueda de personas desaparecidas, que luego vemos pegadas, hayan sido tapadas o arrancadas”.
En la cabina de Radio Altépetl Zoquitlán, José, cuyo nombre real no es publicado por cuestiones de seguridad, pide a la gente que respete los carteles con los rostros de los desaparecidos, porque pueden ayudar a encontrar a alguien, porque son una forma de recordar que una persona está desaparecida.
En las fichas de búsqueda colocadas en paredes y postes de esta comunidad de montañas y ríos ubicada en el estado de Puebla, al centro-sur de México, se ven caras de mujeres y hombres jóvenes, pero no aparece el rostro de Sergio Rivera Hernández. Seguramente, la ficha de búsqueda con su nombre también fue arrancada.
Todavía en febrero de 2022, en la comunidad de Ventanillas, en un poste junto al arco de entrada que anuncia la llegada al municipio de Zoquitlán, había una ficha de búsqueda con la fotografía del indígena de 33 años: mirada seria, ceño fruncido, cabello negro y corto; el brazo derecho levantado a un lado de su rostro.
En la cabina de Radio Altépetl Zoquitlán, José recuerda que el 23 de agosto de 2018 desaparecieron a Sergio Rivera Hernández, su amigo y compañero en la defensa de los ríos que serpentean por la Sierra Negra de Puebla, región cafetalera ubicada en el centro-sur de México, en la zona limítrofe con Oaxaca y Veracruz.
Sergio Rivera Hernández encabezó en Coyolapa, su comunidad natal en el municipio de Zoquitlán, la formación de los comités de resistencia en contra del proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala, del Grupo Ferrominero al cual pertenece la Minera Autlán, que pretende usar las aguas de los ríos Coyolapa, Atzalan y Huitzilatl en la generación de energía eléctrica. Este proyecto afectaría un territorio que abarca los municipios de Zoquitlán, Tlacotepec y Coyomeapan; una región en donde habitan casi 90 000 personas.
Cuando lo desaparecieron, Rivera vivía con su esposa y sus cinco hijos y se dedicaba a la mecánica. En cuanto se enteró de la existencia del proyecto hidroeléctrico y las afectaciones al territorio, fue una de las principales figuras de referencia en la organización comunitaria. Quienes participaron en el movimiento en contra de la hidroeléctrica lo describen como muy reservado, pero también recuerdan que su personalidad era magnética: su voz y su presencia invitaban a escuchar sobre la lucha, a sumarse, a informarse.
La voz de Rivera se escuchó en algunas de las transmisiones de las radios comunitarias que se fundaron en el marco de la oposición al proyecto hidroeléctrico. En 2016, Radio Tlacuache (zarigüeya), comenzó a sonar en el municipio de San Pablo Zoquitlán. Pocos meses después, en el municipio vecino de Tlacotepec de Díaz, Radio Tlayoli (maíz, en la variante del náhuatl que se habla en la zona) seguiría los mismos pasos.
Ambas radios comunitarias nacieron como herramientas sonoras para la defensa del territorio: desde ahí se transmitían noticias sobre el avance del proyecto, se convocaba a asambleas, se informaba sobre los impactos de la hidroeléctrica y se invitaba a informarse para defender el territorio, combatiendo la desinformación de la empresa y del gobierno.
Enterarse por el periódico
Sentada afuera de su casa en la comunidad indígena de Pozotitla, en el municipio de Zoquitlán, Flor recuerda cómo comenzó la defensa de los ríos en este rincón de la Sierra Negra de Puebla. Sus palabras, que por seguridad pide que sean citadas bajo un nombre ficticio, son acompañadas por el sonido de las aves y del viento que anuncian la lluvia.
Era 2016 y ella tenía 14 años. Su padre, campesino y sembrador de café como muchos de los que viven en estas tierras, trabajaba en su cafetal ubicado a un kilómetro del cauce del río Coyolapa, cuando se encontró a dos hombres foráneos. Al preguntarles para qué hacían una brecha en un terreno privado, sólo respondieron con excusas.
Días después, un periódico local publicó la noticia: Minera Autlán planeaba construir el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala. La empresa es propiedad de José Antonio Rivero Larrea, primo de Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, al que pertenece la mina Buenavista de Cobre que en 2014 provocó un derrame de sulfato de cobre y metales pesados en el Río Sonora, al norte de México, y considerado como uno de los mayores desastres ambientales en el país.
Hasta ese momento ninguna autoridad se había acercado a las comunidades de la Sierra Negra de Puebla para informarles de qué se trataba el proyecto de la hidroeléctrica, recuerda Flor, que hoy tiene 21 años. “La empresa, cuando llegó, no explicó las afectaciones que va a causar (la hidroeléctrica). Sólo prometió empleos y dijo cuántos, por cuánto tiempo y que iba a haber un desarrollo en la comunidad, porque consideran que esta comunidad es de máxima pobreza”.
Flor tiene muy claro por qué los habitantes de las comunidades de la zona baja del municipio de Zoquitlán comenzaron a organizarse en contra del proyecto hidroeléctrico: “Nosotros nacimos aquí, crecimos aquí, pues ha sido la importancia de seguir conservando todo lo que existe”.
La familia de Flor y sus vecinos en la comunidad de Pozotitla preguntaron a los integrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), organización social que trabaja en la zona desde hace décadas, si sabían algo sobre el proyecto hidroeléctrico.
En 2016, Omar Esparza, actual dirigente de MAIZ, organización que forma parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), junto con otros de sus compañeros, empezaron a investigar. Consiguieron la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la empresa Proyectos Hidroeléctricos de Puebla presentó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Ese documento de 270 páginas detalla que el Proyecto Sistema Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan plantea la generación de energía, a través de dos subsistemas que afectarían a tres ríos de la Sierra Negra: Coyolapa, Atzalan y Huitzilatl. Su construcción implica obras en tres municipios de Puebla: Coyomeapan, San Sebastián Tlacotepec y Zoquitlán, la tierra de la familia de Flor.
Este proyecto contempla, además, construir una cortina de 22 metros de altura en el río Coyolapa, otra de 4.5 metros en el río Atzalan y una más de un metro en el río Huitzilatl. También incluye la construcción de varios túneles para conducir agua de los afluentes.
Todo esto en una región donde es posible encontrar bosque mesófilo de montaña, selva alta y bosque de pino y encino, de acuerdo con los datos de la MIA. En ese documento también se reconoce que hay presencia de varias especies de flora y fauna protegidas, entre ellas ocelotes y armadillos.
La organización MAIZ informó a los habitantes de comunidades vecinas, entre ellos a Sergio Rivera y la familia de Flor, lo que se planeaba hacer en su territorio. Poco tiempo después, los pobladores descubrieron que las autorizaciones para el uso de suelo y construcción de una parte del proyecto hidroeléctrico ya estaban firmadas y aprobadas por Fermín González León, en ese momento presidente municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de Zoquitlán.
Los permisos de cambio de uso de suelo y una firma avalando la MIA se dieron sin que existiera una consulta a las comunidades indígenas de la región. Esa información detonó asambleas, movilizaciones dentro y fuera de Zoquitlán y el fortalecimiento de la resistencia en los tres municipios.
“Van a secar esa agua (la del río), porque lo van a encerrar. Todo ese río que corre, va a quedar un volumen del 10 %. En partes puede que hasta se seque… El café que está floreando en esta temporada, puede que ya no se dé el café. La milpa ya no se dé”, explicaba Sergio Rivera, durante una de las conferencias de prensa que los habitantes de las comunidades dieron en la ciudad de Tehuacán, el centro urbano más grande de la región.
Hay un video realizado por Radio Zapote en donde se rescata una de esas conferencias; ahí a Sergio Rivera se le mira serio, y muy firme, convencido de la importancia de defender el territorio y de no dejar pasar el proyecto hidroeléctrico. El indígena nahua estaba convencido de la necesidad de proteger la vida.
Ríos que dan forma al territorio y a la vida
El río es esencial en la vida de los pueblos nahuas de la Sierra Negra. En el municipio de Zoquitlán, por ejemplo, la comunidad principal y más grande está en la parte alta y todo el camino hacia abajo, hacia el río Coyolapa —también conocido como río Tonto o Paso— está salpicado de comunidades que en el área son conocidas como zona baja o tierra caliente por su clima cálido y húmedo.
La cercanía del río otorga las condiciones necesarias para que la zona sea habitada por cafetales y árboles frutales. En estas tierras en donde casi todos son campesinos, el río también es el lugar de recreación, a donde van las familias a refrescarse en los días festivos y fines de semana. El cuerpo de agua está muy cerca de donde vivía Sergio Rivera.
El antropólogo Alejandro Castaneira, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), explica que las comunidades indígenas de la región (que se ubican desde los 200 hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar) tienen un sistema social que aún conserva dinámicas como el trueque y “un altísimo grado de preservación de la lengua”, una variante dialectal del náhuatl.
Castaneira explica que la cultura nahua de la Sierra Negra establece diálogos con las entidades no humanas, como los ríos. Para ello, los habitantes de la región realizan ceremonias y rituales en los manantiales. En los alrededores de Coyolapa, la comunidad donde Sergio creció, se encuentran varios de esos sitios ceremoniales.
Flor sintetiza lo que en estas tierras representa el río: “La vida de todas, de todos y de todo lo que existe en este territorio. El río es parte de nosotros, porque sin el agua no vamos a vivir y sin el agua no vive todo lo que existe”.
Por eso, cuando en Pozotitla, Coyolapa y otras comunidades se enteraron que el río iba a ser entubado y que construirían una cortina que impediría el paso libre del agua, la gente comenzó a realizar asambleas y foros para informar en qué consistía el proyecto hidroeléctrico. En todas estas movilizaciones la figura de Sergio Rivera era central: siempre alentando a que la gente escuchara.
Esparza, de MAIZ, recuerda que cuando las comunidades empezaron a organizarse y a inconformarse, la Secretaría de Energía (Sener) promovió una consulta exprés para avalar el proyecto, pero “los nacientes comités de resistencia insistieron en que primero se tenía que informar a los habitantes del territorio”. Y de esos comités, Sergio Rivera era el líder de su comunidad, Coyolapa.
En la región comenzó a darse una fuerte división entre quienes estaban a favor y en contra del proyecto hidroeléctrico, entre quienes pensaban que la obra daría trabajo y aquellos que defendían a los ríos.
Flor recuerda que las autoridades municipales decían que las obras llevarían empleos y desarrollo. Esas promesas entusiasmaron a más de uno. Y es que las comunidades de la zona baja de la Sierra Negra aparecen en los mapas nacionales dentro de las áreas con alta marginación. En el municipio de Zoquitlán, por ejemplo, 47.8 % de la población vive en pobreza extrema, de acuerdo con el “Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022”, de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal.
Transformarse en defensor de territorio
El ingeniero civil Víctor Rosales, colaborador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y quien acompañó a MAIZ y a las comunidades en la revisión y análisis del proyecto, recuerda que Sergio Rivera fue uno de los habitantes de la zona más activos en la resistencia al proyecto hidroeléctrico. No faltaba a las marchas en las que llegaron a participar hasta 1500 personas.
En las asambleas y en los foros, cuando Sergio Rivera hablaba, “la gente lo escuchaba… todo lo que él aprendía lo explicaba (a los demás), porque (en la región) no todo el mundo habla español”, comenta Esparza.
Sergio Rivera, indígena nahua y bilingüe, aprovechaba su tiempo libre para recorrer las comunidades de la región y hablar de la importancia de defender los ríos.
El 24 de julio de 2017, en una asamblea realizada en Coyolapa, la Secretaría de Energía realizó la consulta. El grupo que impulsaba el “sí” al proyecto hidroeléctrico era liderado por el entonces alcalde Fermín González León. Los resultados de la consulta mostraron la división que existía en la comunidad: por muy pocos votos de diferencia ganó el “no”.
En Pozotitla, la comunidad donde vive Flor, también dijo que “no”.
A partir de entonces, aumentaron las amenazas contra los defensores del territorio; se ensañaron especialmente en contra de Sergio Rivera. “Él levantó mucha conciencia no sólo en los habitantes de Coyolapa, sino que políticamente despertó a mucha gente con su palabra, con su voz”, dice uno de los fundadores de Radio Tlayoli que también sufrió de amenazas, por lo que pide que se le cite sólo como Marco.
Las voces de los defensores
José es originario de San Pablo Zoquitlán y uno de los fundadores de Radio Tlacuache, hoy Radio Altépet Zoquitlán. El comunicador de 33 años comenta que la radio nació ante la necesidad de tener un medio en donde se informara sobre lo que pasaba a nivel local, ya que todas las noticias que les llegaban eran de afuera. Él y otros amigos se juntaron, se capacitaron con MAIZ y abrieron la radio en 2016. Casi de inmediato, comenzaron a difundir en qué consistía el proyecto hidroeléctrico y sus implicaciones en el territorio.
“Llevábamos como medio año al aire cuando una mañana llegan a la cabina compañeros de la parte baja, y comienzan a platicarnos que existía un conflicto (por el proyecto hidroeléctrico)… Fue entonces cuando la radio se volvió un punto de encuentro para la resistencia”, recuerda Sánchez.
Desde la parte alta de Zoquitlán, donde la lluvia y el aire son fríos y hasta hace pocos años la señal del teléfono era intermitente, los entonces “tlacuaches” comenzaron a transmitir con un micrófono y una bocina. No pasó mucho tiempo para que la radio se convirtiera en una herramienta para amplificar las voces de los defensores del territorio.
Lo mismo sucedió con Radio Tlayoli, la emisora comunitaria de Tlacotepec de Díaz. Esa radio se creó el 7 de noviembre de 2016. En asamblea, los pueblos determinaron que necesitaban un medio de comunicación para informarse y decir lo que pasaba en torno al conflicto.
Por el papel que jugaron en la defensa de los ríos, integrantes de las dos radios sufrieron intentos de asesinato, amenazas de muerte, acoso y difamación. Las primeras amenazas las sufrió Radio Tlayoli, cuando fue desmantelada. El 24 de noviembre de 2016 dos hombres armados entraron a las instalaciones, agredieron físicamente a un compañero y dispararon, hiriendo gravemente a uno con arma de fuego.
“Así fue la primera agresión. Después empezó a haber amenazas de que no podíamos subir (a la comunidad de La Cumbre), empezó a haber amenazas a los compañeros que trabajaban localmente, a los coordinadores de la organización”, relata Omar Esparza, dirigente de MAIZ.
Las radios comunitarias no sólo materializaron los sonidos de la defensa del ambiente y territorio en la Sierra Negra. Desde su creación también han sido una herramienta para retomar prácticas de organización comunitaria como “las faenas”, jornadas voluntarias en las que se realizan actividades a favor de la comunidad.
Hoy las dos radios también son las plataformas desde donde se recuerda que hace cinco años desaparecieron a Sergio Rivera, que las investigaciones no avanzan, que no hay detenidos. Desde las radios se exige a las autoridades que den con su paradero.
Amenazas que terminaron en desaparición
A finales de 2017, intentaron matar a Sergio Rivera. Caminaba rumbo a su casa cuando hombres con una escopeta en mano le cerraron el paso en una vereda. “Salieron ahí a querer asesinarlo, pero el arma no detonó, y le dio oportunidad de huir. Dispararon, pero el arma no martilló, y eso le permitió…” Omar Esparza corta la frase. Eso le permitió a su amigo vivir.
“A partir de ese primer intento de asesinato, empezamos a ver cómo visibilizar y hacer acciones más fuertes, para que se supiera lo que estaba pasando, ir al río, defender el río”, recuerda el dirigente de MAIZ.
En julio de 2018, Sergio Rivera volvió a ser víctima de una agresión. En un retén lo detuvieron a él y a las personas que lo acompañaban. Los bajaron del vehículo, los golpearon y amenazaron de muerte. El defensor del territorio y sus acompañantes presentaron la denuncia en donde señalaron con nombre y apellido a tres agresores. Esas personas fueron las mismas que meses después fueron detenidas y acusadas por la desaparición de Sergio Rivera.
El 23 de agosto de 2018, el defensor nahua viajaba en su motocicleta por los enlodados caminos de Zoquitlán, se dirigía a una comunidad vecina a sacar copias de unos documentos. De pronto una camioneta bloqueó su paso, hombres armados lo subieron a la fuerza al vehículo y se lo llevaron.
Varios testigos vieron el hecho e, incluso, identificaron a los agresores, con nombre y apellido. Esos testigos estuvieron dispuestos a testificar en el juicio por la desaparición del defensor, el cual también estuvo plagado de irregularidades, como la discriminación lingüística al no tener traductor que hablara la misma variante dialectal del náhuatl.
Esparza recuerda: “En redes sociales ya lo habían amenazado de desaparecerlo… En audios que había de su teléfono y en Facebook escribieron que iban a desaparecerlo”. En un video difundido por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), pocos días después de la desaparición de Sergio Rivera, se puede escuchar la voz de un hombre amenazando al indígena nahua: “Pídele a Dios que no pierda el PRD, porque si no al rato te llueve, y de eso me encargo yo… Yo sé dónde andas…”.
En la foto que aparece en la ficha de búsqueda de Sergio Rivera, la que se ha impreso en carteles exigiendo su aparición con vida y acciones urgentes, pareciera que tiene el puño derecho en alto, como señal de lucha. En la foto original, completa, se ve que el joven nahua, siempre de rostro serio, está acariciando el hocico de un caballo. La imagen que circula en todas partes desde su desaparición es la de él alzando el brazo, como si exigiera justicia.
El 18 de septiembre de 2018, a menos de un mes de que se llevaron a Sergio Rivera, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) detuvo a Victorino “N”, Antonio “N” y Rogelio “N”, quienes fueron señalados como autores materiales de la “desaparición cometida por particulares” en su contra. Este delito fue reconocido en México a partir de 2018, cuando entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.
El caso de Sergio Rivera fue el primero en México en llegar a juicio y en donde la víctima es considerado un defensor del territorio, de acuerdo con el abogado David Peña, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, quien ha llevado el caso de la desaparición desde el principio.
Para comprobar que Sergio es un defensor del territorio, el abogado presentó un análisis de contexto sobre la Sierra Negra y, además, se tuvo el testimonio de funcionarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.
Pese a que se presentaron todas las pruebas científicas y los testimonios de testigos presenciales del secuestro de Rivera Hernández, el 11 de septiembre de 2020, el juez Mario Cortés Aldama dejó en libertad a los tres detenidos, considerando que no había elementos suficientes para sentenciarlos.
El abogado Peña apeló la decisión del juez. En enero de 2023, el tribunal ordenó que se reinicie todo el juicio, porque “no se garantizó que un perito o intérprete estuviera todo el tiempo y no se analizó tampoco la condición de defensor de Sergio Rivera”.
El 23 de agosto de 2023, cuando se cumplieron cinco años de la desaparición, integrantes de MAIZ viajaron a la ciudad de Tehuacán para manifestarse afuera de la Casa de Justicia. Con ellos llevaban un cartel con una fotografía del defensor y una leyenda que decía: “Sergio Rivera Hernández: presente”.
Hasta el momento no hay autores intelectuales detenidos por la desaparición del defensor nahua que, entonces, tenía 34 años. Un mes antes de que eso sucediera, Sergio Rivera había celebrado el nacimiento de su quinto hijo.
Un proyecto que aún no se cancela
Afuera de la cabina de la Radio Altépetl Zoquitlán, en el tercer inmueble que ha albergado la emisora comunitaria durante siete años, José recuerda que después de que se llevaron a Sergio Rivera comenzó a correr el rumor de que existía una lista con los nombres de los que serían los siguientes que desaparecerían.
Las amenazas no cesaron. A integrantes de Radio Altépetl Zoquitlán, antes llamada “Radio Tlacuache”, les dejaron tlacuaches (zarigüeyas) muertos afuera de sus casas. El miedo llevó a que muchos se alejaran de las protestas contra el proyecto hidroeléctrico. “Una desaparición a veces tiene más violencia que un asesinato, genera más miedo”, dice José.
Quienes se mantuvieron en pie se concentraron a exigir la presentación con vida del defensor nahua. La división al interior de las comunidades también se exacerbó. A la par, en la región aumentó la presencia del crimen organizado.
La esposa de Sergio Rivera y sus cinco hijos fueron obligados a abandonar la comunidad para resguardar su seguridad. José también tuvo que salir un año del municipio, después de recibir amenazas por distintas vías. En una ocasión, sujetos armados lo interceptaron y amenazaron.
La presión social y las protestas por la desaparición de Sergio Rivera permitieron detener los intentos de construcción del proyecto hidroeléctrico, pero eso no significa que esté cancelado.
Proyectos Hidroeléctricos de Puebla es la empresa que presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el proyecto en la Sierra Negra. Esta compañía, que pertenece al Grupo Ferrominero-Minera Autlán, sigue teniendo a su nombre la concesión que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le otorgó en 2017 para utilizar poco más de 369 millones de metros cúbicos de agua del río Coyolapa.
De acuerdo con los datos disponibles en la página del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), el agua que está concesionada a la empresa es para uso “industrial” y no para la generación de energía eléctrica.
La Ley de Aguas Nacionales señala que si durante dos años consecutivos un usuario no emplea la totalidad o parte del volumen autorizado de agua, la Conagua puede retirar o modificar la concesión. Nada de esto ha sucedido con esta concesión, la segunda con más volumen autorizado en el estado y la treceava a nivel nacional.
La defensa del territorio continúa
Los integrantes de la organización MAIZ decidieron abrir nuevos caminos para fortalecer la organización comunitaria en la región. Fue así que crearon la cooperativa de café Tepeyolo, que en náhuatl significa “corazón de la montaña”.
Marco, fundador de Radio Tlayoli y quien hoy encabeza la cooperativa, explica que uno de sus objetivos es vender a un precio justo, porque en la región abundan los “coyotes”, como se les llama a quienes compran muy barato el café —en 30 o 40 pesos (entre 1.70 y 2.20 dólares) el kilo– y después lo venden más caro a las empresas de marcas comerciales. En 2020, los integrantes de la cooperativa Tepeyolo lograron realizar su primera exportación a Suiza.
La cooperativa también ha sido un semillero para que continúe la defensa del territorio en la Sierra Negra de Puebla. Para ser parte de Tepeyolo, sus integrantes tienen que asistir a talleres en donde se habla de qué necesita la comunidad, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, la defensa del territorio y el cuidado del medio ambiente.
A Marco no le gusta decir que hablan de recursos naturales, porque cuando le dicen “recursos” le están poniendo precio: “Cuando hacemos los talleres nos referimos a la Madre Tierra, al río, al bosque, a la vida misma”.
En Sierra Negra continúa la resistencia, advierte Flor. Ella menciona que se seguirá mientras no exista justicia para Sergio Rivera y no se cancele la concesión.
“A través de la desaparición de Sergio, nos cobraron con su vida, y pues el proyecto se detuvo. Pero no se ha cancelado. Y pues la concesión es de 30 años; nos espera otra batalla”, dice.
Mientras tanto, Radio Altépetl Zoquitlán y Radio Tlayoli no han dejado de transmitir. Los sonidos comunitarios siguen acompañando la vida cotidiana de las familias en la Sierra Negra de Puebla. Desde sus micrófonos se amplifican los mensajes sobre las faenas, las fiestas de los pueblos, la defensa de la Madre Tierra, de la vida que transcurre alrededor del río y, sobre todo, se recuerda que Sergio Rivera está desaparecido.
“Tenemos esa memoria: que el compañero está en la resistencia, sigue en la resistencia y está en la cooperativa siempre. Sergio despertó muchas conciencias en su comunidad… Cada vez que nos reunimos —dice Marco— me viene esa idea, el compañero estuvo acá, y sigue estando acá, con nosotros”.
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Defensores desaparecidos es un proyecto periodístico realizado por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos.
